Resumen: Se desestima el recurso de la parte ejecutada, con imposición de las costas de la alzada, y se confirma el Auto apelado, desestimatorio de la oposición formulada por esa parte, sin costas de primera instancia. Examina previamente la Sala si el ejecutado apelante tiene la condición de consumidor; aplica la doctrina jurisprudencial surgida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que reconoce la condición legal de consumidor al fiador si actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial, aunque la operación afianzada sí tenga tal carácter, siempre que entre el garante y el garantizado no haya vínculos funcionales. En el caso que se examina, no puede reconocerse al apelante como consumidor, por ostentar cargos directamente relacionados con la gestión societaria; es apoderado de la empresa prestataria, sociedad familiar con vínculos entre todos los que en ella intervienen. Se estima acreditada la vinculación funcional del apelante con entidad. En cuanto a la falta de notificación de la existencia del procedimiento al cónyuge del prestatario, es rechazada por la Sala, que destaca que la esposa del apelante no ostenta la condición de tercer poseedor a los efectos del art. 685 LEC, siendo mera ocupante por vínculo matrimonial con el ejecutado. No hay tampoco infracción del art. 144 Reglamento Hipotecario al referirse éste a supuestos de embargo, siendo el presente una ejecución hipotecaria.
Resumen: La sala concluye que las cláusulas impugnadas son condiciones generales de la negociación porque el banco no probó que hayan sido objeto de negociación individua, por lo que se aplican los controles propios de esta clase de cláusulas cuando se trata de consumidores. Se declara la validez de la comisión de apertura, como uno de los componentes del precio de la operación de préstamo, y se declara nula la cláusula de atribución de todos los gastos al prestatario por ser abusiva al ser contraria al equilibrio de las prestaciones. La consecuencia de la nulidad es que el tribunal decida los gastos que corresponde a cada uno de los contratantes, y la obligación por el prestamista de restituir a su cliente el importe pagado exceso, con el interés legal desde el día en el que el pago fue hecho efectivo. No se hace imposición de las costas porque la demanda se entiende estimada tan solo en parte.
Resumen: La Sala confirma la sentencia recurrida que mantuvo la validez de la cláusula del contrato de préstamo con garantía hipotecaria que imponía al prestatario el pago del impuesto de actos jurídicos documentos, ya que conforme a la legislación fiscal de aplicación es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto.
Resumen: Apela la representación de los actores la sentencia de instancia que desestima parcialmente la demanda en solicitud de nulidad de las cláusulas sobre gastos e interés mínimo "suelo" contenidas en la oferta vinculante girada por Banco demandado a los demandantes. Argumenta la Sala que las cláusulas en cuestión no llegaron a formar parte de la escritura pública, si bien no se discute el que se haya aplicado una limitación al tipo de interés, o que los gastos por la formalización del préstamo hayan sido asumidos por la parte apelante. No puede pretenderse la nulidad de tales cláusulas en cuanto solo constan en la oferta vinculante que no fue firmada y además se trata de un documento previo a la contratación, del cual no puede desplegarse fuerza contractual y del que no hay alusión alguna en las escrituras de subrogación o novación. Se trata por tanto no de pretender la nulidad de unas cláusulas sino de denunciar su no incorporación, acción que la demandante en modo alguno ha ejercitado. Sería incongruente valorar la no incorporación, cuando se solicita el carácter abusivo de diferentes cláusulas, y no la de no incorporación, que son acciones distintas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesta contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo hipotecario desde que este se formalizó hasta que se eliminó por pacto entre las partes. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal que aunque la cláusula se extinguió por el pacto privado sí se puede examinar su validez mientras estuvo vigente y resolver sobre las consecuencias derivadas de su abusividad. El tribunal niega que el pacto suscrito suponga una transacción, pero sea cual fuere la calificación que se le quiera otorgar al pacto privado suscrito para poner fin a la cláusula, en él no se contiene mención alguna que suponga renuncia al ejercicio de acciones frente a la aplicación de una cláusula abusiva o que comporte un pacto de no pedir que no se infiere de las estipulaciones del contrato.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Ante el impago de las cuotas del préstamo, instada la ejecución hipotecaria, el acreedor hipotecario podía, a falta de postores, hacer uso de la facultad que le confería el art. 671 LEC, en la versión vigente en aquel momento: pedir, en el plazo de 20 días, la adjudicación del bien por el 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le debía por todos los conceptos. La Ley no prevé su adjudicación, en todo caso, por el importe total adeudado. En el caso, la adjudicación se hizo por importe que no cubría la deuda reclamada y por ello el acreedor puede reclamar el importe de su crédito no satisfecho. No es aplicable por razones temporales la quita parcial de la deuda prevista en el art. 579 LEC tras la Ley 1/2013. La Sala aplica la jurisprudencia sobre el enriquecimiento injusto en adjudicaciones realizadas en pública subasta, cuando el inmueble es vendido a un tercero, que puede darse si el intervalo de tiempo transcurrido entre ambas transmisiones es relativamente breve y el importe de dicha plusvalía es muy relevante. Para el primer requisito, puede servir de criterio orientativo el plazo de diez años del art. 579 LEC; no se da el segundo requisito, ya que la plusvalía obtenida (20% en un año) no es muy superior al propio aumento experimentado por el precio de la vivienda en España en el periodo de tiempo considerado (media superior al 15%), por lo que no se justifica la reducción de la deuda remanente.
