Resumen: En el recurso de instancia se trataba de determinar si los rendimientos obtenidos por una sociedad transparente dedicada a la venta y a la promoción inmobiliarias como consecuencia de la enajenación de un solar a una compañía con la que está vinculada deben considerarse producto de su actividad empresarial, como entendió la sentencia, o si de trata de un incremento de patrimonio. La Sala confirma que las ganancias obtenidas por Inmobiliaria Gonzalo Rupérez, S.A., por la venta de un solar a Fegonant, S.L, constituían rendimientos de una explotación económica, por lo que, al realizarse entre sociedades vinculadas, el valor que debe atribuirse a la operación es el que se habría acordado en condiciones normales de mercado entre personas independientes, tal y como indica el artículo 16.3 de la Ley 61/1978, sin que, por no tratarse de un incremento de patrimonio, procediese aplicar el artículo 15.5 de la misma Ley. La otra cuestión es si la Administración puede valorar una misma operación de distinta manera en función del tributo de que se trate. Afirma la Sala que no puede actuar la doctrina de los actos propios porque la Administración no estaba obligada a tasar la operación de igual forma para el impuesto sobre sociedades y para el que grava el valor añadido.
Resumen: Se interpone un Recurso de casación en interés de ley contra la STSJ de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de octubre de 2009 que anula los acuerdos de liquidación y sanción dictados tras la anulación de otros actos anteriores por entender que no cabe una segunda liquidación. Estimando el recurso se declara como doctrina legal: "La estimación del recurso contencioso administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia Sentencia." Existen tres votos particulares: 1º. reconocer la potestad de reiteración de los actos anulados, siempre que no prescriba el derecho a liquidar pero sin reconocer eficacia interruptiva al acto anulado. 2º.una vez que se anula un acto tributario, éste ha de quedar definitivamente expulsado del ordenamiento sin que sea por tanto admisible su reiteración y todo ello con independencia de la naturaleza del vicio o defecto que dió lugar a su anulación. 3º. Debería haberse inadmitido el recurso porque la posibilidad de rectificar la liquidación nunca estuvo en el debate.
Resumen: El recurso de casación queda limitado al extremo referente a la sanción. No se ha producido ni en vía administrativa ni en la jurisdiccional, la valoración de los específicos hechos que configuran la infracción tributaria sancionada, que es lo que pone de relieve la concurrencia del elemento culpabilístico de la infracción cuestionada. Al no haberse hecho así se ha infringido la doctrina citada en las sentencias de contraste.
Resumen: La tesis de la Inspección de los Tributos, ratificada por la sentencia recurrida, consiste en entender que superándose los límites establecidos el sujeto pasivo viene obligado a darse de baja en el epígrafe 501.3, incluido en el régimen de estimación objetiva del IRPF y en el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido, y darse simultáneamente de alta en el epígrafe 501.1, excluido de dichos regímenes, lo que debe producir efectos en el mismo ejercicio (2006, en este caso). La tesis de las sentencias de contraste es que los efectos en esos regímenes deben posponerse hasta el ejercicio siguiente. Pues bien, el artículo 10.1 del Real Decreto 243/1995 de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto establece: «la declaración de baja o de variación, referente a un período impositivo, surtirá efecto en la matrícula del período impositivo inmediato siguiente». Es claro pues que, a los efectos del IAE, superar en el ejercicio 2006 los límites de la «nota» al epígrafe 501.3 no impedía seguir considerando al sujeto pasivo matriculado en ese epígrafe durante todo el ejercicio, por lo que cabe perfectamente sostener que los efectos de la superación de los precitados límites se deban posponer al ejercicio siguiente en el IRPF y el IVA.
Resumen: La Sentencia, tras recoger el criterio jurisprudencial sobre el concepto de rama de actividad a la luz de la normativa mercantil nacional y europea, analizada la operación llevada a cabo por la recurrente, declara que, no ha quedado probado que la actora hubiera cedido una actividad económica autónoma de arrendamiento, bien sea con la infraestructura empresarial necesaria para su continuación como tal actividad, bien con la posibilidad de su desarrollo en la cedida, al no reunir o concurrir las circunstancias, antes expuestas, para dicho desarrollo empresarial, pues la actora carecía de las mismas, retrotrayendo la fecha de inicio de la actividad en la que se dio de alta a primeros del mes en el que se dio de alta en el correspondiente Epígrafe, días antes de finalizar el ejercicio fiscal. Confirma la valoración a precio de mercado de la aportación no dineraria realizada, al haberse aplicado los arts. 15 y 16 de la LIS, estando motivada la valoración practicada. En relación con la exclusión del cómputo de los intereses de demora del tiempo excedido por la Administración en resolver, se remite al criterio jurisprudencial sobre el ámbito temporal de aplicación de la vigente Ley General Tributaria.
