Resumen: Recurso de casación. Allanamiento. Nulidad de tres cláusulas predispuestas en un contrato de préstamo hipotecario. La sentencia de apelación declaró la nulidad de la cláusula quinta del contrato, atinente a los gastos a cargo del prestatario, y condenó a la entidad bancaria demandada a reintegrar a la actora lo abonado por ésta por razón del Impuesto sobre actos Jurídicos Documentados que gravó la constitución de la hipoteca. La entidad bancaria demandada interpuso recurso de casación y el demandante-recurrido se allanó a dicho recurso. La posibilidad del allanamiento se extiende también al recurso de casación. La consecuencia será la estimación del recurso de casación y, al asumir la instancia, la estimación parcial del recurso de apelación y, por ende, la estimación, también parcial, de la demanda. Y todo ello, a los efectos restitutorios aquí planteados, sin entrar en otro tipo de consideraciones que, a causa del allanamiento al recurso, no es preciso tratar. Se deja sin efecto la condena de la sentencia recurrida a la entidad demandada en orden a reintegrar a la actora el importe abonado por ésta en concepto del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Formulada demanda ejecutiva con fundamento en título ejecutivo consistente en escritura pública de préstamo destinado a la construcción de un buque garantizado con hipoteca naval y fianzas personales, a la que se añadió una hipoteca sobre una finca en contrato de novación en el que se cancelaron las fianzas, u, se dictó auto que acuerda la abstención del conocimiento de la ejecución de la hipoteca naval por ser competencia por razón de la materia de los juzgados de lo mercantil, se decretó la nulidad de todo lo actuado respecto a la misma y se continuaron las actuaciones respecto de la hipoteca inmobiliaria, despachándose ejecución, a la que formuló oposición una ejecutada por motivos procesales, que estimada dictándose nuevo auto que declara la nulidad de lo actuado en el procedimiento de ejecución de la hipoteca inmobiliaria por considerarlo competencia del juzgado delos mercantil. El auto de apelación que confirme al recurrido El préstamo destinado a la construcción de un buque, es un contrato sujeto al Derecho Marítimo, y su naturaleza no cambia por el hecho de que, además de una hipoteca naval sobre el buque, se refuerce la garantía con una hipoteca inmobiliaria, con independencia de las normas procesales aplicables en función de la garantía que pretenda ejecutarse y que a de Derecho Marítimo, son competentes los Juzgados de lo Mercantil sin que puedan seguirse dos ejecuciones diferentes y simultáneas por un mismo título, que la ley procesal prohíbe.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad bancaria, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima en lo sustancial la demanda y declara la nulidad de pleno derecho, por abusiva y por no puesta, de la cláusula sobre gastos del contrato de préstamo hipotecario, al imponer al prestatario el pago de los gastos e impuestos relativos al préstamo y a la garantía hipotecaria, condenando a la entidad a abonar a la actora la cantidad que en concreto se fija; declara igual nulidad respecto de la cláusula sobre comisión de apertura y condena a la entidad al pago del importe que se fija y le impone las costas de primera instancia. Respecto de la cláusula de gastos, sobre la que se centra el recurso junto con la imposición de costas, aplica la Sala la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión controvertida -que reseña- y señala que la cláusula discutida impone de forma generalizada e indiscriminada a la parte prestataria el pago de todos los gastos derivados del contrato, sin una mínima reciprocidad, causando desequilibrio importante al prestatario consumidor, manteniendo la abusividad declarada en la instancia. Mantiene el pronunciamiento sobre costas, por entender que la demanda se ha estimado en lo sustancial; aplica la doctrina jurisprudencial que reseña, atendiendo fundamentalmente al principio de efectividad.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad demandada, sin imposición de costas de la alzada; y se revoca parcialmente la sentencia apelada y fija la cantidad objeto de condena por los gastos reclamados, al acoger la alegación de prescripción de los generados por la escritura de préstamo hipotecario de 2001; mantiene en lo demás la aludida sentencia, que estima en parte de la demanda y declara la nulidad de la cláusula de intereses de demora, retrotrayendo los efectos ex tunc, eliminando la cláusula y condenando a la demandada al pago de la cantidad que fija por tal concepto; sin expresa condena en costas de primera instancia. Se aplica el criterio seguido por la Sala en la sentencia que reseña, teniendo en cuenta la inexistencia de una jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo, y se inclina por la línea que admite la prescriptibilidad de la acción de remoción de efectos; indica que el plazo es el de quince años y comienza a computarse desde el momento en que se abonaron los gastos cuya restitución se reclama; en el caso, ha prescrito la acción de reclamación de los gastos de la escritura de préstamo de 2001 (cancelada en 2010), pero no de los de la de 2007. Señala que la mencionada cancelación no es por sí misma un obstáculo para el ejercicio de la acción de nulidad del propio contrato o de alguna de sus cláusulas, por lo que lo razonado en la instancia se ajusta al criterio sostenido por esa Audiencia Provincial y a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas, y se confirma la sentencia apelada, que estima sustancialmente la demanda, tendente a la declaración de nulidad, por abusivas, de las cláusulas de las escrituras de autos sobre comisión por subrogación y comisión por modificación de condiciones, comisión de apertura, comisión de modificación de condiciones y comisión por reclamación de posiciones deudoras y de gastos e interés de demora, condenando a la demandada a pagar a la actora la suma que se fija, intereses legales y costas de primera instancia. El recurso se centra en las cláusulas de comisión por reclamación de posiciones deudoras y comisión por subrogación y novación, y en la imposición de costas. Respecto a la primera de las cláusulas, ratifica el Tribunal su nulidad por abusiva, siguiendo su reiterado criterio, acorde con la jurisprudencia del TS y TJUE que reseña, al no implicar la prestación previa de ningún servicio, por lo que vendría a encubrir una auténtica cláusula penal cumulativa a los intereses moratorios, fijándose su importe al margen del coste efectivo del servicio. En igual sentido se pronuncia sobre la comisión por subrogación y novación, abusiva al no permitir la mínima reciprocidad en la distribución de los gastos, pese a que, en algunos casos, la normativa los imputa al banco o permitiría una distribución equitativa. Costas: la estimación es sustancial y se aplica la jurisprudencia del TJUE basada en el principio de efectividad.
