Resumen: Nulidad de cláusula sobre la limitación del tipo de interés (cláusula suelo) por abusiva, estamos ante una condición general de la contratación, referida al objeto principal del contrato, lo que no excluye el control sobre la abusividad, debiendo ser sometida al control de transparencia. Tratándose de consumidores, el prestatario debe conocer la carga económica del contrato, y también la jurídica, con la información suministrada, el consumidor debe percibir como puede jugar en la economía de su contrato, no bastando la mera claridad documental. Además, deben causar desequilibrio en el consumidor, debiendo tener en cuenta las circunstancias en el momento de la contratación, y la naturaleza de los bienes y servicios. En este caso la condición general fue impuesta, no negociada individualmente y, además, puede ser estimada abusiva. Respecto del acuerdo transaccional no se ha demostrado que sea fruto de una previa negociación. Siguiendo la doctrina del TS, la transacción también debe pasar el filtro de transparencia. Se debe facilitar la información necesaria por el banco para que el consumidor tenga un conocimiento real de la trascendencia de la cláusula y de su posterior novación. El deber de información rige en todas las fases contractuales, al contratar el préstamo y también después, al producirse la novación. La declaración de nulidad conlleva el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el consumidor de no haber existido la cláusula.
Resumen: Declaración de nulidad de la cláusula limitativa del tipo de interés (cláusula abusiva) incluida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria pactado entre las partes y condena a la entidad IBERCAJA a eliminar dicha condición general con devolución de las cantidades cobradas en exceso. Consecuencia de lo anterior declara la nulidad el acuerdo novatorio firmado con posterioridad. EL TS indica cuando nos encontramos ante una condición general impuesta, en primer término debe superar el control de incorporación; en segundo, tratándose de consumidores, el control de transparencia, que implica que el consumidor conozca con sencillez la carga "económica" del contrato y la carga "jurídica", esto es, que con la información suministrada, el consumidor conozca y pueda percibir que se encuentra ante un elemento esencial del contrato, no accesorio, y como puede jugar en la económica de su contrato, no bastando la mera claridad documental. En este caso se llega a la conclusión de que nos encontramos ante una condición general impuesta, no negociada individualmente, y que debe ser estimada abusiva, conllevando la declaración de nulidad, procediendo a su eliminación, sin perjuicio de mantener su validez el resto de la relación contractual. La transacción también debe pasar por el filtro de transparencia, así como el pacto a la renuncia de acciones, por lo que no puede ser admitida. La declaración de nulidad conlleva el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho anterior.
Resumen: No es suficiente decir que existe el servicio, si no se acredita el mismo. Ni sirve al objeto de la parte apelante para justificar la cláusula controvertida mencionar, como se hace en el escrito de recurso, un rosario de gestiones y trabajos que dice realizados la entidad y por ello justificativos de la comisión de apertura, tales como investigación patrimonial, gastos de estudio y tramitación o gestiones plurales, pero no especificadas. Por una parte, no se prueban tales actividades, meramente mencionadas sin el menor soporte. Por otra, habrá de tenerse en cuenta que las gestiones de recepción de la solicitud y preparación de la documentación oportuna, entre otras, son tan propias de la actividad administrativa de la entidad, que no tendría sentido su cobro por separado.Por lo tanto, la falta de prueba de la efectiva prestación de los servicios que justificarían la comisión de apertura da lugar a la confirmación de s abusividad. Principio de efectividad en materia de costas.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que nulidad del pacto relativo a la comisión por reclamación de posiciones deudoras de la escritura de compraventa con subrogación y novación de préstamo hipotecario suscrito entre los litigantes. Argumenta la Sala que resulta difícil aceptar la tesis defendida por el banco recurrente en la que se muestra como un tercero ajeno al negocio jurídico de subrogación, sin intervención alguna y asumiendo de forma irreversible la adjudicación/compraventa realizada por la promotora. Una vez la entidad financiera acepta la subrogación del comprador adquirente en la posición que en el préstamo hipotecario ocupaba el promotor- vendedor, viene obligada a informarlos sobre las condiciones financieras del préstamo en el que se van a subrogar. Se trata -la de gastos-de una clausula abusiva por cuanto no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el prestatario- a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa. Y lo mismo la clausula de la comisión pues tal como está redactada, produce desequilibrio y es abusiva porque no hay reciprocidad, dado que a la prestación de una parte no sigue, necesariamente, una contraprestación de la otra, resultando indiferente cual sea la cuantía o valor económico real de la prestación -gestión de cobro- y precio de la gestión
