• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 2035/2022
  • Fecha: 08/06/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Sanción en materia de defensa de la competencia. Baremos de honorarios por parte de los Colegios de Abogados. Determinación de la autoridad competente: CNMC o autoridad reguladora autonómica.Precedentes: AATS de 26 de enero (RCA 7649/2021), de 2 de febrero (RCA 8003/2021), de 9 de febrero de 2022 (RCA 7662/2021), de 16 de marzo de 2022 (RCA 8681/2021) y 8 de abril de 2022 (RCA 1877/2022).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 2324/2022
  • Fecha: 08/06/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado en el que la cuestión que presenta interés casacional, según la Sección de admisión, consiste en determinar, tomando en consideración la naturaleza de las Oficinas Liquidadoras y de la función que en las mismas desempeñan los registradores, si la información detallada de las percepciones salariales de cada registrador por el servicio público prestado en virtud de una encomienda de gestión puede o no entenderse como una información de interés público. La cuestión que se plantea en este recurso es sustancialmente idéntica a la del RCA 4457/2021, admitido por ATS de 27 de octubre de 2021, por lo que, en virtud de los principios de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, procede, también en este caso, la admisión del recurso. Las normas jurídicas que, en principio, debe ser objeto de interpretación son: el artículo 15.3 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; los artículos 4.1, 4.2 y 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 650/2022
  • Fecha: 08/06/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación que versa sobre la motivación que deben contener los autos judiciales de autorización de entrada e inspección de domicilios sociales, en el marco de una investigación preliminar o procedimiento de información reservada (artículo 49.2 LDC), y, en concreto, si deben recoger los concretos indicios o elementos fácticos que llevan a considerar que tal medida restrictiva del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es legítima y proporcionada. Son diversas las sentencias de esta Sala que versan sobre las autorizaciones de entrada en domicilio: la STS de 31 de octubre de 2017 (RCA 1062/2017), que da respuesta a la cuestión sobre el grado de concreción de la información que ha de contener las solicitudes de autorización de entrada en domicilio social de una empresa, y la extensión del control judicial cuando se trata de una investigación preliminar o procedimiento de información reservada, cuya incoación resulta de información obtenida en el programa de clemencia ex articulo 65 LDC. De ahí que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en reforzar, completar, matizar o corregir la jurisprudencia existente sobre las autorizaciones de entrada en domicilio, a fin de determinar la motivación que deben contener los autos judiciales de autorización de entrada e inspección de domicilios sociales en el marco de una investigación de información reservada del ar. 49.2 LDC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1859/2019
  • Fecha: 07/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el FOGASA es responsable del pago de la indemnización por despido y salarios, cuando la sentencia que estimó dicha pretensión condenó de forma solidaria a las empresas del grupo al pago de la indemnización y de los salarios adeudados, y sólo una de ellas ha sido declarada insolvente, habiendo estado las otras dos en concurso de acreedores y no se aporta certificación de la administración concursal de que el crédito esté incluido en la lista de acreedores. La Sala IV, con remisión a sentencias previas, casa y anula la recurrida y con ello, desestima la demanda. Argumenta que al tiempo de presentación de la demanda ya no concurría la situación concursal, dado que se había dictado sentencia por el Juzgado de lo Mercantil aprobando el convenio de una de ellas. Atendida la condena de naturaleza solidaria de las empresas a abonar a la parte actora las cantidades reclamadas y constando la declaración de insolvencia de la primera de dichas empresas, no así de las otras dos, que, además, no se encuentran en situación de concurso, no procederá tampoco declarar la responsabilidad del FOGASA en el abono de las prestaciones reclamadas. El reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concurso, extremo que no consta en las actuaciones, por lo que no cumple el requisito establecido en el art 33.3, regla primera del ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 919/2021
  • Fecha: 06/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Cuarta reconsidera con esta sentencia el acceso al recurso de suplicación y, por consiguiente, al de unificación de doctrina, de la pretensión relativa a las diferencias en el importe de las pagas extraordinarias de los médicos internos residentes de los meses de junio y diciembre de 2018 y junio 2019, en cuantía que no supera los 3.000 euros. Aunque previamente entendió que no concurría la afectación general y tras recordar otras ocasiones la existencia de afectación general se aprecia tras previas resoluciones que declaran la falta de competencia funcional para conocer de recursos similares, concluye que en el asunto debatido existe dicha afectación general porque la Sala tiene constancia de que se ha planteado similar cuestión ante diferentes órganos judiciales de todo el territorio nacional, dictándose un importante número de sentencias por las Salas de lo Social e, incluso, llegando a esta Sala diferentes recursos de unificación de doctrina sobre la misma materia. Sin embargo, no se pronuncia sobre el fondo por no concurrir la contradicción entre las sentencias comparadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10794/2021
