• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1634/2019
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por auto del Juzgado, confirmado por la sala de suplicación se declaró la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de una demanda de tutela de derechos fundamentales planteada por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la cual denuncia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como al honor y la propia imagen, solicitando el fin de la conducta y la reparación de daños materiales y morales. En el recurso de casación unificadora el actor insiste en la competencia de esta jurisdicción. Se estima el recurso y se declara la competencia del orden jurisdiccional social. Desde la sentencia de 14 de octubre de 2014 (RD 265/2013) la Sala viene manteniendo que en materia de prevención de riesgos laborales la competencia del orden social es plena, tanto si la acción se encauza a través de un proceso ordinario, como si se hace a través de la modalidad procesal de tutela. En este caso se reclaman daños materiales y morales derivados del acoso laboral con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es de aplicación lo dispuesto en el art. 2-e) de la LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 39/2020
  • Fecha: 05/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en el procedimiento de conflicto colectivo seguido a instancia del Sindicato Confederación General del Trabajo contra dicha demandada y los sindicatos relacionados. Declara, siguiendo la interpretación de los arts 1, 2.1 a) y 3.e LRJS examinados reiteradamente por la doctrina de la Sala IV, que la competencia para el conocimiento del litigio corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a tenor con lo dispuesto en el art. 3.e LRJS, toda vez que dicho precepto excluye del conocimiento de la jurisdicción social, los litigios relacionados con los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral. La aprobación de los calendarios en los distintos centros docentes de la Consejería de Educación tiene su base en el Acuerdo de 21 de mayo de 2019, adoptado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015 cuyo ámbito personal afecta a todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sea cual sea la naturaleza de su relación jurídica laboral, estatutaria o funcionarial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 3333/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula resolución sancionadora en materia de defensa de la competencia. Desestimación. No ha existido en realidad controversia sobre la interpretación que debe darse a los artículos 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101.3 TFUE, ni sobre la jurisprudencia que los interpreta y aplica. Más bien al contrario, la sentencia recurrida en casación hace diversas referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en relación con tales preceptos, sin que los recurrentes en casación hayan manifestado discrepancias con las nociones y categorías jurídicas a que se refiere la sentencia. Donde las recurrentes discrepan de la sentencia recurrida es en la valoración que en ella se hace de los datos y elementos de prueba disponibles, y, en definitiva, en la delimitación de las circunstancias fácticas concurrentes en el caso concreto que se examina, quedando las cuestiones de hecho excluidas del recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
  • Nº Recurso: 3067/2020
  • Fecha: 04/05/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción por emisiones radioeléctricas no autorizadas. Desestimación. El artículo 40.4 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, no permite prescindir de la obligada obtención del correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico que impone con carácter general la Ley General de Telecomunicaciones. El hecho de que el artículo 40.4 Ley 7/2010 contemple la posibilidad de la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una Comunidad o Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad, no excluye que, en tanto que ello comporta el uso del dominio público radioeléctrico, aquella emisión requiera el otorgamiento del título habilitante que para el uso de tal dominio público exige el artículo 62 de la Ley 9/2014.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2688/2018
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre en casación unificadora el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la Confederación General del Trabajo frente a la sentencia del TSJ que confirma la desestimación de la demanda. Se discute si la empresa transportista (Avanza Interurbanos SLU) debe asumir la tasa que sus empleados abonan para la renovación de la Tarjeta de Aptitud Profesional (CAP). La Sala IV razona que la LPRL (arts. 14.5 y 19) comporta que la formación exigida por el RD 1032/2007 para renovar el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el sector de transporte por carretera deba considerarse como de tiempo de trabajo efectivo, con cargo a la jornada laboral ordinaria. Reitera doctrina explícita de la STS 11 febrero 2013 (rec. 278/2011) e implícita de la STS 12 junio 2012 (rec. 188/2011). Declara asimismo que la tasa que grava la expendición de la Tarjeta acreditativa de tal formación también debe sufragarla el empleador, con independencia del tenor del convenio colectivo aplicable. La interpretación sistemática de los preceptos cuya infracción denuncia el recurso de orden convencional, reglamentario y legal de las normas concurrentes (LPRL, ET, Ley de Tasas, RD 1032/2007, convenio colectivo) conduce a la estimación del recurso. La sentencia casa y anula la sentencia recurrida y estima la demanda en sus propios términos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 299/2019
