Resumen: La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso radica en determinar la posibilidad de que un negocio jurídico manifieste una doble naturaleza, onerosa y lucrativa a la vez. En este caso, se trata de una donación de acciones pignoradas en garantía de un préstamo e inserta en un conjunto de negocios jurídicos orientados a la definitiva transmisión onerosa de aquéllas. Finalidad esta que ni siquiera se oculta sino que, quizás, se pretende lograr a través de lo que se da en denominar "economía de opción". En el presente caso, sería jurídicamente erróneo considerar como realmente donado el valor íntegro de las acciones sin tener en cuenta el importe de la deuda asumida. Ello supondría ignorar, precisamente, lo que de oneroso tenía ya el negocio jurídico en sí mismo considerado. Por consiguiente, el incremento patrimonial de que se trata se puso de manifiesto con motivo de una transmisión mixta que fue a la vez lucrativa, en cuanto al exceso, y onerosa en cuanto a la concurrencia de prestaciones derivada de la asunción de la deuda. Inexistencia de incongruencia. Procedencia del acta previa.Inexistencia de caducidad del procedimiento de inspección.
Resumen: La Sentencia partiendo de los datos constatdos por la inspección y de los aportados por la parte declara que, no resulta proba la realidad del préstamo invocado, sin que el hecho de que por parte de la inspección no haya detectado anomalías contables suponga el reconocimiento de la existencia de dicho préstamo, que debe estar de acreditada su realidad y reflejada contablemente. La Sentencia declara que la realidad acreditada es la de que la reclamante incorporó a su patrimonio unos bienes, no quedando justificados el origen de su adquisición. Por último, en relación con el criterio de imputación temporal del incremento, la Sentencia está al momento de su producción y no al de la fecha de la posterior escritura pública. Se anulan las sanciones por falta de motivación.
Resumen: La cuestión central del debate litigioso gira en torno a si el Banco de Santander estaba obligado a practicar las retenciones sobre los beneficios obtenidos por los clientes que habían suscrito los llamados «contratos de cesión de nuda propiedad de crédito», conclusión que tiene como presupuesto su condición de beneficios del capital mobiliario, o, si, por el contrario, no era necesario llevar a cabo aquella obligación formal, dada su naturaleza de incrementos del patrimonio. Si bien se mira, se aviene mal con la calificación de incremento patrimonial una operación en la que, al convenirse, se conoce el precio de compra del producto («precio de cesión» en nuestro caso), el de readquisición constituido por el nominal del crédito o de la parte del mismo cedido («valor de cesión») y, por consiguiente, la retribución del cesionario (la diferencia entre uno y otro).
Resumen: La Sentencia declara que los bienes entregados no estaban destinados a servir a la actividad empresarial de forma duradera, sino que se trataba de bienes adquiridos como consecuencia de operaciones crediticias fallidas, de tal manera que vienen a sustituir al pago de los créditos, por lo que no son bienes afectos a una actividad empresarial. Sobre la dotación genérica a la provisión para insolvencias correspondiente a obligaciones bonos de no residentes, declara que se trata de una provisión genérica sobre unas posiboles insolvencias no acreditadas. No admite la deducibilidad de las cuotas del IVA liquidado, al entender que no es uno de los tributos incluídos en el artículo 110.1.b), del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 1982. Confirma la sanción al no alegarse motivo alguno de impugnación.
Resumen: La única cuestión que plantea es la de discernir la sujeción o exención en el IVA de la transmisión de inmuebles operada. La discusión gira en torno a si la operación encaja en el supuesto de excepción, en cuyo caso debería tributar la transmisión por IVA o, por el contrario, no encaja, en cuyo caso, al estar exenta (regla general), debería tributar por Transmisiones Patrimoniales. El Abogado del Estado y la Comunidad de Madrid entienden que en la operación no concurren las condiciones del apartado a) del artículo 20.22 de la LIVA que determinaron la sujeción al IVA y sí las que se contemplan en el propio artículo, apartado 22, sobre la exención de las segundas y ulteriores transmisiones que quedan exentas de IVA y sujetas a Transmisiones Patrimoniales. El caso que nos ocupa es aquél en el que se adelanta el ejercicio de la opción de compra en el marco de un contrato de arrendamiento financiero; este ejercicio anticipado de la opción de compra sobre un inmueble resulta inherente a la propia naturaleza de los contratos de arrendamiento financiero, por lo que no habría de aplicarse la exención a efectos del IVA y la consiguiente sujeción de la operación al ITPyAJD. Y ello debido a que el adelanto del ejercicio de la opción de compra de un inmueble correspondiente a un leasing inmobiliario significa, en definitiva, el ejercicio de la misma, y no una segunda o ulterior entrega sujeta pero exenta de IVA y sujeta en consecuencia a la Modalidad Transmisiones Patrimoniales.
