Resumen: Desestimación del recurso de casación: carácter inadmisible del único motivo admitido por no afectar a la ratio decidendi de la sentencia recurrida. En el caso, la sentencia recurrida en casación consideró que la excepción a la subordinación de créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor persona jurídica no era aplicable porque faltaba el requisito de que el titular del crédito fuera socio de la concursada; sin embargo en el motivo no cuestiona su ratio decidendi (que es una interpretación estricta del requisito subjetivo, relativo a la titularidad del crédito, al exigir la norma que el titular sea socio de la concursada), sino que hace referencia a otro requisito de naturaleza objetiva (la naturaleza del crédito), que la sentencia recurrida ni siquiera ha entrado a examinar al considerar que no se cumplía el previo requisito subjetivo; en el motivo de casación no se combate el razonamiento de la sentencia recurrida (no se hace la más mínima referencia a si la interpretación que de ese requisito subjetivo exigible para que proceda la excepción -la titularidad del crédito- hace la sentencia recurrida es o no correcta y, de no serlo, por qué razones).
Resumen: La parte actora expone que si su oferta ha sido la que ha obtenido mayor puntuación en las frecuencias de Badajoz, Cáceres y Plasencia, deberían haberle sido adjudicadas las demás frecuencias de la misma localidad. Sin embargo, no ha sido así. No siempre la parte actora obtiene la máxima puntuación para las emisoras de Badajoz, Cáceres y Plasencia, lo que es debido a que los criterios de adjudicación tienen en cuenta la concesión obtenida a fin de respetar precisamente los criterios de adjudicación que buscan la entrada de nuevas empresas y una mayor diversidad de programación. Se trata de la aplicación de los propios criterios de adjudicación que lo que hacen es que una vez que una empresa es la que mejor puntuación obtiene, se tiene en cuenta para la siguiente concesión de la misma localidad. Se trata de un criterio lógico, coherente con la redacción y finalidad de los criterios de adjudicación y lo resuelto anteriormente en las sentencias del TSJ y TS sobre la cuestión. La aplicación de los criterios de adjudicación no solo tiene que valorar las emisoras que ya emiten sino también el resultado de la valoración de las presentadas y que resultan adjudicatarias. De no hacerlo así, resultaría que los criterios de adjudicación serían aplicados de una forma según las emisoras existentes y de otra según las ofertadas y adjudicadas, no dando lugar en este segundo supuesto a la llegada de nuevas empresas de radiodifusión, no logrando aumentar la pluralidad de la oferta.
Resumen: Las pruebas practicadas permiten acreditar que el acusado acometió de forma violenta a la víctima con la intención de atentar contra su libertad sexual, llegando a efectuar algunos tocamientos con una actitud de violencia dirigida a vencer la resistencia de la víctima y lograr así agredirla sexualmente, actitud que es suficiente dada la edad de la misma (86 años), para considerar consumada la agresión sexual.
Resumen: En pieza de calificación se declara culpable el concurso por irregularidades en la contabilidad, supuesto que la sala estima que da lugar a tal calificación en todo caso. La sala entiende que no existe margen de exención de responsabilidad basado en la ausencia de dolo o culpa, pues la culpa grave subyace a la mera realización de la conducta tipificada, ya que cuando menos constituye una negligencia grave del administrador. No basta, sin embargo, con cualquier irregularidad contable, sino que ha de ser relevante, lo que implica que ha de ser de tal entidad que afecte a los principios contables y a que tenga importancia suficiente en relación al fin que la contabilidad desempeña en el tráfico mercantil. También aprecia la sala la culpabilidad por retraso en la petición de declaración del concurso, lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción iuris tantum [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la insolvencia.
Resumen: Acoso sexual por funcionario público. Concurso de leyes: art. 184.2 y art. 443 del C. Penal. El TS declara correcta la calificación realizada por la Sala de instancia ya que el tipo contemplado en el artículo 443 del Código Penal ha sido calificado de acoso sexual específico limitado al funcionario público, que se castiga más que el artículo 184 del Código Penal, en la situación de prevalimiento del artículo 443. Sin embargo, a diferencia de lo requerido por el artículo 184, no es necesario aquí provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, por lo que, si se diera este elemento cabría sostener el concurso que el artículo 444 impone con los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos. En el caso de autos, nos encontramos ante un concurso de leyes, siendo los hechos que se imputan al acusado subsumibles aparentemente bajo dos tipos protectores del mismo bien jurídico, la libertad sexual de la persona, aun cuando el tipo previsto en el artículo 443 protege también el correcto ejercicio de la función pública.El TS recuerda su doctrina relativa al concepto de funcionario público a efectos penales y afirma que, en el caso concreto (un profesor titular de la escuela universitaria de una universidad pública), el concepto de funcionario público a efectos penales alcanza incluso al personal laboral contratado para el ejercicio de funciones en el ámbito de un organismo público.
