Resumen: Recurre la empresa de transporte la sentencia que declara la procedencia del despido por ella acordado, oponiendo (a lo judicialmente razonado) la lícita obtención de los antecedentes disciplinarios del actor. Considera el Tribunal que, aunque la doctrina sentada por las sentencias que cita permitiría considerar la licitud de la prueba propuesta, en tanto que la carta de no se refirió a tales antecedentes, debió procederse a su inadmisión por tal causa. Desde la condicionante dimensión que ofrece un relato fáctico (modificado sólo en parte de su contenido), y siendo así que la imputación litigiosa consiste en el incumplimiento de editar una nueva tarjeta de transporte negándose a efectuarlo una vez requerido al efecto por el jefe de tráfico, se ratifica el criterio de instancia que consideró que tal acto de desobediencia carece de la trascendencia sancionadora, en el grado imputado en la carta; al producirse la negativa con posterioridad a otorgarse una tarjeta manuscrita como era habitual ante la ausencia de un claro protocolo de actuación en supuestos como el litigioso.
Resumen: Recurre el trabajador la procedencia de su despido (así declarada tras condenarse a la empresa por la diferencia entre la indemnización recibida y debida percibir), reiterando su nulidad al responder la extinción impugnada del contrato a su actitud reivindicativa ante organismos e instituciones públicas. Motivo (y recurso) que la Sala rechaza desde la condicionante dimensión que ofrece un incombatido relato judicial de los hechos expresivos de que los hechos a los que se pretende vincular la censurada actuación empresarial se produjeron con posterioridad a su acto recepticio de extinción; lo que no acontece en el supuesto litigioso pues (desconvocada la huelga previa a la misma), la actividad reivindicativa a la que se pretende vincular la extinción (objetiva) del contrato se produce con posterioridad a su data. Siendo ello así (avanza el Tribunal en su razonamiento) hallándose incluido en el ámbito de afectación del ERE desde el momento del acuerdo alcanzado se concluye (con el juzgador a quo) que el despido responde a las causas señaladas en una comunicación que no encubre una reacción empresarial lesiva de derechos fundamentales.
Resumen: La cuestión controvertida es la de determinar, a efectos de calificación del despido, las consecuencias de que no conste, en la comunicación escrita del mismo, la fecha a partir de la cual el despido ha de producir sus efectos. La Sala IV, reitera la doctrina contenida en STS 21/9/2005, Rec 822/04. Al efecto argumenta que la redacción de los arts. 55.4 ET y 108.1 LPL, no dejan lugar a dudas sobre los efectos de la omisión de los requisitos legales exigidos por el art. 55.1 ET para el despido, entre los que se halla la omisión de la fecha de efectos: es la declaración de improcedencia del despido. Tal conclusión se refuerza por el hecho de que hay una expresa previsión legal de subsanación de la omisión de los requisitos de forma, cual es la contenida en el art. 55.2 ET. Por otra parte ninguna norma condiciona tales efectos a que la omisión lo sea -conjuntamente- de todos o de varios requisitos y no de uno sólo de ellos. Y por último, son razones de seguridad jurídica para el trabajador despedido las que, sin duda, subyacen a la exigencia de que al serle notificado el despido se le haga saber la fecha en que éste ha de producir sus efectos. En definitiva, la fecha de efectos del despido es un requisito solemne que debe figurar en la carta y su ausencia provoca la declaración de improcedencia del despido.
Resumen: Concurrencia de las causas del despido colectivo. Si el ERE finalizó con acuerdo no se puede cuestionar su contenido paccional pues ello sería tanto como cuestionar no solamente la actuación de la parte empresarial sino también la actuación de los representantes de los trabajadores. Existencia de fraude al ofrecerse a los miembros del comité de empresa afectados para lograr un acuerdo su recolocación en el Ayuntamiento. La oferta lo fue para garantizar la prioridad de permanencia y su contenido se sometió a votación de todos los trabajadores afectados, por lo que mal puede hablarse de engaño o fraude en su negociación. Insuficiencia de la carta de despido, al no contener referencia alguna en cuanto a las causas de extinción de los contratos. La carta de despido cumple con la formalidad exigida, pues se adjunta copia del acuerdo, quedando atemperada aquella necesidad de formal comunicación de la causa al trabajador afectado al referirse la carta el acuerdo alcanzado.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma la decisión alcanzada por la Sala de origen, que, con desestimación de la demanda interpuesta por la CGT rechaza la nulidad del despido colectivo seguido en la empresa INDRA como consecuencia de la resolución de los contratos mercantiles de prestación de servicios habidos con Vodafone, y en el que se alcanzó un acuerdo masivamente respaldado por los trabajadores y sus representantes. El TS descarta la pretendida vulneración del derecho de huelga al no quedar acreditado que la empresa activase estrategia tecnológica para boicotear la huelga. Tampoco alcanza éxito la nulidad del DC sustentada en la negativa a facilitar una documentación complementaria irrelevante para el caso, ni la derivada del hecho de no incluirse el cese de determinados contratos temporales, básicamente, por existir un convenio que contempla como causa de terminación de los contratos por obra o servicio la reducción correlativa de la contrata. Finalmente, concluye la Sala IV con la razonabilidad de la medida adoptada, avalada por el respaldo de los afectados y sus representantes legales.
