Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. Acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información reguladas en la Ley del Mercado de Valores. Recurre el banco demandado. Modificación en el orden de resolución de los recursos. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. La sala estima el recurso de casación. El ejercicio de esta acción está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por STJUE de 5 de mayo de 2022 (C-410/20). Según esta sentencia, la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. Con ello desaparece el presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante. No procede la imposición de las costas procesales ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto.
Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. La sala reitera que la STJUE de 5 de mayo de 2022 ha declarado que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. La demanda de este litigio se basaba en el presupuesto de que los accionistas del Banco Popular podían hacer valer las pretensiones cuyo ejercicio ha excluido ahora el TJUE, por lo que sus pretensiones carecen de fundamento.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia. Concurrencia de los presupuestos y requisitos exigidos para que pueda apreciarse la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento respecto de los contratos de adquisición de acciones y derechos de suscripción preferente de Banco Popular concertados por la parte demandante en el marco de la ampliación de capital de 2016. Se reitera que la STJUE de 5 de mayo de 2022 ha declarado que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. La STJUE de 5 de septiembre de 2024 declara que las disposiciones de la Directiva 2014/59 se oponen a que los adquirentes de los instrumentos de capital distintos de acciones, pero ya convertidos en acciones de Banco Popular antes de su resolución, puedan ejercitar acciones de responsabilidad o de nulidad del contrato de adquisición de dichos instrumentos con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución.
Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. Acción de indemnización por incumplimiento de las obligaciones de información reguladas en la LMV. Modificación en el orden de resolución de los recursos del banco. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular. El ejercicio de esta acción está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por STJUE de 5 de mayo de 2022 (C-410/20). Según esta sentencia, la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. Con ello desaparece el presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante. No procede la imposición de las costas procesales ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto.
Resumen: Adquisición de acciones del Banco Popular. Acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones de información reguladas en la Ley del Mercado de Valores. Recurre el banco demandado. Modificación en el orden de resolución de los recursos. La sala estima el recurso de casación. El ejercicio de esta acción está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por STJUE de 5 de mayo de 2022 (C-410/20). Según esta sentencia, la Directiva 2014/59 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. Con ello desaparece el presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante. No procede la imposición de las costas procesales ya que la situación creada es equivalente, a estos efectos, a la carencia sobrevenida de objeto.
Resumen: Demanda de nulidad por error vicio de la adquisición de acciones del Banco Popular. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad por error en el consentimiento de las operaciones de suscripción y compra acciones efectuada por el demandante; la Audiencia Provincial confirmó la resolución. Recurre en casación el Banco demandado y la Sala estima el recurso. Declara que el ejercicio de la acción de nulidad está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. Se estima la casación, lo que determina la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda.
Resumen: Recuperación de la posesión de una vivienda en Barcelona, propiedad de los actores, ocupada por el demandado y otros desconocidos sin autorización ni pago de renta tras la resolución del contrato de arrendamiento por fallecimiento de la arrendataria. La sentencia de primera instancia consideró que concurrían los requisitos para la acción de recuperación de la posesión. En apelación, se analiza la naturaleza de la acción de tutela sumaria de la posesión, que protege la posesión de hecho y no el derecho de propiedad, y se distingue entre posesión mediata (propietarios) y posesión inmediata (ocupantes). Concluye que los actores no tenían la posesión de hecho al tiempo de la demanda, pues la vivienda estaba ocupada por el demandado desde hacía tiempo y la acción posesoria no procede sin posesión de hecho previa. La demanda se presentó dentro del plazo de caducidad de un año desde que los actores tuvieron conocimiento de la ocupación tras la resolución del contrato, pero al faltar el requisito esencial de posesión de hecho, no procede la acción ejercitada. Concreta que no procede el nuevo cauce procesal que se incorpora como una variante del juicio verbal posesorio, como mecanismo rápido para la recuperación de las viviendas ilegalmente ocupadas, a cuyo fin se regulan ciertas especialidades, porque el demandado no se encuentra dentro del concepto de "ocupante por la fuerza", y tampoco procede la estricta vía de tutela sumaria de la posesión porque los actores no ostentan la posesión de hecho.
Resumen: La Audiencia Nacional tras rechazar las excepciones de falta de acción, falta de legitimación activa e inadecuación de procedimiento desestima la demanda de tutela de la libertad sindical interpuesta por el sindicato CIGA contra ABANCA. La Sala considera que la falta aportación de de información directa por parte de la empresa al asesor designado por el sindicato cuando si se hace entrega de la misma al miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad no vulnera la libertad sindical del CIGA por cuanto que su representante está facultado para compartir la misma total o parcialmente con el asesor para que pueda asistirle debidamente.
Resumen: En este supuesto no ha quedado acreditado el interés legítimo del Colegio de Arquitectos de Las Palmas de Gran Canaria para impugnar los pliegos, pues todo el recurso contencioso administrativo se fundamenta en el hecho de que el precio establecido en el contrato de servicios para la elaboración del proyecto básico del edificio cachalote resulta inferior a las tarifas aprobadas por el propio ayuntamiento lo que ha motivado que se haya tramitado como un contrato menor.
Resumen: La Sala analiza que la exclusión de la ofertante por la falta de coherencia entre la propuesta económica y el plan de negocio, especialmente en el compromiso de tráfico mínimo, requisito esencial para garantizar la rentabilidad y eficiencia de la concesión, conforme a la normativa sectorial y los pliegos. La aclaración presentada luego por dicha entidad se considera una modificación sustancial de la oferta fuera de plazo, lo que justifica la exclusión. Finalmente, se declara la falta de legitimación de dicha aspirante para recurrir la adjudicación a la UTE, dado que la exclusión de su oferta impide que ostente interés legítimo para impugnar dicho acto.
