Resumen: Despido. Cálculo de la indemnización. Trabajador que prestaba sus servicios en una empresa, la cual le concedió durante la vigencia de la relación laboral unas opciones para la compra de acciones de la compañía que reportaron beneficios al trabajador. La empresa despide al trabajador y reconoce la improcedencia en la carta de despido, consignando en el Juzgado la indemnización legal correspondiente, pero sin computar los planes de opciones. El TSJ confirma la declaración de improcedencia que había declarado el Juzgado de Instancia, pero incrementa la cuantía de la indemnización al tener en cuenta los plantes de opciones. La empresa interpone RCUD alegando tres motivos. En cuanto al 1º motivo, relativo al cómputo a efectos indemnizatorios del beneficio obtenido por el ejercicio-venta de las opciones efectuada con posterioridad al despido, el TS aprecia falta de contradicción. Dado que cada Plan de opción de acciones tiene su propio régimen jurídico. Sin embargo, el TS sí estima el 2º motivo, relativo al cómputo de la ganancia obtenida al ejercitar las opciones, dado que considera que la ganancia obtenida se prorratea por el número de años que se ha producido. Y en cuanto al 3º motivo, relativo a la interrupción del devengo de los salarios de tramitación en virtud de la consignación judicial, el TS aprecia falta de contradicción, dado que en la sentencia de contraste se apreció error "excusable" porque el salario sólo se pudo calcular en Suplicación.
Resumen: La cuestión a resolver en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ha quedado centrada y limitada a determinar si es aplicable al caso la previsión contenida en el art. 50.10 del RD. 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en el que se atribuye al Pleno de las Corporaciones Locales la facultad de: "...separar del servicio a los funcionarios de la entidad, ratificar el despido del personal laboral e imponer sanciones por faltas graves o muy graves a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que no supongan la destitución del cargo ni la separación definitiva del servicio". Tras apreciar la contradicción, la sentencia señala que la ratificación del despido por el Pleno ya no es exigible porque dicho requisito ha sido eliminado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y antes por la Ley 11/1999 que reformó los arts. 21 y 22 de la LBRL de acuerdo con su disposición derogatoria. Con arreglo, pues, la nueva normativa exige al Alcalde dación de cuenta al Pleno de los despidos de personal laboral, pero no la ratificación por el Pleno. La sentencia no aprecia la contradicción respecto del segundo motivo en el que se alegaba la defectuosa tramitación del expediente disciplinario.
Resumen: Despido. El actor fue despedido por la empresa demandada por razones objetivas. Habiendo impugnado el despido, ambas partes acordaron la suspensión del procedimiento para llegar a un posible acuerdo. Posteriormente, tanto la sentencia de Instancia como la sentencia del TSJ declararon la improcedencia del despido con condena a la empresa a abonar los salarios de tramitación hasta la notificación de la sentencia; entendiendo la Sala que los salarios se devengan a pesar del acuerdo de ambas partes sobre la suspensión de los mismos, puesto que la petición de suspensión se hizo por ambas para llegar a un acuerdo, por lo que la renuncia del trabajador no es válida en cuanto al devengo de salarios. El TS declara la falta de contradicción entre la sentencia de contraste y la recurrida, pues en ésta la Sala no suspende el devengo de los salarios de tramitación porque hubo una suspensión del juicio para llegar a un acuerdo; lo cual no concurre en la sentencia de contraste.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que declaró el despido objetivo procedente y ello sin entrar a conocer del fondo del asunto -superación de los umbrales previstos en el art. 51.1 y 52 c) ET, cuestión que se vincula con la existencia de un grupo de empresas al no concurrir la contradicción exigida. Las circunstancias son distintas, siendo el objeto de debate en ambos procedimientos diferente, faltando la identidad mínima sobre los supuestos esenciales para discernir sobre la pretensión de si debe considerarse a las tres empresas demandadas, que conforman un grupo empresarial económico, como una única organización empresarial formando la misma organización empresarial y, por tanto, computar todos los despidos en la empresa así considerada. Mientras que para la sentencia recurrida no existe indicio fáctico alguno que permita afirmar la existencia de unidad empresarial, y su rechazo deviene de la no alegación ni prueba de la existencia de un grupo de empresas por parte del recurrente, que además no consta en ningún hecho probado, ni se ha realizado prueba alguna al respecto, como es la existencia de un trabajo unitario de las empresas??. Por el contrario, en la sentencia de contraste se parte de la existencia de dicho hecho.
Resumen: Despido. El actor venía prestando servicios en el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) mediante dos contrato de interinidad sucesivos, pero ocupando el mismo puesto de trabajo. Dicho organismo fue extinguido por Ley 9/10, integrándose el conjunto de bienes y derechos en la CCAA de Madrid y notificando al actor la extinción de su contrato. Habiendo interpuesto demanda de despido, el TSJ declara la nulidad del despido. El TS aprecia falta de contradicción con la sentencia alegada de contraste, dado que ésta se refiere a la extinción de las Cámaras de la Propiedad Urbana, la cual tuvo lugar por Real Decreto en el que se acuerda el traspaso de bienes y la transferencia del personal; mientras que en la recurrida no se suprime la actividad, sino que extingue la institución y la Ley acuerda integrar sus bienes y derechos; no existiendo por tanto identidad de razón.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia de suplicación que declaró la procedencia del despido de la actora, por entender: 1) Respecto de la alegación de que debe declararse la improcedencia puesto que no consta en la carta de despido los criterios de selección de trabajadores, que no se aprecia contradicción con la sentencia invocada de contraste, aunque conforme a lo dispuesto en la STS (Pleno) 15-03-2016 (Rec. 2507/2014), no es necesario incorporar en comunicación individual los criterios de selección o baremación de los trabajadores; 2) Respecto de la alegación de que debe declararse la improcedencia puesto que no se entregó copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores, que ello no es preciso cuando el despido trae causa de un procedimiento de despido colectivo en que los representantes conocen de las causas, criterios de selección de trabajadores y trabajadores afectados.
