Resumen: En el caso, la trabajadora viene prestando servicios para la demandada en virtud de sucesivos contratos temporales, articulándose los dos últimos bajo la modalidad de interinidad por sustitución, el primero de los cuales es de fecha 19/8/2015, si bien se reconoce por la demandada como fecha de ingreso la de 4/11/2008. La controversia radica en determinar si la duración inusualmente larga de la contratación supone el reconocimiento a la actora de la condición de trabajadora indefinida no fija, así como el abono de la indemnización de 20 días de salario por fin de contrato. La Sala IV, con reiteración del criterio sentado a partir de la STJUE de 3/6/21 (C-726/19), concluye que la prolongada duración de la contratación temporal debe conducir a la calificación de la relación como indefinida fija, al ser entidad privada la demandada, con derecho de la actora a la indemnización de 20 días por año de servicios prestados por fin de contrato.
Resumen: Se resuelve el contrato de uno de los dos trabajadores de la Cámara Agraria de Valdepeñas, la personalidad jurídica se extinguió por Decreto-Ley, la comisión liquidadora comunicó al actor la extinción al amparo art. 52 c) ET. El JS desestimó la demanda porque la extinción se acomoda al art. 49.1 g) ET sin ser necesario seguir trámites del art. 51 ET, son dos trabajadores y no superan umbrales para despido colectivo. El TSJ revocó la sentencia y declaró la nulidad del despido al entender que deben seguirse los trámites del 51 ET. Recurre la cámara agraria en cud., la Sala IV se remite a su STS de 30 /03/22, y al contenido de los tres preceptos del ET y art. 30 RD 1483/2012. Resuelve que de ellos se desprende -sin mayor esfuerzo- que la extinción de contratos por extinción de la personalidad jurídica debe ajustarse a los trámites del art. 51 ET, no significa que en cualquier caso haya de seguirse el procedimiento de despidos colectivos sino cuando se esté ante el concepto (1. nº de extinciones supera los umbrales y cómputo señalado ó 2. extinción se extiende a la toda la plantilla de la empresa siempre que sea superior a 5), en los otros casos es de aplicación art. 52 c) ET. El art. 49.1 g) ET no dice que se deba seguir en cualquier caso el procedimiento de despido colectivo, remite cuando deba calificarse como colectivo, si no se alcanzan los umbrales seguir el despido objetivo. La remisión es al procedimiento que en cada caso corresponda. (No sería posible comisión negocial)
Resumen: DESEMPLEO: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el demandante ostenta el derecho a la prestación por desempleo por suspensión de la relación laboral que lo era a tiempo parcial, por pasar a jubilación parcial, habiendo acumulado y realizado las horas de servicio con anterioridad a la suspensión que acordó la empresa. La Sala de casación resuelve que el trabajador que acumuló toda la prestación de servicios a la que estaba obligado y que la realizó en un momento en el que no existía ninguna situación afectada por ERTE, cuando se produce el ERTE, no está en situación legal de desempleo. De no haber acumulado la jornada si lo estaría al no poder llevarla a cabo en caso de haberse suspendido y no poder prestar los servicios ni percibir su salario. Y en esa línea se ha dicho que "no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por el art. 203.2 de la LGSS de 1994 consistente el cese de la actividad del trabajador.
Resumen: En el marco de un contrato indefinido de apoyo a emprendedores de la L 3/2012 (hoy derogada por el RD-L 28/2018), que finaliza por no superación del periodo de prueba, se dirime en la sentencia anotada si debiera haberse comunicado la terminación del contrato con un plazo de preaviso quincenal y que la omisión del preaviso debe conllevar el pago de una indemnización equivalente a los salarios devengados durante tal periodo, al amparo de lo dispuesto en el art. 4.4 de la Carta Social Europea (CSE), que exige que el desistimiento empresarial del periodo de prueba sea comunicado con quince días de antelación a su efectiva operatividad. Así las cosas, y salvada en el caso la aplicabilidad de la CSE (ratificada el 2-4-2021) por mor del art. 96 CE y L 25/2014. El TS, atendiendo a que el que el periodo de prueba anual del contrato de apoyo a emprendedores y el desistimiento empresarial acorde con esa funcionalidad específica poseen naturaleza especial, considera inaplicable la construcción común y declara que en caso debe observarse el plazo de preaviso contemplado en el art 53.1.c) ET por varias razones: analogía con el despido objetivo; concordancia con el plazo de preaviso "razonable" contemplado en la CSE; cumplimiento de buena fe de los derechos y obligaciones contractuales y ajenidad del contrato de trabajo. Estima la sala IV el recurso y declara el derecho del actor a percibir la indemnización por falta de preaviso.
