Resumen: La sentencia comentada no aprecia afectación general en la reclamación individual del pago de 83,01 € en concepto de diferencia salarial por los pluses no percibidos - toxicidad, incentivos y plus transporte -, correspondientes al día de San Martín de Porres de los años 2014, 2015 y 216, que le fueron retribuidos al actor como festivo (salario base y antigüedad). Porque la demanda de conflicto colectivo en su día formulada no prosperó precisamente por no reunir los criterios para la utilización de ese cauce procedimental, remitiéndose al proceso de reclamación individual, y porque el número de afectados que el relato fáctico indica, además de cuestionado por la sentencia dictada en la modalidad de conflicto que figura en el mismo, lo sería desde un plano meramente teórico o hipotético, ya que no se ha significado ningún dato ni reflejo de controversia real y efectiva sobre el tema debatido, aparte o diferente de la demanda formulada por el actual actor.
Resumen: Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento. En este caso la inclusión de las penas de prisión suspendidas supone un beneficio para el penado ya que con ello no se aumenta el límite máximo de cumplimiento de las penas acumuladas. La doctrina de esta Sala ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exige en los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal". Y en concreto, el contenido del Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29/11/2005 según el cual "no es necesaria la firmeza de la sentencia para el límite de la acumulación".
Resumen: Se cuestiona si la ejecución iniciada por el juzgado de lo social, de los bienes embargados al empresario concursado, debe quedar en suspenso hasta que el juzgado de lo mercantil se pronuncie sobre su necesidad para que pueda continuar la actividad empresarial, en el supuesto previsto en el art. 5 bis de la Ley Concursal. Sostienen los recurrentes que el Juzgado de lo Social no puede acordar la suspensión de la ejecución de los bienes embargados a la empresa concursada, sino que debe seguir adelante con la misma hasta que haya un pronunciamiento del Juzgado Mercantil sobre su necesidad para la continuidad de la actividad empresarial. Tras exponer los antecedentes resueltos por la Sala de Conflictos, la sala Cuarta concluye que el juzgado de lo social viene obligado a suspender la ejecución hasta que el juzgado mercantil se pronuncie sobre si los derechos o bienes embargados son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, o se produzca alguna de las otras circunstancias contempladas a tal efecto en el art. 5 bis LC, cuando específicamente señala que desde la presentación de dicha comunicación por parte del deudor no podrán iniciarse ejecuciones de tal clase de bienes o derechos.
Resumen: No se aprecia afectación general cuando se reclaman diferencias salariales en cuantía inferior a los 3.000 € por una profesora de religión y moral católica, en atención a la mayor jornada realizada respecto de lo estipulado en el contrato de trabajo, de acuerdo con la sentencia comentada que aprecia por ello la falta de competencia funcional, reiterando la doctrina de la Sala..
Resumen: La sentencia anotada declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer del derecho de un trabajador a ser contratado con preferencia a otro que tiene puesto inferior en la bolsa de empleo del Ayuntamiento (de Marbella) demandado. Con lo que reitera la doctrina establecida en las STS Pleno 11-6-19, Rec 132/2018, 3-2-2012, Rec 2861/18, en el sentido de que la doctrina anterior de la Sala sobre las bolsas de trabajo en la Administración Pública ha de entenderse modificada tras la entrada en vigor de la regulación contenida en la LRJS art. 2.n), que atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las "demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".
Resumen: La acumulación de condenas conforme a lo dispuesto en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiende a hacer efectivas las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas por diferentes por varios delitos. Para que proceda la acumulación de condenas sólo se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso. Criterio favorables a la acumulación de condenas: sólo es preciso el requisito de la conexión temporal. Los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación. Procede la acumulación incluso aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados. La nueva regulación no debe impedir que, tras un primer intento de acumulación, (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas posibilidades, si resultan más favorables para el penado. Finalidad de la norma: reducir a un límite racional la extensión de la privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado espacio de tiempo.
Resumen: La jurisprudencia había venido estableciendo que para que proceda la acumulación de condenas sólo se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso, teniendo en cuenta las fechas de las sentencias dictadas y las de comisión de los hechos enjuiciados en las mismas, de manera que no se transforme en una exclusión de la punibilidad abierta para todo delito posterior a la acumulación o a cualquiera de las condena
Resumen: Resulta indispensable tomar como referencia la resolución más antigua, en los términos que resulten más beneficiosos para el reo, sin que pueda ser objeto de acumulación otras dictadas con anterioridad ni referidas a hechos cometidos en fecha posterior a aquélla.
Resumen: Al igual que en otros asuntos idénticos, se declara de interés casacional la determinación 1º) de si en el procedimiento de selección de medicamentos instaurado en Andalucía concurren, efectivamente, los caracteres que determinan la existencia de un procedimiento de contratación, y 2º) si el resultado de la subasta, consistente en la exclusividad en el suministro de tales medicamentos, constituye una restricción a la libre competencia y, en su caso, si concurren razones imperiosas de interés general que lo justifiquen. Se considera que concurre la presunción prevista en el artículo 88.3.a) LJCA, al no existir pronunciamientos de esta Sala sobre las cuestiones así expresadas.
Resumen: Admisión. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, los Ayuntamientos poseen o no legitimación activa para la impugnación de los Estatutos de los Consorcios, cuando no forman parte del mismo, pero se les ha dado intervención en vía administrativa y se relacionan con él a través de convenios de colaboración, que tienen como finalidad la gestión de servicios de competencia municipal.
