Resumen: Recurre la Administración demandada su condena por despido improcedente. Tras significar (respecto al defecto formal que se atribuye a su comunicación) que no nos encontramos ante un despido disciplinario sino ante una supuesta extinción del contrato temporal, la advertida circunstancia de que el actor contestara a la comunicación el día siguiente no desplaza la fecha de la misma a ese día; teniendo a su disposición desde el momento en que se le remitió la resolución de cese firmada electrónicamente (acreditándose la causa de extinción cual es la de haberse cubierto la vacante con un trabajador fijo al haber superado el correspondiente procedimiento selectivo. En su análisis de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público considera la Sala que el Juzgador que el Juez a quo no efectúa una interpretación correcta de la normativa pues la misma no contempla una automática compensación económica a favor de todo trabajador que cese en su puesto porque no ha superado un proceso selectivo de estabilización, en el que dicho puesto se ha adjudicado a un aspirante que sí lo superó en su regulación de un procedimiento extraordinario de estabilización; reconociéndola a quienes participen en el proceso que participen en el proceso sin superarlo, y que vean finalizada su relación con la administración por adjudicarse las plazas objeto de la estabilización a los aspirantes aprobados. Situación que no se adecua a la del actor
Resumen: Recurre el INSS la sentencia de instancia que consideró cumplido por el solicitante del Ingreso Minimo Vital el requisito de residir legalmente en España a través del documento acreditativo de la solicitud de asilo;al considerar ni la solicitud de asilo ni el empadronamiento constituyen residencia legal en España pues solo la resolución favorable a la petición de protección internacional supone su reconocimiento. En su interpretación de los preceptos referidos a los requisitos de acceso a la prestación y su acreditación (en conjugada relación hermenéutica con la normativa sobre proteción internacional, advierte la Sala que el solicitante de la misma tiene una serie de derechos generales (servicios sociales, asistencia sanitaria y de acogida en tanto no se resuelva su solicitud) que no pueden confundirse con el derecho a las prestaciones de Seguridad Social no contributivas ni al IMV; pues para su devengo se requiere acreditar residencia legal en España en los términos previstos por la LOEx. Y siendo así que en el supuesto litigioso el actor solicitó el reconocimiento de protección internacional sin que en la fecha de la vista hubiese aportado resolución acreditativa de su reconocimiento no tiene derecho a la prestación mencionada.
Resumen: Demanda de CCOO frente a Universidades Catalanas, que estima el TSJ Cataluña para determinar si el personal investigador postdoctoral contratado sobre la base de convocatorias de financiación externa en las universidades catalanas codemandadas tiene derecho a percibir trienios, al igual que el personal investigador postdoctoral contratado con cargo a los fondos propios de la universidad contratante. Interpuesto RCO por dos universidades (UPF y UdL) el TS estima parcialmente y declara que tendrán derecho a percibir el complemento de antigüedad contemplado en la norma convencional, respecto del que operará, en su caso, la absorción y compensación, el personal investigador postdoctoral contratado sobre la base de convocatorias de financiación externa en las universidades públicas catalanas, si sus retribuciones son inferiores a la retribución total mínima establecida en el convenio para el personal investigador, al igual que el personal investigador postdoctoral contratado con cargo a los fondos propios de la universidad contratante.
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia de instancia que rechaza su reclamación del plus de productividad y de disponibilidad. La Sala de lo Social desestima el recurso ya que, como el mismo actor reconoce, antes de ser objeto de subrogación en la ruta de transporte escolar que venía realizando para la anterior adjudicataria, el plus de disponibilidad respondía al pago de dietas; ahora bien, no se prueba que estemos ante una condición más beneficiosa ganada frente a la anterior empresa, al no acreditarse la voluntad empresarial de incrementar la retribución del servicio, pues siempre se vinculó a un concreto trabajo realizado en horas extra, trabajo en festivo o exceso de jornada con derecho a descanso compensatorio.
Resumen: Declarada la improcedencia del despido (al haber extinguido su contrato (temporal) superado el período de prueba), reitera la trabajadora (que inicialmente postulaba su nulidad) que la fecha a tomar en consideración para determinar los salarios de trámite no es la judicialmente referenciada a la prevista para la extinción del mismo sino aquella posterior en que realmente se produjo la misma (petición que se considera extra petita). Con cita de diversos pronunciamientos del Alto Tribunal advierte la Sala que el núcleo de la controversia pivota sobre dos cuestiones: si cabía la condena al pago de indemnización y hasta dónde llegaba el pago de salarios de tramitación. Cuestión que ha sido unificada en el sentido de considerar la obligación de indemnizar por despido improcedente aun cuando haya terminado la relación laboral; advirtiendo que cuando el despido de un trabajador temporal se produce y es declarado improcedente, los salarios de tramitación solo alcanzan hasta el momento en que dicho contrato debió de extinguirse por alguna de las causas legales o pactadas que válidamente producen su extinción. El caso de litis no responde propiamente a ninguna de ellas sino qué tiempo debe computarse a efectos de fijar el periodo de duración de servicios que sirve de base para fijar la indemnización: si la fecha real en que tuvo lugar esa extinción o aquélla en que la extinción debió producirse. Duda resuelta por la norma asociando su abono al tiempo de prestación de servicios.
