Resumen: La resolución apelada resolvió el recurso de reposición interpuesto por el administrador del concurso por el que se acordaba su separación del cargo ratificando que existió mala fe en dicho administrador porque, si bien el informe emitido en la fase común y posteriores solicitudes de autorización, se informó sobre la intervención de la sociedad inmobiliaria en la liquidación y de la comisión que habría de cobrar, sin embargo esa información se habría sustraído en el Plan de Liquidación, evitando el control de los acreedores y del tribunal. Se alza el Administrador frente a dicha resolución y la Sala desestima su recurso argumentando; la apreciación de una justa causa de separación del cargo, que se establece en el artículo 37 Ley Concursal como parámetro para acordarla o no, ha de valorarse acudiendo al conjunto de normas que, dentro no solo de la propia Ley Concursal sino también de otras disposiciones, conforman el modelo de conducta exigible a estos profesionales a través de la regulación de los deberes y de las funciones que se les atribuyen; en este caso, el apelante propuso inicialmente un Plan que contemplaba la venta de activos inmobiliarios no mediante la actividad directa del liquidador/administrador concursal, sino a través de una entidad dedicada al comercio inmobiliario, la cual en todo o en parte le pertenecía y pretendiendo que la misma percibiera por ello una jugosa comisión a pagar por la masa ,hecho este suficiente para apreciar justa causa de separación.
Resumen: La sentencia de primera instancia calificaba el concurso como culpable, al reputar acreditado el incumplimiento relevante por la entidad concursada CASAS DE CÓRDOBA S.L., y su responsable administrador, de los deberes de contabilidad, de solicitud oportuna concursal y de colaboración con la administración concursal, reconociendo como persona concreta afectada por la calificación al administrador único de la entidad, con las consecuencias legales que se reputaron oportunas, y en particular la inhabilitación especial del mismo por cuatro años y condena solidaria del entero déficit concursal, con expresa imposición de costas al mismo. Por la concursada como por el administrado se recurre en apelación dicha sentencia, alegando en esencia error en la valoración de la prueba, recurso que es desestimado por el Tribunal, que una vez analizados los criterios establecidos en la Ley para declarar como culpable el concurso, analiza los motivos de la declaración de culpable a la luz de las pruebas; así, con relación a la contabilidad esta no fue depositada desde el año 2009; con relación al superávit, éste se sustentaba en un activo ficticio o incierto; y, en cuanto a al defecto de solicitud concursal como al incumplimiento del deber de colaboración con la AC, no hay prueba en contrario de dichas presunciones. Por último, en cuanto a la pena y obligación de pago del déficit por el administrador es proporcional a la culpabilidad.
Resumen: Rescisión concursal: dación en pago de los derechos que la concursada tenía sobre ocho plazas de parking a favor de un acreedor, en pago de su crédito. Se reitera el concepto de perjuicio para la masa. La dación en pago supone un concierto de voluntades entre deudor y acreedor por el que este consiente recibir, con carácter solutorio, un aliud pro alio (una cosa por otra), con el efecto de extinguir la obligación originaria. Se trata de un negocio complejo, pues participa de las características del pago o cumplimiento de una obligación, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto que, con efectos solutorios, extingue la primitiva obligación. Desde el punto de vista del acuerdo de transmisión de bienes o derechos que supone la dación en pago, el importe por el que se transmitían era el doble de su valor, razón por la cual no habría propiamente sacrificio patrimonial. Es únicamente desde el punto de vista de la satisfacción del crédito que se extinguía con la dación, que podría existir alguna duda sobre el perjuicio, en atención al momento y las circunstancias en que se realizó (3 meses antes de la declaración de concurso y junto a otras cesiones en pago de plazas de parking por un importe total de 4.428.600 euros). Esas circunstancias temporales de la dación en pago hubieran podido ser muy relevantes si el importe de los créditos fuera equivalente o inferior al valor de los derechos cedidos, pero consta acreditado que el importe del crédito extinguido era superior.
Resumen: Por el J. de la primera instancia se dicta sentencia, por la que se califica como culpable el concurso de "ASOCIACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUENCA” y se declaran tres personas físicas afectadas, a las que se le condena a inhabilitación para administrar bienes a 5 años y a cubrir el déficit concursal. Frente a dicha resolución se interpuso apelación y por el Tribunal se confirma la calificación de culpable del concurso, pero se rebaja a tres años la condena de inhabilita a las personas afectadas y se deja sin efecto la condena a pagar o cubrir el déficit concursal, al estimar el motivo contra la causa de falta de colaboración con la AC y el Juez, al no ser ni persistente ni reiterada la falta de colaboración; al estimar, que cuando se presento el concurso no habían transcurrido los seis meses para presentar las cuentas de 2015, al ser una Asociación de utilidad pública; y también estimar la anulación de la condena del déficit concursal a las personas afectadas, porque la recurrida no plasma ni un solo razonamiento tendente a justificar la medida en que la conducta, que ha determinado la calificación del concurso como culpable, haya generado o agravado la insolvencia. Sin embargo desestima el resto de motivos, al ser extemporánea la solicitud del concurso o la falta de documentación aportada que fue incompleta, pues no revelaba la realidad de la información facilitada, causas de la calificación como culpable.