Resumen: Se discute en la sentencia anotada si existe un despido improcedente, como consecuencia de que la trabajadora excedente solicita su reingreso y la empresa no accede a ello; de manera complementaria, también se polemiza acerca de si el procedimiento seguido (despido) es la modalidad adecuada. La sala de suplicación acogió la excepción de inadecuación de procedimiento y absolvió a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra, argumentando que la trabajadora debió acudir al procedimiento declarativo ordinario y no al despido. Interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción con ninguna de las sentencias ofrecidas de contraste.
Resumen: RCUD. La cuestión que resuelve la sentencia comentada - una vez superado el juicio de contradicción - consiste en decidir si un trabajador jubilado parcial anticipado puede resultar afectado por una suspensión colectiva de los contratos de trabajo (ERTE) y causar de esta forma derecho a la prestación por desempleo, en los periodos en que no se halla prestando servicios por haber cumplido ya con la jornada pactada. La sentencia considera que no cabe suspender un contrato de trabajo en relación con una jornada no debida por el trabajador, de modo que no se encuentra en situación de desempleo quien ningún efecto sufre por la existencia de la decisión suspensiva. La jornada parcial se ha computado en términos anuales y la medida de regulación de empleo afecta a un periodo en que ya no existe deuda de prestación por parte de la persona trabajadora por haber satisfecho ya tal obligación contractual esencial. Reitera doctrinas; sentencias del TS de 6 de julio de 2020, recurso 941/2018; 4 de noviembre de 2020, recurso 3375/2018 y 11 de noviembre de 2020 (cuatro), recursos 3247/2018, 3337/2018, 3376/2018 y 3385/2018.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si debe declararse la responsabilidad empresarial en el pago de la prestación de jubilación parcial, cuando la empresa extingue por causas objetivas los contratos del trabajador relevista y del jubilado que ha seguido percibiendo la prestación. La Sala IV reitera doctrina en interpretación de la Disposición Adicional 2ª del RD 1131/2002, que establece que si la empresa mantiene su actividad, no hay razones que justifiquen la resolución del contrato del relevista, lo que determina la activación de la cláusula de responsabilidad empresarial que contempla la citada disposición. Sin embargo, no se atribuye ninguna responsabilidad empresarial en los casos en los que se extingue el contrato del jubilado parcial por despido colectivo que afecta además a la totalidad de la plantilla como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación de empleo. Pero este no es el supuesto ahora examinado puesto que la empresa procede al despido colectivo de una parte de sus trabajadores, entre los que incluye al jubilado parcial y al relevista, sin afectar a la totalidad de la plantilla, por lo que subsiste la obligación empresarial de contratar a otro relevista mientras el jubilado parcial perciba la pensión de jubilación
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Despido. La controversia que aquí se suscita se centra en determinar si el hecho de haber superado varios procesos de selección para la cobertura temporal de vacantes, es suficiente para que, constatado el fraude de ley en la contratación, debe admitirse que la relación laboral entre las partes tiene naturaleza indefinida (fija), en vez de indefinida no fija (discontinua). Tanto la instancia, como la Sala de lo Social del TSJ consideraron que era indefinida no fija, y calificaron la extinción como si de un despido improcedente se tratase. Ahora, la Sala unificadora reiterando la doctrina, desestima el recurso de unificación, señalando que el hecho de superar varios procesos de selección no otorga si la contratación es fraudulenta, la condición de fijo. Reitera doctrina: STS 24/11/2021 (RCUD 4280/2020)
Resumen: La sentencia comentada reitera la doctrina sobre la consideración de indefinido no fijo del contrato de interinidad por vacante de más de tres años de duración, por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato, aun cuando cumpla los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998. Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19. Aplica STS, Sala de lo Social, Pleno, 28/06/2021, rec. 3263/2019.Su extinción es conforme a derecho por cobertura de la plaza. Procede el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio, de acuerdo con la STS, Sala de lo Social,28/03/2017, rec. 1664/2015, .
Resumen: ALTA DIRECCIÓN: la cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la indemnización sustitutoria de la omisión del preaviso en un supuesto de desistimiento de la relación laboral especial de alta dirección es compensable con la indemnización por despido improcedente fijada en la sentencia que, examinando la impugnación de aquél desistimiento, declaró que la relación laboral entre las partes era común. La sentencia resuelve que la deuda derivada de la extinción del contrato fijada en la sentencia recurrida es compensable con la ya pagada por la empresa recurrente en el momento en que extinguió la supuesta relación laboral de alta dirección.
