Resumen: El Pleno de la Sala Tercera del TS desestima el recurso de casación contra sentencia que confirmó la liquidación provisional del impuesto sobre actos jurídicos documentados -AJD-, referidos a los préstamos hipotecarios. La decisión del recurso de casación fue avocada al Pleno por decisión de su Presidente, en relación con la determinación del sujeto pasivo del impuesto de AJD, para conocer de recursos idénticos a los resueltos por tres sentencias de la Sección Segunda de la Sala Tercera que no justificaban el cambio jurisprudencial referido a los préstamos hipotecarios. La Sala mantenía una jurisprudencia constante en la que se atribuía al prestatario el pago del referido impuesto, y las tres sentencias aludidas, en las que, por el contrario, se consideraba al prestamista sujeto pasivo de dicho impuesto, suponían por tanto, y sin que se hubiera producido una previa modificación del corpus normativo aplicable ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos, un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que el TS había declarado con anterioridad y por largo tiempo, separándose así de la jurisprudencia reiterada de la Sala sin fundamento suficiente. El Pleno confirma la jurisprudencia vigente hasta ahora: el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios es el prestatario, pues en un negocio complejo como el del préstamo con garantía hipotecaria, el negocio jurídico básico es el préstamo, resultando la garantía hipotecaria un negocio derivado.
Resumen: La única cuestión que plantea es la de discernir la sujeción o exención en el IVA de la transmisión de inmuebles operada. La discusión gira en torno a si la operación encaja en el supuesto de excepción, en cuyo caso debería tributar la transmisión por IVA o, por el contrario, no encaja, en cuyo caso, al estar exenta (regla general), debería tributar por Transmisiones Patrimoniales. El Abogado del Estado y la Comunidad de Madrid entienden que en la operación no concurren las condiciones del apartado a) del artículo 20.22 de la LIVA que determinaron la sujeción al IVA y sí las que se contemplan en el propio artículo, apartado 22, sobre la exención de las segundas y ulteriores transmisiones que quedan exentas de IVA y sujetas a Transmisiones Patrimoniales. El caso que nos ocupa es aquél en el que se adelanta el ejercicio de la opción de compra en el marco de un contrato de arrendamiento financiero; este ejercicio anticipado de la opción de compra sobre un inmueble resulta inherente a la propia naturaleza de los contratos de arrendamiento financiero, por lo que no habría de aplicarse la exención a efectos del IVA y la consiguiente sujeción de la operación al ITPyAJD. Y ello debido a que el adelanto del ejercicio de la opción de compra de un inmueble correspondiente a un leasing inmobiliario significa, en definitiva, el ejercicio de la misma, y no una segunda o ulterior entrega sujeta pero exenta de IVA y sujeta en consecuencia a la Modalidad Transmisiones Patrimoniales.
Resumen: La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso radica en determinar la posibilidad de que un negocio jurídico manifieste una doble naturaleza, onerosa y lucrativa a la vez. En este caso, se trata de una donación de acciones pignoradas en garantía de un préstamo e inserta en un conjunto de negocios jurídicos orientados a la definitiva transmisión onerosa de aquéllas. Finalidad esta que ni siquiera se oculta sino que, quizás, se pretende lograr a través de lo que se da en denominar "economía de opción". En el presente caso, sería jurídicamente erróneo considerar como realmente donado el valor íntegro de las acciones sin tener en cuenta el importe de la deuda asumida. Ello supondría ignorar, precisamente, lo que de oneroso tenía ya el negocio jurídico en sí mismo considerado. Por consiguiente, el incremento patrimonial de que se trata se puso de manifiesto con motivo de una transmisión mixta que fue a la vez lucrativa, en cuanto al exceso, y onerosa en cuanto a la concurrencia de prestaciones derivada de la asunción de la deuda. Inexistencia de incongruencia. Procedencia del acta previa.Inexistencia de caducidad del procedimiento de inspección.
Resumen: La cuestión planteada en este primer motivo de casación se centra en determinar si son o no procedentes los incrementos de base imponible por las amortizaciones parciales efectuadas en el ejercicio 1991. Deduciéndose de las obligaciones asumidas por ALCATEL frente a las asumidas por las restantes partes del Acuerdo concluido, emerge una total falta de equilibrio entre las prestaciones contenidas en las cesiones de crédito y entregas dinerarias efectuadas, por ello deben considerarse aquéllas, a efectos fiscales, como liberalidades. Este segundo motivo de casación se centra en determinar la deducibilidad o no de los gastos que fueron deducidos por la entidad Formación y Consultoría S.A. de los ingresos fiscalmente computables. Al no haber aportado ALCATEL documentación alguna, aparte las facturas, que demuestre la efectiva realización de los trabajos, forzoso resulta rechazar el presente motivo de casación porque la factura, por si sóla, no puede servir para justificar una deducción por gastos. El tercero y cuarto motivo de casación pueden ser tratados conjuntamente. La tipicidad de la infracción es claro que concurre en el caso presente.