Resumen: Se desestiman el recurso de la entidad bancaria y la impugnación de los actores, imponiéndoles respectivamente las costas, y se confirma la sentencia apelada, que estima en parte la demanda y declara la nulidad de las cláusulas de gastos, intereses de demora, comisión de apertura y de novación con ampliación, y cláusula suelo, teniéndolas por no puestas y condenando a la demandada al pago de las cantidades que en concreto se fijan y a hacer un nuevo cuadro de amortización sin aplicar la cláusula suelo nula. El recurso de la entidad bancaria se centra en la comisión de apertura; la Sala aplica la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión controvertida y mantiene la nulidad de la comisión de apertura, pues la entidad demandada y apelante no ha probado que el importe de las comisiones responda a servicios efectivamente prestados. La impugnación de los actores tiende, en primer lugar, a la suspensión del curso del procedimiento por cuestiones prejudiciales planteadas sobre la comisión de apertura y sobre los acuerdos de novación y supresión de la cláusula suelo; se rechaza esta pretensión por no venir obligada a ello la Sala y por existir ya pronunciamiento del TJUE y del Tribunal Supremo. También pretenden los impugnantes que se declare la nulidad del contrato "modelo de reducción de límites a la variación", con condena a la devolución de las cantidades abonadas por aplicación de la cláusula suelo; se rechaza la pretensión en aplicación de la doctrina jurisprudencial reciente.
Resumen: Cláusulas abusivas. Control de incorporación: para que puedan considerarse incorporadas al contrato, las condiciones generales han de ser claras, concretas, sencillas y comprensibles directamente en atención al producto que se comercializa. En el caso, la cláusula supera el control de incorporación (está redactada en términos comprensibles, aparece en la oferta vinculante de forma sencilla y directa y se expresa en términos que resulta sencilla su lectura y comprensión, toda la información financiera se ofrece en una sola hoja, aislada, en la que de un golpe de vista puede reconocerse la información más importante sobre las condiciones financieras del préstamo hipotecaria, entre la que se encuentra la cláusula suelo). Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia: cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez la "carga económica" (onerosidad) que realmente supone para él el contrato y la "carga jurídica" (posición jurídica); importancia para el consumidor de disponer, antes de la celebración del contrato, de la suficiente información; valoración de la intervención del notario. En el caso, la inclusión de la cláusula suelo en la escritura de préstamo y la oferta vinculante no basta para entender cumplidas las exigencias de que el consumidor sea informado sobre la incidencia de esa cláusula en la economía del contrato.
Resumen: Demanda sobre nulidad de cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario en el que se había subrogado el demandante al adquirir su vivienda. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula por no cumplir los requisitos de inclusión ni claridad. La audiencia provincial revocó la sentencia y desestimó la demanda. Recurre en casación el demandante y la sala desestima su recurso. La sala declara que la demandante solicitó y obtuvo información sobre el préstamo hipotecario en el que se pretendía subrogar al promotor/deudor inicial, conforme a las previsiones del RD 515/1989; solicitó la subrogación en dicho préstamo a la entidad financiera y la obtuvo con una mejora en las condiciones financieras consistente en una reducción de la cláusula suelo; esta reducción se obtuvo a su iniciativa y mediante la correspondiente negociación; la redacción de la cláusula impugnada es sencilla y clara, y se complementaba con la información que sobre las condiciones financieras del préstamo figuraba en la escritura mediante la incorporación de la correspondiente información registral (información que se había hecho saber con carácter previo a los otorgantes). En definitiva, considera la sala que se proporcionó a la demandante en tiempo oportuno una información suficiente y clara para que pudiera tener una comprensión efectiva de la existencia de la cláusula suelo y de las consecuencias que comportaba. Se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo. Reitera su jurisprudencia sobre la materia objeto del recurso. Considera que no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del interés pactado contenida en el préstamo hipotecario suscrito entre las partes y la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación. El Juzgado estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula por no superar el control de transparencia y condenó a la entidad prestamista a devolver las cantidades cobradas como consecuencia de su aplicación, con sus intereses, desde el 9 de mayo de 2013. Recurrida en apelación, la Audiencia estimó el recurso por considerar que la estipulación era clara y fácilmente comprensible y superaba los controles de incorporación y transparencia. En casación, el demandante cuestiona que la sentencia recurrida hubiera efectuado un correcto control de transparencia al no advertir que no se ofreció ningún tipo de información precontractual para que la parte pudiera tomar conciencia de la carga jurídica y económica del contrato. La Sala tras reiterar su doctrina sobre el control de transparencia en las cláusulas suelo, considera acreditado que no consta la existencia de una información previa acerca de las condiciones contractuales de modo que el prestatario pudiera conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Consecuencia de lo anterior y ante el desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor que la falta de transparencia provoca estima el recurso y al asumir la instancia, desestima el recurso de apelación de la entidad prestamista.