Resumen: Resuelve el Auto sobre la decisión de sobreseer la petición de concurso voluntario de una persona física por ausencia de bienes, cuando no constaba (por ser de aportación posterior) una sentencia que le reconocía un crédito por varios miles de euros. Pero esta nueva circunstancia habrá de permitir la reapertura del concurso, pues el juez decidió con la documentación que poseía. En todo caso, la Audiencia señala que el Acuerdo Extrajudicial de pago no puede basarse en cualquier tipo de comunicación con los acreedores. Además, el art 231 LC impide acudir a un AEP con un concurso abierto o mientras se está tramitando un acuerdo de refinanciación.
Resumen: Demanda en la que la AEAT instó la rescisión concursal de la cesión en pago de los derechos de uso de 2 plazas de garaje que había realizado una mercantil en situación de insolvencia, en pago de los créditos que ostentaba un tercero, unos días antes de declaración de concurso. En primera instancia se desestimó la demanda y en segunda se estimó el recurso y se acordó la rescisión concursal de la dación en pago al considerarla injustificada y perjudicial para la masa activa. Se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación por la concursada; el primero se desestima por no apreciar infracción del principio de justicia rogada, ni falta de claridad o incongruencia, ni error en la valoración probatoria del perjuicio para la masa y del estado de insolvencia del deudor, al ser conceptos que encierran valoraciones jurídicas y no fácticas; el segundo se estima al no apreciar que los actos de disposición objeto de rescisión concursal hayan ocasionado perjuicio para la masa activa, ya que las daciones en pago se hicieron meses después de la comunicación del art. 5 bis LC, no se trató de una operación aislada sino de un conjunto de ellas por importe global de 4.428.600 euros, que en todas ellas el valor de las plazas de garaje fue muy inferior al importe de los créditos, que los bienes recibidos eran de difícil comercialización; por ello, no se aprecia un sacrificio patrimonial injustificado al extinguirse pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos.
Resumen: Se revoca la sentencia que concede a la concursada el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho al quedar acreditada su incumplimiento del deber de información al haber omitido incluir en el inventario unos activos inmobiliarios, al margen y con independencia de su valor que tampoco se ha acreditado inexistente, pues ciertamente la ocultación de bienes hubiera determinado la calificación del concurso culpable lo que excluye de por sí el beneficio, y habida cuenta que la constatación de bienes del deudor ocultados, salvo cuando sean inembargables, determina la revocación del beneficio.
Resumen: Se confirma la sentencia que califica como culpable el concurso y declara las personas afectadas a las que limita la administración de bienes y declara responsables de una determinada cantidad, fundada en que no se instó en plazo el concurso pese a la insolvencia de la concursada, quien deudora de un crédito hipotecario vencido dejo que se generasen unos cuantiosos intereses de demora.
Resumen: La compensación de créditos que realiza la entidad bancaria respecto a la concursada se basa en lo dispuesto en las relaciones contractuales que hay entre ellas. Es decir, la posibilidad de que el banco se haga pago de sus créditos con los saldos que la sociedad concursada tenga en sus cuentas. Es lícito, porque el crédito del banco es privilegiado, al estar respaldado por una hipoteca (y no votó el convenio) y además, porque la compensación se realiza en fase de convenio, en la que desaparecen las consecuencias propias del concurso. Tampoco acepta la Audiencia una interpretación restrictiva de la situación de los acreedores privilegiados en fase de convenio. Es decir, no quedarían limitados sus derechos a ejecutar la hipoteca; también sería válido el pago hecho por vía de compensación, sin necesidad de activar el mecanismo hipotecario.
Resumen: La sentencia estudia la jurisprudencia relativa a los créditos comunicados tardíamente a la Administración concursal. Pero entiende que la comunicación tardía presupone que tales créditos ya existían en el momento de emitirse el informe por dicha AC. Distingue así entre créditos comunicados tardíamente y los no comunicados. Los primeros deberán considerarse como subordinados, salvo que el propio art 92 LC prevea otra calificación. Por eso, si las cuotas de la SS son posteriores a la declaración del concurso deberán considerarse como créditos contra la masa. La misma calificación procederá en cuanto a los recargos, pues al ser deuda accesoria seguirá la conceptuación de su principal. En principio habrá de estarse al contenido de la certificación administrativa.