Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que declaró la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo hipotecario y condenó a la prestamista a reintegrar las sumas obtenidas por aplicación de dicha cláusula. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal de apelación que el pacto suscrito por las partes no es una transacción, como se apunta por la prestamista-apelante, y, por ello, no es de aplicación la jurisprudencia establecida para casos en los que el Tribunal Supremo sí calificó el pacto de novación como transacción: el acuerdo se limitó a hacer desaparecer la cláusula suelo a partir de un determinado momento, pero el prestatario en momento alguno renunció al ejercicio de acciones en relación con las relaciones jurídicas preexistentes a la firma de dicho pacto, por lo que no se produce una convalidación de los efectos generados con anterioridad a la novación; no se plantean concesiones recíprocas para evitar un pleito.
Resumen: El prestatario reclama la nulidad de la cláusula suelo incorporada a un préstamo hipotecario contratado on line. La sala recoge la doctrina jurisprudencial existente sobre el doble control de transparencia de incorporación y de contenido, y concluye que el primer caso ha sido acreditado que la cláusula impugnada supera ambos y afirma que tal conclusión viene confirmada por el canal elegido para la contratación - on line-, que refuerza las garantías de información, pues se articula a través de un protocolo que incluye información en la propia página WEB, herramienta simulador accesible; suministro de folletos e información comercial previos a la remisión de oferta vinculante, minuta de la escritura y conversaciones telefónicas con los clientes sobre la operación y su documentación. Además, continúa la sala su razonamiento señalando que a la misma conclusión se llega por la testifical practicada que confirmó que en este tipo de contratación se facilita al cliente antes de la firma por correo electrónico y vía telefónica.
Resumen: Se declara la nulidad por abusiva de la cláusula de gastos inserta en un préstamo hipotecario, y se establece como efecto de la misma que la sala ha de determinar la parte a la que corresponde el pago de cada uno de los gastos, de tal modo que el impuesto de actos jurídicos documentados, los de tasación y la prima de seguro corresponde al prestatario, los gastos notariales, registrales y de gestoría a ambas partes. Mientras que la acción de nulidad no está sujeta a plazo, si los está de la reclamación cantidad que pretende el reintegro de lo pagado en exceso, que estará sujeta a plazo de prescripción a contar desde la fecha en que realizó cada uno de los pagos.
Resumen: Se desestima el recurso formulado por la parte actora, con imposición a esta de las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, estimatoria en parte de la demanda. Las cuestiones del recurso son: solicitud de suspensión del procedimiento hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial pendiente sobre el IRPH; incongruencia de la sentencia, al no resolverse la pretensión de nulidad por error vicio ejercitada, y error en la valoración de la prueba. Rechaza la Sala la suspensión instada en aplicación de la jurisprudencia que reseña, estimando que hay una doctrina del Tribunal Supremo sobre la cláusula IRPH en relación con el control de transparencia. No aprecia incongruencia, por no haberse solicitado el debido complemento de sentencia. En cuanto al fondo, aplica el criterio del Tribunal Supremo (sentencia de 14 de diciembre de 2017), que declara la validez de dicha cláusula. El índice como tal no puede ser objeto del control de transparencia desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE, ni de la legislación nacional protectora de consumidores. Concluye que la cláusula supera el control de transparencia; consta la información que ha puesto en alerta al consumidor de que la cláusula configuraba un elemento esencial, y, en concreto, el modo en que se calculaba el interés variable, descrito con claridad en la oferta vinculante y en el contrato, lo que asegura su comprensibilidad jurídica y trascendencia real.
Resumen: La sentencia de primera instancia declaró la nulidad por abusiva de las cláusulas contenidas en el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre los aquí litigantes referidas a las comisiones de novación modificativa, subrogación y reclamación de posiciones deudoras condenando a la entidad prestamista a devolver las cantidades percibidas en aplicación de tales cláusulas. Apela la parte demandada y la Sala estima parcialmente el recurso dejando sin efecto la nulidad de la cláusula de comisión por subrogación y novación. Argumenta que la cláusula relativa la comisión por subrogación y novación, no es abusiva y supera el control de transparencia ya que es de general conocimiento entre los consumidores interesados en contratar un préstamo hipotecario el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura, y que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo -en este caso, novación-, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo y en este caso su redacción es clara y comprensible. Y en cuanto a la cláusula relativa a la comisión por reclamación de posiciones deudoras, resulta abusiva por cuanto la comisión se contempla en el contrato de forma automática, con posibilidad de reiteración, sin discriminar período de mora y añadiéndose al interés de demora.
