Resumen: Se reiterara ahora la tradicional doctrina jurisprudencial que establece, en aplicación del artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, que la manifestación de voluntad plasmada en un acuerdo que, además, resulta cumplido (siendo abonado el justiprecio), deja zanjado el debate sobre la valoración de los bienes expropiados. En supuestos en que la expropiación quedó consumada por el abono del justiprecio antes de la entrada en vigor de la LS 2007, no procederá la retasación de los terrenos expropiados aunque con posterioridad a dicha entrada en vigor se produjera una modificación puntual del PGOU que alterara los usos o la edificabilidad de dichos terrenos pues, en tales casos, esa modificación debe entenderse efectuada en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2.b) del TRLS 2015.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si cabe aplicar la previsión contenida en el párrafo 2º de la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en cuanto a aplicar un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo o explotación, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural, aun cuando no exista sobre el particular desarrollo reglamentario.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto contra el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación, en el proyecto de expropiación para una carretera, que afectó a unos terrenos de Suelo no urbanizable, de uso predominante de olivar secano. El justiprecio se dirige a conseguir la indemnidad patrimonial del afectado, mediante una equilibrada compensación por la privación singular de la que ha sido objeto de manera coactiva en razón del interés público. La parte actora afirma en su demanda que se muestra conforme con el establecimiento del valor del suelo, y disconforme con el factor de localización 2, al entender que en su caso le era aplicable un factor superior. En cuanto al factor de localización, la Sala ha dictado diversas sentencias convalidando el factor 2 aplicado por el JTE, como el aplicado en este caso, en relación con las piezas de justiprecio de diversos expedientes referidos al mismo proyecto de expropiación en el mismo término municipal. Se aplica el criterio que lleva a fijar un factor de localización superior al 2 que reconoce en este caso el JTE, a la vista del contenido de la pericia que cita el expropiado, pero en la hoja de aprecio el expropiado propone un factor de localización global del 3.874, inferior al propuesto en la pericia, por lo que debe ser el de la hoja de aprecio.
Resumen: El expediente de justiprecio al que se refiere el segundo párrafo del art. 48.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (54) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, debe tener por objeto los terrenos de valor equivalente que se debieron adjudicar a su propietario por el instrumento de planeamiento mediante la valoración del aprovechamiento urbanístico reconocido por la Administración expropiante . En la ocupación de terrenos destinados a dotaciones públicas el pago se difiere a la adjudicación de terrenos de valor equivalente en otra unidad de ejecución excedentaria mediante el reconocimiento o reserva de un aprovechamiento urbanístico. Pero cuando, no se aprueba el correspondiente instrumento para materializar el aprovechamiento y, por tanto, no se consolida el aprovechamiento en esos terrenos equivalentes y, el interesado inicia el expediente de justiprecio, el objeto de valoración dependerá de las circunstancias concretas y específicas.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso planteado contra el justiprecio del Jurado de Expropiación, con motivo de la ejecución del proyecto básico de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria. Pero en la demanda se propuso como prueba el expediente administrativo y los documentos acompañados a la demanda. Es decir, que la única prueba es el expediente administrativo, ya que con la demanda no consta acompañado ningún documento. Hay un informe en el expediente administrativo, si bien se basa en meras estimaciones carentes de sustento probatorio. Y esta es la única prueba de que dispone la Sala para valorar si la actuación del Jurado en la valoración es correcta o no; y ya desde este momento dejamos constancia de que es una prueba a todas luces más que insuficiente, como el propio autor del documento ya reconoce desde el primer momento. En cuanto a la valoración del transporte y montaje de maquinaria, y la pérdida de elementos productivos, se ampara en unas fotografías que nada justifican; no está acreditado ni las instalaciones industriales ni la maquinaria existente en las parcelas, lo que supone que no se puede comprobar la maquinaria industrial que había que trasladar. En cuanto a los gastos de sustitución o acondicionamiento el nuevo local, se trata de una partida que se ampara en meras facturas pro forma, por lo que no resultan debidamente justificados. Igual desestimación de las demás partidas reclamadas, por falta de prueba.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que desestima el recurso contencioso planteado contra vía de hecho consistente en ejecución de demolición colindante a la vivienda del actor, sin tramitar procedimiento, pues no se trata de una demolición, sino de obras de restauración. El edificio es propiedad del Ayuntamiento y no necesita autorización para ejecutar las obras, constando al expediente acuerdo de aprobación del proyecto, expediente de contratación con adjudicación al contratista, aprobación del plan de seguridad y salud, e informe de la Dirección General de Patrimonio, así como subvención de la Diputación Provincial de Valencia. Al tratarse de un bien de titularidad municipal, la obra no requiere licencia, sino aprobación del proyecto, y el recurrente no articula prueba alguna en orden a acreditar haber sufrido daño material, derivado de dicha obra. El recurrente pretendía el reconocimiento de perjuicio consistente en indemnización de la privación del uso de su vivienda, pero no presenta prueba alguna en relación a sus afirmaciones, y por el contrario, la aportada por el Ayuntamiento acredita la inconcurrencia de perjuicios derivados de la pretendida ocupación temporal.
