Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad demandada, sin costas, y se revoca la sentencia apelada solo en cuanto a los gastos de gestoría impuestos a esa parte en su totalidad, declarando que la repercusión de los mismos será solo del 50%. Rechaza la Sala el motivo del recurso referido a la validez y eficacia de la cláusula suelo y aplica la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia en esa cláusula. Concluye que la cláusula controvertida no supera el doble control de transparencia, lo que también debe aplicarse a las ulteriores novaciones del préstamo. Tampoco acoge el motivo del recurso sobre la eficacia y validez de las cláusulas referidas a gastos notariales y registrales, al tener en cuenta la doctrina jurisprudencial existente sobre la materia. Los aranceles notariales se deben abonar a partes iguales, salvo las copias expedidas para cada parte, a cargo únicamente del aquel en cuyo favor se libren. Los gastos registrales se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a la persona que haya presentado el documento. Respecto a los gastos de gestoría, cambia la Sala su anterior criterio para ajustarse al del Tribunal Supremo que establece que las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes y el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad. No hay infracción de la doctrina de los actos propios y del retraso desleal por ser cuestiones nuevas.
Resumen: Se estima en parte el recurso y se revoca de igual modo la sentencia apelada, fijando la cantidad que la entidad demandada debe satisfacer a los actores, sin imposición de costas en ambas instancias. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial sobre la nulidad de la cláusula de gastos, por abusiva, y confirma la declaración de nulidad de la misma realizada en la sentencia recurrida, al contener una atribución indiscriminada y sin matices del pago de todos los gastos e impuestos a la prestataria, provocando un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes; el profesional ha de retribuir al consumidor lo indebidamente cobrado; examina por separado cada tipo de gastos (notariales, registrales, impuestos y gastos de gestoría) y aplica el criterio jurisprudencial existente. Confirma también la sentencia en cuanto declara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, nula e inaplicable como está redactada, sin perjuicio de que, al margen de lo previsto en esa cláusula, puedan ser aplicables las consideraciones del Tribunal Supremo si la entidad prestamista, en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago por el prestatario, instara en el futuro el vencimiento anticipado del contrato, no con fundamento en la cláusula, sino en la ley.
Resumen: La sentencia de apelación estima el recurso y declara la nulidad de las cláusulas de gastos e intereses de demora contenidas en la escritura originaria en que se subrogó el demandante apelante. Argumenta la Sala que ha de otorgarse legitimación pasiva a la entidad financiera en la operación de subrogación en el préstamo hipotecario y todo el clausulado contenido en el préstamo originario en el que se subroga el comprador de la vivienda, no pudiendo desvincularse de las cláusulas allí contenidas, no ya por lo establecido en el artículo 1205 del Código Civil en cuanto a la necesidad de consentimiento expreso del acreedor en los supuestos de novación por sustitución de la persona del deudor, sino igualmente por venir así recogido y dispuesto en la escritura de préstamo hipotecario originaria. No cabe que la entidad demandada se desvincule del clausulado del préstamo hipotecario, que se impone, sin información y sin negociación alguna al nuevo prestatario. Ello, en lo relativo a los gastos generados por la subrogación en la hipoteca, única y exclusivamente, los cuales son distintos y diferenciados que los devengados por la escritura de compraventa.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Considera el tribunal que el pacto para modificar el límite de variación del tipo de interés no carece de transparencia, aunque sí careciera de ella la cláusula suelo introducida en el contrato de préstamo originario. Sin embargo, el tribunal afirma que la nulidad de la cláusula inserta en el contrato de préstamo no extiende sus efectos a la pactada como novación mediante negociación individual, porque no se puede aplicar el control de transparencia a cláusulas no negociadas y, además, que no adolecen de ella al ser conocedor el prestatario de las consecuencias jurídico-económicas de dicha cláusula, que se había venido aplicando desde tiempo atrás, antes de pactar la novación.
