• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10031/2021
  • Fecha: 16/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS estima el recurso y recuerda su doctrina relativa a tal incidente al afirmar que que para que proceda la acumulación de condenas sólo se requiere que entre los hechos exista una determinada conexión cronológica, la cual se apreciará siempre que los delitos sancionados hubieran podido ser enjuiciados en un solo proceso, teniendo en cuenta las fechas de las sentencias dictadas y las de comisión de los hechos enjuiciados en las mismas, de manera que no se transforme en una exclusión de la punibilidad abierta para todo delito posterior a la acumulación o a cualquiera de las condenas. De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 3060/2020
  • Fecha: 16/06/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. Reclamaciones frente a resoluciones expresas o presuntas de los entes locales de la Región de Murcia en materia de acceso a la información pública. Determinación de si existen fundadas dudas sobre la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, por contradicción insalvable con la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliguen a plantear cuestión de inconstitucionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3696/2018
  • Fecha: 15/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que estima en parte la demanda formulada por el trabajador contra Cortefiel S.A. y declara injustificado el traslado, condenando a la empresa a reponer al actor al centro de trabajo en las misma categoría y funciones. Aclara la Sala IV que se está impugnando la decisión unilateral de la empresa de trasladar al actor a un centro de trabajo sito a 56 kms. de distancia del lugar en que venía prestando servicios. Pese a que se indicaba que se trataba de una acción de movilidad geográfica -a la que se anudaba la invocación de lesión de derechos fundamentales- es innegable que no existía cambio de residencia y, por ello, de acuerdo con reiterada doctrina, el procedimiento a seguir era el ordinario y no la modalidad especial del art. 138 LRJS. Y concluye que, a falta de una específica regulación en el convenio colectivo que impusiera mayores exigencias, el marco legal no permite sostener que estemos ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones del contrato de los previstos en el art. 40 ET, al que remite el art. 41.7 ET, y condiciona el concepto a los supuestos, definitivos o temporales, de cambio de residencia. La norma no impone a las manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni otorga tampoco al trabajador afectado el derecho extintivo que sí le atribuye en las modificaciones sustanciales. Casa y anula la sentencia recurrida absolviendo a la empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10079/2021
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable. Para llevar a cabo la acumulación solicitada, deben relacionarse, una por una, numeradas por orden cronológico, todas las Ejecutorias. Se especificarán por columnas, los siguientes datos: el órgano judicial que dicta la Sentencia, el número de la ejecutoria, la fecha de la Sentencia condenatoria (la cual será firme), la fecha de los hechos, el delito por el que ha sido juzgado, y la pena impuesta. El Auto recurrido ni en sus Antecedentes ni en sus Fundamentos jurídicos contiene mención alguna a los datos referidos anteriormente. Se limita la resolución judicial a referirse a una hoja de cálculo de fecha 13 de mayo de 2019 remitida por el Centro Penitenciario Puerto III, en la que se establecen las causas a acumular, sin otros datos necesarios para la correcta operación de acumulación penológica, a los efectos de la aplicación del art. 76 del Código Penal. El Auto carece de los datos mínimos necesarios para poder realizar una correcta acumulación de penas, datos que, en su caso, son imprescindibles para su control a través del recurso de casación por infracción de Ley. Procede declarar la nulidad del Auto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3126/2018
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: CANTIDADES:Se discute en aplicación del Decreto 4/2012 de la Junta de Andalucía de medidas extraordinarias y urgentes en materia de prestación socio-laboral a ex trabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, quien debe abonar la indemnización (60 días/año, 42 mensualidades) pactada entre Astilleros de Sevilla y la RLT, en el procedimiento concursal, íntegramente la Junta de Andalucía o el Fogasa hasta el límite legal de su responsabilidad (20 días/año 12 meses), y el resto por la Junta, a pesar de que concurre silencio administrativo positivo. Se resuelve el recurso en el sentido de que es la Junta de Andalucía la que debe hacer frente a la totalidad de la indemnización sin que proceda disminuirla por una hipotética entrada del FOGASA, toda vez que se trata de una cantidad íntegra y previamente pactada que tiende, por un lado, a garantizar la percepción de la misma por cada trabajador y, por otro, a aliviar los créditos contra la masa de la empresa concursada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 24/2020