Resumen: Se solicita responsabilidad patrimonial, por los daños ocasionados en los terrenos de actividad del recurrente como vertedero y pérdida de valor, tras el corrimiento y desprendimiento de tierras en los terrenos que había sido autorizados como vertedero por la Administración. Se imputa por tanto inactividad por parte de la administración, por entender que no valoró el riesgo que existía de desprendimientos y corrimientos de tierra, así como por la falta de realización del estudio geológico, con carácter previo a la concesión de la licencia de actividad de vertedero de residuos de construcción. La Sala no da por acreditada que los daños se hayan producido por responsabilidad de la administración, dado que no puede determinarse que la causa directa sea el volcado de residuos, sin poder descartar de antemano otras circunstancias como por ejemplo el Estado en el que quedó la finca de la finalización del vaciado por la explotación como cantera, lo que a su vez también es responsabilidad de la recurrente, y que no cabe duda que modificó la morfología de la montaña. Por todo ello ha de concluirse que no puede establecerse una relación de causalidad entre la situación acontecida y las actuaciones u omisiones por parte de las administraciones públicas implicadas.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró ser conforme a derecho Decreto Municipal que acordó requerir para que en el plazo máximo de un mes procedieran los recurrentes a desalojar el inmueble expropiado, dejando expedito de maquinaria el mismo para proceder a su ocupación y posterior formalización mediante el levantamiento de la correspondiente Acta de Ocupación y Pago. En el presente supuesto se ha procedido a abonar a los expropiados el justiprecio fijado por la Administración, que constituye el límite en el que existe conformidad entre los expropiados y el Ayuntamiento. La partida económica relativa a la maquinaria es una cuestión pendiente de resolver, sin perjuicio de la resolución que haya emitido la CTV. Ello no es óbice para que, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 50 de la LEF se pueda proceder a la ocupación del inmueble, debiendo los apelantes encargarse, asumir el coste y proceder al desalojo del inmueble permitiendo su ocupación a fin de que se puedan llevar a cabo por la Administración municipal las actuaciones de protección de la muralla para evitar que se genere un daño irreparable ante el deterioro existente de la misma, lo que justifica, entre otras cuestiones, que estemos en presencia de una expropiación urgente.
Resumen: Tras constatar la Sala la correcta tributación por IRPF de los intereses de demora por la fijación y pago del justiprecio que percibieron los demandantes y su calificación, se aborda por la Sala la materia relativa a las cantidades que se pretenden deducir por el recurrente, en concepto de gastos de abogados. Declara la Sala que desde la consideración legal de las pérdidas patrimoniales, el pago de los gastos judiciales, abogado y procurador se configura como un supuesto de aplicación de renta al consumo del contribuyente, por lo que no puede efectuarse su cómputo como pérdida patrimonial. Todo ello lleva a la Sala a confirmar la resolución recurrida y la liquidación impugnada en cuanto que resulta acorde a la normativa al aumentar la base imponible del ahorro en el importe de las ganancias patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, como es el importe de los intereses de demora indemnizatorios, en aplicación de los artículos 33 y 49 de la LIRPF, sin la minoración hecha por el contribuyente. Siendo procedente por ello la desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso planteado contra el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación, tramitado por el procedimiento de urgencia. En cuanto al valor del suelo, el JEF fijó un valor unitario del suelo de 8,15 €/m2, por el potencial cultivo de limonero por ser el cítrico más idóneo, frecuente y mejor adaptado a las condiciones agroclimáticas de la zona. Pero debe ser aplicado un factor de corrección atendiendo a la ubicación de la parcela. La Sala no advierte error o falta de precisión en la resolución del Jurado en lo relativo al cultivo de referencia y a la aplicación de los índices oficiales, según la información de la que disponía y tomó como referencia estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Partiendo del valor unitario del suelo fijado por el Jurado, debe ser reconocido un coeficiente corrector por localización, pues el valor unitario fijado no se acredita que se aleje del valor de mercado y, además, se ha constatado la ubicación especial de la finca cercana a núcleos urbanos, por lo que se aprecia correcto aplicar un Factor de Localización de 2,12,como indica la pericial de la actora. En cuanto a la servidumbre, considera que ha de estarse a la valoración del Jurado, así como también en cuanto a la ocupación temporal, al no acreditarse que los daños derivados de la misma excedan del 10% del valor de la superficie ocupada. Demérito: el de la hoja de aprecio.
