Resumen: La Sala desestima el recurso de casación aduciendo los siguientes argumentos: Primero.- La concesión por una entidad de crédito a una sociedad mercantil de un préstamo hipotecario, formalizado en escritura pública, está sujeta al IAJD, siendo sujeto pasivo del tributo el prestatario, teniendo en cuenta la unicidad del hecho imponible en torno al préstamo. Segundo.- El gravamen en el presente caso recae sobre la instrumentación formal -documento notarial, mercantil o administrativo- del contrato u operación negocial que contiene; por tanto, no puede considerarse como un impuesto sobre el volumen de negocios. Tercero.- Sólo son incompatibles con esta figura impositiva los préstamos materializados en obligaciones o títulos análogos. Tratándose la cuestión litigiosa de un asunto ya resuelto por la Sala con doctrina reiterada que se adecúa a la normativa y jurisprudencia comunitarias, no procede plantear la cuestión prejudicial por encontrarnos ante el denominado "acto claro".
Resumen: La unidad del hecho imponible, préstamo hipotecario, produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible es el prestatario. Sólo son incompatibles con el IAJD los préstamos materializados en obligaciones o títulos análogos, pero no los hipotecarios otorgados en el ámbito de actividades profesionales o empresariales. El impuesto no recae sobre el volumen de negocios, lo que viene prohibido por la normativa comunitaria, sino que grava la formalización de ciertos documentos notariales, mercantiles y administrativos. La base imponible fue correctamente fijada pues consiste en el importe de la responsabilidad que se garantiza, siendo intrascendente el valor del bien dado en garantía.
Resumen: La Sentencia, partiendo de los datos constatados en el expediente, declara que, lo definitivo a los efectos de acreditar la existencia de una actividad económica, una vez constatado que no posee ni el local ni el personal adecuado, seria que se probara de forma efectiva la realidad de las obras realizadas, ya que por la actora se pretende demostrar que se ejerce una actividad de construcción o promoción inmobiliaria, que no prueba, pues todas sus manifestaciones se limitan a hacer referencia a proyectos, estudios y gestiones, la mayoría realizadas por los propios socios, que son todas ellas actuaciones de tipo administrativo o técnico previas a las obras de construcción o edificación, es decir, son tareas que pueden ser desarrolladas en el ámbito de una actividad patrimonial de tenencia de bienes, pero que no responden al ejercicio de una actividad empresarial propia, que exige no solo los medios materiales y personales, de los que carece, sino la ejecución de obras materiales concretas, incumpliéndose los requisitos exigidos para considerar la compraventa de los inmuebles controvertidos como una actividad empresarial. Sobre su consideración como empresa de reducida dimensión, considera que, la falta de actividad económica excluye dicha consideración. No se admite la deducibilidad de unos gastos por falta de acreditación documental, al igual que los ingresos no justificados. Se declara el contenido económico de la renuncia derecho suscripción preferente. Anula la sanción.
Resumen: La Federación Gallega de Municipios y Provincias impugna el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D.Leg. 1/2004), al entender contrario a derecho su artículo 23.2. Grupo A. A1 que excluye de los bienes inmuebles de características especiales, los destinados a la producción de energía eléctrica en régimen especial (parques eólicos, etc.), lo cual priva a los Ayuntamientos afectados de la posibilidad de percibir el IBI de los mismos. El Tribunal Supremo, siguiendo su doctrina consolidada y desechando cualquier interpretación restrictiva, descarta la falta de legitimación de la recurrente al resultar evidente la existencia de un interés legítimo en los municipios afectados, portadores de los intereses generales de los ciudadanos que los integran. En cuanto al fondo, tras poner de relieve los límites de la potestad reglamentaria y las características de los Reglamentos ejecutivos, se concluye que ninguna limitación establece la Ley para tener la calificación de bienes inmuebles de características especiales respecto de los destinados a la producción de energía eléctrica, salvo el cumplimiento de los caracteres que delimitan el concepto legal. La exclusión injustificada de los bienes destinados a la producción de energía eléctrica en régimen especial, con base a un criterio no previsto en la Ley de desarrollo, contraría la jerarquía normativa y determina la nulidad del precepto impugnado.
Resumen: Prueba en derecho tributario: cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que le favorecen, esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, si bien nuestra jurisprudencia ha matizado, en ciertas situaciones, el rigor del principio desplazando la carga de la prueba hacia la Administración por disponer de los medios necesarios que no están al alcance de los sujetos pasivos No deducibilidad como gasto del importe de facturas emitidas por empresas al cuestionarse la efectividad de los servicios prestados al sujeto pasivo.