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona en la sentencia anotada que el cambio de centro de trabajo impuesto por el empleador no respeta la condición más beneficiosa, impugnando el trabajador recurrente la sentencia que lo incardina dentro del ius variandi empresarial y no en una modificación sustancial de condiciones de trabajo. El TS aborda inicialmente la posible irrecurribilidad de la sentencia de instancia, a lo que da una respuesta negativa, señalando que aunque la demanda articulada lo fuera por modificación sustancial de condiciones de trabajo en razón al traslado de centro de trabajo, no alcanzaba la calificación de movilidad geográfica que hubiera de tramitarse por la modalidad especial del art. 138 LRJS. Y por lo que atañe al fondo del asunto, el recurso se desestima al no concurrir la necesaria contradicción con ninguna de las dos sentencias ofrecidas de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2495/2019
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de la República de Indonesia en España como administrativo, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones meramente administrativas de la Agregaduría Comercial de la Embajada de la República de Indonesia en Madrid, por las que percibía un salario mensual de 900 €, sin que conste que el trabajo tuviera carácter confidencial y, menos aún, que afectara a la seguridad de Indonesia y de su Embajada en España, correspondiéndole a esta última la carga de probar en el proceso dichas circunstancias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 1758/2020
  • Fecha: 29/04/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en aclarar, matizar, concretar o, en su caso, corregir la jurisprudencia sentada, entre otras, en la STS de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación n.º 1488/2015) en relación con la suspensión cautelar de una prohibición de contratar en el ámbito de defensa de la competencia; en particular, se trata de interpretar el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, en relación con el artículos 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a fin de aclarar si la prohibición de contratar que incluye la resolución sancionadora dictada por la CNMC ha de entenderse inmediatamente ejecutiva a los efectos de su eventual suspensión cautelar o, por el contrario, la ejecutividad de dicha medida se produce en un momento posterior tras la tramitación del procedimiento correspondiente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 7323/2019
  • Fecha: 28/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala reitera lo declarado en asunto análogo por la STS de 23/11/2020 (RC 7220/19) en cuanto a la delimitación de la cuestión de interés casacional apreciada -determinar si es posible que un plan urbanístico, por su propio contenido, pueda invadir la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal-, que a su vez hace referencia a la doctrina de la Sala Segunda del TS (sentencia de 8 de julio de 2020 -rec. 4006/18-) en la que se pone de manifiesto el problema de la delimitación de esoots clubs y el ipo penal del art. 368 CP. Y así, la determinación preliminar de si la actividad que se desarrolla en los llamados clubs sociales de cannabis puede o no ser lícita, comporta ya la invasión de las competencias estatales. Por tanto, la respuesta a la cuestión casacional objeto del recurso que se reitera declara que "la indeterminación, con la consiguiente necesidad de estar al caso concreto, de si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente, impide considerar competente a un Ayuntamiento, para regular, aunque solo sea desde la óptica urbanística y ambiental, los clubs de cannabis, en cuanto esa regulación, aun cuando fuera estrictamente urbanística y ambiental, tiene una incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal, en cuanto puede llevar al error de la atipicidad absoluta de la actividad desarrollada por los clubs sociales de cannabis".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10769/2020
  • Fecha: 23/04/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La regla general de cumplimiento de las penas está establecida en el artículo 75 del Código Penal: cumplimiento simultáneo y si no es posible cumplimiento sucesivo empezando por las más graves. Ratio essendi de la acumulación de condenas conforme al artículo 76 del Código Penal.; establecer límites de cumplimiento para evitar que se frustre la labor de resocialización de las penas. Criterio favorable para las acumulaciones: únicamente debe atenderse a la conexidad temporal. Contenido del Acuerdo del Pleno de la Sala IIª de 29 de noviembre de 2005: primacía del criterio temporal. Se excluyen los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado y los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación, pues ni unos ni otros pudieron ser enjuiciados en el mismo proceso. No es necesaria la fecha de firmeza. Aplicación al caso.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.