Resumen: La sala concluye que la cláusula por la que se impone el pago de la totalidad de los gastos derivados de un préstamo hipotecario al prestatario es una condición general de contratación, pues el banco no ha acreditado la existencia de una negociación individual sobre ella, y que la misma es nula abusiva por contraria al equilibrio de las prestaciones entre banco y cliente. Como consecuencia de tal nulidad la sala ha de decidir a cuál de los contratantes corresponde el pago de cada uno de los gastos, y la obligación del banco de restituir al prestatario el importe de los gastos pagados indebidamente, con el interés legal desde la fecha en que cada uno de los pagos fue realizado. A lo dicho no puede ser opuesto que no haya sido el demandado, sino terceros los que recibieron el pago del prestatario. Se imponen las costas al banco por entender que la demanda ha sido sustancialmente estimada, al haberlo sido la pretensión de nulidad de la cláusula, y parcialmente la de reclamación de cantidad.
Resumen: Se desestima el recurso, con imposición de costas a la apelante, y se confirma la sentencia recurrida, que condena a dicha apelante al pago de las cantidades adeudadas, por incumplimiento grave y reiterado de esa obligación. El recurso no debió ser admitido. Interés remuneratorio correcto, libremente pactados, tratándose del precio del dinero, sin contravenir ninguna disposición legal. No aplicación del interés de demora. Aprecia la Sala un incumplimiento grave, reiterado y esencial de la obligación de pago.
Resumen: Pretende el actor que el banco le indemnice por el incremento de la cuota del impuesto de actos jurídicos documentados que grava el préstamo hipotecario, ya que su determinación viene condicionada por el tipo de los intereses moratorios, cláusula que ha sido declarada nula por abusiva. Se rechaza la pretensión porque si como consecuencia de la declaración de nulidad de una de las cláusulas del contrato, el sujeto pasivo considera que se le ha de devolver una parte de la cuota satisfecha, ha de acudir al procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
Resumen: Acción de retracto de créditos hipotecarios litigiosos. En ambas instancias se estimó la demanda solo contra la cesionaria, que recurre en casación junto con la demandante. Admisibilidad. Interpretación jurisprudencial del art. 1535 CC: es litigioso el crédito que es objeto de una "litis pendencia", o proceso entablado y no terminado, sobre su declaración, de modo que no pueden tener realidad sin una sentencia firme. No cabe proyectar la figura del retracto de crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada. La cualidad litigiosa del crédito requiere la concurrencia de un doble requisito: uno temporal (pendencia del procedimiento, que no debe haber finalizado antes de la cesión) y otro material o de contenido (la acción judicial pendiente tiene que ser de carácter declarativo: concepto estricto de crédito litigioso). Además la transmisión debe ser onerosa y el retracto debe ejercitarse en plazo. Origen y naturaleza de esta institución. No es propiamente un retracto (porque no hay subrogación, ya que el deudor que retrae el crédito cedido lo extingue). Constituye una excepción al régimen general de la cesión de créditos, y como tal requiere una interpretación estricta. Incumplimiento del requisito material: en el litigio que afectaba a los créditos hipotecarios cedidos lo debatido (nulidad de las cláusulas suelos) no afectaba a la existencia de aquel. Consiguiente desestimación del otro.