Resumen: Se cuestiona si la declaración de nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales comporta la condena al pago de indemnización adicional por daños morales, cuando la demanda no llega a concretar los parámetros que sirven para cuantificar su importe. La sentencia recurrida declaró la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales pero niega el reconocimiento de una indemnización adicional por daños morales, porque no se concretaba motivo para ello ni se cuantificaba. En casación para la unificación de doctrina, se sostiene que la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales debe llevar aparejada la condena de la empresa al pago de la indemnización por los daños morales, siendo suficiente la petición. La sala reconocer el derecho a la percepción de una indemnización en concepto de resarcimiento por los daños morales causados por la actuación empresarial vulneradora de derechos fundamentales y en lo que se refiere a la cuantificación considera excesiva y desproporcionada la suma reclamada por daños morales una vez que la declaración de nulidad del despido ya comporta la readmisión del trabajador y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de resolución del contrato de trabajo. El demandante se acoge al criterio del art. 40 de la LISOS, considerando adecuado fijar la indemnización en la suma correspondiente a la cuantía inferior de esa multa para resarcir el perjuicio derivado del daño moral infringido al trabajador.
Resumen: Despido objetivo de trabajadores que desarrollaban funciones de expendedores-vendedores de sendas estaciones de servicio. En ambos casos, la empresa decidió realizar un ajuste de plantilla debido a la disminución de ventas de la estación de servicio de combustible. Tanto en la comunicación de despido como en la prueba se pretende acreditar que hubo reiteradas pérdidas, por lo que concluye que se trata de una causa económica, aunque en la carta de despido se mencionaran causas productivas y organizativas. La sentencia recurrida considera que no se han acreditado las causas alegadas puesto que la mera circunstancia del cierre no justifica la conexión causal que la ley exige cuando hay otros centros próximos con necesidades de personal en fechas muy cercanas al cese, unido a la poca trascendencia de los resultados económicos de un centro respecto del total. El tribunal sostiene que se acreditaron unas contrataciones que no evidenciaban la necesidad de amortizar mano de obra como respuesta a un cierre cuando hay varios centros en actividad que exigen de sucesivas contrataciones en fechas muy próximas. Falta de contradicción. Costas a la empresa recurrente (1500€)
Resumen: La sentencia comentada desestima los recursos planteados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el trabajador por no concurrir el presupuesto de contradicción en ninguno de ellos. El citado Ayuntamiento subcontrató los servicios de asistencia técnica presencial para el soporte informático y el actor, que prestaba servicios en el Ayuntamiento, demandó por cesión ilegal, que le fue reconocida en suplicación. La falta de contradicción del recurso del Ayuntamiento, que defiende la inexistencia de cesión ilegal, se debe a la diferencia los hechos probados de la sentencia referencial. En el recurso del trabajador, centrado en el salario regulador del despido, la falta de contradicción se debe a que la sentencia recurrida no niega que haya de aplicarse el salario de la cedente, como decide la de contraste, sino que concluye que no hay datos para determinar la categoría profesional y difiere esa cuestión a la ejecución de sentencia.
Resumen: La Sala Cuarta reitera que la notificación del acto de despido por la Administración, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía legalmente procedente. La notificación de extinción de la relación laboral emitida por cualquier Administración Pública queda sometida a las previsiones del art. 69.1 LRJS. La supresión, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la exigencia de la interposición de la reclamación administrativa previa a la vía judicial social para poder demandar a las Administraciones Públicas, entre otras, por despido, implica que, de haber incumplido la Administración Pública con las exigencias del art. 69.1 segundo párrafo LRJS, el cómputo del plazo de caducidad de la acción por despido no se reanuda con la interposición de una reclamación previa administrativa, porque es una figura ya desaparecida, alegal y, por eso mismo, inhábil para reanudar dicho plazo y lo mismo puede decirse de un acto de conciliación. El plazo de caducidad se reanuda con la propia interposición de la demanda de despido ante los órganos judiciales, que es la vía legalmente procedente para su impugnación, quedando hasta entonces suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción, como ordena el art. 69.1, párrafo tercero LRJS.
Resumen: La sentencia anotada declara que la sentencia recurrida en casación unificadora ha incurrido en incongruencia extra petita al pronunciarse sobre un extremo que había quedado firme en la sentencia de instancia, al no pedirlo nadie ante la Sala de suplicación. En efecto, la sentencia de instancia declaró únicamente la improcedencia de la extinción, porque la orden de pago de la indemnización, fue expedida con un día de diferencia entre la fecha del despido y la puesta a disposición efectiva de la indemnización, sin fundar dicha decisión en la concurrencia de error inexcusable en la cuantía de la indemnización. La Sala de segundo grado si bien declara que la puesta a disposición de la indemnización cumplió las exigencias del art. 53.1.b) ET, se pronunció sobre la concurrencia de un error inexcusable en la cuantía de la indemnización, puesta a disposición de la actora, concluyendo que el error fue efectivamente inexcusable, aunque dichas razones no se esgrimieron en suplicación por ninguna de las partes recurrentes. Así las cosas, el TS acoge el recurso de la empresa y declara la procedencia del despido, porque la decisión judicial recurrida incurrió en incongruencia extra petita.
