Resumen: Aún cuando el procedimiento tributario se haya iniciado mediante una autoliquidación en el supuesto de que la misma, como consecuencia de la actividad inspectora, haya dado lugar a una liquidación practicada por la Administración, ahí termina el recorrido de las consecuencias en cuanto a la mora del sujeto pasivo del tributo, de modo que si esta liquidación administrativa es a su vez anulada en la vía económico-administrativa o jurisdiccional ya no será posible imputar el retraso consecuente en el pago de la deuda tributaria al contribuyente sorprendido por la ilegalidad cometida por la propia Administración, doctrina que produce el efecto de fijar como día final del cómputo de los intereses de demora el de la fecha en la que el Inspector Jefe dictó la liquidación definitiva después anulada por el TEAR de Cataluña, esto es el 15/02/1996. Los intereses suspensivos exigidos en este caso lo fueron como consecuencia del tiempo que permaneció suspendida la deuda tributaria a raíz tanto de una reclamación económico-administrativa (interpuesta el 8/03/2000) como de la sustanciación de un recurso de alzada (presentado el 29/03/ 2004) deducido por el contribuyente. Ello supone, la expresión de la aplicación de la norma vigente al supuesto que nos ocupa, sin que quepa hablar de discriminación al resultar la nueva normativa mas beneficiosa para aquellos que se someten a su imperio, y teniendo en cuenta el artículo 9 de la Constitución, sobre irretroactividad de las normas.
Resumen: En el supuesto de autos se dictó acuerdo liquidatorio de fecha 21 de junio de 2010, por el que se giraba liquidación relativa al IVA, periodo de 1 de abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005, en la que resultaba una deuda tributaria total de 321.698,61 euros. (247.891,72 de cuota, y 73.806,89 de intereses). La cantidad de 247.891,72 de cuota total a ingresar por acta a su vez se desglosa en las siguientes cuantías: para el 2º, 3º y 4º trimestre de 2003, una cuota de 49.916,12 euros; para 2004, una cuota de 105.287,75 euros y para 2005, una cuota de 92.687,99 euros. A pesar de que las cuantía referidas superan el umbral cuantitativo legalmente establecido por la Ley, ninguna de las cuotas trimestrales devengadas en esos periodos impositivos supera razonablemente el límite establecido legalmente, pues esta Sala ha declarado reiteradamente, conforme a lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Impuesto que el período de liquidación del IVA es trimestral o mensual según los casos, por lo que a este periodo de liquidación habrá de estarse para determinar el importe del recurso de casación, de modo que distribuyendo el importe total de la liquidación anual practicada trimestralmente el importe de cada uno de ellos es razonablemente inferior a los 30.000 euros, sin que la parte recurrente haya demostrado, tal y como le correspondía, que alguna de las cuotas a ingresar por acta de liquidación trimestral supere el límite casacional por razón de la cuantía.
Resumen: La Sala entiende que no existen razones suficientes para considerar la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en las leyes 48/2002, de 23 de Diciembre, del Catastro Inmobiliario, y 51/2002, de 27 de Diciembre, de reforma 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , que ordenan y catalogan a los bienes de características especiales, pues se trata de una opción del legislador, que ha querido seleccionar un grupo de bienes, distinguiéndolos de los restantes, al estar revestidos de una especial caracterización, bien por su implicación en sectores estratégicos, bien por su adscripción a un servicio público básico, sin que ello contravenga el principio de igualdad, al encontrarnos ante supuestos de hecho disímiles, sin que los ejemplos citados como omitidos resultan equiparables a los especificamente contemplados, no estando sujeto el legislador a criterios o configuraciones previsas, y los otros casos nunca podrán tener la consideración de bien inmueble de características especiales por no reunir los requisitos legales exigidos. Finalmente, y en cuanto a la capacidad municipal de fijar razonadamente los tipos impositivos, ello se ampara en el principio de autonomía municipal de manera que los Ayuntamientos dispongan de una mayor capacidad y margen de decisión, dentro de los límites legalmente definitivos.
Resumen: El recurrente pretende que se plantee por el Tribunal cuestión de inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 48/02, del Catastro Inmobiliario, por entender que en atención a los parámetros utilizados por dicho precepto para fijar el valor catastral se incurre en doble imposición con el IAE y el IC/O. El TS considera que no ofrece dudas razonables a la Sala la adecuación de dicho precepto legal al texto Constitucional, dada la inequívoca diferenciación de los respectivos hechos imponibles gravados por los tributos mencionados, con independencia de que una misma materia imponible puede ser gravada por distintos tributos, no estimándose procedente suscitar cuestión de inconstitucionalidad alguna sobre el particular.Será cuando se fije el valor catastral cuando se podrá por los cauces procesales oportunos cuestionar la adaptación de las normas legales reguladoras a la Constitución, debiendo recordarse que se estableció un periodo transitorio durante el que se mantiene el valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales y las reducciones en la base imponible para los bienes catastrados
Resumen: El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado frente a la SAN que estimó parcialmente, con anulación de la sanción, el contencioso-administrativo planteado frente a la liquidación y sanción en relación al IVA del ejercicio 2000. No cabe justificar una conducta dolosa por las circunstancias subjetivas del obligado tributario, sino ponderar en cada caso si la interpretación de la norma tributaria incumplida que ha realizado el obligado tributario puede entenderse como razonable. La presunción de inocencia impide razonar la culpabilidad por exclusión, mediante la afirmación de que no se aprecia una discrepancia interpretativa razonable. Que la norma tributaria sea clara no permite imoner automáticamente la sanción. Puestas de manifiesto las dudas sobre la naturaleza del contrato origen de la regularización, en ningún caso puede entenderse que haya existido actuación culposa que permita imponer sanción. El defecto de motivacón de las Resoluciones sancionadoras no puede ser subsanado por los órganos jurisdiccionales. Es rechazable que pueda negarse que la sociedad recurrente haya hecho una interpretación razonable por el simple hecho de que tenga "experiencia", disponga de "suficientes medios" y esté "asistida de profesionales jurídicos".
