• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3663/2018
  • Fecha: 14/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia anotada el debate judicial giró sobre la necesidad de determinar si tras la supresión de la reclamación previa operada por la Ley 39/15 (LPACAP), debe entenderse caducada la acción de despido en un supuesto en el que se presentó reclamación previa dentro del plazo de 20 días pero no se presentó en dicho plazo demanda despido, y por lo tanto, si dicha reclamación previa, que ha sido suprimida, suspende el plazo de caducidad. La Sala Cuarta, en lo que ahora interesa, atendiendo a lo que dispone el art. 69 LRJS y la doctrina constitucional sobre la incidencia de la reclamación previa en las acciones sujetas a plazos de caducidad, considera que al incurrir el acto de notificación del despido por parte de la Administración en defectos formales, ya que no señalaba si aquella decisión era definitiva o qué recursos podían interponerse y en qué plazos, ello permite que la reclamación previa, aunque no era exigible, despliegue el efecto de suspensión del plazo de caducidad. Así las cosas, el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce no solo el contenido de la decisión sino cómo actuar frente a ella. En el supuesto analizado, al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir se mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona afectada "interponga cualquier recurso que proceda" y la desaparecida vía de reclamación previa ya no cumple ese requisito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4037/2018
  • Fecha: 14/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El JS acordó por auto la suspensión de la ejecución laboral hasta que el juez mercantil se pronunciara acerca de si los bienes embargados eran necesarios para la continuación de su actividad. Tal decisión fue confirmada por la sala de suplicación. El TS, aprecia que concurre la necesaria contradicción y, tras referir las normas aplicables (la LRJS, que realiza una remisión pura a las previsiones de la LC, que, a su vez, ordena la suspensión de las ejecuciones "de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor"), tiene también en cuenta lo decidido en anteriores sentencias. Y concluye que la competencia para efectuar la declaración sobre la naturaleza de los bienes embargados por el JS y si dichos bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada, es del JM, debiendo quedar en suspenso la ejecución hasta que se produzca tal declaración. La competencia del JS para ejecutar bienes embargados sin que exista previa declaración de su carácter necesario para la continuidad de la actividad solo se proclama cuando la empresa ya no está operativa y, en buena lógica, es improcedente tal declaración. Se desestima el recurso de los trabajadores ejecutantes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 59/2020
  • Fecha: 13/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El teniente coronel, como jefe de grupo, tenía potestad disciplinaria sobre el personal a sus órdenes, por lo que era competente para ordenar la incoación de la información previa, aunque luego no lo fuera para incoar el expediente disciplinario, habida cuenta de que de su resultado se desprendió la presunta comisión de una falta muy grave. Las manifestaciones efectuadas por el recurrente al capitán instructor de la información previa han de considerarse nulas y sin efecto en el expediente, al haberse obtenido sin haber advertido al interesado de los derechos que le asistían. La prueba informática sobre la publicitación en internet de la empresa de la esposa del recurrente se obtuvo lícitamente y su contenido se ajusta a la realidad. La práctica de las testificales en fechas diferentes no causó indefensión al recurrente, que estuvo presente en ellas asistido de su abogado. El rechazo por el instructor de ciertas pruebas propuestas por el recurrente fue adecuadamente razonado, debido a que eran irrelevantes. Existen indicios de naturaleza acusatoria que desembocan en un juicio de inferencia que permite concluir que el recurrente estuvo realizando de 2015 a 2020 una actividad mercantil-comercial en la empresa de su esposa sin haber solicitado ni, en consecuencia, obtenido la autorización al efecto, hechos que se incardinan adecuadamente en la falta muy grave apreciada, no en la grave. La sanción de 1 año de suspensión impuesta es proporcionada a las circunstancias concurrentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 17/2020
  • Fecha: 12/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de error judicial. No es lícito incluir en la misma argumentos de legalidad ordinaria -ya desestimados en la resolución presuntamente errónea-, como fuere la incompetencia objetiva de la Sala para conocer del recurso y que ya fuera descartada por esta en múltiples ocasiones, incluso a través de incidente extraordinario de nulidad de actuaciones. La resolución de tal cuestión competencial está dentro de los cánones ordinarios de la hermenéutica jurídica y no cabe reputarla como error craso, patente o indubitado que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, no pudiendo hacerse uso del procedimiento de declaración judicial como una tercera instancia o casación encubierta. Se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 24/2019
  • Fecha: 12/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La revisión de oficio de los actos administrativos nulos es un procedimiento extraordinario y excepcional que solo puede utilizarse cuando concurran los motivos de nulidad de pleno derecho previstos legalmente, supuestos en los que el interés general demanda que los actos afectados de tal invalidez sean expulsados de la vida jurídica. Por ello, la revisión de oficio es objeto de interpretación restrictiva y el procedimiento revisor excepcional. El recurso no ataca el acto administrativo que constituye su objeto -la resolución ministerial de inadmisibilidad del trámite revisorio por manifiesta falta de fundamento-, sino que se limita a reproducir las causas de nulidad invocadas en vía administrativa, introduciendo, además, otras nuevas. No concurre la primera causa de nulidad alegada, pues el jefe accidental de zona tenía competencia para acordar el inicio del expediente, por ostentar la misma competencia que el titular al que sustituía. No se vulneró el principio non bis in ídem, pues los hechos objeto de reproche fueron corregidos en un único expediente disciplinario, por más que se iniciaran dos, el primero de los cuales, al terminar sin declaración de responsabilidad, dio lugar al segundo, incoado por la posible comisión de infracción disciplinaria distinta. Las inexactitudes de la notificación del acuerdo de inicio del expediente carecen de vicio invalidante que afecte de nulidad radical al acto administrativo, sin que, además, produjeran indefensión al recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 110/2020