Resumen: Naturaleza jurídica del centro CLAMBER (Puertollano) distinta de la de GEACAM. Se rechaza la alegación, se introdujo en juicio, de forma extemporánea y sorpresiva, que nunca fue planteado durante el proceso electoral ni ante el Jurado Arbitral y además ya fue resuelta por laudo firme que considera a CLAMBER como centro de trabajo de GEACAM. Cómputo del delegado de personal de CLAMBER en el comité intercentros de la empresa. Debe computar porque así lo respalda un laudo arbitral firme y el art. 75.2 del Convenio Colectivo de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha que establece que el Comité Intercentros debe reflejar la proporcionalidad sindical según los resultados electorales globales y aunque el precepto menciona a los comités de empresa, la STS 10-03-21 (Rc. 294/2021) aclara que deben computarse también los delegados de personal, como el elegido en CLAMBER, ya que también son RLT y excluirlos supondría dejar sin representación a sus trabajadores y vulnerar el principio de representatividad sindical.
Resumen: Recurre el trabajador su condena a abonar a su empresa el coste de reparación de un vehículo del que era propietaria por los daños sufridos en el mismo a raíz de un accidente imputado a quien alega que éste se produjo sin concurrir negligencia culpable por parte de su conductor. Partiendo del criterio civilista de la culpa y su proyección al ámbito de la relación de trabajo desde la hermenéutica que ofrece la doctrina judicial a la que se remite advierte la Sala que si bien es cierto que un mero descuido en la conducción o distracción no puede determinar la responsabilidad del trabajador en la causación de daños en la empresa, atendiendo a la singularidad del contrato de trabajo y la ajenidad en los frutos y riesgos (por lo que debe de concurrir una culpa o negligencia en grado suficiente como para hacerle responsable de las consecuencias dañosas), también lo es que la culpa que se le imputa lo es en grado suficiente pues en su desatención concurre el consumo de cannabis y anfetaminas que reducían su capacidad de atención y multiplicaba el riesgo en la conducción (pudiendo, incluso, haber incurrido en responsabilidad penal cuando es así que el accidente se produjo en tramo llano con buena visibilidad y superficie seca y limpia.
Resumen: Reitera la trabajadora-recurrente la pretensión deducida frente al despido impugnado por entender que la decisión de la administración de considerarlo apto a la para tomar posesión del puesto debía calificarse nula o improcedente. Tras aludir al procesos selectivo seguido por el Ayuntamiento y a las bases de la convocatoria (entre las que se encontraba que los aspirantes debían reunir la capacidad funcional para el desempeño de las tareas) y destacar que fue inicialmente seleccionada junto a otras 3 personas para el puesto de limpieza se advierte que a raiz del reconocimiento médico previo fue declarada apta con limitaciones o restricciones, relativas a evitar manipulación manual de cargas. Acordándose por Decreto de Alcaldia que no podía tomar posesión del puesto de trabajo. Desde el análisis que efectúa tanto del EBEP como de la doctrina constitucional sobre el principio de no discriminación se advierte que si bien en las relaciones laborales ya constituidas el empresario tiene una obligación específica de adaptar el puesto de trabajo de acuerdo con la LPRL y la Doctrina Comunitaria, sin embargo el caso de las personas aspirantes al acceso a la función pública la aceptación de las bases de la convocatoria y la colocación del aspirante en una situación de expectativa de derecho en función de sus propios resultados no integra un derecho adquirido,. Lo que no obsta al control sobre la proporcionalidad del requisito de la idoneidad psicofísica en los procesos selectivos.
Resumen: Forman la RLT 21 miembros: 13 de CCOO y 8 de UGT y la Comisión Negociadora del convenio 8 delegados de CCOO y 5 de UGT. El acuerdo se firma solo por CCOO y es ratificado en referéndum - Censo 894 y Votos emitidos 809- con un 49,81% de votos a favor, 49,19% en contra, 0,6% blancos y 0,4% nulos. ElComité de Empresa y el Sindicato UGT comunicaron por correos electrónicos a la plantilla que el principio de acuerdo había sido ratificado. Nulidad de la SJS. Se rechaza, se limita a alegar la infracción de los arts 97.2 LRJS y 218 LEC, pero no se argumenta sobre la nulidad, las causas, los defectos o incumplimientos procesales y la existencia de indefensión. Nulidad el convenio. Se afirma que el reglamento interno carece de eficacia, al aprobarlo un Comité surgido de unas elecciones anuladas judicialmente y además estos reglamentos no tienen naturaleza normativa ni vinculan a comités posteriores - art. 66.2 ET y TS-; que el correo que se invoca como aceptación del acuerdo -acto propio- no contiene una manifestación clara, directa e indiscutible de conformidad, se envió solo con fines informativos y no consta quién lo emitió, y; que no es aplicable el art. 80 ET porque no se trata de un supuesto en que la ley exige su cumplimiento, la ratificación del acuerdo fue voluntaria, no se condicionó a los requisitos formales del precepto y el acuerdo solo habla de "mayoría" sin especificar tipo, lo que debe entenderse como mayoría simple.
Resumen: RCUD. La cuestión que se plantea es si la actora tiene derecho a percibir a partir de 2019 la ayuda de acción social (gastos de escolaridad y guardería) prevista en el artículo 38.2 del convenio colectivo de aplicación, con cargo al Servicio Andaluz de Empleo tras subrogación de Fundación Andaluza. La Ley 3/2102, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, suspendió la convocatoria de dichas ayudas. Por Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 2 de junio de 2016 (y el posterior de 13 de julio de 2018) se estableció un calendario de recuperación de los derechos suspendidos a partir de 2019. Pero la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019 circunscribió la recuperación de las ayudas a las personas con discapacidad y a las víctimas de violencia de género; lo mismo hizo la Ley del Presupuesto para 2020. Limitaciones presupuestarias y suspensión de derechos que se supenden y circunscriben el derecho a dichas ayudas a las personas con discapacidad y a las víctimas de violencia de género, que no es el caso de la demnadante. De conformidad con el Ministerio Fiscal, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina del Servicio Andaluz de Empleo, que había visto desestimada su suplicación tras aceptar el JS la demanda de la trabajadora.
