Resumen: Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica es necesario que concurran los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica. El delito de falsedad documental no es de propia mano, de manera que se convierte en partícipe de su comisión aquel que se aprovecha de la mendacidad que hubiere ejecutado un tercero, si con ello convierte su acción en beneficiosa para los planes de aquél. La llamada responsabilidad civil ex delicto no es diferente de la responsabilidad civil extracontractual ordinaria de los arts. 1902 y ss. del Código Civil. La titularidad del derecho a la inviolabilidad domiciliaria corresponde a cada uno de los moradores, la posibilidad de autorizar la entrada y registro está conferida a cualquiera de los titulares del domicilio. Consiguientemente, dejando a salvo las situaciones de contraposición de intereses entre el titular del derecho a la intimidad y el titular de la facultad de autorizar, la presencia en la diligencia de otros ocupantes es bastante para garantizar lo que fue objeto de la ocupación (refrendado por fe pública judicial). Nuestro sistema incluye como presupuesto legitimante del registro la presencia litisconsorcial de todos y cada uno de los moradores.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Galicia en lo referido concretamente a que sea reconocido el derecho a la valoración de un curso a la recurrente en relación con un concurso-oposición en la categoría de facultativo especialista en el área de oncología médica. El TS considera que la acreditación de la formación continuada que regula el artículo 35.3 de la Ley 44/2003 no tiene encaje directo en un sistema de ingreso a la función pública, sino que es propio del sistema de desarrollo profesional de los profesionales sanitarios y de su reconocimiento y, por tanto, de la carrera profesional del personal sanitario en el ámbito de las Administraciones públicas; incluso cuando presten servicios por cuenta propia o ajena en el ámbito privado. Añade que la formación continuada a valorar en las procesos de ingreso se regirá por las bases de la convocatoria, sin que las comisiones de valoración sean competentes para acreditar la formación continuada anterior a la entrada en vigor de la Ley 44/2003.
Resumen: CONVERSIÓN DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO EN CONSENSUADO. MUTUO ACUERDO ALCANZADO EN SEGUNDA INSTANCIA. En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados por la ley, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites de mutuo acuerdo. La petición formulada por ambas partes de aprobación de la propuesta de convenio regulador, acordando se mantengan las medidas adoptadas en la sentencia de primera instancia, salvo en lo que se refiere al régimen de visitas del progenitor no custodio que se regulan conforme al acuerdo que se presenta en el trámite de apelación, al ser ratificado por ambos cónyuges, hace que proceda su homologación y aprobación en la segunda instancia, entendiendo el tribunal que la facultad que la ley procesal concede a las partes para alcanzar un acuerdo no debe limitarse a la primera instancia, `pudiendo ser en cualquier momento del proceso. La exclusión del acuerdo en segunda instancia implicaría una interpretación restrictiva de dicho precepto, contraria por otra parte al espíritu de la regulación de los procesos de familia.
Resumen: Contratos de financiación y sponsor para proyecto consistente en concesión administrativa para la construcción de autopista de peaje. Apreciación de falta de legitimación activa en ambas instancias. Estimación del recurso extraordinario por infracción procesal: la legitimación y su relación con el fondo permite que las cuestiones que a ella se refieren puedan suscitarse bien por vía del recurso por infracción procesal, o en casación. Concepto de legitimación. Por su íntima conexión, los contratos de adjudicación, de financiación y de sponsors no se pueden concebir aisladamente, porque responden a una misma finalidad contractual.La adjudicación de la construcción de la autopista es el hilo conductor del que nacen los otros dos contratos, al ser precisa la financiación correspondiente para que el proyecto pueda ser ejecutado, actuando el contrato de sponsors como garantía de que el contrato de financiación sea debidamente cumplido. Además, identidad de sujetos. El carácter instrumental y la vinculación de los contratos entre sí conduce a que deban de ser conjuntamente interpretados. Las entidades financieras, como titulares de un interés legítimo y beneficiarias de la previsión contractual, tenían legitimación directa y propia, y no subsidiaria y accesoria, para exigir a los sponsores el cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente asumieron para que la financiación de la construcción fuera viable.
Resumen: Revoca parcialmente la condena impuesta por Juez Penal a un acusado por delito de resistencia a agentes de la autoridad. Acusado que muestra oposición activa a la detención por parte de una patrulla de policía con quienes entre en un forcejeo que termina con dos de los agentes heridos. Concurso mediante entre el delito de resistència y los dos delitos de lesiones leves. Individualización punitiva. Deber de motivación de la individualización de la pena. Resulta indispensable una motivación específica de las razones por las que se rebasan los umbrales penales mínimos. En el caso se impone en su mitad superior la pena prevista para el delito de resistencia y también los dos delitos leves de lesiones. La pluralidad de agentes sobre los que se ejerce la resistencia no justifica el incremento punitivo.
