Resumen: La trabajadora venía prestando servicios para el Gobierno vasco en virtud de contrato de interinidad por vacante, que fue extinguido por cobertura de la plaza. La sala de suplicación confirmó la sentencia de instancia que, estimando la demanda, reconoce el derecho de la actora a percibir la indemnización de 20 días por despido. La sala IV estima el recurso del Gobierno vasco, relativo al derecho de la actora a la indemnización por fin del contrato, y, reiterando pronunciamientos precios, refiere la evolución del TJUE sobre el particular, concluyendo que este ha reconducido la cuestión y niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Dicha declaración se corresponde con los planteamientos del TS, y lleva a este a precisar que el rechazo a la solución del TSJ debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad; sin que ello suponga discriminación.
Resumen: La cuestión a decidir en la sentencia anotada consiste en determinar si la válida extinción de un contrato de interinidad por sustitución da derecho a la indemnización propia del despido objetivo (veinte días, conforme al artículo 53.1.b ET), por aplicación de la doctrina acuñada en la STJUE 14-9-2016. La Sala de suplicación reconoció la indemnización postulada, sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Razona al respecto que en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; en el caso de la interinidad, esa indemnización es inexistente. A lo anterior se anuda, que en el presente caso no se cuestiona ni la regularidad del contrato de interinidad, ni la legitimidad del cese, ni siquiera la eventual aplicación del artículo 70 EBEP. Por lo tanto, siguiendo doctrina emanada de TS, Pleno, 13-3-2019 (rec. 3970/16), y la evolución de la doctrina TJUE, la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas.
Resumen: Indudablemente concurre una conducta negligente y claramente reprochable, pero en la misma no concurren los requisitos de gravedad exigibles a una infracción muy grave, valorando todas las circunstancias concurrentes y desde luego las conductas imputadas encajan de manera mucho mas clara en la infracción grave tipificada en el convenio como falta grave "la negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio". Efectivamente hay una negligencia y ello afecta a la buena marcha del servicio
Resumen: La cuestión está en si la conducta del trabajador, que se ampara para no acudir al trabajo en la baja médica de 31 de agosto de 2018 cursada por el servicio público de salud en fecha posterior a que el INSS hubiera cursado el alta médica (aunque esa resolución se notifica con posterioridad), reúne los requisitos de culpabilidad suficientes para justificar el despido, puesto que no debemos olvidar que estamos ante el ejercicio de una facultad sancionadora de la empresa que requiere, como requisito de viabilidad jurídica, la culpabilidad de la conducta, aún a título de negligencia, No procede apreciar tal cuplabiliadad ya que si por un problema de coordinación entre los servicios o por cualquier otra causa después de un acto administrativo de alta médica dictado por el INSS se produce una baja médica dictada por el servicio público de salud, este segundo acto despliega su eficacia independientemente de su validez, dado que para declarar su invalidez y dejar el mismo sin efecto, como ocurre con cualquier otro acto administrativo, es preciso seguir los procedimientos previstos en la legislación.
Resumen: Los hechos que han resultado probados y a los que hemos referido anteriormente evidencian claramente un escenario indiciario de vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora, cuya discriminación viene anudada por asociación a la actividad sindical llevada a cabo por su pareja y representante social, actuando frente a la demandada mediante la utilización de denuncias ante la ITSS así como mediante la interposición de una acción judicial, que a la fecha de efectos del despido de la actora, todavía no se había conciliado, lo que se engarza también con la garantía de indemnidad que por asociación o vinculación se extendió a la trabajadora, por el hecho de ser pareja sentimental del representante social que mostraba un gran activismo sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores de la empresa y de sus propios derechos laborales.
Resumen: Se alega en el recurso que la sentencia yerra porque ha infringido lo establecido en el artículo 55 1 c) del VI Convenio Colectivo (14) de empresa, Indicábamos que en los motivos destinados a la censura jurídica se ha de concretar la norma y apartado que se considera infringida y dicho apartado c) tiene varios números sin que se indique el ordinal a que se refiere si bien por el contenido del motivo se entiende lo es al número 5° que califica de falta muy grave la simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad " y obsérvese que con relación a la otra conducta descrita se indica " se entenderá siempre que existe FALTA " pero no se dice esta falta o muy grave , luego no se infringe dicho precepto cuando precisamente se declara la improcedencia de la imposición de la sanción por falta muy grave cual es el despido por no acreditarse simulación de enfermedad ni maniobra para prolongar la baja y se razona que la actividad en el campo no comprometía la curación sin que se pueda en esta sede razonar sobre la prueba practicada y valorada por la magistrada en el ámbito de su exclusiva competencia y que es fundamentada en la sentencia, por lo que el recurso ha de ser desestimado.