Resumen: El único motivo en el que se funda el recurso es la consideración por parte del Abogado del Estado, y frente a lo que mantiene la resolución impugnada, de que sí existía responsabilidad subjetiva o negligencia en la conducta de la entidad, expresamente tipificada en el art. 79 a) de la LGT, y, por tanto, que ésta era merecedora de sanción. Debe señalarse al respecto, amparados en una constante y reiterada doctrina jurisprduencial, que la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia en relación con la culpabilidad es, en muchas ocasiones -no siempre-, una cuestión puramente fáctica, y, por ende, no revisable en esta sede salvo en los supuestos tasados.
Resumen: Constituye una dilación imputable al contribuyente que, ha de descontarse del cómputo del plazo de duración de las actuaciones de comprobación e inspección (art.29 Ley 1/98), el retraso en el suministro de la información requerida por la Inspección, por muy complicados que resultasen los antecedentes recabados, pues se trataba de informaciones inherentes a la actividad de la entidad; sin que el contribuyente haya dejado protesta en los diversos requerimientos efectuados; tratándose además de información relevante y aún cuando no se haya señalado plazo para verificar el requerimiento que fue recordado y reiterado en diversas ocasiones. La prórroga del plazo inicial de quince días previsto en el art. 56.1 del RGIT para presentar el escrito de alegaciones al acta de disconformidad supone un desplazamiento temporal de la resolución del procedimiento que es "atribuible" al contribuyente, por lo que debe excluirse del cómputo para respetar la duración del periodo legal de la actuación inspectora. Las cantidades satisfechas a los clientes por realizar en la entidad bancaria los pagos de sus deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social constituyen una cesión a terceros de capitales propios que debe ser considerada un rendimiento de capital mobiliario a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (art.31.Uno y 37.Uno, apartado 2, de la Ley 18/1991) sin que tenga trascendencia alguna la finalidad perseguida por la entidad financiera con tales bonificaciones.
Resumen: En el Impuesto de Rentas del Capital se plantea, en relación a la base imponible, el tema de la determinación del importe de la contraprestación que la sociedad recurrente abona a su matriz por los servicios de asistencia técnica recibidos. La Sala para desestimar el recurso de casación arguye, en primer término, que en la interpretación del alcance de los contratos y negocios jurídicos debe prevalecer, salvo supuestos excepcionales, la apreciación del órgano jurisdiccional de instancia. En segundo lugar, señala que la cuestión suscitada ya ha sido resuelta, en cuanto al fondo, con anterioridad considerando que los términos del contrato y sus modificaciones no dejan lugar a dudas en el sentido de que la base del 4% fue aminorada por voluntad de los contratantes y a su contenido ha de aplicarse la legislación correspondiente que reconoce, como base imponible, los importes satisfechos a su sociedad matriz o dominante por sociedades españolas vinculadas, en contraprestación de los servicios de apoyo a la gestión recibidos, en tanto figuren establecidos contractualmente y se correspondan con la utilización efectiva de dichos servicios. En definitiva, las normas interpretativas de los contratos llevan a considerar producida una aminoración de la contraprestación contractual (primero del 0,8% y luego 1%) como consecuencia de las modificaciones introducidas en el acuerdo inicial.
Resumen: La doctrina de la Sala en materia prescriptiva es esta: "Si el momento en que se cierra el período temporal durante el que ha estado inactiva la Administración tributaria es posterior al 1 de enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable es el de 4 años ". Deben rechazarse las pretensiones de la recurrida cuando alega nulidad de la actuaciones de Inspección Tributaria al haber sido dictadas con desconocimiento u omisión de las normas de procedimiento que las regulan, pues debe estimarse que el incumplimiento del principio de continuidad es tan solo una mera omisión formal no determinante de invalidez. En cuanto a la cuestión competencial planteada en torno al actuante de la liquidación girada, la Sala entiende que la Presidencia de la Agencia Estatal Tributaria tiene habilitación suficiente para atribuir a los Adjuntos al Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, la condición de Inspector Jefe. En cuanto a la cuestión de fondo, se discute en el presente recurso si existe o no obligación de practicar retención por el concepto de rendimientos de capital mobiliario, por los beneficios devengados como consecuencia de las operaciones contenidas en las Libretas. En aplicación de la doctrina mantenida por la Sala, hay que calificar la operación como de contrato de imposición de capital, sin perjuicio de que deba admitirse la existencia de un contrato de seguro que cubre un mínimo riesgo y actúa como garantía de la operación principal
Resumen: A la luz de la doctrina de esta Sala, reconociendo la compañía recurrente que los terrenos transmitidos por «Tres Islas» no estaban afectos a ninguna actividad empresarial y que no concurrían los requisitos legalmente exigidos para calificar la actividad de compraventa de terrenos efectuada por dicha sociedad como actividad empresarial, el único motivo de casación articulado en el presente recurso no puede prosperar, siendo innecesario examinar las demás razones que esgrime para sustentarlo, porque el beneficio fiscal del diferimiento por reinversión no era aplicable a las rentas obtenidas por la transmisión de los terrenos en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2001.