• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL FERNANDEZ-LOMANA GARCIA
  • Nº Recurso: 388/2012
  • Fecha: 26/10/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En relación con la primera cuestión, la Sala, tras exponer los hechos de los que deriva la regularización por dicho concepto, considera que lo que la recurrente denomina "beneficio contable", es decir la cantidad de 33.932.679,41 € y no la denominada "incremento de patrimonio fiscal" de 31.463.300,75 €. Es decir, que a la hora de fijar el beneficio obtenido por la enajenación del inmueble, la entidad recurrente debió tener en cuenta también la amortización acumulada de 2.022.948,65 € por depreciación de la construcción que correspondía al tipo del 4% durante el periodo 5 de agosto de 1997 (fecha de la adquisición) a 1 de octubre de 2002 (fecha de inicio de la contabilidad del establecimiento permanente), pues sólo teniendo en cuenta dicha amortización era posible calcular el valor neto contable de los activos enajenados; sin que exista discriminación al respecto, al tratarse de ajustes al valor de adquisición. La entidad pretende que se le permita la deducción de las amortizaciones aplicadas en el anterior concepto regularizado, sin embargo, la Sentencia acoge el criterio de la resolución impugnada, al no estar ante un supuesto de sobreimposición. No se admite el motivo sobre la segunda de las cuestiones, pues la Sala considera que no existe una reinversión en el sentido requerido por la norma fiscal, pues la actora se ha limitado a adquirir acciones de las que ya era propietaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Logroño
  • Ponente: LUIS ANTONIO LOMA-OSORIO FAURIE
  • Nº Recurso: 535/2009
  • Fecha: 23/12/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Existiendo únicamente las facturas como prueba de los supuestos servicios, pero habiéndose acreditado, incluso a través del reconocimiento del propio emisor de las mismas, la irrealidad de parte de los servicios que en ellas se citan, a pesar de la adecuada declaración y contabilización de las facturas, unida a su posesión, el derecho a la deducción a los efectos de IVA e Impuesto de Sociedades decae cuando existen pruebas suficientes que acreditan la falta de efectividad de las operaciones subyacentes. En definitiva, la documentación carece de virtualidad probatoria del gasto y no puede servir de base para justificar una deducción por gastos a efectos del Impuesto sobre Sociedades ni del IVA soportado por los mismos, al no quedar suficientemente demostrada la efectiva prestación de los servicios por parte de las entidades emisoras de las facturas. En cuanto a la sanción impuesta, la Sala la confirma, señalando que la actora no puede ampararse en una falta de culpabilidad puesto que resulta capital la connivencia entre empresa emisora y empresa receptora o destinataria de una factura que no cumple con los requisitos que exige la normativa que los Tributos tanto directos como indirectos a los que está sujeta exigen, subrayando que ello dio lugar a la perfección de la infracción tributaria grave ya que dicho perverso efecto se consiguió mediante la deducción de partidas que, pese a tener soporte contable, carecían de la cualidad de ser fiscalmente deducibles.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FELISA ATIENZA RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 143/2007
  • Fecha: 16/09/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia confirma el criterio seguido por la resolución impugnada que condiciona la aprobación del Plan Especial de Amortización, a que por parte de la entidad se reclasifiquen determinados elementos patrimoniales inculidos en determinados grupos. Considera la Sala que, el edificio, en tal sentido, debe considerarse como una instalación técnica compleja y, por tanto, constituye un único elemento susceptible de amortización, pues lo que caracteriza a las instalaciones complejas especializadas, desde el punto de vista de la amortización, no es el hecho de que agrupen un conjunto de elementos sino de que, dada la ficción de unidad y la pérdida de sustantividad de sus componentes, impongan o atribuyan unos elementos de cálculo de la amortización distintos a los de sus componentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO
  • Nº Recurso: 349/2005
  • Fecha: 10/05/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actividad empresarial de un promotor inmobiliario está integrada tanto por la típica venta voluntaria de pisos para obtener la rentabilidad propia de tal negocio, como por la venta forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas generadas en dicha actividad, pues la misma implica no sólo la obtención de ingresos sino también la obligación de pagar las deudas, soportando, en su caso, cuando no se pueda atenderlas voluntariamente, la ejecución forzosa del patrimonio, de modo que venta voluntaria y venta forzosa no son sino las dos caras de la misma actividad empresarial. Siendo las doctrina correcta la que establece que la venta efectuada mediante subasta judicial de bienes de una entidad empresarial está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, en los términos expresados, procede la estimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 387/2007
  • Fecha: 28/10/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sobre la deducibilidad de los pagos realizados por la entidad, derivados de su compromiso asumido con otra entidad, derivados del ejercicio de la opción de compra de acciones en favor de los empleados, la Sentencia declara que, no existe convenio alguno que imponga a la filial española asumir el coste del ejercicio de las opciones de compra por parte de los trabajadores, y los documentos invocados por la actora como acreditativos de la existencia de un convenio tácito en similares términos, a saber, una carta de la entidad dirigida a los trabajadores denominada "Opción de compra de acciones no limitada/condicional", una "Declaración" firmada por el trabajador, y el documento anexo "Términos y condiciones", no reflejan en forma alguna el compromiso antes reseñado. La Sentencia declara que los pagos realizados son una remuneración en especie, categoría expresada de los rendimientos del trabajo, lo que permite llegar a la conclusión de que lo que anteriormente estaba implícito o englobado en una fuente de renta genéricamente considerada, ahora se ubica de manera explícita entre los rendimientos del trabajo, y que consiguientemente ya lo era en el estado anterior a esta previsión explícita, pues la nueva regulación no supone una ruptura sustancial del régimen y naturaleza de estos rendimientos que permitiese llegar a la conclusión contraria, sino que, por el contrario, se limita a partir de la base de una institución preexistente y a darle su encaje legal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIO FRIAS PONCE
