• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 38/2022
  • Fecha: 19/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede prosperar la revisión jurídica cuando se construye el razonamiento sobre bases fácticas diversas a las establecidas en la sentencia recurrida. No cabe basar la casación en infracción de disposiciones internas de los sindicatos pues no son normas del ordenamiento sino regulaciones asociativas, debiendo denunciarse su eventual desconocimiento a través de verdadera norma, es decir, de forma indirecta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA ORELLANA CANO
  • Nº Recurso: 454/2023
  • Fecha: 18/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se indica que el art 51 del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad establece el derecho a vacaciones y períodos sin actividad retribuidos para el personal docente y complementario en el ámbito educativo, pero precisa que no es aplicable al demandante, cuyo régimen está definido en el art 103 del convenio que garantiza un mes de vacaciones retribuidas y un mes adicional sin actividad retribuido, así como períodos adicionales retribuidos sin actividad durante Navidad y Semana Santa y añade que durante la incapacidad temporal, el demandante ya recibió la prestación que reemplaza al salario, por lo que solicitar el abono adicional del período sin actividad retribuido crearía un enriquecimiento injusto, ya que este período no se concibe como un descanso, sino como una compensación por la inactividad coincidente con el receso escolar y además, este período no es recuperable ni se puede disfrutar en otro momento, ya que el convenio establece su duración específica, por lo que no tiene derecho al abono del período sin actividad retribuido ni a incluir las pagas extraordinarias en el cálculo de las vacaciones reclamadas, reduciendo el importe que debe abonar a 2.652,78 euros más intereses legales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA ANTONIA LALLANA DUPLA
  • Nº Recurso: 343/2022
  • Fecha: 18/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La recurrente ha presentado un informe pericial colegiado, ratificado a presencia judicial, entre cuyas conclusiones se dice que el planteamiento de un nivel de ocupación único del 50% sin tener en cuenta el nivel de ocupación que realmente afecta a los ciudadanos del municipio (y que es en función del tipo de infraestructura ocupante y del aprovechamiento del suelo antes de la ocupación) hace que la tasa propuesta por el ITE dé lugar inevitablemente a una recaudación aleatoria, caprichosa e incompatible con el objeto que persigue la jurisprudencia del TS, pues no guarda relación con la intensidad de uso realmente realizada; dicha conclusión sobre desproporcionalidad, no eficazmente desvirtuada, no viene sino a confirmar las consideraciones jurídicas ya expuestas, al margen de la mayor o menor corrección de los cálculos practicados en relación con la ordenanza aplicada en Barcelona -cuya extrapolación a municipios distintos también se justifica- de los que resultaría que aplicando la Teoría Económica sobre aprovechamiento del suelo la tasa que propone el ITE es un 85% superior a la obtenida por ésta, porcentaje que se elevaría a medida que se reduce la rentabilidad del aprovechamiento que se analice.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL RUIZ FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 240/2023
  • Fecha: 18/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación planteado contra la sentencia del Juzgado, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra la resolución municipal por la que se deniega la solicitud de la licencia urbanística por procedimiento ordinario abreviado de las obras de acondicionamiento puntual en el inmueble, que se anula por no resultar ajustada a derecho, declarando que dicha licencia urbanística fue obtenida de forma provisional, por silencio positivo, dos meses después de la presentación de la solicitud (completa) en el registro municipal. La concesión de una licencia es un acto reglado, y se considera vulnerado este último, porque se hacen al solicitante de la licencia dos requerimientos y no uno. El recurso de apelación no contiene una verdadera crítica a la sentencia. Los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia, cosa que no se hace en este supuesto. El incumplimiento de esta carga que se ha producido en este caso no constituye causa de inadmisión del recurso de apelación, sino de desestimación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
  • Nº Recurso: 404/2023
  • Fecha: 18/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
  • Nº Recurso: 794/2023
  • Fecha: 18/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO
  • Nº Recurso: 2274/2022
  • Fecha: 15/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reitera la beneficiaria su derecho a la jubilación anticipada que le fue administrativamente denegada al haber extinguido su contrato temporal con acuerdo de improcedencia suscrito con su empleador. Aun admitiendo que su situación no se adecua a los supuestos de cese contemplados por la Norma como habilitantes de dicha prestación, advierte la actora que la empresa atravesaba dificultades económicas; lo que permitiría asimilarla a un despido colectivo. Criterio (de parte) que, según la Sala, pugna con una consolidada doctrina jurisprudencial sobre este litigioso particular que viene a reiterar su carácter tasado; lo que le lleva a rechazar la analógica aplicación pretendida de contrario tanto por el contexto temporal que ofrecen unos despidos posteriores que se producen 8 meses después del litigioso (bajo una situación de concurso).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 842/2022
  • Fecha: 15/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 8543/2022
  • Fecha: 15/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula determinados preceptos de Ordenanza municipal reguladora de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), adoptada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Una normativa reglamentaria reguladora de los requisitos o de las condiciones exigidos para ejercer la actividad de prestación de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor no es contraria a la libertad de empresa, en su vertiente de garantía de un régimen de libre competencia, cuando dicha regulación se base en criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, y tenga como finalidad la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general, vinculada a la buena gestión del transporte urbano, del trafico y del espacio público, así como la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación y el cambio climático. En este caso, existe un desajuste entre entre las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en los términos establecidos en el Auto de 2 de marzo de 2022, con el planteamiento jurídico en que se funda el escrito de interposición del recurso de casación. El Tribunal de instancia ha aplicado correctamente los principios de necesidad, proporcionalidad, y no discriminación establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. La razón imperiosa de interés general invocada carece de fundamento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 98/2022
  • Fecha: 15/03/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto sobre solicitudes de reequlibrio económico por razón del COVID-19 cuestionando que la Administración realice una interpretación tan restrictiva de los mecanismos de compensación que establece el Real Decreto-ley 26/2020, que hace inviable cualquier reclamación administrativa ejercitada por las sociedades concesionarias de autopistas del Estado. La Sala estima, en primer lugar, que las principales medidas en las que se funda su reclamación ya no estaban vigentes en el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2020 y el 30 de septiembre a que se refiere la reclamación. En segundo lugar, cabe subrayar que las medidas adoptadas no son imputables a la Administración concedente. Tales medidas se adoptaron por normas con rango o valor de ley, por lo que los daños no son imputables a la actuación de la Administración del Estado sino al legislador. Y, en todo caso, no concurren los requisitos para la aplicación del "factum principis" o del "riesgo imprevisible" en los términos previstos en la legislación aplicable. Además, la sentencia del Tribunal Constitucional terminaba afirmando que "Por último, al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

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