Resumen: En el recurso de apelación Banco Sabadell invoca la validez de los acuerdos alcanzados con el cliente sobre la modificación del tipo de interés, sustituyendo la cláusula suelo por el tipo fijo de 1,90%, y la renuncia a las acciones que pudieran derivarse de este acuerdo. En relación a este tipo de contratos el TS viene a decir que no son novaciones sino transacciones, en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo. En este caso no puede considerarse que los clientes conociesen y comprendiesen las consecuencias jurídicas y económicas del pacto, el director de la sucursal declara que en aquellas fechas no se les explicaba a los clientes que tenían derecho a reclamar, no se les comentó las consecuencias de la renuncia. Consta en autos la ficha de información personalizada, de modificación de condiciones y renuncia de acciones. Por todo ello la condena al Banco ha de ser a la devolución de las cantidades abonadas que, en aplicación de la cláusula suelo declarada nula se haya abonado en exceso, respecto a las que hubieran tenido que abonar mediante la aplicación de los tipos variables concertados, esto es, el tipo de referencia más el referencial acordado. Y esto solo puede alcanzar hasta la fecha de la vigencia del segundo acuerdo, por el que las partes pactaron con total transparencia que el préstamo hipotecario se regirá por un interés fijo. Esto supone la estimación parcial de la demanda
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula suelo. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por la prestamista y confirmó la sentencia recurrida. El recurso de apelación se fundaba en la existencia de pacto privado con eficacia transaccional que suponía la extinción de acción para solicitar la nulidad de la cláusula suelo. El tribunal de apelación sostiene que el pacto privado no tiene carácter transaccional y que, en todo caso, no se suscribió bajo premisas de transparencia que permitieran al prestatario ser consciente de la cláusula de renuncia que incorporaba.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula suelo estipulada en el contrato de préstamo y condena a la entidad demandada a devolver los importes indebidamente obtenidos por la aplicación de dicha cláusula. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y acordó, en su lugar, desestimar la demanda. Delimita el tribunal el concepto de consumidor y la carga de la prueba al respecto. Considera el tribunal que, en este caso, los demandantes, al ejercer actividad profesional, o existir indicios fundados de ello, deben de ser los demandantes quienes acrediten a qué finalidad se destinó el dinero: al no hacerlo, considera que no consta su condición de consumidores. El tribunal aplica el control de transparencia general de condiciones generales de la contratación y la buena fe en la contratación, y considera que la cláusula se incorporó sin abuso de posición dominante y que la cláusula es clara, sencilla y legible (mero control formal). Por ello estima el recurso de apelación y desestima la demanda.
Resumen: Contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios por abusiva, ya que si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación. La introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. La apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula conlleva su inaplicación y debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. La jurisprudencia de esta sala ha distinguido entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por el TJUE al resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada sobre esta materia. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: la declaración de nulidad de la cláusula no puede conllevar la atribución de este gasto al banco prestamista, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Gastos notariales: deben repartirse por mitad. Gastos registrales: la obligación de satisfacer estos gastos corresponde al banco prestamista.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima parcialmente la demanda y declara la nulidad por abusiva de la clausula de gastos contenida en la escritura de préstamo hipotecario en el que la parte actora quedó subrogada en escritura de compraventa. Argumenta el tribunal que el presente supuesto no es de aquellos en que se cuestiona la cláusula de distribución de gastos convenida entre comprador y vendedor, a la cual es ajena la entidad prestamista. Tampoco de aquellos en que se transcribe el condicionado del préstamo promotor y la cláusula de gastos no afecta al subrogado. En esta ocasión, acontece una expresa remisión a las estipulaciones del préstamo promotor, en el cual ya se estableció que respecto el eventual subrogado, éste habría de hacerse cargo de todos los gastos que se pudieran originar por su actuación. De donde resulta la legitimación de la apelante, diferenciándose de aquellos otros supuestos en los que no se hace mención alguna al precedente préstamo y en especial a sus estipulaciones. La estipulación en cuestión fue pactada por la prestamista y se proyecta al comprador al tiempo de la subrogación, resultándole aplicable. No es por tanto el caso, de una cláusula ajena a la entidad apelante, imponiéndose al subrogado todos los gastos que se pudieran originar con independencia de su pertinencia o ley aplicables.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad de la clausula sobre gastos contenida en la escritura de compraventa y subrogacion otorgada por las partes condenando a la entidad demandada abonar a la actora la suma reclamada por gastos de registro y 50% de notaría y gestoria e imposición de costas a la demandada que recurre la sentencia. .La sentencia de apelación estima parcialmente el recurso de la demandada y reduce la suma a devolver manteniendo la condena en costas. Argumeneta la Sala que una cosa es la intervención que en banco haya tenido en la subrogación hipotecaria y en la que evidentemente está interesado y otra distinta su participación en la operación de compraventa, que le es completamente ajena y cuyos gastos no pueden serle repercutidos.En relación con las costas, resulta decisivo para resolver sobre este extremo lo que señala el TJUE en su recentísima sentencia de fecha 16 de julio de modo que en procedimientos de reclamación de cláusulas abusivas por parte de los consumidores, no rige el criterio del vencimiento objetivo sino la protección del consumidor ante la existencia de una cláusula abusiva.
