• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: FELIX BARRIUSO ALGAR
  • Nº Recurso: 494/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: De las tres imputaciones contenidas en la carta de despido, el Juzgado consideró improbada una conducta fraudulenta de una mínima cantidad de dinero, la comisión de dos simples despistes en una nueva tarea asignada al trabajador y que no es motivo de despido el formular una querella contra los administradores de la empresa imputándoles haber presentado un documento falso en un juicio laboral. Considerando que existía panorama indiciario suficiente de ataque a la garantía de indemnidad con aquellos antecedentes judiciales de que, en realidad, más que obedecer a unos hechos realmente probados o suficientemente graves, obedecía al hecho de formularse esa querella, el Juzgado invirtió las reglas de la carga de la prueba ordinarias e impuso a la empresa la carga de probar móvil ajeno al represor por aquella querella y no probándose ello, declaro tal despido disciplinario nulo, absolviendo a la empresa de la reclamación de cantidades que se había acumulado al despido por el demandante. La empresa presenta recurso de suplicación, que es desestimado en la sentencia del Tribunal Superior. Primeramente inadmite las propuestas de reforma fáctica que se contienen en el recurso, tras explicar los requisitos legales de rigor para que operen este tipo de motivos en suplicación laboral. Seguidamente llama la atención sobre la falta de prueba o de entidad grave de las diversas imputaciones de la carta de despido y aprecia correcto el razonar y decisión judicial sobre tal despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JOSE MANUEL RIESCO IGLESIAS
  • Nº Recurso: 1053/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso de los conductores basta con superar la tasa de alcoholemia fijada reglamentariamente en cada momento durante el trabajo, así como la conducción bajo los efectos de las drogas, sustancias alucinógenas o estupefacientes, resulta una conducta meredora de despiso. En esta última situación se hallaba el trabajador demandante tal como consta en los hechos probados que antes hemos recordado, puesto que había consumido cocaína menos de 48 horas antes de sufrir el accidente y ser denunciado por la Guardia Civil por lo que es razonable considerar que se hallaba bajo los efectos de las drogas (el Magistrado señala en el fundamento de derecho segundo que la presencia de cocaína en sangre dura 48 horas). La conducción del camión por el actor bajo los efectos de las sustancias prohibidas implica, además de un quebranto de la buena fe contractual y una deslealtad en las funciones encomendadas, la falta muy grave prevista en el Convenio sectorial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: IGNACIO MARIA PALOS PEÑARROYA
  • Nº Recurso: 1219/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el trabajador sancionado la procedencia de su despido por entender inaplicable al caso el instituto de cosa juzgada pues mientras que su demanda versa sobre tutela de derechos fundamentales en el anterior procedimiento se alcanzó un acuerdo transaccional en el ámbito del despido impugnado. Partiendo de que en su inicial escrito el actor solicitaba, en relación a su despido, que se declarase la vulneración de derechos fundamentales y tras advertir que el acuerdo alcanzado en el anterior procedimiento es válido y vinculante (comprensivo de todos los conceptos derivados del despido) ello impide un ulterior proceso con idéntico objeto. No nos encontramos ante dos procedimientos diferentes (de despido y tutela) en la medida que la que ahora se pretende es la misma que se alegaba para postular la nulidad del despido sin que ello implique una renuncia de derechos reconocidos por disposiciones legales a la vista de la previsión legal que permite alcanzar una conciliación en los procedimientos sobre tutela de derechos fundamentales. Según una consolidada jurisprudencia los actos de disposición en materia laboral han de vincularse a la función preventiva del proceso propia de la transacción por lo que el finiquito puede cumplir esa función transaccional, aunque quede al margen de los cauces institucionales de conciliación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ
  • Nº Recurso: 1897/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declarada la nulidad del despido del actor, recurre la empresa condenada en suplicación. El Tribunal Superior de Justicia rechaza la nulidad de actuaciones interesada, al no haberse ocasionado indefensión a la empresa, toda vez la sentencia no solo se ha basado en la presunción de veracidad de que gozan las actas de ITSS sino también en la totalidad de la prueba practicada y, además, por no constituir una cuestión prejudicial previa la impugnación del acta de infracción ni la demanda de oficio en trámite sobre la naturaleza de la relación. En cuanto al fondo, tras apreciar que entre las partes litigantes existe una relación laboral común y no un contrato de agencia, desestima el recurso ya que, en atención a la conexión temporal entre el cese del trabajador y las previas demandas formuladas por aquel contra la empresa demandada, estamos ante un despido discriminatorio, vulnerador del derecho a la tutela judicial efectiva, al surgir el principio de inversión de la carga de la prueba y no acreditar la empresa que su decisión de despedir al actor era razonable y absolutamente desconectada de cualquier propósito de represalia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO MORENO GONZALEZ-ALLER
