• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
  • Nº Recurso: 575/2018
  • Fecha: 12/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Anulación de la sanción por falta de prueba del elemento subjetivo del injusto. En definitiva, desde la perspectiva estricta de la denominada " prueba para sancionar" no viene acreditada aquella certeza. Por consiguiente, si no queda acreditado el elemento subjetivo de las infracciones y la sanciones se imponen por medio de una motivación insuficiente, ha de concluirse que lo procedente ha de ser su anulación, puesto que reposa exclusivamente en una presunción de intencionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 6299/2017
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 18 de julio de 2019 (RCA/5873/2017) y estima en parte el recurso de casación, como también el recurso contencioso-administrativo, por cuanto que la aplicación de los incentivos fiscales previstos para las empresas de reducida dimensión no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos del artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, exigiéndose tan solo que el importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a la del artículo 108 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). Y respecto de las restantes cuestiones propuestas por la recurrente, la Sala simplemente señala que: a) la disposición adicional 12ª TRLIS exigía una serie de requisitos, cuya acreditación correspondía a la recurrente. Ésta se limita en el escrito de interposición a señalar que la norma está derogada, pero omite la necesidad de crear jurisprudencia; b) en cuanto al ajuste por leasing, la sentencia es bien expresiva sobre la ausencia de documentación, lo que constituye una apreciación de la Sala ajena al ámbito de revisión del recurso de casación; y d) la indefensión y la incongruencia omisiva es una doctrina sobradamente conocida, que no necesita ser matizada, concretada o precisada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 356/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el acta de conformidad, la declaración de conocimiento que realice el funcionario que autoriza el acta goza de la presunción de veracidad. Los hechos recogidos en el acta de conformidad el contribuyente no puede rechazarlos, porque hacerlo sería atentar contra el principio de que nadie puede ir contra los actos propios, a no ser que pruebe que incurrió en notorio error al aceptar tales hechos. Y el acta de conformidad, en lo relativo a la interpretación y aplicación de normas jurídicas, es impugnable porque a estas operaciones no se extienden las presunciones antes señaladas.En el presente caso, en el acta de conformidad constaba el motivo de regularización, correspondiendo regularizar diversos abonos improcedentes por ingresos ya facturados.Así las cosas, sin haberse formulado en ese momento objeción cualquiera, a los hechos y elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o su representante prestó su conformidad se consideran ciertos y solo pueden rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho. Pues bien, como quiera que en el caso ni siquiera se intentó esa acreditación, la sentencia confirma la liquidación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: ROCIO COLORADO SORIANO
  • Nº Recurso: 345/2017
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente supuesto nos encontramos ante una dación en pago documentada en escritura pública. La dación en pago es una forma especial de pago y consiste en el acuerdo, como negocio jurídico bilateral, por el que el acreedor acepta, para cumplimiento de la obligación constituida, la entrega de un bien o bienes distintos de aquellos en que la prestación debía consistir. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible. Eso es lo que ha sucedido en este caso y por ello la solución adoptada por la oficina liquidadora para determinar la base imponible del impuesto de referencia es ajustada a derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: ROCIO COLORADO SORIANO
  • Nº Recurso: 455/2016
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La transmisión global de una empresa, es una operación no sujeta al IVA, y tampoco debe estar sujeta al gravamen del TPO, salvo que el conjunto del patrimonio empresarial que se entrega vayan incluidos bienes inmuebles (como es el presente caso), supuesto en que los bienes inmuebles estarán gravados por el ITP en su modalidad de TPO. Cuando se habla de bienes inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, por patrimonio empresarial total o globalmente transmitido debe entenderse el compuesto por aquellos elementos con autonomía y suficiencia que permiten la prosecución de la actividad mercantil por quien la adquiere, a excepción de los bienes inmuebles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: PABLO DELFONT MAZA