Resumen: La actora prestó servicios como botones en centros culturales del Ayuntamiento de Madrid, mediante contrato por obra o servicio vinculado a la duración de la contrata siendo de aplicación el CC de oficinas y despachos. La nueva contratista rechaza la subrogación al no estar contemplada en convenio, sólo subrogó a los trabajadores que se rigen por el CC de centros y servicios de personas con discapacidad. La anterior contratista extingue la relación e indemniza por fin de contrato temporal con 12 días de servicio por año trabajado, la actora causó baja voluntaria en la precedente contratista. El JS declaró la improcedencia del despido condenando a la nueva, el TSJ confirma. Se plantean dos recursos. El recurso de la empresa cuestiona la obligación de subrogar sustentado en el pliego del contrato, es desestimado por falta de contradicción, el debate es distinto, afecta al número de trabajadores y no a la subrogación, y el cumplimiento de las obligaciones se perfecciona por el consentimiento (a posteriori y tácito), cumple inicialmente de modo parcial y luego completo, es ajeno a las previsiones de la LCSP. El recurso de la trabajadora se estima porque concurre unidad esencial del vínculo pese a la dimisión de la trabajadora en otra empresa porque se realiza en un contexto de subrogación empresarial: el lapso transcurrido es breve, la dimisión surge al finalizar el periodo de una contrata y comenzar la nueva, no se desliga del puesto de trabajo y facilita recontratación.
Resumen: PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: sucesión de contratos de interinidad por vacante y sustitución que supera los tres años de duración y, que por no concurrir justificación sobre la falta de provisión de la vacante se considera indefinido no fijo por fraude de ley. La cobertura posterior de la plaza a través de proceso selectivo y la posterior excedencia por incompatibilidad del nuevo adjudicatario, que conlleva la extinción del contrato de trabajo de la actora le da derecho a recibir una indemnización de 20 días/año servicio. Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE y de la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). Reitera doctrina SSTS de 28 de junio de 2021, recurso 3263/2019 (Pleno) -indefinido no fijo- y de 28 de marzo de 2017, recurso 1664/2015 (Pleno) -cuantía de la indemnización-.
Resumen: Se cuestiona si ha de entenderse suspendido el plazo de caducidad para la reclamación previa por despido frente a la Administración pública empleadora, pese a que no era legalmente exigible. La sentencia estima la excepción de caducidad sin entrar a conocer del fondo del asunto. El único motivo del recurso sostiene que el plazo de caducidad no se inicia con la interposición de la reclamación previa en vía administrativa, cuando la administración pública empleadora no ha notificado debidamente a la trabajadora la resolución expresa de extinción de la relación laboral, con indicación de si es firme y de los recursos que caben contra la misma. La cuestión ha sido ya resuelta en diversas sentencias de la Sala Cuarta, en el sentido de entender que la notificación del acto de despido por la administración, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía legalmente procedente. La notificación de extinción de la relación laboral emitida por cualquier Administración Pública queda sometida a las previsiones del art. 69.1.2º LRJS, por lo que debe contener su condición de decisión impugnable directamente ante la vía judicial laboral y el plazo establecido, por lo que la reclamación previa indebidamente formulada por el trabajador no activa el plazo de caducidad frente a la resolución administrativa que extingue la relación laboral con omisión de cualquier indicación sobre la vía adecuada para su impugnación.
Resumen: DESPIDO DISCIPLINARIO:dos son las cuestiones que sustentan el presente recurso de casación unificadora: una destinada a determinar si la empresa recurrente tiene legitimación para recurrir cuando se estima su recurso y el despido es declarado procedente. La Sala unificadora llega a la conclusión que si la tiene sobre la base de las declaraciones que contiene la sentencia con respecto a licitud en la obtención de determinada prueba; y la otra consiste en determinar si una entidad bancaria puede utilizar su conocimiento de los datos de la cuenta corriente de una trabajadora para configurar prueba de los posibles incumplimientos laborales realizados por la empleada titular de la referida cuenta, y por tanto, si dicha obtención se puede considerar lícita, en relación a los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos. La Sala de unificación señala que una entidad bancaria no puede utilizar su conocimiento de los datos de la cuenta corriente de una trabajadora para configurar prueba de los posibles incumplimientos laborales realizados por la empleada titular de la referida cuenta, por lo que su obtención sin mediar la necesaria autorización es ilícita por vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos.
Resumen: La Sala Cuarta desestima el recurso de la trabajadora sobre el derecho a anticipar la opción prevista en el art. 110.1 b) LRJS cuando el empresario no comparece al acto de juicio o está desaparecido, partiendo de la imposibilidad de readmisión, en una situación en la que se había admitido la opción del FOGASA de acuerdo con el art. 110 a) LRJS. La sentencia propuesta como referencial en casación unificadora era de la propia Sala Cuarta que desestimaba el recurso por falta de contradicción. Estas sentencias son inhábiles a efectos referenciales porque no entran a resolver sobre el fondo del asunto y en consecuencia, no es posible entender existente la contradicción. Reitera criterio de STS, Sala de lo Social, 14/12/2021 (rec. 3047/2019)
