• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 3486/2020
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Administración instructora es la que lleva a cabo los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, debiendo ser realizados tales actos de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer la realización de otras actuaciones (art. 78.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actual art. 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Las oficinas de Correos, representaciones diplomáticas u oficinas consulares y demás lugares donde pueden presentarse escritos y documentos dirigidos a la Administración no se convierten por ello en Administración instructora del procedimiento, pues su actuación es meramente instrumental. Del mismo modo, la posibilidad que se contempla en el art. 11 de la Ley 17/2001, de Marcas, de que las solicitudes dirigidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas se presenten en el órgano competente de la Comunidad Autónoma -en este caso, la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) de la Generalitat de Cataluña- no convierte a ésta en Administración instructora, pues su cometido se limita a la recepción de documento y su remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No cabe hacer recaer sobre OGE la carga de traducir al castellano los escritos. No cabe oponer normas de derecho internacional alegadas pues otorgan un amplio margen de discrecionalidad a los Estados en lo que atañe a la adopción de medidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10043/2021
  • Fecha: 03/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS estima el recuso y recuerda su doctrina relativa a la acumulación de condenas. En concreto, afirma que Como se establece en el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 3 de febrero de 2016, que incorpora las consecuencias de la reforma operada por la L.O 1/2015: "La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello. A los efectos del art. 76.2 del Código Penal hay que estar a la fecha de la sentencia dictada en la instancia y no a la del juicio." Asimismo, afirma que debe procurarse la interpretación que de manera más amplia pueda favorecer a la persona condenada, lo que permite establecer combinaciones diversas para delimitar el eje temporal que comporte el menor tiempo de cumplimiento con relación a las condenas acumuladas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3227/2019
  • Fecha: 02/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea la cuestión de si es recurrible en suplicación la sentencia de instancia que resolvió una demanda en cuantía inferior a 3.000 €, cuando dicha reclamación dimana de una demanda en concepto de diferencias de la indemnización abonada por la empresa al extinguir el contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción que las unía y que se apoyaba en la STJUE de 14/9/2016, De Diego Porras I, C-596/14, solicitando que la indemnización se calculara con arreglo a 20 días por año de servicio. La Sala IV, siguiendo criterio previo, declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia al entender que la afectación general es "notoria". Argumenta que la cuestión de fondo es la aplicación de la citada STJUE 14/9/2016 , o de su rectificación por las SSTJUE 5 de junio de 2018, siendo notoria la afectación que ha tenido la interpretación de dicha sentencia y su posterior rectificación. Y tal incidencia se aprecia en el elevado número de recursos de casación para la unificación de doctrina resueltos, además de los que se encuentran pendientes de resolución procedentes de diversos TSJ. También lo es la expansión del debate a otros contratos temporales. Además, Sala IV ha registrado numerosos recursos respecto de la misma empresa y con la misma cuestión controvertida. En consecuencia, existe una significativa litigiosidad real -y no meramente potencial- sobre la materia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1973/2020
  • Fecha: 02/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer del derecho de una trabajadora a ser contratada con preferencia a otros que tienen puesto inferior en la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Marbella demandado. Con lo que reitera la doctrina establecida en la STS Pleno 11-6-19, Rec 132/2018, en el sentido de que la doctrina anterior de la Sala sobre las bolsas de trabajo en la Administración Pública ha de entenderse modificada tras la entrada en vigor de la regulación contenida en la LRJS art. 2.n), que atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las "demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4275/2018
  • Fecha: 01/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la nulidad de la sentencia recurrida tras apreciar de oficio la falta de competencia funcional de la Sala de lo Social del TSJ para conocer del recurso de suplicación interpuesto. En el caso se trata de una reclamación contra la resolución del SPEE que declara la extinción del subsidio y ordena un reintegro en cuantía inferior a 3.000 €. Se reitera doctrina que establece, respecto a la recurribilidad relativa a la impugnación de una resolución sancionadora de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, que hay que estar a los efectos del recurso, al contenido económico de la prestación o del acto objeto del proceso, en su caso, en cómputo anual y al contenido económico del acto cuya anulación se pretende, incluidos los actos de carácter sancionador, como el que nos ocupa, ex art 192.4 LRJS. Pues bien, se cuestiona la extinción de un subsidio por importe de 1.817,60 €, por lo que la cuantía reclamada no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación y, la cuestión debatida no tiene el alcance general exigido, pues dicha circunstancia, ni es notoria ni ha sido tampoco alegada y probada en juicio ni se aprecia dato alguno que permita deducir que posee claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, toda vez que lo debatido es la extinción del subsidio por desempleo de un beneficiario en atención a sus concretas circunstancias personales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2924/2018