Resumen: Se impugna el despido colectivo efectuado por la Agencia Pedro Laín Entralgo, que afectó a 77 de los 108 trabajadores. La Sala IV, con voto particular, estima parcialmente el recurso y declara como no ajustada a derecho la decisión adoptada. Declara: 1) No es contrario al principio de igualdad que el despido afecte exclusivamente a los trabajadores temporales y no a los fijos, puesto que la empleadora ha procedido a la tramitación del despido colectivo siguiendo los criterios de selección previamente fijados por la Ley CA 4/2012 que respeta la prioridad de permanencia de la DA 20ª ET. 2) Es inadecuado el proceso de despido colectivo para reclamar la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores, ex art 124 LRJS. 3) No hay vulneración del derecho de libertad sindical ni de la negociación colectiva. 4) No se aprecia mala fe en las negociaciones. Se celebraron seis reuniones y hubo ofertas y contraofertas. 5) No procede examinar en la modalidad de impugnación de despido colectivo si la notificación del despido a cada uno de los trabajadores cumple las exigencias del artículo 53.1 a) ET. 6) Ha existido sucesión de empresa entre la Agencia y la CAM -Consejería de Sanidad, si bien la Ley 4/2012 ha excluido que la CAM se subrogue en los contratos temporales, sin que tampoco se aprecie fraude en la decisión. 7) La entidad de los problemas económicos no tienen la gravedad necesaria para justificar la extinción colectiva de la inmensa mayoría de los contratos.
Resumen: Despido. La actora prestaba sus funciones de fotografía y conexas para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, mediante diversos contratos con algunas soluciones de continuidad, habiendo celebrado en un principio contratos temporales y posteriormente contratos administrativos de "asistencia técnica". Interpuso denuncia a la Inspección de Trabajo por irregularidad en la contratación y falta de alta en el RGSS y, habiéndose girado visita y levantado Acta de Infracción contra la empresa, al día siguiente le comunicaron que no volviera a trabajar. La actora interpone demanda por despido nulo al considerar vulnerado el derecho a la indemnidad y el Juzgado estima la demanda. El TSJ mantiene el relato de hechos probados pero califica el despido como improcedente por entender que la actuación del Ministerio no se ha debido a represalida o venganza, sino al deseo de poner fin a una irregularidad en la contratación que se ha puesto de relieve oficialmente. El TS estima la pretensión de nulidad, dado que entre la denuncia de la trabajadora y su cese ha habido una inmediación que fue valorada por el juez de Instancia como indicio suficiente de represalia, y sin que frente a tal presunción se haya practicado prueba suficiente en contrario.
Resumen: La sentencia acoge en parte el recurso de la trabajadora, declarando improcedente su despido siendo su efecto exclusivamente el abono de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la sentencia firme que declaró en fecha posterior extinguida la relación laboral. El Tribunal aborda diversas cuestiones que comprenden desde la reforma de hechos probados (básicamente descartada) hasta la calificación del despido, rechazando la nulidad dado que si bien existen indicios de que el despido fue una reacción de la empresa frente a reclamaciones de la actora (judiciales y extrajudiciales), la empresa los ha destruido al demostrarse que el cese descansa en una serie de incumplimientos sin perjuicio de que únicamente se consideren las faltas de asistencia al existir inconcreción en la comunicación respecto de los restantes, faltas de asistencia que o están prescritas, o no reúnen entidad para justificar el despido.
Resumen: Se fundamenta la improcedencia del despido económico (apreciando de oficio la falta de acción respecto a una segunda comunicación extintiva) en la injustificación de las causas alegadas al no existir pérdidas y sí, por el contrario, un aumento progresivo de los ingresos. Injustificación que la empresa combate remitiéndose a un preterido informe de parte, para poner de relieve que el compromiso previo restringía la posibilidad de realizar despidos colectivos, no individuales. Advierte la sobre la subsistente necesidad de que la situación económica negativa tenga entidad suficiente como para comprometer la pervivencia la empresa. La modificación legislativa sobre la materia comporta su devaluación causal pero mantiene la exigencia de la razonabilidad y conexión funcional de la medida que en el presente caso no concurre pues a los valorados datos económicos se añade la circunstancia excluyente de conexión entre el despido colectivo por una empresa del grupo (no patológico) y el individual de una mercantil con personalidad jurídica propia. Frente a aquella de acción opone el trabajador la necesidad de calificarla al no ser firme; criterio que la Sala comparte pues habiéndose producido el segundo por las mismas causas que el precedente (pero poniendo a disposición del trabajador la indemnización legal-que el primero había omitido-dentro del plazo) aquella medida extintiva quedó subsanada por ésta, que es, la que, al carecer de causa justificativa, debe calificarse de improcedente.