Resumen: La existencia de simulación ha de ser probada por la Administración Tributaria, siendo utilizable a tal efecto la prueba de presunciones, muy especialmente a la hora de acreditar los elementos subjetivos. El desdoblamiento de una única actividad empresarial en dos o tres sujetos y actividades diversas, a los efectos de obtener una menor tributación, sería admisible si respondiera a la realidad de la existencia de tales actividades separadas y titularizadas por personas distintas. Pero en el caso analizado por la Sala, los recurrentes no han aportado prueba que desvirtúe las conclusiones a las que llegó la Inspección, sin que las mismas puedan ser consideradas ilógicas, arbitrarias o carentes de sentido. En el ámbito tributario la consecuencia de la calificación de unas actividades como simuladas es el gravamen de los hechos imponibles efectivamente realizados. Una vez detectada la simulación, la Inspección liquidó el Impuesto de Sociedades, el I.V.A. y el I.R.P.F. correspondientes a la realidad de las operaciones realizadas. En cuanto a la sanción impuesta, declara el Tribunal que los actores han obrado con artificio y engaño para eludir obligaciones tributarias, lo que legitima la imposición de las sanciones que procedan por el no ingreso de las deudas que se liquidan, añadiendo que no estamos ante un supuesto de economía de opción ni de interpretación razonable de la norma sino de actuar culpable y fraudulento.
Resumen: En la sentencia se exponen las operaciones realizadas por la entidad recurrente y sobre las que pretende aplicar el régimen fiscal de fusiones, de neutralidad fiscal. Del análisis realizado declara que, la recurrente no ha probado que hayan existido motivos económicos válidos en la fusión, pues no hay reestructuración o racionalización o simplificación de estructuras empresariales, siendo de destacar que la Jurisprudencia STS de 19 de noviembre de 2014, RC 2305/2012, FJ4, exige que se "acredite de modo exhaustivo y escrupuloso que concurren razones que hacen conveniente y necesaria la operación". En suma, que la operación sólo tenía una nueva finalidad fiscal, la de compensar bases imponibles negativas, finalidad que la propia jurisprudencia excluye del referido régimen especial. Por otra parte, en relación con la falta de motivación de la valoración de los inmuebles afectados por las referidas operaciones societarias, declara que el método de comparación utilizado por el perito es válido a los efectos pretendidos, por cuanto el perito de la Administración se limitó a comparar los precios de mercado de otros inmuebles en la zona y asignar al inmueble objeto de la controversia un valor similar, siendo suficiente la referencia a los elementos de hecho y derecho que se acreditan en la valoración, describiendo los inmuebles y sus características, datos sobre los que realiza la valoración, por lo que se conocen los criterios de la mismas.
Resumen: Reducción de la base imponible. Requisitos. Principal fuente de renta. Determinar, a efectos de comprobar si la actividad económica desarrollada por la causante constituía su principal fuente de renta, en cuanto requisito exigido para el disfrute de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) LISD, cual es el año en que se han de tomar en consideración los rendimientos obtenidos por tal actividad. Similar a los RCA/6596/2017 y 420/2018.
Resumen: Se impugna liquidación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sanción relacionada. Se utiliza una sociedad para facturar servicios de una persona física. Se considera correcto el procedimiento y en cuanto al tema de fondo, la carga de la prueba en este caso compete al interesado y se desprende con claridad que la sociedad carece de causa dentro de la relación de servicios profesionales prestados por el recurrente. No se acredita que la sociedad tuviera medios materiales y humanos para la prestación de los servicios que determinan los ingresos y es el recurrente quien debe acreditar que los servicios personalísimos lo fueron de la persona física y no de la sociedad. Se analiza el tema de la simulación tributaria. Y la Jurisprudencia al respecto. En cuanto a la sanción, está perfectamente motivada la culpabilidad.
Resumen: En el presente caso, se impugna la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, en la que no se admite la deducibilidad de los gastos facturados por la entidad, por servicios prestados por sus empleados. En la sentencia se declara que la cuestión es puramente probatoria, al tratarse de la acreditación de dichos gastos, así como la realidad de los servicios prestados, amprados por las facturas emitidas. En este sentido, considera que, efectivamente, la entidad ha desplegado los medios probatorios que acreditan la realidad de los servicios prestados, por lo que las facturas recogen la realidad de los mismos. Por otra parte, trae a colación lo resuelto en relación con la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la que se reconoce el valor de dichas facturas. Por otra parte, declara que en todo caso, podría admitir que existen discordancias entre la documentación contable manejada por el perito -a la que se refiere en su demanda- y la aportada ante la Inspección por el propio recurrente, pero de este extremo no podemos deducir que existe error por parte de la Inspección, como pretende el perito y ahora la empresa. En definitiva entiende que la Administración no ha desvirtuado lo acreditado por la entidad, por lo que la Inspección debe recalcular la cantidad liquidada en el sentido patrocinado por la entidad recurrente. Por ello, también anula las sanciones impuestas.