Resumen: Por el contrario la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y fácticos y así aceptarlos, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho (FD Sexto). A lo anterior ha de añadirse que, de conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la LGT, corresponde en estos casos a la Administración Tributaria acreditar que el valor adecuado a aplicar para la práctica de la liquidación es el resultante del dictamen pericial dictado en la comprobación de valores. Es evidente, por tanto, que la comprobación de valores practicada por la Administración autonómica carece de la pretendida motivación, lo que, como señalamos en la Sentencia de 2 de febrero de 1996 (rec. cas. núm. 9389/1991), la convierte "en un acto arbitrario, que produce la indefensión del contribuyente, que nada puede alegar ni argumentar por cuanto se halla ante un completo vacío de razones y criterios que puedan ser discutidos de contrario" (FD Octavo)» (FD Tercero).
Resumen: En la sentencia se exponen las operaciones realizadas por la entidad recurrente y sobre las que pretende aplicar el régimen fiscal de fusiones, de neutralidad fiscal. Del análisis realizado declara que, la recurrente no ha probado que hayan existido motivos económicos válidos en la fusión, pues no hay reestructuración o racionalización o simplificación de estructuras empresariales, siendo de destacar que la Jurisprudencia STS de 19 de noviembre de 2014, RC 2305/2012, FJ4, exige que se "acredite de modo exhaustivo y escrupuloso que concurren razones que hacen conveniente y necesaria la operación". En suma, que la operación sólo tenía una nueva finalidad fiscal, la de compensar bases imponibles negativas, finalidad que la propia jurisprudencia excluye del referido régimen especial. Por otra parte, en relación con la falta de motivación de la valoración de los inmuebles afectados por las referidas operaciones societarias, declara que el método de comparación utilizado por el perito es válido a los efectos pretendidos, por cuanto el perito de la Administración se limitó a comparar los precios de mercado de otros inmuebles en la zona y asignar al inmueble objeto de la controversia un valor similar, siendo suficiente la referencia a los elementos de hecho y derecho que se acreditan en la valoración, describiendo los inmuebles y sus características, datos sobre los que realiza la valoración, por lo que se conocen los criterios de la mismas.
Resumen: La Sentencia partiendo de los datos constatdos por la inspección y de los aportados por la parte declara que, no resulta proba la realidad del préstamo invocado, sin que el hecho de que por parte de la inspección no haya detectado anomalías contables suponga el reconocimiento de la existencia de dicho préstamo, que debe estar de acreditada su realidad y reflejada contablemente. La Sentencia declara que la realidad acreditada es la de que la reclamante incorporó a su patrimonio unos bienes, no quedando justificados el origen de su adquisición. Por último, en relación con el criterio de imputación temporal del incremento, la Sentencia está al momento de su producción y no al de la fecha de la posterior escritura pública. Se anulan las sanciones por falta de motivación.
Resumen: La cuestión central del debate litigioso gira en torno a si el Banco de Santander estaba obligado a practicar las retenciones sobre los beneficios obtenidos por los clientes que habían suscrito los llamados «contratos de cesión de nuda propiedad de crédito», conclusión que tiene como presupuesto su condición de beneficios del capital mobiliario, o, si, por el contrario, no era necesario llevar a cabo aquella obligación formal, dada su naturaleza de incrementos del patrimonio. Si bien se mira, se aviene mal con la calificación de incremento patrimonial una operación en la que, al convenirse, se conoce el precio de compra del producto («precio de cesión» en nuestro caso), el de readquisición constituido por el nominal del crédito o de la parte del mismo cedido («valor de cesión») y, por consiguiente, la retribución del cesionario (la diferencia entre uno y otro).
Resumen: La existencia de simulación ha de ser probada por la Administración Tributaria, siendo utilizable a tal efecto la prueba de presunciones, muy especialmente a la hora de acreditar los elementos subjetivos. El desdoblamiento de una única actividad empresarial en dos o tres sujetos y actividades diversas, a los efectos de obtener una menor tributación, sería admisible si respondiera a la realidad de la existencia de tales actividades separadas y titularizadas por personas distintas. Pero en el caso analizado por la Sala, los recurrentes no han aportado prueba que desvirtúe las conclusiones a las que llegó la Inspección, sin que las mismas puedan ser consideradas ilógicas, arbitrarias o carentes de sentido. En el ámbito tributario la consecuencia de la calificación de unas actividades como simuladas es el gravamen de los hechos imponibles efectivamente realizados. Una vez detectada la simulación, la Inspección liquidó el Impuesto de Sociedades, el I.V.A. y el I.R.P.F. correspondientes a la realidad de las operaciones realizadas. En cuanto a la sanción impuesta, declara el Tribunal que los actores han obrado con artificio y engaño para eludir obligaciones tributarias, lo que legitima la imposición de las sanciones que procedan por el no ingreso de las deudas que se liquidan, añadiendo que no estamos ante un supuesto de economía de opción ni de interpretación razonable de la norma sino de actuar culpable y fraudulento.
Resumen: La Sentencia declara que los bienes entregados no estaban destinados a servir a la actividad empresarial de forma duradera, sino que se trataba de bienes adquiridos como consecuencia de operaciones crediticias fallidas, de tal manera que vienen a sustituir al pago de los créditos, por lo que no son bienes afectos a una actividad empresarial. Sobre la dotación genérica a la provisión para insolvencias correspondiente a obligaciones bonos de no residentes, declara que se trata de una provisión genérica sobre unas posiboles insolvencias no acreditadas. No admite la deducibilidad de las cuotas del IVA liquidado, al entender que no es uno de los tributos incluídos en el artículo 110.1.b), del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 1982. Confirma la sanción al no alegarse motivo alguno de impugnación.