Resumen: La sentencia declara que la condonación de rentas de alquileres no supone un gasto deducible al responder a una mera liberalidad. En relación con el pago de gastos a favor de terceros, la sentencia declara que, los gastos en favor de terceros, que debían soportar el mismo, no pueden imputarse "fiscalmente" a la recurrente, pues dichos gastos redundaron en beneficio de dichas empresas, quienes si hubiera sufragado los mismos hubieran podido beneficiarse de su deducibilidad. Sobre la cuestión de la subcapitalización aplica la normativa comunitaria sobre la procedencia de esta forma de financiación de las empresas. Sobre el concepto de gastos extraordinarios, acude al principio de carga de la prueba, y en concreto, a la necesidad de la existencia de factura que acredite dicho gasto. Se anula la sqanción por falta de culpabilidad.
Resumen: La cuestión relativa al tratamiento fiscal de la cesión de usufructo de obligaciones bonificadas ha sido resuelta por esta Sala en numerosas ocasiones. Hay titulares de los préstamos (entidades bancarias y aseguradoras) que no disfrutan de la bonificación legal, y esta diferencia entre unos y otros titulares comporta inexorablemente que los usufructos que eventualmente se constituyan sobre dichos títulos, los suscritos por entidades bancarias y aseguradoras, no gocen de idénticos derechos a los que disfrutan otros titulares de estos mismos títulos. Tampoco se ha producido una transgresión de la Disposición Transitoria Tercera, apartado 2 de la Ley 61/78, pues la interpretación dada por la sentencia se limita a aplicar una excepción, que la misma norma contempla, a la bonificación que con carácter general se formula. Tampoco se puede sostener que se haya producido una vulneración del artículo 25.3 de la L.G.T. en relación con el 9.3 de la Constitución Española pues es patente que la bonificación es un fruto civil distinto de los intereses, tanto por su origen como por su contenido. El hecho de que la bonificación se perciba con ocasión de la percepción de los intereses no puede conducir a la identificación de ambos frutos (intereses y bonificación), que es lo que constituye, en definitiva, la tesis del recurrente.
Resumen: La cuestión que se plantea en el presente caso, es la deducibilidad o no de los intereses generados por un préstamo participativo con el fin de paliar el déficit del patrimonio neto de la sociedad, pues la entidad en el ejercicio 2006 la recurrente adquirió participaciones propias y redujo capital abonando a sus accionistas un importe superior a las aportaciones recibidas por las acciones, lo que implica que mediante la fórmula de adquisición de acciones realiza, además, una distribución de reservas. La sentencia tras exponer lo establecido en el artículo 14.1.a, del TRLIS, confirma el criterio de la Administración, que parte de la realidad económica que se genera cuando las sociedades adquieren acciones propias para reducción de capital por importe superior a su valor nominal, y, al no tener reservas suficientes para aplicar en esta operación, deben crear una cuenta de reservas con saldo negativo que minora sus fondos propios. Se asimila económicamente esa reserva, a resultados que se generarán en el futuro por la sociedad, por lo que esa adquisición de acciones propias representa, en parte, la satisfacción anticipada a los socios "salientes" de beneficios futuros. Considera que los intereses de los préstamos participativos han de calificarse de retribuciones de fondos propios, por lo que de conformidad con las normas fiscales de aplicación, no son deducibles como gastos fiscales.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra las resoluciones del TEAR que desestiman la reclamaciones económico administrativas interpuestas contra una sanción impuesta en relación con el Impuesto sobre Sociedades y contra una liquidación practicada por el mismo concepto y acuerda anular el acto de liquidación impugnado que deberá ser sustituido por otro en el que se elimine la parte correspondiente a un ejercicio y se recalculen los intereses de demora y anula el acuerdo sancionador impugnado y en el mismo sentido con respecto al IVA y tras rechazar los defectos formales invocados, dado que a la vista del contenido y regulación de la actas de disconformidad, se concluye que no se advierte, ningún cambio de calificación, ni error alguno que justificara en este caso la concesión de un nuevo plazo de alegaciones, dado que se expresaba con toda claridad la falta de justificación de los conceptos facturados, omisión de prueba que persiste en el presenta recurso, ni se señalan de qué pruebas se ha visto privada la recurrente, la cual no ha justificado que se le haya causado indefensión por una eventual omisión indebida del trámite de alegaciones, por lo que no se aprecia la existencia de indefensión como determinante para la retroacción de actuaciones.
Resumen: Se impugna liquidación por Impuesto sobre el Valor Añadido. Se reclama la deducción de cuotas soportadas por la actividad de abogado, consistentes en adquisición de inmueble, trastero, garaje y gastos de decoración para despacho así como suministros. Se examina la normativa aplicable, teniendo en cuenta que la carga de la prueba de la evidencia y finalidad de los gastos corresponde al interesado. Se admiten los gastos de suministro del inmueble y de adquisición de material de oficina porque fueron admitidos en la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que guarda íntima conexión en su vertiente de actividades económicas con el Impuesto sobre el Valor Añadido, pero no el resto , pues no ha acreditado que el inmueble se dedique a su actividad profesional, no constando visitas de clientes ni evidencias de actividad empresarial alguna.
