Resumen: Advierte que la Sala ha dictado ya dos sentencias correspondientes a los RRCC 3067/2015 y 3038/2015, las cuales resuelven una controversia sustancialmente idéntica a la que aquí se plantea, aunque en relación con otra finca del mismo proyecto, siendo además los motivos articulados en el recurso idénticos a los ya resueltos, por lo que la Sala va a seguir el mismo criterio que en aquellos. En aquellas sentencias de 13/3/2017 ya se señaló que la fecha de inicio del expediente de expropiación no era la indicada por la Sala a quo, sino que era necesariamente posterior a la sentencia que ordenaba su inicio, en este caso sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid de 17/9/2009, resultando de aplicación a la valoración del suelo el TRLS 2008. La inclusión de un terreno en la situación de suelo rural o de suelo urbanizado, únicas contempladas en el TRLS 2008, constituye una cuestión de hecho que por tal depende de una valoración técnica de las circunstancias concurrentes en el suelo y en el momento de la valoración, y no de la clasificación urbanística. Y en el presente procedimiento, ni en el expediente ni en las actuaciones obra elemento probatorio alguno que acredite que la finca objeto de esta litis se ajuste a la situación de suelo urbanizado, por lo que la valoración debe realizarse conforme al artículo 23 TRLS 2008, esto es, en consideración a su situación básica de suelo rural, posponiéndose para ejecución de sentencia la fijación del justiprecio.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en: Determinar si el aumento del justiprecio como efecto de la retasación de bienes expropiados (art. 58 LEF), y reconocido por sentencia judicial tras el fallecimiento del causante, es una ganancia patrimonial sujeta al IRPF del causahabiente, porque trae causa de una alteración patrimonial diferente, autónoma y posterior a la producida originariamente por la expropiación del bien o derecho; o, por el contrario, si constituye un hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones, al considerar que se trata de valorar de nuevo tal ganancia, en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2024 (rec. 4295/2022). Aclarar cómo debe imputarse temporalmente la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la retasación de bienes expropiados (art. 58 LEF) y, en particular, en los casos en los que haya resultado litigioso el justiprecio fijado en la retasación; si es aplicable la jurisprudencia sobre imputación temporal contenida en las sentencias de 26 de mayo y 12 de julio de 2017 (rec. 1137/2016 y 1647/2016) y de 7 de noviembre de 2024 (rec. 2440/2023). 3. Discernir, si a tales ganancias les resultan aplicables los coeficientes reductores o de abatimiento previstos en la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró ser conforme a derecho resolución municipal denegatoria de retasación de una finca expropiada.La doctrina jurisprudencial fijada por el T.S. en sentencia de 6 de noviembre de 2024, aplicable por identidad sustancial al caso expresa que:" en supuestos como el presente, en que la expropiación quedó consumada por el abono del justiprecio antes de la entrada en vigor de la LS 2007, no procederá la retasación de los terrenos expropiados aunque con posterioridad a dicha entrada en vigor se produjera una modificación puntual del PGOU que alterara los usos o la edificabilidad de dichos terrenos pues, en tales casos, esa modificación debe entenderse efectuada en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2.b) del TRLS 2015".Ninguna relevancia tiene que en el caso enjuiciado por el T.S. la modificación fuese anterior a la entrada en vigor del R.D.Leg. 7/2015, y en el caso que nos ocupa la modificación se produjera con posterioridad, por cuanto la sentencia es clara al determinar que, "... en supuestos como el presente, en que la expropiación quedó consumada por el abono del justiprecio antes de la entrada en vigor de la LS 2007, no procederá la retasación de los terrenos expropiados aunque con posterioridad a dicha entrada en vigor se produjera una modificación puntual del PGOU que alterara los usos o la edificabilidad de dichos terrenos.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si puede exigirse responsabilidad, en los términos de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la Administración que declara la protección de un inmueble con base en la legislación de patrimonio histórico, por los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes así como, en su caso, las restricciones al derecho a edificar reconocido previamente a favor de los propietarios (declaración de Bien de Interés Patrimonial por la Comunidad de Madrid del Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús).
Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra la aprobación definitiva del Plan Especial para la mejora de las determinaciones pormenorizadas del frontón, pasando el edifico pasa a ser propiedad municipal en ejecución de las previsiones del PG. El objeto del presente Plan Especial consiste en definir un marco normativo para la mejor protección y puesta en valor del Frontón Beti-Jai, mediante la modificación de la ordenación pormenorizada, manteniendo el uso deportivo característico y admitiendo como autorizable, entre los compatibles, la clase de equipamiento educativo o cultural. Este Plan especial no modifica las determinaciones del planeamiento general vigente relativas al modelo de utilización del territorio y desarrollo urbano. no existe alteración sustancial respecto a la memoria del anterior instrumento anulado en lo referente a dichas cuestiones. Se complementa en el sentido de que las obras necesarias para consolidar y recuperar el frontón acabaron en 2019, encontrándose el frontón totalmente recuperado pero actualmente en desuso. si bien no es exigible al plan impugnado la incorporación del Informe de impacto de género, tal y como sostiene la Sala de instancia, ello no es óbice para que puedan discutirse a través de la impugnación del Plan, los concretos y específicos aspectos que pueden incidir en una ordenación de naturaleza discriminatoria. El principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación. Considera el Tribunal que no queda acreditado el error de superficie, debiendo prevalecer la que se indica en el acta de ocupación, teniendo además en cuenta que no constan modificaciones en el proyecto, sin que haya quedado destruido el valor probatorio del acta de ocupación como documento público, pues no consta desde la fecha del acta de ocupación medición o comprobación in situ. Conforme a reiterada doctrina jurisprudencial ha de atenderse a la fecha del inicio del expediente de justiprecio para determinar la legislación aplicable y no a la del inicio del expediente expropiatorio. La Sala desestima la posibilidad de aplicar la Ley 6/1998 y, por tanto, valorar el suelo expropiado como urbanizado por el método residual.Se trata de Suelo Urbanizable Sectorizado, pero no consta que cuente con ordenación detallada, por lo que deberá valorarse según su situación real, que es la de suelo rural. Como consta de la ficha urbanística que se adjunta con la hoja de aprecio requería de un Plan Parcial, siendo la iniciativa para su desarrollo privada, el cual no estaba aprobado. Consta en el informe del perito judicial que los ténicos municipales confirman que en el Sector F-1 en el que se encuentran las fincas parcialmente expropiadas no ha tenido desarrollo alguno, ni modificaciones ni hay ningún expediente de incumplimiento de plazos abiertos.
