• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 481/2006
  • Fecha: 18/02/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia confirma el criterio sostenido por la Inspección de imputación temporal de los ingresos y gastos derivados de la venta de los inmuebles en atención a la fechas de las respectivas escrituras, aplicando el crtierio del devengo, conforme a lo preceptuado en la normativa fiscal aplicable. Sobre la segunda de las cuestiones, la existencia de un error por parte de la Inspección en relación con el coste de los metros cuadrados vendibles, estima la petición del recurrente en el sentido de que es procedente realizar un ajuste de las existencias finales de cada ejercicio como consecuencia del criterio de imputación seguido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 6823/2003
  • Fecha: 22/10/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente caso, no existe inconveniente en aceptar con la sentencia de instancia que pudiera ser una prestación dinerada a favor del cliente para incrementar en número de clientes o fidelizar a los ya existentes. En tanto en cuanto el pago de la prima ciertamente resulta un incentivo para atraer o fidelizar a los clientes, pero junto a dicha finalidad, es evidente que no se paga la prima a favor de todos los clientes que abran una cuenta corriente, en el que desaparece cualquier nexo causal entre la prestación y la finalidad legal que hace que la contraprestación deba considerarse como rendimientos de capital mobiliario, sino que sólo se paga la prima del seguros a aquellos clientes que domicilie la nómina, esto es que aseguren periódicamente un flujo de capital constante, lo que enlaza directamente el pago de la prima del seguro con la entrada periódica del capital representado por la cuantía individual de cada una de las nóminas de los clientes, que por ello tienen derecho, además de otros, como pudieran ser los intereses, al seguro de accidente.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 220/2010
  • Fecha: 18/04/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia, analizadas las diligencias controvertidas, declara que no todo incumplimiento en la entrega de documentación produce una dilación, debiéndose descartar aquellos retrasos que no interrumpen o entorpecen la labor inspectora. Por ello, no le son imputables todas las dilaciones, lo que influye en el plazo de finalización de las actuaciones inspectoras, que afecta al primero de los ejercicios liquidados. Confirma el acuerdo de ampliación del ámbito de las actuaciones, declarando que no se ha producido indefensión al sujeto pasivo. Sobre la aplicación del régimen de transparencia fiscal, declara que no sólo es claro e inequívoco que para que el arrendamiento pueda ser considerado una actividad económica deben cumplirse los indicados requisitos, expresivos de la necesidad de una insfraestructura mínima y de una organización de medios empresariales, sino que, sobre la base de esa premisa, lo que no se ha probado, pues no se propuso prueba alguna específica al respecto -salvo la formalmente propuesta y consistente en la mera reproducción de los documentos ya aportados previamente, obrantes en el expediente administrativo-, lo que significa que la recurrente no ha emprendido actividad probatoria propia en este proceso para enervar la valorada en las resoluciones que se recurren, tanto en lo relativo a la índole y calificación de la actividad como a la procedencia de la consideración dada a la sociedad recurrente como sociedad sometida a dicho régimen especial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
  • Nº Recurso: 4556/2004
  • Fecha: 16/12/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Superado el problema relativo a la extemporaneidad de la reclamación económico-administrativa, que el Abogado del Estado renuncia expresamente a impugnar en su escrito de interposición del recurso, la única cuestión a decidir es si los dividendos satisfechos por el Banco Popular Español a la entidad no residente A.E.L. en el año 1992 deben tributar por el tipo reducido del 5% previsto en la Disposición VII del Protocolo al Convenio suscrito entre España y los Países Bajos para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio, de 16 de junio de 1971, ratificado por Instrumento de 15 de junio de 1992, según entiende la sentencia, y la parte recurrida, o, por el contrario deben serlo al tipo general del 15%, previsto en el artículo 10.2 del citado Convenio, que es la tesis del ahora recurrente. Demostrado que los indicados dividendos no han sido gravados con el impuesto en los Países Bajos, cuestión por otra parte, no discutida, hay que confirmar los fundamentos de la sentencia recurrida y desestimar el recurso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 452/2006
  • Fecha: 22/10/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia, en relación con los gastos de traslado de la fábrica, concluye tras el análisis de las citadas obras, que de acuerdo con la naturaleza constatada de tales inversiones antes relacionadas, han de calificarse todas ellas de Obra civil, no de instalaciones, y que por tanto el obligado no aplicó el coeficiente de amortización correcto, siendo por ello procedentes los ajustes al resultado contable realizados por la Inspección por el exceso de amortización. En cuanto a las obras y servicios recibidos, considera que se trata de renovaciones, ampliaciones o mejoras del inmovilizado material, y no de gastos del ejercicio. En relación con la deducibilidad de los gastos derivados del ejercicio de opciones de compra de acciones de una compañía, declara que, la entidad que otorga la opción de compra es Warner Lambert, matriz del grupo, sin que ninguna de sus filiales intervenga ni resulte obligada por las relaciones jurídicas derivadas de los contratos formalizados, al no asumir las entidades contratantes ninguna obligación contractual con los beneficiarios de los contratos de opción, siendo la matriz la que soporta el coste y, en todo caso, las filiales podrían pagar siempre que fuese por cuenta de aquélla, adquiriendo un derecho de crédito frente a la misma, pero sin contabilizar un gasto por este motivo. Por último, sobre la aplicación de deducciones pendientes, declara que, prescritos los ejercicios de las que derivan, el importe a deducir es el fijado por la entidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO
