Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda interpuesta por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España contra dicha entidad sobre tutela de los derechos fundamentales. El hecho de que la empresa haya ofrecido al Grupo directivo una ampliación de jornada de forma voluntaria sin previa negociación con la representación social no supone una ilícita negociación individual en masa de condiciones de trabajo pues el art. 17 del Plan de Reestructuración incorporado al Convenio de 1990 y que forma parte e la normativa convencional aplicable con arreglo al art. 6 del presente Convenio le faculta al Banco para “establecerlo” lo cual implica que puede imponerse tanto con carácter forzoso como ofertarlo de forma voluntaria.Tampoco el hecho de que el Banco haya rehusado convocar la Comisión Paritaria lesiona derecho alguno del sindicato actor, pues quién reclamó la convocatoria de la misma fue un órgano de representación unitaria cual es el Comité Nacional de Empresa, y ello además no impidió que se pudiera promover conflicto colectivo alguno por el sindicato actor ,y menos el presente que al versar sobre tutela de la libertad sindical está exento de cualquier procedimiento extrajudicial previo.
Resumen: La sentencia del TS aborda la impugnación del reglamento en lo que afecta a las plazas de Letrados de la Administración de Justicia incluidas en la citada oferta de empleo público, a saber: 84 plazas a cubrir por concurso; y 9 plazas a cubrir por concurso-oposición, de las cuales 1 en el cupo de personas con discapacidad. En primer lugar, la sentencia confirma que la previsión de ocupar las plazas de ese cuerpo por concurso al amparo de la Ley 20/2021, no es posible porque el sistema de acceso a ese cuerpo está regido por el art. 441 de la LOPJ,, por tanto, sólo es posible por oposición, sin que quepa aplicar supletoriamente la D.A. 6ª u 8ª de la Ley 20/2021, porque no existe laguna al respecto, y sin que el carácter excepcional de los procesos de estabilización justifique la posibilidad para ningún cuerpo o escala de funcionarios, sino que el art. 2 delimita el ámbito de aplicación de la Ley 20/2021 indicando que afecta a "plazas de naturaleza estructural" de las Administraciones Públicas que estén ocupadas de forma temporal y tengan cobertura presupuestaria". Además, la sentencia señala que tanto las 84 plazas, como las 9, se ven afectadas por el reproche de inobservancia del porcentaje de reserva para personas discapacitadas, porque no se ha respetado el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad previsto en el art. 38.1 del Reglamento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Resumen: Metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. Recurso contra la Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año 2022. Necesidad de actualización semestral, el hecho de que los nuevos valores actualizados sean de aplicación desde el primer día del semestre correspondiente implica que se deben conocer los nuevos valores actualizados antes de iniciarse el periodo semestral correspondiente. La existencia de retraso en los plazos fijados para la aprobación de las Órdenes Ministeriales que debían proceder a la actualización de los valores de la retribución a la operación. La consecuencia del retraso en la aprobación de la Orden no es la nulidad de esta, se trata de una mera irregularidad no invalidante.
Resumen: La Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, no puede tener reflejo alguno en el caso. La norma declarada nula por inconstitucional carece de efectos de cara a un reivindicado principio de legalidad penal incluso durante el periodo de su vigencia; otra cosa es que durante ese tiempo de vida la misma pudiera generar una apariencia de legalidad a valorar, en su caso, de cara a un posible error en la conciencia de legalidad. Al ser una norma nula no tiene efecto sustantivo alguno, y menos efecto retroactivo. Por otra parte, la actividad real de los recurrentes -con la cobertura de la Asociación- era la obtención y distribución de marihuana para el consumo ajeno, lo que no estaba previsto en los Estatutos con los que la fundaron, de ahí que su actividad excediera el ámbito de actuación marcado por la norma cuya aplicación reclaman. Tampoco concurren los presupuestos exigidos para apreciar un consumo compartido, pues se organizó un sistema de acopio y adquisición de marihuana de considerables proporciones con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas. Y no concurre error de prohibición alguno, visto el asesoramiento recibido para la inscripción como asociación. El debate público sobre la cuestión resulta innegable, y con él, la obligación de quien asume una iniciativa con unos perfiles que se presentaban difusos, de cerciorarse acerca de los límites legales de la actividad que se pretende afrontar.