Resumen: Las resoluciones concernidas incurren en error judicial, derivándose se deriva un perjuicio patrimonial para la parte ejecutante que es incuestionable, pues no se ha cumplido debidamente una sentencia que reconocía el derecho a la garantía esencial de retasación por el retraso de casi cuatro años en el pago del justiprecio. Aunque no es la finalidad de este procedimiento cuantificar ese perjuicio patrimonial, que deberá ser objeto de reclamación en el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, cabe constatar que los valores que resultan de los precios declarados en las transmisiones aportadas por la ejecutante resultaban ser superiores en todo caso al que se fijó en el justiprecio originario de 14 de mayo de 1999, que, a la postre fue el mantenido por las resoluciones del JPEF y asumido por las resoluciones judiciales que lo ratificaron con error patente, frustrando con manifiesto error el derecho de la ejecutante a obtener una retasación del justiprecio con aplicación del procedimiento establecido en las bases de la ejecutoria, en el que se hubiera constatado debidamente la existencia de valores de fincas análogas.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que desestimó el recurso interpuesto contra la vía de hecho cuya cesación se requirió del Ayuntamiento, por llevar a cabo actuaciones en la finca privada del compareciente, concretamente al establecer y promocionar mediante letreros una denominada ruta senderista a lo largo del camino que linda con la finca, en el sentido de condenar al Ayuntamiento la retirada, a su costa, de los paneles y postes que aparecen reflejados en el acta notarial. Los postes se habían colocado a la vera de un camino público que linda con la finca de aquel, pero dentro de la propiedad del interesado. En ejecución de una anterior sentencia habrá de instarse la retirada de los postes kilométricos de la carrera popular a que se refería aquel pleito y a los que se refirió la sentencia, y que habían sido colocados en junio de 2016; en concreto, son los cuarto postes que constan en el acta notarial. En este caso el camino es efectivamente dominio público, pero el camino inmemorial que el Ayuntamiento limpió y adecentó no tenía estos posibles elementos funcionales, los cuales fueron incorporados por decisión del Ayuntamiento, y no pueden instalarse en la propiedad del interesado sin el previo expediente expropiatorio o la adquisición amistosa de los terrenos.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso y anula el Acuerdo del Jurado Provincial, fijando nuevo justiprecio expropiatorio para una finca. El Tribunal descarta el valor del suelo propuesto por el perito de la actora ya que el mismo parte de una renta potencial de invernadero que, según explica el Jurado -y ha sido confirmado por el Tribunal- no es aplicable cuando no se cuenta en la misma parcela con los permisos y autorizaciones necesarios para su instalación. Lo que también ha sido confirmado por el perito judicial.En cuanto a la renta de la explotación se mantiene la que propone el Jurado, que resulta suficientemente justificada al indicarse en la resolución de justiprecio cuales han sido los cultivos considerados y la fuente de la que se han obtenido los datos referidos a producción, precios y costes.También se mantiene la tasa de capitalización señalada por el Jurado.Respecto al factor de localización se acoge el que propone el perito de la parte actora y que es ratificado por el perito judicial, y más motivado que el del Jurado.En relación a la indemnización por demérito no se han acreditado los perjuicios reales pues el perito de la actora y el judicial aplican una fórmula que no atiende a los daños que efectivamente puedan derivarse de la disminución de superficie y que, sin embargo, tiene en cuenta las supuestas limitaciones derivadas de la normativa ferroviaria. Pero éstas limitaciones no son consecuencia de la disminución de superficie de las parcelas ni de su división.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto contra el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación vinculado a la ejecución del Plan Especial de las Redes Públicas de nivel general - Nueva ciudad deportiva. Se establece que el Jurado tenía una composición suficiente y correcta, dictando una resolución debidamente motivada. Se critica por la demanda que se fije en 2,50 el factor de localización, sin haber tenido en cuenta, como ha venido exigiendo la jurisprudencia, las circunstancias concurrentes de cara a su cuantía, lo que implica la quiebra de la presunción de veracidad y acierto predicable de los acuerdos dictados por este tipo de Jurados; pero, tras examinar la prueba practicada, siendo el valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros reconocido por el Jurado Territorial, de 28.433,95 euros/hectárea, arroja un resultado de 2,84 euros/m2 x 4,5977 = 13,057 €/m². Respecto de la superficie expropiada habrá de estarse a la señalada en la resolución recurrida puesto que se sustenta en una prueba topográfica debiendo además significarse que el demandante pretende hacer valer una mayor superficie, que sería la establecida en la inscripción en el registro de la propiedad, que es voluntaria no da fe de los datos de hecho, por lo que no puede hacerse valer la cabida de la finca inscrita en el registro de la propiedad frente a la descripción catastral.