  • Fecha: 01/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda motivada por la negligencia profesional en la que habría incurrido la letrada al reclamar una pensión periódica y compensación económica, como consecuencia de haber dejado caducar la acción. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, pero la audiencia la revocó y absolvió a la demandada. La sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal de la demandante, pero estima su recurso de casación al apreciar actuación negligente de la letrada que permanece inactiva ante la audiencia ofrecida por el Juzgado. Declara la sala que la demandante gozaba de una expectativa razonable a obtener a su favor una compensación pecuniaria y una pensión periódica como consecuencia de la fractura de una convivencia more uxorio, fruto de la cual nació una niña, al amparo de la Ley de Uniones Estables de Pareja, vigente al desarrollarse los hechos; señala que la letrada demandada era consciente o debería serlo de que contaba con un plazo de un año para el ejercicio de tal pretensión pecuniaria y que el mismo vencía en septiembre de 2007; tras diversos avatares procesales, el juzgado competente declaró caducada la acción, concluyendo la sala que la letrada no actuó conforme a las reglas de la lex artis por evidente pasividad, lo que determina su responsabilidad. Se confirma la sentencia de instancia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1691/2020
  • Fecha: 01/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador, que prestaba servicios para Correos presentó reclamación de cantidad en que solicitaba se le incluyera en la retribución de las vacaciones las horas nocturnas productividad, horas sábado productividad y horas festivo productividad, por importe de 77,67 euros. Por sentencia de instancia se desestimó la demanda, sentencia confirmada de suplicación. La Sala 4 del TS declara la nulidad de la sentencia de suplicación por entender que contra la sentencia de instancia no cabe recurso de suplicación, ya que no alcanza la cuantía de 3.000 euros exigida por el art. 191.2 g) LRJS, sin que quepa apreciar la existencia de afectación general teniendo en cuenta que sólo a la vista de las circunstancias de cada caso puede decidirse si la persona que disfruta vacaciones debe percibir o no determinado complemento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 2181/2020
  • Fecha: 31/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de la aludida información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto o si, en atención a la naturaleza de la información intercambiada, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto. Se ha de partir de una interpretación restrictiva de la infracción por objeto. En el presente caso se trató de intercambios de información comercialmente sensible que tenía lugar en tres tipologías de foros de intercambio: El Club de Marcas o club de socios, con la colaboración de la consultora Urban en el año 2010 y el denominados Foro de Directores de Postventa. La información intercambiada comprende una gran cantidad de datos que recaen sobre: la rentabilidad y facturación de las redes de concesionarios en total y desglosada por venta de automóviles (nuevos y usados) y actividades de postventa (taller y venta de recambios); márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; estructuras, características y organización de las redes de concesionarios... La información intercambiada es apta para reducir la incertidumbre en el proceso de determinación de los precios y en la conducta futura de las competidoras, que afecta gravemente la independencia con la que cada operador debe actuar en el mercado, y por ello es constitutiva de cártel.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3122/2019
  • Fecha: 27/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso se desestima. No es momento de plantear un debate sobre la razonabilidad de la acusación, tan solo de discutir cuál es el órgano competente para conocer de los hechos que han motivado la apertura del juicio oral. En este momento se trata, no de valorar hechos y pruebas (que no se han producido), sino tan solo de constatar, ateniéndonos en exclusiva a los hechos tal y como han sido delimitados por las acusaciones superando el filtro del juicio de acusación, a quién corresponde la competencia para enjuiciarlos. El recurso ataca resoluciones todavía no producidas y que quizás no lleguen a producirse. Y, sin embargo, no aduce nada contra lo único que contiene la parte dispositiva del auto: una inhibición a un Juzgado de lo Penal. La casación se interpone frente al auto dictado por una Audiencia Provincial acogiendo la excepción de declinatoria (art. 666.1º LECrim) promovida por varios de los acusados. Es un procedimiento incoado antes de diciembre de 2015, lo que nos sitúa en el régimen de recursos inmediatamente anterior a la reforma de 2015, por virtud de su disposición transitoria. En la actualidad tal auto debiera antes haber sido llevado al Tribunal Superior de Justicia con carácter previo a través de una apelación. Antes, no obstante, y pese a la dicción del art. 676 LECrim, la Sala II venía entendiendo que era la casación el recurso directo procedente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 1412/2020
  • Fecha: 27/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Planteada la cuestión que presenta interés casacional referida a la posibilidad de declarar la nulidad de un PGOU por su falta de integridad dada su aprobación mediante actos sucesivos, cuyo resultado final difiere radicalmente del inicialmente propuesto y afectando a aspecto sustanciales y estructurales, el TS, partiendo de la jurisprudencia sobre la posibilidad de aprobación definitiva parcial de los instrumentos de planeamiento urbanístico (competencia básica del Estado en materia de procedimiento), resuelve la cuestión suscitada declarando que procede declarar la nulidad de pleno derecho del Plan general así aprobado en la medida en que -como es el caso- ni se mantiene el modelo de ciudad decidido por el Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE y art. 25 LBRL). ni los ciudadanos pudieron pronunciarse (art. 4 TRLS 2008, y art. 5 del TRLS 2015) sobre el distinto modelo de ciudad que resulta de dicho proceso de aprobación sucesiva y fragmentaria, que no puede entenderse suplido por los también sucesivos y fragmentarios trámites de información pública que se produjeron, tras la aprobación definitiva parcial, en el curso del mismo. Se recuerda que la aprobación parcial del instrumento de planeamiento general no puede alterar los principios sustanciales ni las directrices básicas del plan mismo, que deben mantenerse, formando un todo armónico y coherente. Se rechazan la denuncia de incongruencia y falta de motivación de la sentencia recurrida.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.