Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto dado que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla, al tiempo que se remite a pronunciamientos precedentes que abordan pretensiones de idéntico contenido sustantivo a las aquí postuladas en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La respuesta dado el interesado cumple, dado su contenido, lo preceptuado en dicha normativa reglamentaria de la Guardia Civil, en tanto que informa sobre la regulación de la situación de reserva en la Guardia Civil, en relación con la argumentación de la solicitud presentada, cual deriva de su propio tenor literal, que se da por reproducido. La Sala indica que el recurso debe ser desestimado, no ya inadmitido, en tanto que cabe revisar en autos la adecuación formal a Derecho de la actuación impugnada (tales comunicaciones), sin que proceda aceptar las causas de inadmisión opuestas, por la Sala debe pronunciarse sobre si la respuesta dada cumple los requisitos de la trascrita normativa acertadamente reglamentaria al respecto, con independencia de la petición realizada de modificación legislativa, ajena pues al ámbito de la jurisdicción. Si se considerara que el demandante ejercite el derecho de petición en ningún caso conlleva la obligación por parte del poder público frente al que se ejerce de acogerla materialmente.
Resumen: Recurre el trabajador el desfavorable pronunciamiento judicial desestimatorio de la pretensión por él deducida al considerar que la impugnada MSCT no es tal al responder al regular ejercicio de una facultad empresarial; reduciendo su jornada porque la mayor actividad por desayunos tiene lugar a partir de las 10:00 horas; no concurriendo el indicio de discriminación. Tras advertir sobre la admisibilidad del recurso para solventar la cuestión referida a la vulneración de DDFF, y desde la dimensión jurídica que ofrece un revisado relato fáctico se da respuesta a la cuestión nuclear de la litis cual es si la reducción de jornada trae causa de las reclamaciones formuladas por el actor; examinándose la misma en función de los principios informadores de la Garantía de Indemnidad y la inversión probatoria de acreditarse aquellos indicios de vulneración. Así lo constata el Tribunal ante la inalterada sucesión cronológico-objetiva de unos hechos sin que la empresa los haya neutralizado; considerando, así, nula la decisión empresarial. De ello se sigue la postulada indemnización por los daños irrogados no sólo los morales (ex LISOS) asociados a aquella vuilneración sino tambien los referidos al abono de los salarios que dejó de percibir por la menor jornada realizada.
Resumen: Se insta la nulidad del testamento y unos poderes generales y especial otorgado ante notario por el causante por falta de capacidad. No constituye prueba ilícita la aportación de un documento "Hoja de Encargo" con un Abogado, porque no revela secretos dado ser de carácter familiar, obtenerse por encontrarse en vivienda familiar y porque su contenido en nada incide sobre la capacidad o no del testador. No concurre cosa juzgada respecto a una Diligencias Penales que concluyen con el sobreseimiento provisional y nada impide que el Juez civil analice y valore la realidad e incidencia de tales hechos. La sentencia del Juzgado resulta incongruente porque siendo el objeto del procedimiento la capacidad del testador, el Juez resuelve que el testador ostentaba capacidad pero anula el testamento y los poderes por apreciar vicio en el consentimiento, en concreto dolo, y como la conclusión de capacidad no resulta atacada para la alzada la demanda se desestima.
Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la sociedad recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye que procede la inadmisión en la medida en que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla.
Resumen: Tutela del derecho al honor por una serie de expresiones que afectan al prestigio profesional de la demandante, abogada en ejercicio. La demanda se estimó en parte en ambas instancias. Recurre el demandado y la Sala desestima sus recursos. El recurso extraordinario por infracción procesal incurre en causas de inadmisión. Por lo que se refiere al recurso de casación, la sala declara que, en lo que respecta a las manifestaciones consideradas afrentosas, el conflicto se ha producido entre el derecho al honor de la demandante y la libertad de expresión; que no presenta interés general la actuación de la demandante al presentar la demanda de protección al honor contra el demandado (que fue lo que desencadenó la actuación que en la sentencia recurrida se ha considerado constitutiva de la intromisión ilegítima), de modo que no resulta justificada la emisión pública, con motivo de la presentación de esa demanda, de expresiones claramente afrentosas para la demandante, como calificar su actuación de estafa procesal y acusarla de estar relacionada con la criminalidad organizada; que existe una clara desproporción en las expresiones usadas por el demandado, teniendo en cuenta el escaso o nulo interés general del caso; que existe una desmesura, además, por la publicación de los datos personales de la demandante en varias páginas web; por último, se considera adecuada la indemnización concedida. Se concluye que la sentencia recurrida se ajusta a la jurisprudencia de la Sala y del TC.