  • Nº Recurso: 473/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso, caducado el procedimiento, el contribuyente ganó la prescripción y la sentencia estima su recurso.Las resoluciones de los procedimiento de revisión deben ser ejecutadas en sus propios términos, salvo que se hubiere acordado su suspensión. Los actos de ejecución se deben notificar en el plazo de un mes desde que la resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para llevarla a efecto. Esos actos no forman parte del procedimiento en el que tuvo su origen el que fue objeto de impugnación, siéndoles aplicables las disposiciones generales administrativas sobre conservación, conversión y convalidación de actos y trámites. Cuando se anula en la vía económico-administrativa por razones de fondo, sustantivas o materiales una resolución tributaria, la adopción de una nueva decisión ajustada a los términos indicados en la resolución anulatoria constituye un acto de ejecución, que debe adoptarse con arreglo a las formas y plazo previstos por la norma. Es decir, son de ejecución los actos dictados en sustitución del anulado sin necesidad de tramitar diligencia nueva alguna. La Administración debe limitarse a pronunciar una nueva decisión correcta, conforme a los criterios señalados en la resolución económico-administrativa anulatoria. No hay, pues, en tales situaciones retroacción de actuaciones en sentido técnico, ni, por ello, resulta menester tramitar de nuevo el procedimiento de gestión tributaria. Solo es necesario dictar una nueva liquidación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: ANTONIO ROBLEDO PEÑA
  • Nº Recurso: 601/2019
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual requiere que el inmueble al que se vincula constituya la residencia efectiva y permanente del recurrente durante un plazo continuado de, al menos, tres años. Dicho esto, el recurrente acredita que en la vivienda adquirida tiene su domicilio habitual aun cuando su uso, por razones de su profesión (trabajo a turnos rotativos) y por vivir solo, no sea el ordinario de una familia, por lo que gasta aproximadamente la mitad del consumo eléctrico medio de una persona al año.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: LEONOR ALONSO DIAZ-MARTA
  • Nº Recurso: 734/2018
  • Fecha: 09/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Administración consideró para el caso que la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias constituye elemento intencional suficiente para la existencia de la infracción tributaria, atendido que el contribuyente no había declarado en las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de los años 2010 y 2011 la totalidad de las bases imponibles obtenidas, y tampoco había declarado el impuesto soportado deducible, sin llegar a realizar ninguna acción que tuviera por finalidad la regularización ante la Administración de su verdadera situación tributaria. Con todo, la sentencia estima el recurso, para lo que señala, primero, que el requerimiento exigido por la normativa según el cual los servicios deben estar directamente relacionados con el deporte o la educación física, es un requisito que debe ser interpretado de forma estricta, de tal forma que la expresión "directamente relacionados" debe considerarse que se refiere a servicios que estén específicamente relacionados con la práctica del deporte o la educación física y que sean un consumo indispensable para la misma. Segundo, que l concepto de actividad directamente relacionada con el deporte o educación física, debe aplicarse a aquellos servicios que sean indispensables para el desarrollo de la actividad deportiva. Y, en fin, que hubo un cambio de criterio de la Administración y se estimaba que era razonable la interpretación del contribuyente respecto de la norma tributaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: LEONOR ALONSO DIAZ-MARTA
  • Nº Recurso: 794/2018
  • Fecha: 09/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia parte de la consideración de que el procedimiento anterior, si bien fue anulado, sin embargo, no se encontraba en ninguna de las situaciones que permitieran considerar que el acto fuera nulo de pleno derecho. Se había incurrido por tanto en causa de anulabilidad, de modo que sí que habían interrumpido la prescripción las actuaciones realizadas. La única alegación efectuada por los contribuyentes en su demanda fue la referida a la vulneración del principio non bis in idem, de modo que en cuanto a la improcedencia de la deducción nada adujeron, con lo que, aunque se entendiera que el procedimiento de verificación de datos que utilizó la oficina gestora en primer lugar para realizar la liquidación provisional correspondiente al ejercicio 2011 incurría en nulidad de pleno derecho, y, por tanto, no interrumpía la prescripción, lo cierto era que los contribuyentes no habían ganado la prescripción cuando la oficina gestora inició el procedimiento de comprobación limitada tras la nulidad de la anterior liquidación. La anulación de una liquidación tributaria por razones de fondo se agota en la propia decisión anulatoria y en la expulsión del acto anulado del mundo del derecho, sin que el nuevo acto, dictado en el ejercicio legítimo de la potestad, implique dejar sin contenido dicho pronunciamiento, que se refiere al anterior, ya anulado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 6071/2019
  • Fecha: 06/03/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. - Operaciones societarias. - Sujeción al impuesto. Determinar si los supuestos de operaciones en los que se produce la ampliación de capital de una sociedad, al llevar a cabo una fusión por absorción de otras sociedades, sin que previamente pertenecieran a la sociedad absorbente la totalidad de las participaciones de las absorbidas, tienen la consideración de una o dos convenciones, de modo que se considere que dicha ampliación forma parte o no de la reestructuración realizada y, en consecuencia, dilucidar si se encuentra o no sujeta al ITPAJD, modalidad operaciones societarias.

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