Resumen: Es dudosa la legitimación del Colegio de Arquitectos para presentar este recurso, si bien no puede invocarla la Administración, al no ponerla en duda en vía administrativa. Se excluyen las propuestas de licitación de una UTE por haber presentado mas de una proposición. La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa no es un acto de tramite cualificado por cuanto el órgano de adjudicación puede apartarse de él motivadamente, de modo que no pone fin al procedimiento, ni decide directa o indirectamente sobre el fondo, al no crear derechos invocables. El recurrente aún podría recurrir contra la adjudicación definitiva, ni finalmente determina la imposibilidad de continuar el procedimiento pues la oferta del recurrente aún no ha sido definitivamente descartada, pudiendo ser adjudicatario mientras no se resuelva definitivamente sobre la adjudicación. Ha de esperarse a la resolución del procedimiento de adjudicación para plantear todas las discrepancias del recurrente sobre el procedimiento tramitado y sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite. La actora no ha recurrido la Resolución que decide sobre la exclusión y adjudicación, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo.
Resumen: La carrera profesional está incluida en el concepto "condiciones de trabajo" de la cláusula 4ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70/CE referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicable a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal. Existe discriminación del personal interino por condicionarse su participación en la carrera profesional diseñada en el acuerdo recurrido a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso y, por tanto, a la adquisición previa de la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, ello por no admitirse que ese condicionamiento integre una causa objetiva que justifique la diferencia de trato. No existe singularidad respecto al personal estatutario de los servicios de salud.
Resumen: La cuestión estriba en la calificación del crédito de la AEAT contra la concursada y que deriva de una tercera entidad titular de dicha deuda. La AC calificó el crédito como privilegiado especial en la mitad de la cuota, la otra mitad como ordinario y el resto (recargo) como subordinado. La deuda correspondía a una tercera sociedad, pero la concursada fue declarada tributariamente responsable según acuerdo de derivación de deuda. Existen dos tesis: a) de subordinación, que según jurisprudencia de la Sala 3ª del TS esa derivación tiene la naturaleza jurídica de sanción. Y, como tal, ha de interpretarse su aplicación de forma restrictiva; de forma que distingue entre sanciones punitivas e impropias. De tal manera que a las impropias o derivativas todo sería sanción y, por ende, la calificación de todo el crédito tributario será el de subordinado. Y b) tesis que sostiene que la solidaridad de los deudores les hace de la misma condición, por lo que no convertiría en sanción lo que no lo es: la cuota tributaria. Ahora bien, en este caso la recurrente contribuyó con su comportamiento (creando una sociedad patrimonial) a hacer ilusoria la actuación de Hacienda sobre el patrimonio del deudor principal. Por lo que no se considera que la cuota tributaria sea sanción y, por tanto, tampoco crédito subordinado. La Audiencia sigue la segunda tesis.
Resumen: Se impugna la resolución administrativa por la que se adjudica el contrato administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas mayores dependientes de Atención Gerontológica de la Comunidad Valenciana. Se desestima el recurso de casación interpuesto teniendo en cuenta la STS de 11 de noviembre de 2019, casación 1366/2016, en cuanto responde a semejantes circunstancias, en donde la controversia suscitada en el recurso se centra precisamente en la determinación del alcance (plazas) de la exclusividad reconocida a los adjudicatarios en virtud de aquella licitación de 2001. Rechaza los submotivos formulados ex art. 88.1.c) LJCA, donde se denunciaba: incongruencia extra petita, infracción de los arts. 33 y 65.2 LJCA, erronea valoración de la prueba, falta de motivación e insuficiente motivación de la sentencia. También rechaza el motivo formulado ex art. 88.1.d) LJCA, razonando, en esencia, la legitimación de la recurrente y el cumplimiento de los requisitos procesales para entablar acciones por parte de AESTE al haberse justificado debidamente la decisión de litigar, y siendo cierto que la cláusula 11 de la convocatoria, referida a la forma de adjudicación y aspectos de negociación, señala que el contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, de manera que nunca ha existido el pretendido monopolio de residencias que pretende la recurrente.
Resumen: Condena al acusado por un delito de robo con intimidación en las personas, como autor responsable de un delito contra la integridad moral, como autor responsable de un delito contra la intimidad personal . Acusado que esgrime un cuchillo con el que intimida a su víctima hasta hacer que se desnude y atarlo a una silla con una cadena al cuello, procediendo entonces a grabar esa escena y anunciando que iba a grabar su muerte. En ese momento el acusado se apodera de las ropas de la víctima y las hace suyas. Absolución por un delito de agresión sexual que no se ha acreditado en el juicio. Robo con intimidación. Conducta intimidatoria como marco del apoderamiento de las ropas de la víctima. Empleo de instrumento peligroso. No se aprecia agravante de casa habitada. Compatibilidad entre el subtipo agravado de uso de instrumento peligroso y el subtipo atenuado de menor entidad de la violencia empleada. Delito contra la integridad moral. Trato degradante con menoscabo grave de la integridad moral de la víctima. Delito contra la intimidad. Protección de la intimidad individual como bien jurídico protegido. Empleo de artificios técnicos de grabación de la imagen de un menor de dieciséis años. Delito leve de maltrato de obra. Propina a la víctima varios golpes en el estómago. Delito que se vincula con el delito contra la integridad moral y que no queda absorbido en el robo con intimidación. Individualización de las penas. Resarcimiento de daños y perjuicios. Costas de la acusación.