• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 1758/2021
  • Fecha: 26/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si es recurrible en suplicación la sentencia del juzgado de lo social que reconoce el derecho de la beneficiaria de una pensión de viudedad a incrementarla en la parte que venía percibiendo el cónyuge histórico divorciado, una vez que se produce su fallecimiento. Se trata del reconocimiento de una pensión de viudedad con beneficiarias concurrentes, consecuencia del fallecimiento de la excónyuge del causante. La viuda reclama el derecho a percibir la prestación de viudedad reconocida a la fallecida, que le ha sido íntegramente denegado por el INSS. Se argumenta que no se trata de un supuesto en el que el objeto del litigio verse únicamente sobre la diferencia económica entre la cuantía de la prestación reconocida y la reclamada por el beneficiario, y si, por el contrario, está en juego el propio reconocimiento del derecho a la prestación que hasta el momento estaba atribuida a una tercera beneficiaria. Dado que está en juego el reconocimiento de una prestación de seguridad social, cabe recurso de suplicación con independencia de la cuantía.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4923/2019
  • Fecha: 26/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la competencia objetiva para conocer de la demanda de despido le corresponde a los juzgados de lo social de Sevilla o a la Sala Social de la Audiencia Nacional. Una resolución de la Dirección General de Empleo aprobó el ERE para el despido de 1.074 trabajadores de Iberia. La Dirección General de Empleo dictó una resolución complementaria autorizando la extinción del contrato de trabajo de 29 trabajadores. Con base en dicha resolución, la empresa comunicó al actor la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas. El trabajador interpuso demanda de despido. La sentencia del TS de fecha 19 de abril de 2022, recurso 3595/2019, examinó un recurso de casación unificadora idéntico. Esta sala argumentó que no estamos en presencia de la impugnación de la mencionada resolución administrativa complementaria sino de la impugnación de un despido que trae causa en ella y que tal diferencia resulta trascendental para resolver la cuestión puesto que se impugnó un despido individual y precisamente el hecho de que la acción ejercitada fuera inequívocamente la de despido conduce a que, en aplicación del artículo 6 LRJS en relación con los artículos 7 y 8 LRJS, la competencia funcional corresponda a los juzgados de lo social y, en concreto, a los órganos de tal clase de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 LRJS. La aplicación de la citada doctrina al presente procedimiento obliga a estimar recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 4166/2019
  • Fecha: 26/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el caso de los inmuebles de que es titular la Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, es la Comunidad Autónoma. Remisión a la sentencia de 25 de abril de 2022, pronunciada en el recurso de casación nº 5283/2020.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2890/2020
  • Fecha: 26/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: COMPETENCIA JURISDICCIONAL: en la instancia se debatió si la demanda en la que impugna el cese de un trabajador, que inició su relación con la empresa como consultor técnico, mediante una relación laboral común y que, posteriormente, fue nombrado miembro del consejo de administración y, posteriormente Presidente del mismo, habiendo ejercido amplios poderes debe ser resuelto en esta jurisdicción. La Sala de suplicación consideró que este orden jurisdiccional no era competente para conocer de sus pretensiones. La Sala de casación no entró sobre el fondo por FALTA DE CONTRADICCIÓN e inadmitió el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 4032/2020
  • Fecha: 21/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La estafa existe. La relación de causalidad entre esa disposición de fondos para la consecución del negocio del traspaso es evidente, pues sin la existencia de la negociación de dicho jugador no se hubiera dispuesto de ese dinero a favor del recurrente. Por eso no estamos ante un incumplimiento mercantil. Además, existe apropiación indebida pues se ejecuta un acto de disposición sobre ese dinero recibido que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado. No sería de aplicación la clásica doctrina de la denominada "previa liquidación de cuotas", pues no hay dato objetivo alguno que ampare la afirmación del recurrente según la cual existían muchas cantidades por liquidar. No existe para el tribunal la obligación de admitir toda diligencia de prueba propuesta o, en su caso, de suspender todo enjuiciamiento por imposibilidad de practicar una prueba anteriormente admitida. El recurrente, ante la modificación de la calificación, no solicitó el aplazamiento, al limitarse a elevar sus conclusiones a definitivas y solicitar la absolución. La defensa del recurrente jamás planteó la incompetencia territorial que ahora sostiene. Las diligencias no fueron acordadas por un Juez de otro ámbito jurisdiccional, sin competencia objetiva para la investigación de delitos, lo que no ocurrió en el presente caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4415/2018