Resumen: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid que, a su vez, estimó la reclamación formulada por la entidad Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio contra el Acuerdo de liquidación dictado por la Oficina Técnica de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que confirmaba la propuesta de regularización contenida en el Acta de disconformidad incoada a la citada sociedad en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, periodo 1995. Desestimación, pues la interpretación y calificación jurídica de los contratos corresponde a los tribunales de instancia, salvo que aquellos hayan incurrido en arbitrariedad, ofreciendo un resultado ilógico, contradictorio o contrario a algún precepto legal. Además, la exención del impuesto sobre el valor añadido y su sujeción al de transmisiones patrimoniales no alcanza a las cesiones realizadas por el promotor de la urbanización si los terrenos están urbanizados o en curso de urbanización, comprendiendo éstos los suelos en los que existen operaciones materiales para su transformación en urbano y que, por lo tanto, ya se han incorporado al proceso de producción de edificaciones.
Resumen: Debe rechazarse el primer motivo planteado por el Abogado del Estado, en el cual se defiende la inexistencia de doble imposición tributaria al obligado tributario, cuando sin embargo, es patente que la pretensión de la Administración de cobrar por las cuotas indebidamente deducidas, y además con sus intereses, con independencia de la regularización sobre la base de la sujeción al Impuesto sobre Transmisiones, conduce a una situación totalmente injusta, con el consiguiente perjuicio para el adquirente, en cuanto comporta una doble tributación por unas mismas operaciones que sólo puede ser reparada si al final se consigue la devolución del IVA. En segundo lugar, y en cuanto al segundo de los motivos de casación, esta Sección tiene ya una consolidada doctrina reconociendo legitimación al repercutido para solicitar la devolución.
Resumen: La aplicación de la opción por el régimen especial establecido en el art. 108 de la Ley 43/1995 depende, ciertamente, de la sola voluntad del sujeto pasivo pero siempre que se cumpla el requisito de la comunicación a la Administración Tributaria competente con carácter previo a la inscripción de la correspondiente escritura. La comunicación se configura como un requisito para la aplicabilidad del régimen especial pretendido, no como una obligación formal posterior al solo efecto de facilitar a la Administración el conocimiento de un acto de trascendencia fiscal. Doctrina de la Sala.
Resumen: La Sentencia partiendo de lo establecido en el artículo 12 del Convenio suscrito entre España y Estados Unidos, así como la modificación introducida por la Ley 46/2002, declara que, de la lectura de sus preceptos, se aprecia que, a diferencia del panorama anterior, sí existe en relación al concepto de cánones una enumeración específica de los conceptos que tienen tal consideración, incluyéndose los derechos sobre programas informáticos en epígrafe separado de los derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas. Esta diferenciación, o mención específica, en el texto normativo entre, por un lado, los cánones por el uso o la concesión de uso de derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y, por otro, los derechos de uso sobre programas informáticos, dio lugar a que la Inspección entendiera que ambas categorías de cánones no resultaban automáticamente asimilables desde el punto de vista fiscal, de tal forma que los derechos de uso de programas informáticos no constituían ni derechos sobre obras literarias, ni sobre obras científicas, lo que permitía afirmar que los cánones satisfechos por tales derechos no entraban dentro de las letras a) o b) del Convenio con los Estados Unidos y, al no estar específicamente definidos, caían dentro de la órbita de la letra c) del citado Convenio que establece el tipo de gravamen del 10% previsto para todos los supuestos no especificados.
Resumen: En el presente caso, la Comunidad de Madrid consideró que la operación quedaba sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, ya que no le constaba la existencia de la renuncia a la exención del IVA por parte del transmitente, criterio que rectificó al acreditarse la existencia de la renuncia a la exención del IVA mediante documento privado entre las partes, lo cual sujetaba la operación al IVA y al gravamen de Actos Jurídicos Documentados. La sentencia recurrida centra la cuestión litigiosa exclusivamente en si el tipo aplicable a la operación realizada, en lo que hace al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, es el básico o general del 0'5% o es el incrementado del 1'5%. Hay que entender que la Ley 24/1999 de la Comunidad de Madrid lo que lógicamente quiso establecer, aunque con redacción ciertamente anfibológica, es la necesidad de aplicar el tipo incrementado del gravamen de Actos Jurídicos Documentados en aquellas segundas o ulteriores transmisiones de inmuebles en las que conste de forma expresa la renuncia a la exención del IVA, excluyéndose, en consecuencia, la aplicación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.