  • Fecha: 09/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La empresa promovió dos despidos colectivos por causas productivas y organizativas fundados en la pérdida de dos contratas en Sevilla y Barcelona. El sindicato impugnó los despidos colectivos ante la AN por entender que la empresa debió promover un único despido colectivo basado en causa económica y no dos fundados en causas productivas y organizativas. La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimó la excepción de falta de competencia objetiva y se desestimó la demanda, por entender que la Audiencia Nacional no es competente para conocer de la pretensión, ya que conforme al art. 8.1 LRJS, conocerá de los despidos colectivos cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma, y en el supuesto a la empresa se le extinguieron dos contratas distintas, en Sevilla, la que tenía con una empresa, y en Barcelona, la que tenía con otra, cada una de ellas operando en el respectivo ámbito territorial ,por lo que no es irrazonable ni puede considerarse fraudulento que la empresa promoviera dos despidos colectivos con causas productiva y organizativa justificadas en la pérdida de dos contratas distintas, sin que estuviera obligada a promover un único despido colectivo basado en causas económicas. Añade que debe ser el empresario el que acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida, por lo que no es razonable que se le exija que el despido colectivo se ampare en una causa económica que no puede acreditar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 2725/2019
  • Fecha: 08/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama el trabajador la suma de 499,34 € en concepto de diferencias en la indemnización percibida al extinguirse válidamente los contratos eventuales que le unían con la demandada Correos y Telégrafos SA. Estimada la demanda en la instancia, la sala de suplicación declara la irrecurribilidad de la sentencia dictada, por no superar la suma reclamada los 3.000 € que la LRJS establece como límite de acceso al recurso. Recurre en casación unificadora Correos planteando en primer lugar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación al existir afectación general. La sala IV razona que, a pesar de ser contradictorias las sentencias comparadas, tal requisito no sería exigible al debatirse una materia que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional y que, por lo tanto, puede examinarse de oficio aunque no concurra la contradicción. Y en el caso de autos la afectación general es notoria pues se debate la aplicación de la doctrina Diego Porras I del TJUE y, adicionalmente, han sido presentados ante el TS un importante número de recursos de casación unificadora en la que debate idéntica cuestión y en los que la cuantía reclamada no supera el límite de los 3000 €. En consecuencia, se declara la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, con anulación de la recurrida y reposición de las actuaciones al momento anterior de ser dictada, para la resolución de las cuestiones de fondo debatidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1796/2020
  • Fecha: 08/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclama la actora que se le abonen los complementos salariales de horas de sábado productividad y horas nocturnas productividad que se perciben de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA a mes vencido y en cantidad variable en función de la asignación de servicios, salvo en los meses de marzo y septiembre en que no se percibió cantidad alguno, ascendiendo el promedio anual a 260,16 euros. La sentencia de instancia desestimó la demanda, sentencia confirma en suplicación. La Sala 4 declara la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificación de la sentencia de instancia, por entender que contra la misma no cabía recurso de suplicación, ya que la cuantía de lo reclamado no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2 LRJS, sin que pueda apreciarse la existencia de afectación general, porque la misma no existe por la concurrencia de un nivel de conflictividad potencial o futuro
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 5428/2020
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanción en materia de defensa de la competencia. Desestimación del recurso de casación. La apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas competidoras exige tomar en consideración las condiciones y circunstancias en las que se producen las prácticas, singularmente, el marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados. La calificación de un acuerdo de intercambio de información como infracción "por objeto" exige que resulte debidamente acreditado que tiene un grado suficiente de nocividad para la competencia mediante el examen de aspectos relevantes. Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refieren directamente a precios finales, constituyen una infracción por objeto y pueden ser considerados como cártel.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 5206/2020
  • Fecha: 07/06/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las condiciones contractuales en ciernes afectaban al establecimiento para determinados clientes (personas jurídicas con actividad comercial y empresarial con potencia contratada superior a 15Kw y consumo superior a 200.000 Kwh/año) de penalizaciones por la rescisión anticipada del contrato de suministro y el plazo de preaviso de 2 meses para no prorrogar el contrato. No existe vulneración del principio de tipicidad (lex certa). La previsión del art 65.25 de la LSE se completa con la contenida en el art 44 de dicha norma, que bajo el epígrafe "derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro" contiene un largo listado de derechos en el que se incluye el de "realizar el cambio de suministrador sin coste alguno y en los plazos legal y reglamentariamente establecidos". La previsión legal de remisión al desarrollo reglamentario para precisar los detalles del ejercicio del derecho del consumidor a cambiar de suministrador, es lícita y no contraviene el principio de legalidad (art.25). La Sala no alberga dudas sobre la constitucionalidad. En lo tocante al art 4.5 RD 1435/2002, ha de resaltarse que este RD ya establecía previsiones en relación con el proceso de liberalización durante el periodo transitorio anterior a la Ley 24/2013. Estas previsiones no requieren tener la condición de medida de protección del consumidor. La pretendida diferencia entre el cambio de contrato y rescisión carece de sustento. Finalmente, no solo se aplica al consumidor doméstico.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.