Resumen: Se examina si es acorde a derecho la sentencia recurrida que califica como procedente el despido. Se trata de un visitador que había sido advertido del bajo rendimiento laboral antes de iniciar un periodo de baja médica y que, incorporado a la empresa tras la finalización del mismo, no obtiene ninguno de los puntos con los que la empleadora valora el rendimiento, ni alcanza el mínimo de actividad programada por la empresa. En el escenario descrito, la Sala aprecia la gravedad y culpabilidad del incumplimiento, no concurriendo circunstancia alguna para atenuarlo y mucho menos justificarlo, sin que el hecho de emitirse el alta médica por mejoría que permite la actividad laboral pueda justificar la conducta, transformándose la disminución de rendimiento en transgresión de la buena fe al no realizar el trabajador un mínimo de actividad laboral.
Resumen: La Sala IV: 1) Casa la sentencia de instancia considerando que CGT tiene legitimación para impugnar el despido colectivo, puesto que obtuvo representantes unitarios, rechazando el argumento de instancia de que se tiene que acreditar un porcentaje de representantes unitarios que permita ocupar uno de los puestos de la comisión negociadora. 2) No declara la nulidad por vulneración del derecho de huelga, cuando se acreditan las causas por la empresa. 3) Considera que la sentencia que declaró la legalidad de la huelga incorporada vía art. 233 LRJS, no afecta a la decisión. 4) Entiende que la comisión negociadora se constituyó correctamente puesto que no existió injerencia empresarial en la elección. 5) Justifica la negociación de buena fe y la aportación de documentación suficiente aunque fuera verbalmente. 6) Entiende que existieron nuevas causas para la extinción de contratos suspendidos temporalmente. 7) Considera el despido ajustado a derecho cuando se adoptan medidas consensuadas de garantía de empleo. 8) Argumenta que el control judicial de los despidos no alcanza a fijar el número de los mismos pero sí a declarar qué medidas complementarias al acuerdo no son ajustadas a derecho. 9) Estima el recurso de la empresa en relación a que procede fraccionar la indemnización cuando se acuerda colectivamente, no se rebajan los mínimos legales y el aplazamiento de pago no es desproporcionado. Voto Particular, considera nulo el despido por vulneración del derecho de huelga.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia dictada en impugnación de despido colectivo, adoptado por Paradores de Turismo de España SA y que había concluido el 3/1/13 por acuerdo suscrito por la empresa con CCOO y UGT, pactando -entre otros extremos- el despido de 350 trabajadores frente a los 644 inicialmente previstos por causas económicas y productivas y asumidas por el 92,95% de los representantes de los trabajadores. Se rechaza la pretendida modificación del relato fáctico por ir vinculada a una cuestión nueva relativa a la falta de legitimación para negociar por parte del comité intercentros al que ahora se atribuye indebida modificación del convenio de dos centros con convenio propio. Esta tesis ni tan siquiera se insinúa en la demanda. Tras rechazar los siguientes motivos de revisión del relato se desestima el relativo a la cuestión de fondo en el que se acusa a la empresa de haber incurrido en actuación contraria a la buena fe y en fraude negocial. El Comité Intercentros estaba legitimado para negociar como órgano representativo de todos los trabajadores de la plantilla y que entre sus funciones se halla la negociación en los despidos colectivos. Además, se considera la defectuosa interposición del recurso por falta de fundamentación de la infracción.
Resumen: Reitera el trabajador sancionado la nulidad del despido (cuya improcedencia se declara), reclamando la nulidad del censurado pronunciamiento de instancia en función del grave perjuicio que considera irrogado al no estimarse la prueba propuesta para que se requiriera a la empresa los emails recibidos en su buzón profesional. Tras advertir sobre la necesidad de que su omisión genere indefensión para la parte, la Sala (atendiendo a la secuencia de los antecedentes procesales que relata, y partiendo de la existencia de previa protesta aun efectuada en trámite inapropiado) pone de relieve la falta de concordancia entre la justificación inicial de la prueba propuesta y la reiterada en solicitud cursada en el trámite de su impugnada denegación refiriéndose, en todo caso,a hechos ya fijados en la carta. Mantiene el Tribunal (tanto desde la condicionante dimensión que ofrece el relato -inalterado en lo sustancial de su contenido- como en lo que al carácter extraordinario del recurso se refiere) la calificación de instancia al no objetivarse los presupuestos fácticos de los que derivar la alegada situación de mobbing, pues lejos de acreditarse una hostil actuación unidireccional de la empresa y sus compañeros se constata es que se trataba de trabajadora problemática a nivel personal que se había granjeado enemistades y conflictos dentro y fuera de su equipo. Corrige la Sala la incongruencia omisiva en que se incurre al no condenar por el crédito retributivo reconocido.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima en parte el recurso de las demandantes contra la sentencia que desestimó su demanda impugnando el despido objetivo individual del que habían sido objeto por su empleador, el ayuntamiento de Mérida y considera improcedente el mismo, ya que el ayuntamiento procedió a realizar nuevas contrataciones de forma inmediatamente posterior a tales despidos, basados en causa económica, esencialmente por ser múltiple tal contratación y en número superior al número de previos despidos. Considera que no cabe entender nulos tales despidos por tramitarse luego de haberse intentado un despido colectivo en el que no se obtuvo acuerdo en el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, pues se redujo el número de despedidos y no se aprecia fraude de ley solo por esa condición temporal posterior. Sobre estos dos extremos cita previos precedentes propios de la misma Sala. Así mismo sostiene que es indicio insuficiente como para considerar panorama indiciario suficiente que obligue a imponer al empresario la carga de probar móvil ajeno al represor de la libertad sindical de las demandantes el simple dato de su afiliación a un mismo sindicato, puesto que existen otros despedidos mas y no consta su afiliación sindical, citando diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Previamente inadmite una reforma fáctica, al no evidenciarse error judicial con los documentos que se indican en apoyo de tal pretensión.