Resumen: Los actores, consumidores, ejercitan acción de nulidad, entre otras cláusulas, de la que establece como índice de referencia del interés variable IRPH Cajas, como sustitutivo el IRPH CECA y como segundo sustitutivo el Tipo de interés aplicado antes de haberse dejado de publicar los anteriores. La sentencia de primera instancia declara valida la cláusula IRPH y nulo el segundo índice sustitutivo (Tipo fijo). La sentencia de apelación declara nula la cláusula en el apartado referente al IRPH de las cajas de ahorros, por abusivo, al no constar que la entidad financiera hubiera cumplido la obligación de informar al consumidor sobre la evolución del índice durante los dos años naturales anteriores a la celebración del contrato del último valor disponible y también en el apartado que establece como interés sustitutivo el ultimo valor disponible del IRPH Cajas por convertir un préstamo a interés variable en uno fijo y en aras al mantenimiento del contrato, en beneficio del consumidor, procede a su integración mediante la aplicación del índice previsto legalmente para en los casos de préstamos a interés variable con índices de referencia suprimidos, carentes de disposición contractual supletoria.
Resumen: Condiciones generales de la contratación. Cláusula suelo. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que en los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación. En el caso, la Audiencia no ha realizado un control de transparencia, sino que considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Ello no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional. Para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato, esto es, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento. El recurso de casación solo puede dirigirse contra el razonamiento operativo de la sentencia y no cabe, por ello, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, obiter dicta o a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión del fallo.
Resumen: Se plantea el alcance retroactivo de la doctrina del TJUE respecto a la posibilidad de reclamar la devolución de cantidades indebidamente abonadas por los consumidores prestatarios con ocasión de la aplicación de una cláusula suelo declarada nula desde la fecha de celebración del contrato cuando previamente habían obtenido una declaración favorable que imponía al prestamista devolver lo indebidamente percibido desde el 09/05/2013, lo que se reuelve en base a (i) la eficacia de cosa juzgada solo puede apreciarse en aquéllos casos en que la pretensión de devolución de lo indebidamente cobrado como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo declarada nula desde la fecha de celebración del contrato se hubiera deducido con anterioridad, no a los casos en que la pretensión deducida se hubiera limitado a solicitar la devolución de lo cobrado desde el 09/05/2013, y (ii) que en elcaso de reducción pactada del tipo de la cláusula suelo hay que atender a la consideración de si se trata de mera novación, que sería nula, de si hay transacción, porque te caso la obligación preexistente sobre la que existe controversia pudiera ser nula, no contraviene la ley, pues nos encontramos ante una materia disponible, dado que en principio no cabe negar la posibilidad de que pueda transigirse en contratos con consumidores, y señala que la imperatividad de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre que el resultado del acuerdo sea conforme al ordenamiento jurídico.
Resumen: Anula la cláusula que imponía el pago de todos los gastos derivados del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, debe hacer la correspondiente asignación de cada uno de los gastos. Entre ellos, la Sala acuerda, confirmando la sentencia recurrida, que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados corresponde al prestatario, ya que es el sujeto pasivo de tal impuesto.
Resumen: El Juzgado desestimó la demanda en la que se reclama la nulidad de una cláusula de gastos en base a que el préstamo era del año 1991, anterior, por lo tanto, a la Ley 7/1998. La Audiencia considera que la protección de los consumidores frente a las utilización de manera general de cláusulas abusivas en la contratación de bienes y servicios no se inició en Europa, ni en España, con la Directiva 93/13/CEE, sí existía ya una regulación que protegía al consumidor, la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la mencionada ley aparecía una definición de las condiciones generales, la regla de la nulidad parcial y la de interpretación contra proferetem, así como disposiciones que permitían ya el control de incorporación de las cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general se utilizaban en la oferta, promoción y venta de productos o servicios, lo que permite declarar la nuliad por abusividad de la cláusula de gastos.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que declara la nulidad de la cláusula "suelo" contenida en la escritura de compraventa con subrogación y novación modificativa en préstamo hipotecario suscrito entre las partes sin condena en costas a la parte demandada -allanada a la demanda. Argumenta la Sala que no se discute que nos hallemos dentro del ámbito de aplicación de dicho RDL 1/2017, ni tampoco que se produjo una reclamación extrajudicial por parte del demandante frente al banco demandado, en la que los prestatarios junto a sus peticiones de reintegro, expresamente manifestaban que no deseaban someterse al mecanismo extrajudicial de citado RDL. Concurren pues las dos circunstancias previstas en el artículo 4.2 a del RDL, una que el consumidor no haya acudido al procedimiento extrajudicial establecido en su artículo 3 y otra, que la entidad financiera se allane antes de contestar a la demanda, para que deba entrar en juego la regla legal específica que en materia de costas establece dicho precepto y según la cual expresamente se excluye mala fe procesal en la entidad de crédito allanada.