  • Nº Recurso: 1432/2018
  • Fecha: 04/06/2018
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Precisar la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que consiste en determinar si con sustento en el artículo 13 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Inspección de los tributos puede desconocer actividades económicas formalmente declaradas por personas físicas, atribuir las rentas obtenidas y las cuotas del impuesto sobre el valor añadido repercutidas y soportadas a una sociedad que realiza la misma actividad económica que aquéllas, por considerar que la actividad económica realmente realizada era única y correspondía a esa sociedad, bajo la dirección efectiva de su administrador, y, finalmente, recalificar como rentas del trabajo personal las percibidas por las mencionadas personas físicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIO FRIAS PONCE
  • Nº Recurso: 280/2013
  • Fecha: 12/03/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El presente caso se circunscribe a determinar si, en el ejercicio 2003, la transmitente de las fincas rústicas objeto de compraventa tenía o no la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para lo cual la Sala recuerda que nuestra normativa interna tiene que interpretarse de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, que considera insuficiente que la transmisión se realice por una sociedad mercantil, exigiendo que la transmitente tenga la condición de empresario.Por otra parte, las propias características de las parcelas transmitidas obligaban a entender que no estaban afectas al patrimonio empresarial de la sociedad vendedora, por lo que la operación realizada no podía estar sujeta al IVA, sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como entendió correctamente la Sala de instancia, al señalar que sólo están sujetas al IVA las transmisiones de inmuebles que se realizan por empresarios o profesionales, en el ejercicio de su actividad económica, respecto de bienes que integran el patrimonio empresarial o profesional, agregando que en este recurso no consta prueba ni alegación alguna del carácter de empresario del vendedor.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 414/2011
  • Fecha: 16/10/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si la donación realizada por una entidad, la recurrente, a la Asociación Diocesana de Niza, residente en país perteneciente a la Unión Europea, es deducible del Impuesto sobre Sociedades en España. En la Sentencia se trae a colación una Sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre un caso idéntico, declarando que, en la medida en que la posibilidad de obtener una deducción fiscal puede influir significativamente en la actitud del donante, la no deducibilidad en Alemania de las donaciones efectuadas en favor de organismos de utilidad pública reconocida cuando están establecidos en otros Estados miembros puede afectar a la disposición de los contribuyentes alemanes a efectuar donaciones en su favor, por lo que la adopción de una medida así supondría una restricción a la libre circulación de capitales. Por otra parte, indica que, la propia Administración trae a colación el régimen jurídico-fiscal de estas donaciones, en el marco de la actividad administrativa de fomento, contenido en el artículo 16 de la Ley 49/2002, del Mecenazgo, que se remite, en su disposición adicional novena, a los acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, a fin de establecer -y excluir territorialmente- las entidades beneficiarias del tratamiento protector que la Ley dispensa, lo que nos lleva a concluir que, en la tesis de la Administración, la radicación en Francia y no otra consideración acerca de las características y fines de la donataria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA
  • Nº Recurso: 311/2009
  • Fecha: 18/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia señala, primero, que el contribuyente aducía como motivo único de su demanda la carencia absoluta de pruebas de la falsedad de las facturas, que era el sustento de las resoluciones tributarias impugnadas. Segundo, que en el expediente administrativo ya existía prueba suficiente que fundamentaba la resolución administrativa recurrida y, por ende, de ahí derivaba su plena adecuación a Derecho, ocurriendo que incluso esa prueba se había visto reforzada en el juicio con la práctica de determinada prueba testifical. Tercero, que la Administración había probado de manera suficiente el sustento del acto administrativo, es decir, la falsedad de las facturas, sin que el contribuyente lo hubiera desvirtuado. Cuarto, que la prueba a que la sentencia se refiere no eran suposiciones, que es lo que el contribuyente aducía, sino que lo que ocurría en el caso era que la Administración, partiendo de indicios indubitados y datos acreditados, a través de un discurso lógico y razonado había llegado a unas conclusiones absolutamente correctas. Quinto, que esa conclusión la reafirmaba el resultado de la prueba testifical practicada en el juicio en relación a un supuesto contratista de obras de reparación en la entidad mercantil del caso, quien aseguraba no haber realizado encargo ni trabajo alguno para la entidad contribuyente del caso y que tampoco conocía su administrador y, sexto,que no se toma en cuenta la declaración como testigo del administrador de la contribuyente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO
  • Nº Recurso: 411/2005
  • Fecha: 17/05/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión litigiosa, que se centra en determinar si la venta efectuada mediante subasta judicial de bienes de una entidad empresarial, está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido o al de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ya ha sido resulta en la sentencia de esta Sala de 3 de julio de 2007, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, favorable a la tesis del ahora recurrente en el sentido de considerarla sujeta a IVA.