Resumen: La Sentencia, tras analizar las operaciones realizadas en el seno del grupo empresarial, que finalizaron con la pretensión fiscal de la entidad de deducir los gastos financieros derivados de préstamos concedido por una sociedad del grupo a otra entidad del mismo grupo, asumiendo los gastos financieros derivados de dichos préstamos, aplica el criterio de la Sala en relación con el concepto y naturaleza de la figura del fraude de Ley. La operación se realiza sin que el endeudamiento consolidado mundial del grupo aumente, con un flujo circular de efectivo y sin aumento de la actividad que para el grupo se presta desde España, ya que los servicios de apoyo se continúan prestando desde Inglaterra. No se aprecia tampoco, a nivel de grupo mundial, ninguna nueva inversión real ni la ampliación a nuevos mercados, sino que se trata de un simple intercambio de participaciones dentro del Grupo, que sólo significa un cambio en la titularidad formal de las mismas, sin modificación en la situación de dominio, y con un único efecto palpable: el devengo de gastos financieros que soporta el Establecimiento Permanente como consecuencia de los préstamos suscritos con la entidad, gastos cuya aplicación fiscal contrastaron la ausencia de tributación de los ingresos que, en paralelo, obtienen tanto la prestamista como las vendedoras de las participaciones. Esa falta de motivo económico válido hace inaplicable el beneficio fiscal, sin que se advierta la infracción de las normas europeas invocadas.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación, pues la recurrente acordó con una entidad de crédito la constitución sucesiva de usufructos temporales de cupones de obligaciones bonificadas de empresas eléctricas al 112%, es decir, por el nominal de los cupones más el 12%, que era la mitad de la deducción por retenciones. Luego, la entidad de crédito percibía unos rendimientos iguales a los intereses de las obligaciones más el 12% indicado. La recurrente cobraba los intereses, como pretendido usufructuario, pero como había pagado previamente el coste de los mismos al 112%, más corretajes y comisiones, su rendimiento neto por este concepto era negativo. Además, se deducía el 24% en concepto de retenciones. El beneficio fiscal así logrado lo repartía con la entidad de crédito, pues la recurrente había pagado a ésta un 12% de sobreprecio de los cupones. Por otro lado, señala la Sala que las acciones que cotizan en Bolsa, pero que se transmiten fuera de la misma, siempre se valorarán por el precio efectivamente satisfecho, pues en caso contrario no se tributaría por la verdadera variación patrimonial y/o por la renta realmente generada. Así las cosas, cuando efectivamente conste, como aquí sucede, un precio de enajenación superior al valor de cotización, será aquél, y no éste, el que habrá de ser tomado en consideración, so pena de alterar la esencia del propio concepto de incremento de patrimonio.
Resumen: Las tres cuestiones que se plantean en el presente recurso son, en primer lugar, determinar si son ajustados a Derecho los incrementos de base imponible determinados por la Inspección en concepto de incremento de patrimonio por donación y en la cuantía en que se llevó a cabo en aplicación del artículo 16.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y, si son o no deducibles fiscalmente los gastos considerados como liberalidades por la Inspección. Desde el punto de vista formal que es en el plano en que la sentencia de instancia resuelve el problema, no se puede ignorar que el "animus donandi", que ha de ser indubitado en toda donación, aquí aparece absolutamente difuminado, pues ni de los actos expresos, ni de los tácitos puede inferirse que el socio único, presente, y receptor del dividendo a cuenta llevó a cabo una donación.
Resumen: La sentencia en relación con el criterio de imputación por los importes derivados de la asunción de deudas, declara que, a falta de que la entidad hubiera designado y comunicado a la Administración otro criterio diferente, el que rige es el criterio del devengo, conforma al norma fiscal que lo regula, por lo que el diferimiento practicado por la entidad es improcedente. Sobre la alegación de la inxistencia de Fondo de Comercio por los activos recibidos con ocasión de la escisión de CAMPSA, confirma el criterio de la Inspección sobre la existencia del mismo en atención a los activos recibidos de la escisión y reflejados en el Balance. En relación a la existencia de un error de la Inspección de ajuste en el cálculo de la amortización acelerada, se remite al resultado de la nueva liquidación, al incidir la cuestión planteada sobre el régimen de determinación de la base imponible ya configurada. Por último, se rechaza el motivo sobre la falta de motivación de los intereses de demora, al apreciarse que constan los períodos liquidados y el tipo de interés aplicado.