Resumen: El carácter abusivo de la cláusula que desplaza al consumidor todos los gastos de la escritura puede esgrimirse en todo momento, tanto mediante el ejercicio de la acción declarativa de nulidad, que es imprescriptible, como oponiéndose a cualquier pretensión con fundamento en la cláusula nula. Por el contrario, si el consumidor, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula abusiva, ha abonado alguna cantidad y, en definitiva, la cláusula ha desplegado y agotado sus efectos, por razones de seguridad jurídica, la acción de remoción de los efectos de la nulidad se extingue por el transcurso del tiempo. La estimación de la demanda en cuanto a la reclamación de cantidad ha sido parcial, por lo que no procede la condena en costas de la parte demandada.
Resumen: Con motivo de un préstamo al promotor, este interpuso una primera demanda solicitando que se declarara el incumplimiento de las condiciones del préstamo así como la condena a indemnizar los daños y perjuicios producidos por tal incumplimiento. Ejecutada la hipoteca previo vencimiento anticipado por incumplimiento del prestatario, y adjudicados al banco los bienes ejecutados, el prestatario formula un nuevo juicio en que se cuestiona la regularidad del vencimiento anticipado y se reclama responsabilidad civil por los daño y perjuicios causados por la ejecución. Opuesta la excepción de cosa juzgada por el demandado en este segundo procedimiento, la sala la rechaza, pero desestima la demanda porque aunque se haya admitido que en este proceso podía examinarse si el banco podía aplicar la cláusula de vencimiento anticipado e instar a continuación la ejecución hipotecaria, los antecedentes expuestos necesariamente habían de conducir a considerar la regularidad de aquel proceder.
Resumen: Declarada la nulidad de la cláusula de intereses de demora por ser abusivos, reclama el actor la devolución del exceso del impuesto de actos jurídicos documentados pagados por el interés por mora en razón del alcance de la cobertura máxima hipotecaria, la sala señala que la nulidad de la cláusula que los establece no implica que el banco haya de restituir aquél exceso, sino la posibilidad de reclamar de la administración la devolución de la pagado de más. Por otro lado, estima la sala el recurso de apelación interpueseto por al actor, que reclamba la devolución de la totalidad de los gastos de registro que hubo de soportar por la cláusula de atribución de gastos, y que en primera instancia le había sido concedida tan solo en la mitad de su importe.
Resumen: La sentencia apelada declaró la nulidad de la cláusula de interés de demora pactada en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En consecuencia, impuso a la entidad prestamista la obligación de devolver al prestatario parte del importe que éste abonó por el IMpuesto de Actos Jurídicos Documentados, ante la evidencia de que este impuesto habría sido menor caso de no existir el interés de demora anulado. La Sala confirma íntegramente la existencia, ya que al haberse liquidado el IAJD sobre la base de una cifra de responsabilidad hipotecaria excesiva, por estar integrada por intereses de demora abusivos, como consecuencia directa de la nulidad de la cláusula, debe corregirse ese perjuicio causado al prestatario.
Resumen: Se solicita por el actor se declare su dominio sobre un piso alegando que existió un negocio jurídico fiduciario, en virtud del cual sus padres adquirieron solo formalmente la titularidad de tal inmueble, comprándolo a una entidad a su nombre pero para el hijo. Se desestima la demanda por entender que el actor no ha probado ni el pacto fiduciario ni el pago a su padre de la deuda por la compra del inmueble, no dando valor al documento presentado en el que el padre reconoce el pago de la deuda por parte de su hijo, así como que el propietario real de la vivienda era este último, al no estimar probado que el padre se encontrara en plenas facultades mentales. El negocio fiduciario es un contrato por virtud del cual una persona, fiduciante, transmite en propiedad una cosa a otra, fiduciario, con obligación por parte del último de devolverla a su transmitente una vez cumplida la finalidad perseguida por los contratantes. En este caso el padre del actor actuó como una especie de testaferro para adquirir por su hijo la vivienda objeto del contrato de compraventa. Se trataría de un negocio fiduciario en la modalidad de "puesta a nombre de otro", que también es plenamente admisible en nuestro derecho. La Sala da plena validez al documento aportado, ya que la capacidad de la persona siempre se presume, y lo que ha de probarse precisamente es lo contrario, concluyendo que el pacto de fiducia existió y que la titularidad real del inmueble seguía siendo del hijo, estimando la demanda.