Resumen: En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido la controversia se reduce a determinar la procedencia de la sanción tributaria impuesta y de los intereses. Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina en cuanto a la sanción impuesta teniendo en cuenta la falta de culpabilidad en el infractor y la ausencia de motivación en su imposición. Aun cuando no toda discrepancia en la calificación jurídica de un hecho produce el efecto de excluir el elemento culpabilístico, pues hay calificaciones insostenibles e irrecurribles, el ente sancionador está obligado a explicar motivadamente que, pese a la complejidad natural o buscada del hecho litigioso, la posición del eventual infractor es rechazable. Se descarta la tesis propuesta por el recurrente de que los intereses impuestos en la liquidación solo son procedentes por el plazo de un mes, pues desconoce la dinámica del Impuesto sobre el Valor Añadido que supedita el derecho a la deducción del impuesto a la previa repercusión del mismo.
Resumen: Incongruencia por error. Doctrina sobre la deducibilidad de las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración. Motivación de la culpabilidad en las infracciones tributarias. Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración:a efectos tributarios, para que sea considerada gasto fiscalmente deducible la remuneración de los miembros del Consejo de Administración debe estar fijada, en todo caso y sin excepción alguna, en los estatutos de la sociedad. Falta de motivación de la resolución sancionadora, en cuanto a la concurrencia de culpabilidad. El principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 CE no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable -como ha sucedido en el caso enjuiciado- o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 77.4 LGT (actual art. 179.2 Ley 58/2003), entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad.
Resumen: La Sala estima la pretensión del recurrente de anulación de la liquidación provisional dictada en el procedimiento de comprobación de valores. Si bien considera que el dictamen de peritos en que se basa la comprobación está motivado, sin embargo estima que la valoración de la Administración no se cerciora del estado real del inmueble y aplica parámetros no convenientemente individualizados. El dictamen tiene como premisas los datos descriptivos del inmueble consignados en la "ficha catastral" y relativos a superficie, estado, antigüedad, etc., datos que no fueron contrastados "in situ" por los peritos. Esta descripción de procedencia catastral, aunque vincule al sujeto pasivo del IBI y de IIVTNU, no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, pudiendo ser legítimamente desmentida al presentar la declaración o autoliquidación del ITPyAJD o del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues sus leyes reguladoras no imponen que la descripción catastral sea punto de partida preceptivo en el cálculo de la base imponible.
Resumen: En el presente recurso de casación en interés de ley, se estima la pretensión casacional y se establece la siguiente doctrina legal: "que no es de aplicación a los rendimientos percibidos como complementos de prestaciones públicas derivados de prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo, rendimientos satisfechos mensualmente por una compañía aseguradora y según la póliza de Seguro Colectivo concertada para tales casos, el régimen de las Rentas Irregulares." Por otra parte, consta voto particular donde se cuestiona la constitucionalidad del recurso de casación en interés de ley.
Resumen: La primera cuestión de esta litis se refiere a la ineludible obligación de la Administración de motivar los actos que dicta; en particular, los actos de comprobación de valores producidos en el seno de un procedimiento de gestión o inspección tributaria. Dicha obligación recogida, en particular, en cuanto a las liquidaciones tributarias en el artículo 102.1 e) de la LGT y respecto de la cual la jurisprudencia ha declarado que no se cumple con cualquier fórmula de estilo o estereotipada, ha sido incumplida, en el caso que nos ocupa, por dos veces. La comprobación de valores debe ser individualizada Y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y así aceptarlo, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, sólo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho. En definitiva, cuando la Administración tributaria recurre, como método de valoración, al dictamen de perito de la Administración , si bien amparado en precios medios de mercado, los cuales proceden, a su vez, de la utilización de diversos métodos, debe cumplir las condiciones exigidas al informe pericial. La sentencia es clara, ni se justifican los valores resultantes de los estudios de mercado, ni la aplicación de determinados coeficientes.
Resumen: Concurre en el presente caso la alegada incongruencia ex silentio y por error, en particular, en relación con la deducibilidad de la dotación a la provisión por depreciación de valores, así como de la deducibilidad de las inversiones que se dicen realizadas en publicidad, en la prospección de mercados en el extranjero, y por la pretendida adquisición de participaciones de sociedades extranjeras. En cambio, deben desestimarse las diversas pretensiones de deducibilidad planteadas por la recurrente.
Resumen: Determinación del sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados referido a los préstamos hipotecarios: la Sala mantenía desde 1988 con la normativa anterior, y desde 2001 con la ahora vigente, una jurisprudencia constante en la que se atribuía al prestatario el pago del referido impuesto, y las sentencias de la Sala de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, en las que, por el contrario, se consideraba al prestamista sujeto pasivo de dicho impuesto, suponían por tanto, y sin que se hubiera producido una previa modificación del corpus normativo aplicable ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos, un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, separándose así de la jurisprudencia reiterada de la Sala sin fundamento suficiente. La posición del Pleno en relación con el objeto litigioso es la de confirmar la jurisprudencia vigente hasta ahora en el sentido de que el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios regulados en el Título III sobre actos jurídicos documentados del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el prestatario, pues en un negocio complejo como el del préstamo con garantía hipotecaria, el negocio jurídico básico, razón de ser de toda la operación contractual, es el préstamo, resultando la garantía hipotecaria un negocio derivado.
Resumen: No es posible equiparar la aprobación de una Ordenanza con su mera modificación, a los efectos de la publicación íntegra de la misma. Nada puede objetarse al legislador cuando contempla la creación de una categoría de bienes inmuebles especiales, agrupando en ella a varios de éstos, atendiendo a su especificidad y a su peculiar naturaleza. Por ello es igualmente justificado el aumento del tipo de gravamen para este tipo de bienes, dada la trascendencia de los mismos, su afección a poblaciones o por revelar una mayor capacidad económica en el sujeto pasivo.
Resumen: Impuesto de Sociedades, ejercicio 1992. La recurrente lo que pretende es combatir la apreciación de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia. Son deducibles los gastos derivados de "atenciones a clientes que consistieron en pagar comidas de éstos y su estancia en hoteles", cuya realidad había sido aceptada en el acta de Inspección, sin que proceda la calificación como liberalidades, una vez acreditada la realidad del gasdto y el concepto en que se ha efectuado. La sentencia impugnada da una respuesta razonada al tema del fondo de pensiones, excesos de dotación y pérdidas patrimoniales relativas a los terrenos sitos en el término municipal de Gavá, sin que, de conformidad con la reglas que disciplinan la carga de la prueba, la parte recurrente haya probado en el recurso de instancia la realidad y deducibilidad de tales gastos, dotaciones y pérdidas. Así, en cuanto a los gastos de "Investigación y Desarrollo" y de "Apoyo a la Gestión", la recurrente, pese a los requerimientos de la Inspección obrantes en el expediente, no aportó justificación de la determinación del coste que, como consecuencia del contrato suscrito con la empresa matriz americana, se factura por la misma.
Resumen: El Tribunal de instancia, al anular las sanciones derivadas de la liquidación tributaria practicada, ni ha aplicado incorrectamente la presunción de inocencia, ni ha efectuado una apreciación jurídicamente erronea sobre los hechos aceptados como probados ni, ha infringido las reglas de la sana crítica, por lo que la valoración efectuada de los hechos no puede ser revisada.