Resumen: La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en reforzar la jurisprudencia de esta Sala sobre la necesidad de reiteración del trámite de audiencia o información pública, a fin de determinar si, a la vista de las modificaciones introducidas en los artículos 8 y 10 del Decreto 35/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, debía haberse procedido a la realización de un nuevo trámite de información pública/audiencia. La Sala, siguiendo los razonamientos jurídicos expuestos en la sentencia de 29 de septiembre de 2022 (RC 4145/2021), considera que procede la revocación de la sentencia impugnada, ya que, como manifestaba en dicha sentencia, frente a la valoración efectuada por el Tribunal de instancia, mantiene que las modificaciones efectuadas en el texto aprobado respecto del que fue sometido a información pública no suponen una modificación esencial de la norma ni en su concepción o estructura, ni en su finalidad ni en cuestiones tan esenciales que requieran un nuevo período de información pública, por lo que estima que la sentencia recurrida se ha apartado de la doctrina jurisprudencial fijada en las sentencias de este Tribunal Supremo de 21 de enero de 2019 (RC 639/2017), 28 de mayo de 2020 (RC 47/2018) y de 22 de octubre de 2020 (RC 358/2019).
Resumen: Las cuestiones con interés casacional se refieren a la necesidad de un nuevo acuerdo de imposición y establecimiento del tributo cuando la ordenanza fiscal suponga la modifación de una previa y a la corrección del método de cuantificación de la tasa en virtud del cual (i) determinadas instalaciones (cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares) se califican como aprovechamientos especiales de gran intensidad para los cuales se fija la base imponible tomando como parámetro “el valor del terreno y, en su caso, el valor de las instalaciones ocupadas”, en lugar de tomar como referencia “la utilidad que reporte el aprovechamiento” y se les aplica un tipo de gravamen del 5% y (ii) otras instalaciones (tendido eléctrico, líneas aéreas o cables de transporte de energía) se califican como aprovechamientos especiales de menor intensidad, aplicándoles un tipo de gravamen del 2,5% determinado en atención a las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en relación con las medianerías, balcones, terrazas y porches. Cuestiones resueltas en las SSTS de 26 y 30 de abril de 2024 (recursos de casación nº 6542/2022 y 6655/2022).
Resumen: Las cuestiones con interés casacional objetivo son si un Ayuntamiento que, en uso de su autonomía local, establece o modifica una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, excluyendo de tributación la utilización privativa del dominio público local, puede a la vez catalogar determinadas instalaciones como aprovechamientos especiales de especial intensidad y determinar la base imponible de la tasa de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.1.a) Ley 25/1998 tomando como parámetro "el valor del terreno y, en su caso, el valor de las instalaciones ocupadas" , en lugar de tomar como referencia "la utilidad que reporte el aprovechamiento" y, fijar un tipo de gravamen del 5% para los supuestos de aprovechamiento especial de gran intensidad. También precisar si las ordenanzas municipales reguladoras de estas tasas pueden fijar un tipo de gravamen del 2,5% para supuestos de aprovechamiento especial de menor intensidad (tendido eléctrico, líneas aéreas o cables de transporte de energía) justificado en las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en relación con las medianerías, balcones, terrazas y porches.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda interpuesta por el SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE REPSOL (TIR), a la que se adhiere USO, contra REPSOL QUIMICA SA y los sindicatos STR, UGT y CCOO en la que se denuncia que se vulnera a la libertad sindical por no estar presente en una Comisión de seguimiento del convenio de empresa . La Sala siguiendo reiterada doctrina jurisprudencial no aprecia la vulneración del derecho a la libertad sindical denunciada por cuanto que la constitución de la referida comisión es previa a las elecciones que determinan la representatividad del sindicato y además carece de funciones negociadoras.
Resumen: Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Informe técnico-económico: justificación de los parámetros elegidos para cuantificar la tasa. Tipo de gravamen en los supuestos de aprovechamiento especial de especial intensidad 5%. Restantes aprovechamientos 2,5%. Precedentes: SSTS de 26 y 30 de abril de 2024 (recursos de casación nº 6542/2022 y 6655/2022)
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en: 1. Determinar si, en los supuestos de modificaciones de ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, en las que se excluya la tributación de la utilización privativa y se establezca la tributación del aprovechamiento especial en función de la intensidad de uso, modificando el sistema de cuantificación de la tasa, es necesario un nuevo acuerdo de imposición y establecimiento de dicho tributo. 2. Aclarar si, un Ayuntamiento que establece o modifica una ordenanza fiscal reguladora de la tasa a que se hace referencia, excluyendo de tributación la utilización privativa del dominio público local, puede a la vez catalogar instalaciones tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas u otros elementos similares como aprovechamientos especiales de especial intensidad, y determinar la base imponible de la tasa de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.1.a) Ley 25/1998, tomando como parámetro "el valor del terreno y, en su caso, el valor de las instalaciones ocupadas" , en lugar de tomar como referencia "la utilidad que reporte el aprovechamiento" a que se refiere el apartado b) del mismo precepto, y, fijar un tipo de gravamen del 5% para supuestos de aprovechamiento especial de gran intensidad.