  • Nº Recurso: 941/2005
  • Fecha: 16/02/2009
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aunque es cierto que la exclusión de los activos cedidos a terceros para su uso no estaba prevista en el art. 15.8 de la Ley 61/1978, su incorporación por el Reglamento, art. 147.1.d, no puede considerarse ilegal, en cuanto cumplimenta el requisito de afectación a actividad empresarial. Ahora bien, esta tesis se invierte cuando afecta a empresas cuyo objeto social y actividad es el arrendamiento de bienes, como es el caso presente, toda vez que por su propia naturaleza el arriendo de bienes lleva ínsita la cesión de los mismos a terceros -precisamente para su uso mediante contraprestación- por lo que en tal caso concreto se produce una contraposición manifiesta entre la utilización de los bienes para el ejercicio de la actividad empresarial y la exigencia reglamentaria de la no cesión de dichos bienes a terceros, ya que, justamente, al arrendar los bienes es cuando quedan afectados al objeto social de la empresa, requisito que es la exigencia intrínseca del art. 15.8 LIS 61/78 y del que es traslación exacta el art. 147.1.C) RIS. Por otra parte, la limitación adicional al concepto de bien afecto que formula el art. 363.4 del RIS no tiene un alcance general. Por el contrario, su ámbito se circunscribe a la determinación de la composición del activo que motiva la inclusión de una sociedad en el régimen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
  • Nº Recurso: 212/2007
  • Fecha: 16/03/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia analiza una operación de transmisión de acciones con precio aplazado y pacto de reserva de dominio a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. La Sala considera que estamos ante una modalidad de compraventa por precio aplazado con pacto de reserva de dominio, con las consecuencias jurídicas que esa calificación comporta en orden a su tributación, pues en tanto no se consume el pacto, deben imputarse al vendedor los incrementos de patrimonio que vaya teniendo. Una cosa es que no haya transmisión del dominio a efectos civiles y otra es que, a efectos fiscales, no se genere el incremento patrimonial porque el pacto de reserva de dominio funciona como una cláusula de garantía del pago del precio aplazado, suspendiendo la transmisión de la propiedad hasta que éste se paga, pero sin afectar a la obligación fiscal, que sigue el criterio legal de que se cuantifique el incremento patrimonial atendiendo a los cobros del precio de la venta realmente percibidos; la reserva de dominio equivale a una condición resolutoria y no habiendo optado el obligado tributario por imputar los incrementos de patrimonio al momento del nacimiento del derecho, la Sala entiende que la imputación ha de realizarse a medida que se hagan efectivos los sucesivos pagos parciales acordados. Correcciones derivadas de la sentencia de 10 de julio de 2008 de la Audiencia Nacional. Obras de arte: artículo 31.1 Ley 19/1991.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 455/2005
  • Fecha: 18/09/2008
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analiza las normas contables reguladoras de estos activos, recogidas en el Plan General de Contabilidad, en concesión con las normas de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Se declara que los bienes adquiridos por el importe de otros activos adjudicados en pago, como son los edificios o inmuebles adjudicados a la entidad bancaria o financiera como consecuencia del impago de los correspondientes créditos, no pueden ser objeto de execión por reinverión, al no tratarse de elementos afectos a la actividad empresarial o económica de la entidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 27/2010
  • Fecha: 22/12/2011
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No resulta esencial que aparezca literalmente en la escritura una renuncia expresa del transmitente a la exención del IVA, siendo suficiente la constancia de haberse repercutido el Impuesto en la propia escritura de compraventa, pues de esta forma es incuestionable que adquirente y transmitente manifiestan su intención y conocimiento indubitado de que la operación queda sujeta al IVA. Lo que verdaderamente interesa no es la constancia en la escritura del término "renuncia" sino el dato real del cumplimiento del fin perseguido en la norma, que no es otro que el de garantizar la posición del adquirente, frente a repercusiones no queridas, y este fin puede alcanzarse bien mediante la utilización del término "renuncia" en la escritura a través de cualquier otro del que pueda derivarse que el transmitente renuncia, explícita o implícitamente a la exención, que propicia una opción a favor de la mecánica del tributo y no la exoneración del gravamen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL AGUALLO AVILÉS
  • Nº Recurso: 4082/2007
  • Fecha: 18/11/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala inadmite el recurso de casación del Agogado del Estado en cuanto a la deducibilidad de los gastos por servicios recibidos de Benito & Monjardin, cuya cuantía asciende a 41.666.664 ptas., y teniendo en cuenta que tratándose de una imputación de bases a los socios de una sociedad transparente, el criterio que se tiene en cuenta a efectos de determinar la cuantía de la liquidación es la repercusión que sobre la cuota tiene la diferencia entre la cantidad declarada y la comprobada el resultado de aplicar el 35 por 100 sobre la mencionada cantidad supone una cantidad que no supera la cuantía mínima exigida. Por otro lado, la Sala confirma la anulación de la sanción al contener la sentencia de instancia una justificación suficiente sobre la ausencia de culpabilidad necesaria para la imposición de una sanción tributaria.