  • Fecha: 02/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acumulación de condenas: El procedimiento establecido en el artículo 988 LECrim ha de ser contemplado desde una perspectiva constitucional, pudiendo afirmarse lo mismo de la limitación de las penas prevista en el artículo 76 del Código Penal, pudiendo afectar a derechos fundamentales, hasta el extremo de prever en estos casos un recurso extraordinario como el de casación. En materia de acumulación jurídica de penas debe primar el elemento temporal o cronológico, de forma que el límite de la acumulación está constituido por la imposibilidad temporal del enjuiciamiento conjunto de hechos delictivos acaecidos con posterioridad a haberse dictado la última sentencia comprendida en la acumulación, además de los que estuviesen sentenciados cuando se inicia la acumulación de que se trate. Tanto en un caso como en otro el enjuiciamiento conjunto deviene imposible, y si ello no se entendiese de esta forma, las condenas impuestas con anterioridad vendrían a constituir un "patrimonio punitivo" de cara a hechos delictivos futuros. Para revisar la corrección del criterio temporal es preciso que el auto que concede o niega la refundición contenga en sus antecedentes fácticos todos los datos sobre la fecha de comisión de los delitos, de las sentencias que los aprecien, no siendo necesaria la firmeza de las mismas, y dicha falta de contenido obstaculiza el control casacional sobre lo decidido en la instancia, pudiendo producir indefensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2572/2020
  • Fecha: 31/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Cuarta confirma la competencia de la jurisdicción social reconocida en instancia y suplicación para conocer de la reclamación de los trabajadores al FOGASA de las cantidades que la Administración Concursal (AC) le abonó como subrogado en los derechos y obligaciones de los demandantes, en concepto de créditos frente a la masa. Aquellos solicitaron el abono del 50% de las prestaciones resarcidas por la AC. Tras el examen de las normas que delimitan la competencia objetiva del órgano de instancia y los distintos supuestos fronterizos en los que la Sala se ha pronunciado sobre la competencia en el seno de un concurso, desestima el recurso del FOGASA en virtud de las siguientes razones:1) la acción no se dirige contra la empresa concursada o sus administradores, sino contra el sujeto a quien le fueron adjudicados determinados bienes en el proceso liquidatorio; 2) la pretensión es ajena a las atribuidas al conocimiento del Juez de lo Mercantil; 3) la competencia natural del Juez de lo Social para conocer sobre una reclamación relativa a créditos laborales pendientes de cobro y dirigida frente al FOGASA; 4) la reclamación se formula cuando el Juez de lo Mercantil ya ha resuelto sobre el origen remoto de dicha reclamación y no se combate un acto de la AC ni de dicho juez ni la calificación de un crédito; 5) el concurso está concluido y por tanto desaparece el nexo temporal que presupone la competencia del Juez del concurso para resolver cuestiones de orden laboral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 306/2021
  • Fecha: 31/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador reclamó un nivel superior al que percibe en atención a las funciones que efectivamente realiza como rescatador, las diferencias salariales entre N3 (salario que recibe) y N2 (solicitado) son de 254,84€ mensuales y la diferencia salarial reclamada entre enero y septiembre de 2019 de 2.471,95€, por el JS se desestimó la demanda. El TSJ declaró por Sentencia la inadmisión del recurso de suplicación por razón de la cuantía litigiosa. Recurre el actor en cud para determinar, en aplicación del art. 191.2g) LRJS, si es recurrible en suplicación. Examina los requisitos, el objeto del recurso es determinar si la sentencia/auto es recurrible en suplicación, se exige el cumplimiento de los requisitos formales del rcud y la parte debe aportar sentencia de contraste, pero si se estima el recurso no resulta exigible el requisito de la contradicción al ser el análisis previo al fondo. En el caso se reclama derecho y cantidad, debe superar 3.000€, es un nivel salarial con proyección a futuro, tiene acceso a suplicación si en cómputo anual (o alternativamente el total reclamado en acto de juicio supera 3.000€). En fecha de la demanda la diferencia asciende a 942,91 €, en el acto del juicio actualizada es de 2.471,95€, no habiendo transcurrido un año, pero calculada en cómputo anual supera los 3.000€. Concluye casando y anulando la sentencia y decretando la recurribilidad de la sentencia de instancia en suplicación, devolviendo actuaciones para que la Sala examine el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1450/2020
  • Fecha: 31/05/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de Turquía en España como limpiador, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones meramente de limpieza en la Embajada de Turquía en Madrid, sin que conste que el trabajo tuviera carácter confidencial y, menos aún, que afectara a la seguridad de Turquía y de su Embajada en España, correspondiéndole a esta última la carga de probar en el proceso dichas circunstancias. Condena en Costas (300€).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 353/2022
  • Fecha: 31/05/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Subvenciones en el área de protección internacional. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la concesión de subvenciones -como las concernidas- en el área de acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de las personas acogidas al régimen de protección temporal, invaden competencias autonómicas

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