Resumen: Se recurre la sentencia que acordó de oficio la nulidad de actuaciones contra la sentencia del juzgado de lo social, desde el anuncio del recurso, por ser firme la sentencia e irrecurrible al no exceder de 18.000 € la cuantía litigiosa. Como consecuencia de las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo se notificó acta de infracción en la que se imputaba una infracción muy grave tipificada por la que se impuso la sanción de 6251 euros y la pérdida de bonificación aplicable a un trabajador con minusvalía. La Sala, analiza si cabe interponer recurso y considera que no cabe por no alcanzar el límite legal de cuantía litigiosa. La cuestión debatida, no es otra que la de determinar si procede o no recurso de suplicación. La cuestión ha sido resuelta por la Sala sobre la determinación de los supuestos en que se permite el acceso a la suplicación de las sentencias dictadas en instancia en sanciones en materia de desempleo impuestas a un beneficiario de la Seguridad Social en aplicación de la LISOS. Se estima que la restricción que se establece en el art. 191.3 g) LRJS sobre la recurribilidad en suplicación de las sentencias de instancia, limitada a la cuantía de 18000 euros, únicamente afecta a las que se impongan en materia laboral, no de Seg. Soc., en las que el acceso al recurso de suplicación viene determinado por la cuantía general de 3.000, calculada en la manera prevista en el artículo 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto que se pretende anular
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste aclarar si la jurisprudencia sentada en las SSTS n.º 1160/2020, de 14 de septiembre (RCA 5442/2019) y n.º 1265/2020, de 7 de octubre (RCA 5429/2019) -relativa a la intervención de entidades públicas empresariales en la tramitación de expedientes sancionadores incoados por las Administraciones Públicas- resulta de aplicación en el ámbito de procedimientos administrativos no sancionadores en cuya tramitación intervienen personas o entidades externas a la Administración; en particular y en este caso, una sociedad mercantil (INECO).
Resumen: Vicio de consentimiento. Suficiencia o no de la información de derechos como elemento para la válida prestación del consentimiento voluntario para la entrada domiciliaria para actuaciones inspectoras.
Resumen: La acumulación de penas tiende a hacer reales las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo, en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el art. 76 del Código Penal. La refundición se aplica cuando el penado sufre dos o más condenas de privación de libertad, cuya suma será considerada como una sola condena a efectos de aplicación de la libertad condicional.
Resumen: La Sala IV confirma el auto dictado por la AN que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción del Orden Social, para conocer de las Medidas Cautelarísimas Inaudita Parte, así como de la demanda, formuladas por la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), dejando imprejuzgada la Impugnación del acto administrativo en materia de vacaciones que afecta a los 108 Fiscales de la 58ª Promoción. Se analiza el alcance y contenido del art 2 e) LRJS y la determinación y límites de la competencia del orden jurisdiccional social en materia de riesgos laborales. Dicho precepto atribuye a la jurisdicción todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales que incumben a los empleadores, sean empresarios privados o Administraciones Públicas, y que aparecen reguladas en la normativa de prevención de riesgos laborales, contenida en la Ley 31/1995. Pero, esta no es la pretensión que se formula en el caso. El derecho a vacaciones de los aspirantes a ingreso en la Carrera Fiscal, no forma parte del régimen legal en materia de prevención de riesgos laborales, sino del Estatuto profesional de los miembros de la Carrera Fiscal regulado por el derecho administrativo. Impugnado pues, un acto de las Administraciones Públicas sujeto a derecho administrativo, en materia de vacaciones, tanto la LOPJ (art. 9.4) como la LJCA (art. 1.1) atribuyen a la Jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de la pretensión.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste aclarar si la jurisprudencia sentada en las SSTS n.º 1160/2020, de 14 de septiembre (RCA 5442/2019) y n.º 1265/2020, de 7 de octubre (RCA 5429/2019) -relativa a la intervención de entidades públicas empresariales en la tramitación de expedientes sancionadores incoados por las Administraciones Públicas- resulta de aplicación en el ámbito de procedimientos administrativos no sancionadores en cuya tramitación intervienen personas o entidades externas a la Administración; en particular y en este caso, una sociedad mercantil (INECO).
Resumen: RECURSO DE SUPLICACIÓN: acceso al recurso de reclamación de una determinada antigüedad. No es recurrible en suplicación la sentencia de instancia que resuelve la demanda del trabajador que solicita el reconocimiento, a todos los efectos, de una determinada antigüedad cuando la acción declarativa está destinada a generar unos determinados efectos económicos, en este caso habrá de estarse a su cuantificación anual para establecer la cuantía del proceso.Pero si la acción declarativa no guarda relación con derechos de contenido económico, o va más allá de ellos, para extender sus efectos jurídicos a otros diferentes ámbitos de la relación laboral, no hay razón para negar el acceso a suplicación.
Resumen: Inadmisión a trámite, por falta de competencia y legitimación pasiva, de reclamación formulada de acceso a la información pública. Competencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para conocer de las reclamaciones formuladas contra los Entes locales en materia de derecho de acceso a la información pública. Estimación. Tanto el alcance subjetivo y objetivo sobre el que se proyecta el derecho de acceso a la información pública de la ley estatal, como del propio procedimiento impugnatorio articulado ante el Consejo de transparencia estatal o ante el correspondiente Consejo Autonómico, tienen el carácter de normas básicas, al corresponder al Estado la competencia exclusiva para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas así como el procedimiento administrativo común. No cabe que los ciudadanos de una determinada Comunidad Autónoma carezcan de la facultad de formular reclamaciones contra aquellas resoluciones de los Entes locales pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma adoptadas en materia de acceso a la información pública.
Resumen: En el marco de un contrato indefinido de apoyo a emprendedores de la L 3/2012 (hoy derogada por la RD-L 28/2018), que finaliza por desistimiento empresarial al finalizar el cuarto mes de los doce que contempla el periodo de prueba, se dirime en la sentencia anotada si debiera haberse comunicado la terminación del contrato con un plazo de preaviso quincenal y que su omisión debe conllevar el pago de una indemnización equivalente a los salarios devengados durante tal periodo, al amparo de lo dispuesto en el art. 4.4 de la Carta Social Europea (CSE), que exige que el desistimiento empresarial del periodo de prueba sea comunicado con quince días de antelación a su efectiva operatividad. Así las cosas, y salvada en el caso la aplicabilidad de la CSE (ratificada el 2-4-2021) por mor de la CE art. 96 y L 25/2014, el TS atendiendo a que el que el periodo de prueba anual del contrato de apoyo a emprendedores y el desistimiento empresarial acorde con esa funcionalidad específica poseen naturaleza especial, siendo inaplicable la construcción común, declara que en caso debe observarse el plazo de preaviso contemplado en el art 53.1.c) ET por varias razones: analogía con el despido objetivo; concordancia con el plazo de preaviso "razonable" contemplado en la CSE; cumplimiento de buena fe de los derechos y obligaciones contractuales; ajenidad del contrato de trabajo. Aclara asimismo que la aludida doctrina no afecta al desistimiento durante el periodo de prueba ordinario.
Resumen: Se desestima el recurso confirmando la resolución recurrida. Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016 y de 27 de junio de 2018.