Resumen: Se impugna liquidación y sanción por IVA y liquidación y sanción por IS. Se cuestiona en primer lugar el plazo de duración de las actuaciones inspectoras, y en concreto, la posibilidad de ampliación, constando acuerdo en tal sentido, pero se examina la motivación de esta decisión en concreto. Se examina el concepto de especial complejidad, y las fechas en particular, de modo que solo se excluye un periodo imputable al interesado. Esto conduce a considerar prescrito el derecho a practicar liquidaciones para el periodo de 2005, tanto de IVA como de IS.No lo está el IVA del cuarto trimestre de 2006 ni el IS. En relación a estos, se examina si son deducibles o no los importes facturados por los trabajadores autónomos y se examinan los requisitos para deducir un gasto y carga de la prueba, concluyendo que son ajustadas a Derecho las liquidaciones no prescritas, y también las sanciones que están debidamente motivadas.
Resumen: Se planteaba la cuestión de si una determinada transmisión (de una plaza de aparcamiento) estaba o no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujeta, por tanto, al de Transmisiones Patrimoniales. Tras constatar la Sala que el contribuyente no renunció a la exención del IVA, y señalar que el hecho de que la adquisición se efectuase para la sociedad de gananciales no tiene por qué afectar al destino empresarial del bien, se concluye en la sentencia que a falta de otra mención, la adquisición ha de reputarse con estrictos efectos patrimoniales, pues no señalaban las partes en el contrato cual era la función del bien ni su conexión con las actividades del recurrente. Por otra parte, la renuncia a la exención está sujeta a condiciones también para el transmitente que vienen claramente determinadas en los preceptos legales aplicables y cuya incomprensión no desvirtúa la obligatoriedad de su cumplimiento más aún cuando se pretende la aplicación de una exención.
Resumen: La sentencia declara que el pago de pensiones con cargo al fondo interno de la entidad, se han de imputar a las aportaciones más antiguas, con el fin de evitar una doble aplicación del beneficio fiscal. Por otra parte, consiera comoingresos las aportaciones realizdas por expatriados al fondo, aunque sea bajo la figura de la apaortación. Sobre la cuestión de la amortización de un inmueble, entiende que, al tratarse de obras que permiten el engahce carretera desde la estación de servicio, su importe se ha de considerar como mayor valor del terreno, y que conforme a la normativa fiscal, no es amortizable. Po úimo, decara la improcedencia de aplicar la exención por reinversión, al no tratarse los bienes enajenados, cuya transmisión dio lugar al incremento patrimonial que luego se pretende eximir por reinversión, de bienes integrantes del activo fijo de la mercantil actora, ya que estaban cedidos en arrendamiento y, por tanto, no puede pensarse en modo alguno que sirvieran a un fin de realización del objeto social único y exclusivo de la entidad.
Resumen: La sentencia, tras recoger los criterios seguidos en supuestos idénticos, aunque referidos a bonos de otros Estados, señala que la ratio legis del beneficio fiscal radica en abaratar el coste final de la financiación de ciertas inversiones, por lo que aunque la bonificación afectaba no sólo a las financiadoras de las inversiones reales en cuanto suscriptores iniciales de las obligaciones, sino también a los sucesivos adquirentes de las obligaciones, en cuanto ellos también participan en la financiación, a través del mercado secundario, en ningún caso podía extenderse a los supuestos usufructuarios que adquirían unos intereses que se habían devengado en su practica integridad con anterioridad por el titular de las obligaciones, pagando un importe superior a su valor efectivo, de forma que lo que experimentaba era una pérdida patrimonial que, financieramente, se compensaba con el beneficio fiscal que se obtenía de la operación.
Resumen: La reserva matemática responde al principio de suficiencia y, por ésto, cuando la prima que se cobre al tomador sea inferior a la que habría correspondido de haberse utilizado el tipo de interés técnico adecuado, la provisión matemática no puede ser la que resulte de aplicar el tipo de interés con el que se ha calculado la prima. La discusión básica radica en que en tanto que para la recurrente la regla del apartado a) del art. 56.2 del Real Decreto 1348/85, de 1 de Agosto obliga a atenerse a las Bases Técnicas, la Administración entiende que ha de atenderse al interés técnico que ha servido de base para el cálculo de la prima del ejercicio. No obstante, el debate en estos términos es insoluble, cuando la prima del ejercicio es diferente a la que conformó las Bases Técnicas, que es lo que aquí sucede, porque las bases técnicas remiten a la prima y esta conforma las bases técnicas. El problema litigioso no radica en decidir si la recurrente actuó en términos de prudencia actuarial efectuando las dotaciones necesarias en garantía de los asegurados, sino si las dotaciones efectuados en el año examinado son fiscalmente deducibles en su integridad. Entendemos que tales dotaciones, en el ejercicio analizado, y por los motivos expuestos, no cumplieron los requisitos exigidos reglamentariamente, por lo que se impone la desestimación del recurso.