  • Fecha: 20/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Infracción marcaria. Empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante. Los servicios ofertados por la demandada en su web (Vitaldent) a la que se remite el anuncio son idénticos a los ofertados por la demandante con su marca. Ha existido un uso de la marca no consentido por su titular para identificar servicios idénticos y este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Resulta relevante, conforme a la doctrina del TJUE en Google France e Interflora, que la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero. Interpretación de la regla de cuantificación del perjuicio ocasionado por la infracción marcaria del art. 43.5 LM. La cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 6672/2021
  • Fecha: 20/04/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Resumen: Impuesto sobre el Valor Añadido. Exención por prestación de servicios culturales (art. 20.Uno.14 LIVA). Concepto de "entidades de Derecho público". Determinar si, a los efectos de la exención prevista en el artículo 20.Uno.14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, las sociedades mercantiles con capital íntegramente público pueden considerarse entidades de Derecho público y, en ese caso, qué condiciones deben reunir para tener tal consideración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 7540/2020
  • Fecha: 20/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución de la CNMC que resuelve un conflicto de interconexión, declarando la Sala que el artículo 12.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) y de los artículos 3 y 5 del citado texto legal, debe interpretarse en el sentido de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su posición de autoridad nacional de reglamentación especializada en la supervisión regulatoria, en el marco de la resolución de un conflicto de interconexión, está facultada para intervenir en mercados no regulados del sector de las telecomunicaciones e imponer mediante decisiones vinculantes obligaciones a un operador relativas al sistema de tarificación, siempre que se justifique su imperiosa necesidad para satisfacer el interés general y en aras de garantizar la interoperabilidad de las comunicaciones, la competencia efectiva y el beneficio de los consumidores y usuarios, y se acredite que dichas obligaciones son objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. La Sentencia contiene voto particular que considera que debía haberse anulado la resolución de la CNMC pues lo que se presenta es una discrepancia entre operadores relativa a precios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 5232/2021
  • Fecha: 20/04/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución de la CNMC que resuelve un conflicto de interconexión, declarando la Sala que el artículo 12.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) y de los artículos 3 y 5 del citado texto legal, debe interpretarse en el sentido de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su posición de autoridad nacional de reglamentación especializada en la supervisión regulatoria, en el marco de la resolución de un conflicto de interconexión, está facultada para intervenir en mercados no regulados del sector de las telecomunicaciones e imponer mediante decisiones vinculantes obligaciones a un operador relativas al sistema de tarificación, siempre que se justifique su imperiosa necesidad para satisfacer el interés general y en aras de garantizar la interoperabilidad de las comunicaciones, la competencia efectiva y el beneficio de los consumidores y usuarios, y se acredite que dichas obligaciones son objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. La Sentencia contiene voto particular que considera que debía haberse anulado la resolución de la CNMC pues lo que se presenta es una discrepancia entre operadores relativa a precios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 7257/2021
  • Fecha: 20/04/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se inadmite el recurso de casación preparado por la Junta de Andalucía, pues el actual artículo 62 LDC, modificado por RDLey 7/2021, ya no diferencia entre infracciones graves y muy graves las conductas consistentes en el abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2, considerándolas en todo caso como infracciones muy graves, y por ello no resulta susceptible de seguir proyectándose sobre litigios futuros. Asimismo, se admite a trámite el recurso de casación presentado preparado por la representación procesal de ASV Funeser, S.L., Sociedad Unipersonal, y, en cumplimiento del artículo 90.4 LJCA, identificando como cuestión revestida de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la consistente en determinar si entre las potestades de inspección que los artículos 27 de la Ley 3/2013 y 13 del Real Decreto 261/2008 atribuye al personal de la CNMC, se encuentra la posibilidad de ordenar a la denunciante la grabación, en presencia del funcionario de la CNMC, de llamadas telefónicas a la denunciada con la finalidad de acreditar los hechos denunciados.

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