  • Nº Recurso: 134/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor que trabajó para la FUNDACIÓN AD QUALITATEM como Secretario General Técnico junto con otros 2 empleados, fue despedido el 23-05-18 al aprobarse la extinción y liquidación de la Fundación con apoyo en el art 49 g) ET. Ilegalidad de los nombramientos de los patronos delegados. No tiene soporte fáctico, es cuestión nueva y el cese del actor se adopta unánimemente por los patronos liquidadores. Extinción por voluntad del trabajador. Se rechaza, no hay modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se resalta que la Fundación se vio obligada a trasladar su sede a otra calle -ambas muy cercanas-, y aunque el actor es instalado en la planta 0 -30 m útiles-, dispone de mesa, ordenador, impresora, teléfono y fotocopiadora y mantiene su categoría, funciones -aunque se delegue por operatividad en 2 patronos la representación legal de la Fundación- y salario y concluye que las desavenencias por la revocación de poderes, el ejercicio del poder sancionador por la empresa o la exigencia del horario y la instalación del despacho donde debe convivir con otras fundaciones no repercuten en la dignidad del actor. Despido por extinción de la personalidad jurídica de la Fundación -pérdidas y resultados negativos desde 2015 acreditadas-. El despido de nulo porque la Fundación al acogerse al art 49.1 g) ET debió seguir los trámites del despido colectivo aunque contara con menos de 5 empleados -redacción imperativa y de orden público-. Grupo patológico. No tiene soporte fáctico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO MORENO GONZALEZ-ALLER
  • Nº Recurso: 113/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala sostiene que no procede la readmisión de la trabajadora porque: la DA 8ª del Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de Madrid, dispone que se garantiza, en los términos de la legislación aplicable, la estabilidad en el empleo del personal laboral fijo, que no podrá ser despedido contra su voluntad, si no es por razones disciplinarias, objetivas o de fuerza mayor, sin establecer ninguna previsión sobre la opción a ejercitar por el despedido; porque el precepto va dirigido exclusivamente al personal laboral fijo y la condición de la actora sería indefinida no fija al tratarse de una contratación realizada en el ámbito concreto de las Administraciones Públicas, y; la doctrina dela STS de 25-11-13, (Recurso: 3292/2012), no es aplicable al referirse a un convenio distinto, con un contenido, además, no coincidente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ PARODI PASCUA
  • Nº Recurso: 156/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia declara el despido procedente y reconoce una determinada cantidad solicitada por el actor. Frente a la misma se alza en suplicación la representación de éste. La Sala desestima el recurso por los siguientes motivos. En primer lugar, por no concurrir causa de nulidad por insuficiencia de hechos probados y falta de motivación de la sentencia. En segundo lugar, se rechaza la solicitud de modificación del relato fáctico, al no darse los requisitos jurisprudenciales para acceder a la misma. En tercer lugar, considera que no existe despido sino desistimiento voluntario por baja voluntaria en la empresa, con la consiguiente firma de un finiquito. Y finalmente, en cuanto a la reclamación de cantidad, al no haber prosperado la revisión fáctica, no cabe reconocer una suma mayor a la fijada en la instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: JOSE FERNANDO LOUSADA AROCHENA
  • Nº Recurso: 1860/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que, declara la improcedencia del despido disciplinario del actor, recurre la empresa en suplicación. El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso y declara la nulidad de actuaciones, pues en la sentencia de instancia no se expresa en su resultancia fáctica cuáles son los hechos imputados al trabajador que se declaran probados. Es verdad que en la fundamentación jurídica se afirma que los hechos narrados en la carta de despido, resultan acreditados por el medio de reproducción de la imagen aportado y visionado en el acto de juicio, pero no se señala cuáles son esos hechos, y dicho medio de reproducción no puede ser visionado por la Sala de suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: LUISA MARIA GOMEZ GARRIDO
  • Nº Recurso: 1003/2018
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sanciones muy graves impuestas al actor en aplicación del Convenio aplicable. En la instancia se anula una de ellas por vulneración del derecho de libertad sindical, al formar parte el anterior del Comité de empresa, con denuncias previas a la Inspección. En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: FRANCISCO BOSCH SALAS
  • Nº Recurso: 2633/2019
  • Fecha: 12/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre la trabajadora sancionada la procedencia del despido motivado por su reiterada apropiación del importe del servicio de restaurante en el que era camarera bajo un primer motivo de nulidad sustentado en la admisión de las grabaciones realizadas por la empresa. Desde el análisis que ofrece la doctrina constitucional sobre los límites a considerar en la instalación de cámaras en el centro de trabajo (referidos a su información y finalidad) y la compatibilidad de la misma con la sentada por el THDH, advierte la Sala que existían carteles anunciadores de la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona externa utilizada por el público en general, y en la zona estrictamente laboral; instalación que era conocida por los trabajadores desde el comienzo de la relación laboral. Concurre también la circunstancia de que se produjeron una serie de anulaciones de tickets que resultaron imputables a la trabajadora, que procedía no solo a su anulación como si se tratara de un error en el pedido o en el servicio, sino también a quedarse el dinero en metálico que provenía del pedido anulado. A través de prueba lícitamente practicada se constataron faltas de muy difícil o imposible acreditación por otra vía; lo que implica un probado quebranto del principio de buena fe contractual sin que afecte a su calificación el importe de lo apropiado.

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