Resumen: Ejercicios 2007 y 2008. Con sustento en el artículo 13 LGT, principio de calificación, la Inspección de los tributos consideró que la actividad económica declarada por tres personas físicas, dadas de alta en el mismo epígrafe del IAE que la sociedad recurrente y acogidas al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos en el IRPF y al régimen simplificado en el IVA, realmente era realizada por esa sociedad, bajo la dirección de su administrador, de modo que no existían cuatro actividades económicas sino una única actividad económica. Regularizó la situación tributaria de los cuatro contribuyentes: imputa las rentas obtenidas en la actividad económica y las correspondientes cuotas de IVA repercutidas y soportadas a la sociedad y recalifica las rentas percibidas por las personas físicas como rendimiento del trabajo personal. ¿Permite una regularización como la efectuada por la Inspección de los tributos el principio de calificación del artículo 13 LGT?
Resumen: En la Sentencia, partiendo del concepto y naturaleza del régimen de estimación indirecta de bases, se centra en las actuaciones de comprobación realizadas por la Inspección ante la acreditación del pago de sobreprecio en determinadas viviendas, cuya constancia está acreditada. Sin embargo, la Sala no admite que los datos obtenidos en relación a una serie de viviendas se extrapole al resto de la promoción de viviendas, teniendo en cuenta el porcentaje que supone en el contexto del número de viviendas cuyos precios han sido comprobados con el resto del que se desconoce si hubo o no sobreprecio.
Resumen: Se impugnan liquidaciones por IRPF y por IVA, practicadas en el seno de un procedimiento de comprobación. Se rechaza la alegación de desviación procesal, que no se aprecia, así como las alegaciones de la actora sobre la falta de motivación del acto relativo al IRPF, y también en relación con el plazo que se considera cumplido. En cuanto al fondo, se plantea cual es la concreta actividad económica del recurrente y el epígrafe de IAE en que se coloca, concluyendo que es correcta la actuación de la Administración a la vista de los datos aportados. En cuanto al IVA, se ha practicado liquidación sin respetar los periodos del impuesto, por lo que se anula, sin perjuicio del derecho a practicar una nueva.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional por las que se desestimaron reclamaciones económico administrativas referidas a conceptos de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido, liquidaciones y sanciones siendo la cuestión que se planteaba si existía o no comunidad de bienes o sí, por el contrario, actividad de transporte independiente por parte de cada cónyuge, siendo así que de lo actuado en el expediente aparece justificado lo que se refleja en el informe de la inspección y es que si bien cada uno de los cónyuges se dio de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, transporte de mercancías por carretera y que aparentemente tenían actividades separadas, en puridad la titularidad real de la actividad empresarial desarrollada correspondía a la comunidad de bienes y en cuanto a las sanciones, de la propia exposición de hechos y fundamentos jurídicos de lo actuado por la Inspección, se extrae la conclusión de que existe tipicidad por ocultación de ingresos y consiguiente falta de declaración de los mismos, indebidas deducciones y de que la intencionalidad era más que evidente, pues el propósito mismo de los actores era conseguir la elusión de las obligaciones fiscales propias de su actividad.
Resumen: La cuestión que se suscita en el recurso es la procedencia o no de la aplicación del diferimiento por reinversión de la plusvalía obtenida por la transmisión de determinados elementos patrimoniales. La Sentencia, partiendo de la ausencia de utilización del bien transmitido, no estando afecto a la actividad de la empresa, considera que, por aplicación de las normas contables especiales dirigidas a las Empresas Inmobiliarias, dicho bien tenía la consideración de existencia, por lo que era improcedente la aplicación del diferimiento al faltar el requisito, matizado por la jurisprudencia, de la afectación del bien.
Resumen: La sentencia, tras analizar el contenido del contrato, declara que se trata de la entrega de una cosa, ceder suelo, a cambio en una parte de obra futura, en la que la contraprestación a la cesión del solar consiste en la transmisión de viviendas a construir, en este caso 2.134 metros cuadrados útiles interiores de viviendas, 22 garajes y 22 trasteros. Como la operación se realiza incluyendo un cobro parcial mediante viviendas futuras, debe diferenciarse la parte que supone una venta, contraprestación en tesorería, de la parte de la operación que supone una permuta. Desde la perspectiva fiscal, entiende que, a la parte de la operación calificada como permuta, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el citado art. 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, sobre valoración de la operación y el criterio de imputación temporal.