Resumen: Nulidad de cláusula gastos y escritura de subrogación. La entidad financiera está legitimada pasivamente y la pretensión de nulidad de la cláusula de gastos afecta a la parte del préstamo hipotecario en la que se subrogó el demandante cuando adquirió la vivienda. La Escritura Pública de Compraventa con Subrogación de Hipoteca no crea "ex novo" un préstamo con garantía hipotecaria, sino que los compradores se subrogan en el préstamo a promotor. Por tanto, los adquirentes de viviendas pueden instar la nulidad de la cláusula gastos, que lógicamente alcanza a la parte del préstamo en el que se subrogaron.
Resumen: Sistema de suministro de agua potable del Ayuntamiento de CardeñaJimeno que ejercita acción frente a la Sociedad Municipal de aguas de Burgos S.A.U. El Ayuntamiento se alimenta de una tubería general de la Sociedad Municipal de aguas. Se firma un acuerdo para la ejecución de una nueva tubería de suministro de agua. La pretensión se desestima porque el informe técnico considera la conexión a la tubería viable pero supone una modificación de las instalaciones de abastecimiento al municipio que no se plantea de manera global. Se analiza el papel de los técnicos de la administración como peritos. No es lo mismo que un informe o dictamen emanado de la Administración se haga valer como medio de prueba en un litigio entre terceros o en un litigio en que esa misma Administración es parte. Se valora además el mayor o menor grado de dependencia del experto con respecto al órgano administrativo llamado a decidir. En el caso el informe pericial en el que se basa la sentencia de instancia, ha sido emitido por la Directora Técnica de la Sociedad demandada, al que no cabe dotar de un plus de valor de imparcialidad y que debe valorarse como otra de las pruebas documentales aportadas al procedimiento. Es la valoración conjunta de las pruebas la que conduce a que se estime el recurso y por tanto, se estime la pretensión de conexión a la tubería que se ejercitaba por el Ayuntamiento en su demanda.
Resumen: Corresponde al comité (como representante legal de los trabajadores) recibir la información que se menciona y, por ende, será él -y solo él- quien deberá recabar, en caso de que considere que el empresario incumple, aquella o, incluso, ejercitar las correspondientes acciones. Lo que no es de recibo es sostener que un sindicato, por mayoritario que sea en el comité, puede sustituir o ejercitar acciones en nombre del comité de empresa (o arrogándose la posición de este), que es lo que se ha hecho aquí.
Resumen: La demanda promovida por dos entidades de gestión colectiva de derechos de autor y de los de artistas intérpretes y ejecutantes tenía por objeto la reclamación de la compensación correspondiente a la comunicación pública no autorizada de obras musicales en los salones de que dispone la entidad demandada para la organización de eventos en los que, según las demandantes, se emplean y reproducen fonogramas como medio habitual de amenización. Es carga de la parte actora la de acreditar los hechos determinantes de la infracción en que sustenta su reclamación y, en este caso, el mero hecho de ser la arrendadora de los locales en los que se organizan eventos no es suficiente para considerar demostrado que de esta manera se infrinjan derechos de propiedad intelectual, ni que por esta misma razón tenga la demandada legitimación pasiva para soportar la demanda. Las dudas que impiden declarar probado un hecho constitutivo de la pretensión no son necesariamente equiparables a las dudas fácticas que justifican la no imposición de costas.