  • Fecha: 09/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS confirma que tras sentencia condenatoria vía penal la consecuencia ex lege es la pérdida de la condición de concejal, en virtud de las casusas de inelegibilidad y de incompatibilidad previstas en el art. 6.2 b) y 6.4 LOREG, respectivamente, en relación con los artículos 177 y 178 de la LOREG, por ser aplicables tanto para candidatos a concejal como a los ya electos. Ahora bien, en el caso examinado la sentencia de Tribunal ad quem absuelve al concejal condenado en primera instancia, y declara invalida la causa de incompatibilidad que extinguió la condición de concejal inicialmente. En consecuencia, declara que procede la restitución del afectado en el ejercicio del cargo público para el que fue elegido, y anular la resolución de la Junta Electoral Central por la que se expidió la credencial de la concejala sustituta, en concordancia, con lo ya resuelto en previa sentencia de la Sala de fecha 18 de junio de 2019 (recurso contencioso-administrativo núm. 252/218). La Sala finaliza no manifestándose respecto el abono de los salarios, dietas y demás conceptos retributivos por su indebida sustitución, porque la Junta Electoral Central se limitó a removerle del cargo por aplicación de la LOREG, ante la existencia de sentencia penal condenatoria no firme.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 20011/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se juzga al acusado, Diputado del Parlamento de Cataluña (aforado), por la pluralidad de conductas que se integran en el acto de desobediencia, dada la conducta rebelde de reconocer la vinculación a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se detallan hasta al menos 10 mandatos de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Su desobediencia fue consciente y voluntaria. Actuó en la Mesa del Parlamento, como órgano rector colegiado del Parlamento con funciones de carácter gubernativo y de organización del trabajo parlamentario, ajenas a la finalidad prevista en la proclamación de la inviolabilidad parlamentaria. Se analiza especialmente la conducta consistente en la admisión a trámite de la proposición de ley de referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, para conformar la tipicidad en el delito objeto de la acusación, por ser la más clara y la que resulta más relevante de las que fueron objeto de la acusación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 2461/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La respuesta dada por la Sala a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión son las siguientes: A) El legislador ha configurado la petición de reexamen como un auténtico procedimiento de impugnación (recurso) que debemos calificar de ordinario, aunque dotado de cualificadas especialidades debido al ámbito material en el que se incardina - la protección internacional solicitada en frontera- que afectan a su tramitación (v.gr. plazos y efectos de su incumplimiento) y a los efectos suspensivos que se atribuyen a su interposición. B) No existe obstáculo derivado del art. 9.2.c) Ley 40/2015 para que en un supuesto como el de autos, en el que la ley llama al mismo órgano, el Ministro del Interior, a dictar la resolución originaria y la que resuelve la petición de reexamen de ésta, ese órgano delegue ambas competencias, asimismo, en el mismo órgano administrativo, en este caso, la Dirección General de Política Interior. Y C) La apreciación del fraude de ley o del abuso de derecho no puede estar sustentada de forma exclusiva en la concurrencia de una causa de denegación de la solicitud de protección internacional, siendo necesario que quede acreditado por datos objetivos suficientemente acreditados, al margen de apreciaciones subjetivas y tras una ponderación equilibrada, que la finalidad perseguida por el solicitante era la de esquivar las normas que regulan la entrada en España.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 1768/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Audiovisual. Conflicto aplicativo entre norma estatal y autonómica divergentes. Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña y Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. Precedente de admisión: auto de 12 de marzo de 2021 (RCA 1737/2020) -misma recurrente-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 7454/2020
  • Fecha: 08/04/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en aclarar, matizar, concretar o, en su caso, corregir la jurisprudencia sentada, entre otras, en la STS de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación n.º 1488/2015) en relación con la suspensión cautelar de una prohibición de contratar en el ámbito de defensa de la competencia; en particular, se trata de interpretar el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, en relación con los artículos 71.1.b) y 72 (apartados 2, 3, 5 y 7) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a fin de aclarar si la prohibición de contratar que incluye la resolución sancionadora dictada por la CNMC ha de entenderse inmediatamente ejecutiva a los efectos de su eventual suspensión cautelar o, por el contrario, la ejecutividad de dicha medida se produce en un momento posterior tras la tramitación del procedimiento correspondiente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

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