Resumen: La representación legal del acusado, condenado como autor de un delito leve de maltrato de obra en el ámbito de la violencia doméstica, recurre la sentencia alegando error en la valoración de la prueba e infracción de garantías procesales. Pero en el acto del juicio oral se practicó prueba personal suficiente como para fundamentar una sentencia penal condenatoria, concretamente las declaraciones de ambas partes llegando a una lógica y coherente decisión. Se valora también el parte de asistencia a un Centro Médico donde, el día en que ocurrieron los hechos, fue atendida la denunciante. Nos encontramos pues ante una cuestión de valoración judicial de la credibilidad de la prueba personal desarrollada en el acto de juicio oral.Pues bien, en el caso de autos, la Jueza de Instrucción ha valorado la prueba personal practicada en conciencia y de acuerdo con su libertad de apreciación, ha llegado al convencimiento de que el ahora apelante participó activamente en los hechos, en los términos indicados probados, y de acuerdo con su libertad de apreciación, ha llegado al convencimiento de que, de forma intencionada, el denunciado golpeó con una tabla a su hermana en la cara, si bien no le causó lesión alguna. Y las amenazas proferidas quedaron absorbidas por el mayor desvalor del delito leve de maltrato, en virtud del principio de concurso de normas. Por todo ello, procede la confirmación de la Sentencia recurrida y la desestimación del recurso de apelación interpuesto.
Resumen: La Audiencia recoge en su resolución las diversas posturas existentes en los tribunales para determinar la competencia en la tramitación del concurso consecutivo de persona física. Si es el juzgado mercantil o el de primera instancia. El criterio subjetivo es el de la condición de la persona en el momento de pedir la declaración de concurso o la solicitud de mediador. Si en ese momento es empresario o no. El objetivo obedece al mayor volumen de la deuda. Si procede de operaciones como empresario o si es deuda privada. Eso determinará la competencia del juzgado civil o mercantil. Con independencia de la concreta condición que ostente al solicitar el concurso. La Audiencia se inclina por esta última tesis.
Resumen: Se apela la sentencia condenatoria, alegando indebida desestimación de la prescripción. La querella fue admitida a trámite el 28/9/2005, habiéndose tomado declaración al apelante el 16/12/2005, y desde esa fecha y hasta el Auto de 19/8/2015 en que se acordó continuar las Diligencias por los trámites del Procedimiento abreviado, ninguna notificación se le hizo y a excepción de un oficio para designación de perito, no se ha llevado a cabo ninguna actuación dotada de auténtico contenido material susceptible de interrumpir la prescripción. La Sala, tras señalar que el procedimiento es un todo, que se dirige contra todos los investigados, por lo que debe entenderse que se habrá paralizado mediante actuaciones relevantes aún cuando éstas se hayan dirigido en relación a otro de los investigados, y no del que la alega, estima el recurso y dicta sentencia absolutoria. El plazo de prescripción se interrumpe cuando existen diligencias específicas encaminadas a la localización de los procesados para tomarles declaración, hasta que se acredite que las pesquisas han dado un resultado infructuoso y se decida de manera inmediata, la declaración de rebeldía, pues si no se trata de diligencias específicas sino de simples oficios a los cuerpos y fuerzas de seguridad para averiguación de paradero, no habrá interrupción, como sucedió en este caso, en que sólo se recordaron oficios anteriores, careciendo también de efecto interruptivo las actuaciones obrantes en la pieza de responsabilidad civil.
Resumen: Recurso de apelación. Función Pública. Nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos. Recurrente nombrada que, como consecuencia de recurso de reposición, resulta excluida. Incongruencia extra petita e indefensión. Valoración del conocimiento del idioma propio de la Comunidad Autónoma. Recurso de reposición frente a la valoración del título acreditativo de curso sobre dicho idioma, que se estima entendiendo que no es título a efectos del mérito. La recurrente también tenía el mismo título, que fue valorado y, como consecuencia del recurso de reposición de otro participante, se le disminuye la nota. Al haberse dado audiencia a todos los afectados, en el trámite del recurso de reposición, la Sala entiende que no hay indefensión, ni tampoco se extralimitó la administración al resolver el recurso de reposición. Se confirma la sentencia de instancia. Existe Voto Particular.
Resumen: La Sala señala que el órgano calificador es el que dirige el proceso selectivo y está investido de esa potestad por la normativa en materia de función pública, lo que supone que su criterio no pueda ser sustituido, salvo la existencia de un error palmario, evidente y grosero que no se aprecia; máxime cuando la valoración se llevado por igual a todos los integrantes del proceso selectivo y esta es una de las dimensiones que recoge el Tribunal Constitucional, respecto del principio de igualdad para acceso a cargos públicos. La doctrina jurisprudencial no atribuye a quien dispone de esa discrecionalidad una presunción iuris et de iure de acierto o de legalidad en su proceder, ya que puede ser desvirtuada. Ahora bien no consta aquí arbitrariedad o error manifiesto ni ostensible ni infracción de elementos reglados del proceso selectivo.