Resumen: El tiempo que media entre el momento en que la Inspección tiene conocimiento de la resolución económico- administrativa que ordena retrotraer el procedimiento y aquel en el que lo hace, con independencia de las actuaciones que desarrolle a continuación (bien completar las diligencias, bien dictar directamente nueva liquidación), no tiene carácter de "tiempo inspector" a los efectos del artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, en la redacción aplicable a los hechos de este litigio pues la doctrina jurisprudencial reiterada y consolidada sobre este precepto se refiere a la injustificada paralización de las actuaciones de la Inspección de los Tributos, a partir del momento de iniciación de su actividad de comprobación e investigación, hasta la notificación del acto resolutorio del expediente incoado, pero no al retraso en que los Órganos competentes de la Inspección de Hacienda puedan incurrir en la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y Órganos Jurisdiccionales; si no existe una actitud contumaz de la Administración, si no se obstina en el mismo error, si no reincide en idéntico defecto, ninguna tacha cabe oponer a que, anulado el acto viciado, la Administración retrotraiga las actuaciones para volver a liquidar; tratándose de un defecto que afecta a la competencia es patente que el acto contiene los elementos indispensables para alcanzar su fin sin que se haya derivado indefensión para los interesados.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Ejercicios 1995, 1996 y 1997. Liquidaciones practicadas al Grupo SEPI. En el presente caso no se dan las circunstancias que permitan la tramitación de las actas como previas, por lo que deben considerarse definitivas. Improcedencia de incorporar a la base imponible del grupo el importe de las provisiones dotadas por la dominante por depreciación de la cartera de valores de las sociedades dominadas, cuando éstas se separan del grupo, si no se llevan a su tributación individual la correspondiente base imponible negativa para su compensación posterior. Ausencia de motivación de acta de conformidad sobre la anulación de un ajuste fiscal negativo realizado correspondiente a la recuperación de la provisión por responsabilidades en relación con una sociedad: Inexistencia.
Resumen: Escritura de apertura de crédito con garantía hipotecaria. Sujeto pasivo el prestatario. La unidad del hecho imponible en torno al préstamo produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible es el prestatario. Las escrituras públicas que contengan prestamos hipotecarios efectuados en el ámbito de la actividad profesional o empresarial están sujetas y no exentas del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Inexistencia de infracción comunitaria sobre la tributación de operaciones financieras.sólo Son incompatibles con el IAJD los préstamos materializados en obligaciones o títulos análogos, pero no los tan repetidos préstamos hipotecarios otorgados en el ámbito de actividades profesionales o empresariales, no solo no contraría el Ordenamiento comunitario, sino que se adapta a las determinaciones de las dos Directivas aplicables en la materia y a las declaraciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Resumen: La cuestión objeto de controversia en el presente recurso es la de si, transcurrido el plazo de caducidad que la Ley del IVA establece para compensar el exceso de las cuotas soportadas sobre las devengadas en un periodo, debe la Administración Tributaria proceder a la devolución al sujeto pasivo del exceso no deducido. Para resolver esta cuestión debe acudirse a la Sexta Directiva que consagra como principio esencial del IVA el de la neutralidad, el cual se materializa en la deducción del IVA soportado ( art. 18.4 ) . La norma señalada, dada la finalidad que con ella se persigue, ofrece a los sujetos pasivos la posibilidad de compensar en un plazo de cinco años, actualmente de cuatro, el exceso de cuotas soportadas sobre las repercutidas no deducido en periodos anteriores y no solicitar la "devolución" en dichos años, pero, en ningún caso, les puede privar de que les sea reconocida la posibilidad de obtener la devolución de las cuotas para las que no hayan obtenido la compensación. Las posibilidades de compensación o devolución han de operar de modo alternativo. El sujeto pasivo tiene un crédito contra la Hacienda Pública que se abstrae de su causa y que debe poder cobrar aun después de concluir el plazo de caducidad. La pérdida por el sujeto pasivo del derecho a resarcirse totalmente del IVA que soportó supondría desvirtuar el espíritu y la finalidad del Impuesto.
Resumen: Diferimiento de rentas por reinversión de beneficios extraordinarios: beneficio no aplicable porque los terrenos transmitidos tenían la calificación de existencias y no de inmovilizado material (art. 21 de la LIS 43/1995).Doctrina reiterada y constante de la Sala.Pues bien, en este asunto, como advierte la Sala de instancia, la no existencia de ocultación alguna -impensable por naturaleza en un caso en que la controversia se centra en si es aplicable o no una ventaja fiscal en el sujeto pasivo para cuyo reconocimiento se precisa un hacer activo de éste en la declaración correspondiente-, unido a los problema interpretativos de las normas aplicadas que pueden suscitarse, ya que el régimen de diferimiento por reinversión suscita serias dificultades interpretativas, esencialmente en lo que respecta a la condición de la afectación de los bienes con cuyo producto se lleva a cabo dicho diferimiento, comporta que la sentencia recurrida haya descartado la concurrencia en este caso del elemento de la culpabilidad, siendo así que la razonabilidad de la interpretación de las normas en juego no puede depender, en modo alguno, de lo que la Administración considere unilateralmente que es una norma clara, máxime cuando el régimen del artículo 21 de la LIS de 1995 no es precisamente un modelo de claridad y nitidez, siendo admisible en Derecho, por tanto, una interpretación como la propugnada en relación con el cumplimiento del requisito establecido en el artículo mencionado.