• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4843/2018
  • Fecha: 31/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación de cantidad en la empresa concursada Astilleros de Sevilla. Estimación del recurso de los trabajadores en tanto lo subvencionado es la indemnización pactada cuya finalidad es doble: garantizar su percepción a los trabajadores y aliviar los créditos contra la masa, circunstancias por las que no procede su disminución por entrar el Fondo, con condena solidaria de Junta y FOGASA. El rcud. del FOGASA solicita la aplicación de la figura del silencio administrativo y se desestima por falta de contradicción y de contenido casacional al adecuarse la sentencia recurrida a la doctrina de la Sala en SSTS de 16 de marzo de 2015 (R. 802/2014), de 20 de abril de 2017 (R. 701/2016 y 669/2016, de pleno). Reitera doctrina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3232/2018
  • Fecha: 31/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si a la extinción de la relación laboral que ha sido calificada como indefinida no fija procede reconocer la indemnización de 20 días por año de servicio. La Sala IV reitera que la valida extinción de la relación laboral indefinida no fija, cese por cobertura reglamentaria de la plaza, genera una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y ello en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3725/2020
  • Fecha: 31/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si cabe la condena solidaria por despido improcedente de una sociedad mercantil pública, prestadora de un servicio de tal naturaleza, en aplicación de los efectos positivos de la cosa juzgada, puesto que dicha mercantil fue condenada solidariamente a las consecuencias de la nulidad de un despido precedente, efectuado formalmente por la concesionaria del servicio, al considerar el tribunal de suplicación, que se había producido una reversión del servicio por parte de la empresa pública, teniéndose presente que, producida regularmente la readmisión de la empresa concesionaria, procede a despedir por causas objetivas al trabajador el mismo día, declarándose la improcedencia del segundo despido. La Sala IV declara que la reversión empresarial, constatada por sentencia firme, comporta la responsabilidad solidaria de ambas mercantiles en aplicación de los efectos positivos de la cosa juzgada. Aunque CTI extinguió el contrato del demandante el 15-07-2015, cuando era la única empresa obligada a readmitirle, así como a abonarle los salarios de tramitación, decidida por sentencia firme para CTI, es claro que, una vez declarada por sentencia firme la reversión del contrato a GEDESMA, dicha mercantil quedó afectada por las consecuencias del despido, promovido por su deudor solidario, puesto que las acciones, ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, perjudicarán a todos éstos, de conformidad con lo previsto en el art. 1141 CC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 59/2021
  • Fecha: 31/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: ERTE COVID-19. Concepto de fuerza mayor especial al amparo del art. 10.1 del Real Decreto 463/2020 y del art. 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020: "Se trata de un concepto de creación legal y concreción administrativa, vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria". Actividad no comprendida en dicho precepto. Falta de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 334/2021
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si la extinción de la relación laboral debe someterse a los trámites previstos para los despidos colectivos en el art. 51 ET, si se extiende a la totalidad de la plantilla de la empresa y el número de trabajadores afectados no es superior a cinco, cuando es por causa de la extinción de la personalidad jurídica del empleador, ex art. 49.1 letra g) ET. De la conjunta integración los art. 51 y 52 c) ET, y art. 30 del Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, se desprende que la extinción de los contratos de trabajo que venga motivada por la extinción de la personalidad jurídica de la empresa debe ajustarse a los trámites del artículo 51 ET. Dado que la dicción literal del art 49.1 g) ET impone una remisión genérica al art 51 ET, los trámites habrán de ser los del despido colectivo, cuando así deba calificarse conforme a lo dispuesto en ese precepto, pero también pueden ser los de los despidos objetivos individuales del art. 52 c) ET, si las extinciones de contratos de trabajo no alcanzan los umbrales de aquel precepto. Por ello, si la totalidad de la plantilla de la empresa cuya personalidad jurídica se extingue es superior a cinco trabajadores, ha de tramitarse el procedimiento de despido colectivo. En el caso analizado, al tener la empresa un único trabajador, no se dan los requisitos del despido colectivo, debiendo tramitarse el despido individual.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 1288/2020
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. Despido disciplinario. Prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido del trabajador, que debió admitirse, conforme a la doctrina de la STC 39/2016. Determinar si debió admitirse la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido disciplinario del trabajador. Hay que diferenciar entre la videovigilancia oculta y la que se realiza con conocimiento de la persona empleada. La empresa instaló un sistema de control por videovigilancia con la finalidad de intentar reducir y prevenir el problema de la pérdida desconocida en el comercio al por menor. Casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate suscitado en suplicación en el sentido de estimar el recurso de dicha clase, declarando la reposición de los autos al momento de celebración del acto de juicio para que en la fase probatoria se admita el informe aportado como documento número cinco por la parte demandada, se ratifique por su autor y se reproduzca la grabación. Reitera doctrina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2375/2020
