Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2007, siendo cesada por cobertura de la vacante que venía ocupando el 30/6/2017. La sentencia de suplicación, con estimación del recurso de la Junta, descarta el fraude cotnractual, sin que quepa calificar la relación de indefinida no fija por superar el plazo de 3 años del art. 70 EBEP y sin derecho a indemnización. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, aplicando la doctrina establecida a partir de la STS 28/6/21 (R. 3268/21), estima el recurso de la actora. Tras referirse a la STJUE de 3/6/21 y a las STS dictadas a la luz de lo en ella establecido, concluye, abandonando el criterio anterior, que las normas presupuestarias que paralizaron la contratación en la Administración no justifican la inactividad administrativa, dado que la consolidación de empleo temporal no supone un incremento del gasto al no crearse plazas nuevas. Y la vinculación de las partes mediante contrato de interinidad por vacante durante un plazo superior a 3 años debe conducir a calificar la relación de indefinida no fija, con derecho de la actora a la indemnización de 20 días
Resumen: Se cuestiona si la competencia objetiva para conocer de la demanda de despido le corresponde a los juzgados de lo social de Sevilla o a la Sala Social de la Audiencia Nacional. Una resolución de la Dirección General de Empleo aprobó el ERE para el despido de 1.074 trabajadores de Iberia. La Dirección General de Empleo dictó una resolución complementaria autorizando la extinción del contrato de trabajo de 29 trabajadores. Con base en dicha resolución, la empresa comunicó al actor la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas. El trabajador interpuso demanda de despido. La sentencia del TS de fecha 19 de abril de 2022, recurso 3595/2019, examinó un recurso de casación unificadora idéntico. Esta sala argumentó que no estamos en presencia de la impugnación de la mencionada resolución administrativa complementaria sino de la impugnación de un despido que trae causa en ella y que tal diferencia resulta trascendental para resolver la cuestión puesto que se impugnó un despido individual y precisamente el hecho de que la acción ejercitada fuera inequívocamente la de despido conduce a que, en aplicación del artículo 6 LRJS en relación con los artículos 7 y 8 LRJS, la competencia funcional corresponda a los juzgados de lo social y, en concreto, a los órganos de tal clase de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 LRJS. La aplicación de la citada doctrina al presente procedimiento obliga a estimar recurso.
Resumen: COMPETENCIA JURISDICCIONAL: en la instancia se debatió si la demanda en la que impugna el cese de un trabajador, que inició su relación con la empresa como consultor técnico, mediante una relación laboral común y que, posteriormente, fue nombrado miembro del consejo de administración y, posteriormente Presidente del mismo, habiendo ejercido amplios poderes debe ser resuelto en esta jurisdicción. La Sala de suplicación consideró que este orden jurisdiccional no era competente para conocer de sus pretensiones. La Sala de casación no entró sobre el fondo por FALTA DE CONTRADICCIÓN e inadmitió el recurso.
Resumen: La sentencia anotada reitera que para demandar por despido a un ayuntamiento tras la supresión de la exigencia de la reclamación administrativa previa por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tampoco ha de intentarse la conciliación previa del art. 63 LRJS. Pero, de conformidad con la doctrina de la Sala Cuarta, la notificación del acto de despido por la administración, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente, como ha sido el caso, por lo que la acción no estaba caducada.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda, declarando ajustado a derecho el despido colectivo impugnado. Con carácter previo, estima que CCOO fue legítimamente parte en el procedimiento de impugnación del despido y por tanto, está legitimado para interponer recurso de casación, y ello al tratarse de un sindicato implantado en el ámbito del despido, que se adhiere a la demanda. Por otra parte, sostiene que diversos de los temas suscitados se tratan de cuestiones nuevas, no planteados en la instancia, cuyo conocimiento está vedado en el recurso. Seguidamente, sostiene que la empresa negoció de buena fe y que la extinción anticipada del contrato mercantil supuso objetivamente la pérdida de la contrata, lo que provocó un desajuste estructural entre la plantilla de dicha mercantil y la carga de trabajo existente, cuya actividad desapareció radicalmente a partir del cese de la contrata con el consiguiente abandono del centro de trabajo y que cuestionó judicialmente. Además, propuso durante la negociación del período de consultas varias fórmulas para atenuar las consecuencias del despido, mediante diversas medidas sociales de acompañamiento. Concluye que concurría causa productiva, derivada de la pérdida de la contrata.
