Resumen: Se estima el recurso, sin costas de la alzada, y se revoca la sentencia apelada; se estima la demanda y se declara nula la cláusula suelo, condenando a la entidad demandada a reintegrar a los actores la diferencia entre las cantidades que hubieran satisfecho con causa en la mencionada cláusula suelo y las que habrían abonado de no existir la misma, y también le impone las costas de primera instancia. Respecto del acuerdo invocado por la demandada, sobre renuncia de los actores a reclamar por la cláusula techo/suelo del contrato de préstamo, señala la Sala que no hay prueba de algún tipo de negociación previa entre los intervinientes en él para llegar a tal acuerdo, tratándose de cláusulas redactadas de antemano, sin que conste tampoco cual fuera la posible información que la demandada dio a los actores sobre el verdadero coste y alcance económico que para ellos conllevaba lo pactado. Aplica la Sala la jurisprudencia más reciente del TJUE, que admite que el consumidor pueda renunciar a invocar el carácter abusivo de una cláusula contractual, teniendo tal pacto eficacia vinculante para el consumidor, pero siempre que medie el consentimiento libre e informado de este último a tal acuerdo. En cuanto a las cláusulas de renuncia al ejercicio de acciones judiciales, recuerda que pueden ser abusivas si tienen por objeto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales. En el caso, aprecia falta de transparencia en la cláusula examinada.
Resumen: Se estima el recurso de los actores, sin costas de la alzada, y se revoca la sentencia recurrida solo en lo relativo a no imponer las costas de primera instancia; se mantiene el pronunciamiento desestimatorio de la demanda en la que se instaba la declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial (comunitaria, del Tribunal Supremo y de la misma Sala) sobre el concepto de consumidor. Y señala que aunque se estimase tal condición en los actores apelantes, el recurso estaría abocado al fracaso, pues olvidan estos que la sentencia expresamente declara que hubo negociación y no imposición unilateral de pactos; que hubo negociaciones precontractuales de información por parte del Banco demandado, y que se ha superado el control de incorporación al contrato; cuestiones todas ellas no combatidas en el recurso, en el que ha de estarse a los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio tantum devolutum quantum apellatum [se transfiere lo que se apela] o congruencia con el recurso. Sí acoge el motivo atinente a las costas de primera instancia, apreciando serias dudas acerca de la condición de consumidores de los actores, sobre el destino del local adquirido mediante contrato de préstamo, y sobre la superación de los requisitos de transparencia.
Resumen: Se estima en parte el recurso de los demandados y se revoca en igual forma la sentencia apelada; se estima parcialmente la demanda y se declara la resolución del contrato de autos, condenando a los demandados a pagar a la actora la cantidad resultante de la diferencia entre la reclamada y la que se corresponde con los intereses moratorios -cuyo concepto y cuantía desaparece-; se confirma el pronunciamiento sobre declaración del derecho a ejecutar la sentencia con cargo, entre otros, al derecho real de hipoteca que garantiza el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato impagado, conservando la preferencia y rango; sin imposición de costas en ambas instancias. Entra la Sala de oficio a examinar la cuestión sobre la abusividad de los intereses de demora y aplica la doctrina jurisprudencial sobre la materia. Aprecia abusividad por exceder tales intereses en más de dos puntos respecto del interés remuneratorio pactado. Señala como efecto de esa declaración de abusividad su eliminación total, sin supresión del interés remuneratorio, cuya cláusula no estaba viciada por abusividad y seguía cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución; la liquidación de intereses se debe haber realizado conforme al interés remuneratorio pactado, vigente en el momento del devengo. Entiende que existe una sumisión tácita, manteniendo la competencia del órgano "a quo". Rechaza la aplicación de la doctrina del retraso desleal.
Resumen: La ejecutada, que había sido declarada en concurso voluntario durante la tramitación de un procedimiento de ejecución hipotecaria, que se reanudado transcurrido el periodo de suspensión legal por la comunicación de inicio de negociaciones en el Juzgado de lo Mercantil, tras intentar sin éxito la nulidad de la resolución de aprobación de remate y de las ulteriores, por no haber sido suspendida la ejecución en la fecha de presentación de la solicitud de concurso, que había tenido lugar días antes, formuló revisión que fue estimada, declarándose la nulidad del Decreto de adjudicación y actos anteriores hasta la celebración de la subasta al considerar que los efectos de la declaración de concurso, si se declara, se retrotraen a la fecha de solicitud. El auto de apelación, que revoca la resolución, señala que la declaración de Concurso no produce efectos retroactivos; que la extinción del plazo de negociaciones pre-concursales supone el cese de todos de sus efectos, entre ellos, la suspensión de procedimientos judiciales que queda alzada automáticamente, sin que quepa trasladar sus efectos a un eventual concurso posterior; que la suspensión de la ejecución hipotecaria únicamente tiene lugar cuando recae sobre bienes del deudor " afectos " a su actividad profesional o empresarial y en el caso el administrador concursal había presentado escrito señalando que la finca no resultaba necesaria para la continuidad de la actividad empresarial.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo.