Resumen: En la demanda se planteó el carácter nulo o subsidiariamente improcedente del despido impugnado, despido individual y que la empresa alegaba derivaba de un despido colectivo, aduciendo que había cesión ilegal de mano de obra por una empresa de trabajo temporal a la empresa despidiente en un periodo previo en el que trabajó el despedido para aquella ETT, que existía infracción del principio de igualdad en la aplicación del expediente de extinción colectiva pactado, pero nada se decía sobre una eventual insuficiencia del importe de la indemnización legal que la empresa entregó con la carta de despido, lo que tampoco se planteó en juicio. El Juzgado consideró improcedente tal despido por esa insuficiencia, que entiende que no es justificable. La empresa plantea recurso de suplicación, en el que plantea diversos argumentos impugnatorios. El primero de ellos pretende la anulación de la sentencia por incurrir en incongruencia extra petita, pues se declara improcedente el despido por una causa que ni se alegó ni en demanda ni en juicio y sin ser oídas las partes al efecto y en concreto, sin dejar a la parte recurrente la posibilidad de argumentar y probar en base a la misma. Acuerda la anulación de tal sentencia, citando un precedente similar en relación a la misma recurrente, aunque referido a otro trabajador.
Resumen: En la demanda se planteó el carácter nulo o subsidiariamente improcedente del despido impugnado, despido individual y que la empresa alegaba derivaba de un despido colectivo, aduciendo que había cesión ilegal de mano de obra por una empresa de trabajo temporal a la empresa despidiente en un periodo previo en el que trabajó el despedido para aquella ETT, que existía infracción del principio de igualdad en la aplicación del expediente de extinción colectiva pactado, pero nada se decía sobre una eventual insuficiencia del importe de la indemnización legal que la empresa entregó con la carta de despido, lo que tampoco se planteó en juicio. El Juzgado consideró improcedente tal despido por esa insuficiencia, que entiende que no es justificable. La empresa plantea recurso de suplicación, en el que plantea diversos argumentos impugnatorios. El primero de ellos pretende la anulación de la sentencia por incurrir en incongruencia extra petita, pues se declara improcedente el despido por una causa que ni se alegó ni en demanda ni en juicio y sin ser oídas las partes al efecto y en concreto, sin dejar a la parte recurrente la posibilidad de argumentar y probar en base a la misma. Acuerda la anulación de tal sentencia.
Resumen: La empresa y la representación legal de los trabajadores -RLT- se reunieron el 17 y 24-10-18, comunicando la empresa a la RLT el 26-10-18 el inicio del periodo de consultas del ERE, que se negoció paralelamente en WIZINK GESTIÓN, AIE (WZG) y en WIZINK BANK (WZB), que afectaría a 105 puestos en WZB y 101 en WZG, que se redujeron a 90 y 78, respectivamente. Después se reunieron el 31-10 y 5-11-18, constituyéndose la comisión representativa y el inicio del período de consultas el 5-11-18. La Sala sostiene que la empresa negoció de buena fe en el periodo de consultas, que queda acreditado por las diversas reuniones, las ofertas realizadas, las peticiones de la RLT atendidas y la reducción de los afectados. Añade que no existió coacción o dolo para la firma del acuerdo, ni trato inadecuado al sindicato actor, ni una falta de voluntariedad en la selección, pues fue el primer criterio, afectando el segundo -evaluación del desempeño los 2 últimos años- a 7 casos y el tercero -versatilidad si hay empate- a 3 casos, criterios que afirma son objetivos y fueron aplicados. Resalta finalmente que las causas se acreditan por el informe pericial, indicando la Inspección de Trabajo que se habían cumplido las previsiones legales y, los sindicatos firmantes ,que no había mala fe en la negociación y que eran reales las causas, sin que se cuestionara la documentación entregada y facilitándose la requerida y por ello concluye que trámite del período de consulta no fue meramente formal.
Resumen: Ante la falta de verificación objetiva de la realidad del episodio origen de la controversia, más allá de las versiones subjetivas de las partes, y por tanto, también del recurrente, que no tendría entidad suficiente como para considerar que ha concurrido un incumplimiento grave. Tampoco posible considerar la existencia de un despido, no solamente no constatada la voluntad extintiva del empleador, sino además, tampoco realizado intento alguno del recurrente para poder acreditar su existencia, como se señala en la Sentencia de instancia. Por lo que debe considerarse, atendiendo a que se inició una situación de Incapacidad Temporal, que la relación laboral simplemente se debía de entender como suspendida ( artículo 45,1,c) ET (29) ), sin prejuzgar los avatares posteriores que hayan podido ocurrir, que no son objeto de este litigio.