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En una sucesión de contratas del servicio de portero-recepcionista en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, producida con anterioridad a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la empresa saliente es un centro especial de empleo y la entrante es una empresa multiservicios sin convenio colectivo propio. La empresa entrante no se subrogó en las relaciones laborales de los trabajadores que la saliente destinaba a la prestación de dichos servicios y se trata de determinar la empresa responsable del despido improcedente de los mismos. La Sala recuerda la jurisprudencia sobre las sucesiones de contratas en las que están implicados centros especiales de empleo y empresas que no lo son, así como la relativa al convenio aplicable en empresas multiservicios en función de las actividades contratadas con la principal. En el caso enjuiciado la empresa entrante es una empresa multiservicios sin convenio colectivo propio, el servicio contratado es el de portería-recepción, por tanto su objeto no se corresponde con actividades correspondientes a convenios sectoriales que contienen clausulas subrogatorias, que no resultan aplicables; tampoco el XIV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, porque la empresa entrante no es un centro especial de empleo y tampoco puede declararse la existencia de sucesión legal, por no haberse transmitido una unidad productiva autónoma. En consecuencia, la empresa responsable es la saliente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2208/2019
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el Juzgado de lo Social es competente para conocer la impugnación individual derivada de un despido colectivo acordado en el seno de un concurso, cuando se demanda tanto a la empresa concursada cuanto a otras empresas. La actora, que ha venido prestando servicios para GLOBAL LEIVA SLU, y presentó demanda por despido, contra dicha empresa y varias más, por considerar que forman grupo de empresas e interesando su condena solidaria. La citada empresa había sido declarada en concurso y se dictó auto acordando la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla. La actora recibió carta de despido objetivo derivada del despido colectivo acordado por el Juez de lo Mercantil. La sentencia, reiterando el criterio de la Sala, mantiene la falta de jurisdicción del orden Social y la competencia del Juez del concurso. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina aportando, como sentencia contradictoria, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 2 de noviembre de 2016, recurso número 2164/2016. Entre las sentencias comparadas no concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS. Al ser distintos los hechos de los que parten cada una de las sentencias enfrentadas, aunque su resultado sea diferente, no son contradictorias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 104/2020
  • Fecha: 30/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por sentencia de la sala de la Comunidad Valenciana se declaró la nulidad del despido colectivo impugnado, condenando a Aiguagest, adjudicataria de la contrata de mantenimiento y gestión de la piscina provincial, pero absolviendo a la Diputación Provincial. En el incidente de ejecución instado por los trabajadores pretenden la ampliación de la misma frente a la Diputación y a la nueva adjudicataria, petición que resulta desestimada por el auto recurrido por CCOO en casación. La sala IV rechaza las causas de inadmisibilidad del recurso formuladas por las recurridas y la revisión del relato fáctico planteada por la recurrida. En cuanto al motivo dirigido a denunciar que la unidad productiva autónoma revirtió a la Diputación, sin que ésta se subrogara en los contratos laborales, se recuerda la doctrina jurisprudencial relativa a la cuestión debatida para concluir que, teniendo en cuenta que la única condenada despidió a su plantilla en julio de 2017 y cerró las instalaciones, que hasta junio de 2018 no se abrió nueva licitación del servicio, que las entidades frente a las que se pretende ampliar la ejecución no fueron condenadas en el título ejecutivo y que no hubo transmisión de unidad productiva porque las instalaciones de la piscina estuvieron cerradas desde julio de 2017 sin posibilidad de ser utilizadas, dado su estado, y que los contratos estaban extinguidos antes de la nueva adjudicación, no puede admitirse la ampliación ejecutiva instada. Se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2142/2020
  • Fecha: 29/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna en demanda despido objetivo por absentismo, que fue declarado improcedente por la sentencia de suplicación, al considerar que el derogado art. 52.d ET era contrario a los tratados internacionales. La empresa plantea en casación unificadora que dicha norma no era contraria a tales tratados. La Sala IV, tras declarar que concurre la necesaria contradicción y teniendo en cuenta que el art. 52.2 ET fue derogado después del despido impugnado, sin que dicha derogación tenga efectos retroactivos, se remite a las normas internacionales y la doctrina comunitaria y constitucional, conforme a la cual el control de convencionalidad corresponde a la jurisdicción ordinaria, pero el TCO puede examinar si la norma interna contradice la internacional, vinculando su criterio a los Tribunales ordinarios. Y la STCO 118/19 declaró que el art. 52.d ET no era contrario al art. 6.1 del convenio 158 OIT ni a los arts. 4 y 5 del convenio 155 OIT, a cuyo criterio ha de estarse. A continuación, se declara que la Carta Social Europea revisada se ratificó por España tras el despido, por lo que no puede ampararse en su art. 3 la declaración de improcedencia del cese. Y la Carta Social Europea no da un contenido del derecho a la salud y seguridad de los trabajadores distinto al consagrado en la CE. Finalmente, tampoco se considera que el art. 52.d ET sea contrario al art. 11 CEDAW, que prohíbe la discriminación contra las mujeres. Se anula la sentencia recurrida, con devolución de actuaciones.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.