Resumen: Demanda de nulidad de determinadas cláusulas insertas en un préstamo hipotecario multidivisa. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la revocó parcialmente declarando nula únicamente la cláusula de vencimiento anticipado, pero rechazando la pretensión de nulidad del clausulado multidivisa. Recurre en casación la parte demandante y se desestima su recurso. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero sometido a la Ley del Mercado de Valores. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el presente caso, la sentencia recurrida no vulnera dicha normativa en la medida en que no resulta de aplicación. Motivo de casación inadmisible, ya que en el mismo no se justifica el interés casacional, tal y como exige la doctrina jurisprudencial.
Resumen: La sentencia analiza las consecuencias del pacto de cláusula suelo o de interés mínimo en una escritura de préstamo hipotecario y posterior novación en documento privado en la que se elimina la cláusula suelo por el banco y el consumidor renuncia al cobro de las cantidades cobradas en exceso por aplicación de dicha cláusula suelo. No se discute, siguiendo a la STS 205/2018 de 11 de abril, que sea posible una transacción con consumidor sobre cláusula nula. Pero es preciso comprobar que se hayan cumplido los requisitos de la transparencia; incluso de oficio. Para lo cual, según la STJUE de 9 de julio de 2020 (C-452/18; Ibercaja banco), es preciso determinar el nivel de certidumbre que poseía el consumidor respecto al negocio novatorio y si estaba en condiciones de comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban de tal cláusula. La transacción tuvo lugar en 2015, cuando existía doctrina legal consolidada sobre la nulidad, pero incertidumbre sobre los efectos retroactivos de esa nulidad. Sólo hubo prueba documental. El banco no facilitó al cliente los datos precisos para averiguar qué se le debía por la aplicación de la cláusula suelo. Luego el pacto transaccional es nulo. Tampoco supera la transparencia en cuanto a la cláusula suelo inicial. En cuanto a los gastos, aunque no se conceden todas las cantidades concretas reclamadas, se condena en costas en virtud del principio disuasorio del profesional oferente de cláusula abusiva.
Resumen: En el recurso de apelación se cuestiona la validez del acuerdo transaccional pactado por las partes en el que se suprime la cláusula suelo incluida en el préstamo hipotecario y se renuncia por los prestatarios a las acciones que pudieran corresponderles. La clave de la diferencia entre novación modificativa y contrato de transacción radica en que en ésta última pretende evitar una controversia judicial sobre la validez de la cláusula. El TJUE indica que incumbe al juez nacional tener en cuenta la voluntad del consumidor, y valorar si ha sido informado y ha expresado su consentimiento libremente. En este caso el convenio fue preparado por el Banco, no consta que con anterioridad a la firma los actores hubieren entablado reclamaciones judiciales o extrajudiciales, o que la firma fuese el resultado de una negociación entre las partes. Tampoco consta que los prestatarios tuvieran especiales conocimientos jurídicos, ni que firmasen el acuerdo convenientemente asesorados. En definitiva no se advierte la cusa de una transacción. En cuanto a la cláusula suelo incluida en el contrato de préstamo, procede analizar el control de incorporación y el de transparencia, siendo necesario que la información permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato o que incide en la obligación de pago. No se cumplieron las exigencias de la transparencia, además, existe desequilibrio entre las partes, la cláusula debe declarase abusiva y nula.
Resumen: Los demandantes, que habían firmado un acuerdo con el Banco por el que la entidad prestamista se comprometía a no aplicar el suelo en durante un periodo y los prestatarios a no entablar acciones frente al Banco el mismo periodo, formulan demanda en la que ejercitan acción de nulidad, por abusiva, respecto a la clausula que establece los límites a la variabilidad del tipo de interés. La sentencia de primera instancia desestima la demanda por haberse formulado la demanda encontrándose en vigor el acuerdo transaccional para el no ejercicio de acciones. La sentencia de apelación, que confirma la recurrida, señala que el documento acoge una verdadera transacción extrajudicial de contenido limitado, que no neutraliza definitivamente, sino que impide temporalmente el ejercicio de acciones judiciales por parte de los prestatarios relacionadas con la cláusula suelo; que limitación es potencialmente reparable, ya que si es que la cláusula suelo es finalmente declarada nula por abusiva, mediante el reajuste futuro del préstamo y la obligación del banco de abonar no solo las sumas percibidas en exceso mientras estuvo vigente, sino también los intereses legales devengados desde cada pago indebido, de modo que ni siquiera cabe sostener que el acuerdo, al prohibir el ejercicio de acciones judiciales durante el plazo de vigencia, sea en este caso abusivo en perjuicio de los consumidores, de modo que, en virtud de dicho acuerdo transaccional, no puede examinarse la validez de la cláu
Resumen: La nulidad de la cláusula por la que se establecen los intereses moratorios en un préstamo hipotecario no da lugar a que el banco haya de restituir al prestatario el exceso de cuota que haya pagado en el ITPyAJD.