Resumen: El trabajador fue despedido por disminución del rendimiento, el clima de trabajo se enrareció, una trabajadora denunció por acoso a sus compañeros, se archivó la causa penal, el trabajador denunció a la trabajadora. Un día antes del despido causó baja de IT por ansiedad. El JS declaró la improcedencia del despido. El TSJ desestimó el recurso de la Agencia y estimó parcialmente el del actor, declaró la nulidad del despido por represalia al no probar la empresa los hechos de la carta y la vinculación temporal entre la denuncia y el despido, no conoció sobre la indemnización al no permitir acumular acciones. En CUD recurren empresa se desestimó y trabajador. Se debate si hubo la vulneración de la garantía de indemnidad y si a la lesión del DF debe aparejarse la indemnización por daño moral. Ante la lesión del DF puede tramitarse por el cauce de la modalidad de la situación fáctica aplicando las garantías de tutela a esa modalidad procesal, art. 184 LRJS. Sobre la determinación del quantum indemnizatorio, el daño moral resulta unido a la lesión del DF, el juez prudencialmente fijará la cuantía excepcionando en el daño moral la determinación cuando resulte difícil detallarla. Recuerda el criterio orientador de las sanciones de la LISOS, ofrece razonabilidad por la gravedad de la vulneración, es preventivo. Añade elementos, valorar circunstancias concurrentes: antigüedad, persistencia lesión, consecuencias, reincidencia. Fija la indemnización en 60.000 €, dos anualidades de salario
Resumen: DESPIDO COLECTIVO (COVID-19): la Sala IV interpretando el art. 22 del RDL. 8/2020, señala que no es de aplicación el art. 2 del RDL 9/2020 si la causa que sustenta la decisión del despido colectivo no tiene por causa directa la pérdida de actividad por consecuencia del COVID-19. En el presente supuesto, la empresa contratista Airbnb comunicó a la demandada la resolución del contrato de prestación de servicios mercantiles que a ambas vinculaba y la demandada a la vista de ello, decidió acudir a la vía que ofrece el despido colectivo fundando su decisión en la concurrencia de causas objetivas organizativas y productivas derivadas de la rescisión de la contrata. Se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La cuestión suscita consiste en determinar cuál es la jurisdicción competente para enjuiciar la impugnación individual de una extinción de contrato de trabajo, autorizada por una resolución administrativa, complementaria del ERE nº. 35/2005 aprobado por resolución de 9 de octubre de 2005, y en su caso, qué órgano sería funcionalmente competente, si el Juzgado de lo Social de Sevilla o la Sala de lo Social de la AN. Se declara la competencia del orden social y siendo que la acción ejercitada fue inequívocamente la de despido, en aplicación del art 6 LRJS en relación con los art 7 y 8 LRJS, la competencia funcional corresponda a los juzgados de lo social y, en concreto, a los órganos de tal clase de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 LRJS. El objeto de la pretensión no es otro que la impugnación del despido individual llevado a cabo por la empresa en ejecución de una resolución administrativa complementaria de un ERE aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la LRJS y del RDL 3/2012, de 10 de febrero. No estamos en presencia de la impugnación de la mencionada resolución administrativa complementaria sino de la impugnación de un despido que trae causa en ella. Esta diferencia estuvo en la base del auto de la Sala de conflictos del TS de 16/4/2019, rec 5/2019, en el que se resolvió la misma reclamación que en el presente recurso de casación unificadora, y concluyó que la acción promovida por el allí demandante era de despido.
Resumen: RCUD. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 1º) Contrato de interinidad por vacante que supera los tres años de duración. Consideración de indefinido no fijo por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato. Aplica doctrina del Pleno (STS 649/2021 de 28 junio, rcud. 3263/2019). 2º) Constituye despido improcedente el cese de PINF por amortización de la plaza desempeñada sin seguirse el cauce del artículo 52.c y preceptos concordantes como art 51 ET. Estima recurso de la trabajadora frente a STSJ Castilla y León (Burgos).reconoce al PINF el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando dicha relación se extingue por cobertura reglamentaria de la plaza, en razón de la especial naturaleza de este tipo de vínculo laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. Tanto en los supuestos de una interinidad por vacante, como en los de transformación de la contratación inicial o formalmente temporal en contratos de trabajo de indefinidos no fijos, la amortización de la plaza desempeñada no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos; y, por ello, para poder extinguir los contratos sin haber cubierto previa y reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET. Reitera doctrina: STS 23-3-2022 R. 1009/2018.
Resumen: La actora prestó servicios para el Consorcio UTEDLT de Loja, declarado nulo el despido en ejecución mediante Auto el JS fijó los salarios de tramitación pendientes de recibir. Planteado en suplicación que para liquidar los salarios durante el tiempo que estuvo de alta en el RETA se le descontaron cantidades brutas percibidas e incluye el IVA y los ingresos deberían ser los netos, el TSJ apreció que la carga de la prueba corresponde a la trabajadora sin ser suficientes las declaraciones de IRPF y confirmó el auto desestimatorio. En cud se debate si para el cálculo de los salarios de tramitación del autónomo procede deducir del ingreso bruto los gastos necesarios para su obtención y si resulta sólo deducible el ingreso neto. Hubo descomposición artificial de la controversia porque en los motivos plantea la misma cuestión si las autodeclaraciones de IRPF acreditan los gastos del autónomo a efectos del descuentos de sus ingresos de los salarios de tramitación. Falta de contradicción porque la sentencia de contraste en procedimiento de reclamación al Estado de los salarios de trámite cuestiona el descuento en el tiempo que el trabajador estuvo en el RETA y si se produjo aportación extemporánea de los documentos sobre los rendimientos, se descartó porque se acreditaron en juicio -cuando fueron precisados, no el expediente- solo debe descontarse el rendimiento neto. No hay contradicción en la referencial la cuestión es procesal y no fue objeto litigioso la cuantía reducida ni fraude
