Resumen: El JM nº 3 de los de Madrid de 24-05-18 inadmitió, por extemporánea, la demanda de incidente concursal en materia laboral formulada contra el auto de ese Juzgado de 27-07-17 que aprobó la extinción colectiva de los contratos de trabajo de la plantilla de la empresa. Previamente el actor había presentado demanda de despido ante el JS nº 15 de los de Madrid, que dictó auto el 1-03-18 que declaró de oficio la falta de competencia por razón de la materia, sin que conste la fecha de notificación de esa resolución. La Sala sostiene que la acción que ejercitó el actor impugnando el despido individual traía causa en el ERE concursal ante el Juzgado de lo Social que, declara la falta de competencia objetiva para conocer del asunto, suspende el plazo que fija el art. 64.8 de la Ley Concursal para presentar el incidente de acuerdo el art 5.5 LRJS, debiendo darse preferencia a las especialidades de la LRJS, pues han de tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral, y entender que con la presentación de la demanda ante el JS de Madrid quedó suspendido el plazo de caducidad y por ello concluye que no caducó la acción ejercitada por el trabajador.
Resumen: Se plantea la aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas del administrador concursal al final del concurso. Lo interesa la AEAT por entender que se ha postergado un crédito tributario en beneficio de otros pagos al administrador. La Audiencia considera que no procede la aprobación de la rendición final de cuentas. En primer lugar, porque los recargos de créditos tributarios generados como créditos contra la masa también son créditos contra la masa. Y en segundo lugar, porque no todos los honorarios de la administración concursal son siempre imprescindibles para la conclusión del concurso. Cuando se dé la circunstancia de que la masa activa no mes capaz de atender a todos los créditos contra la masa, resulta obligatorio el pago de los mismos conforme al régimen que establece la LC. Art. 176 bis que sustituye en estas circunstancias al art 84. Siendo de aplicación a los concursos en marcha cuando entró en vigor dicho precepto.
Resumen: Los acusados captaban mujeres que trasladaban a España para que se dedicaran bajo engaño y coacción a la prostitución. El legislador ha optado por un modelo de apelación restringido, como instancia de control que se satisface cuando un segundo tribunal enjuicia la actividad jurisdiccional desarrollada que, por tener un objeto diferente, no requiere la sustanciación de un nuevo juicio idéntico al ya sustanciado; no se trata de enjuiciar el hecho conforme al Derecho aplicable, sino de efectuar un juicio sobre el juicio. El tribunal de apelación examina si la prueba es adecuada, es decir si ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria, y si es bastante, si su contenido es netamente incriminatorio. El control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del tribunal sentenciador, ese juicio de inferencia sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. El delito de trata de seres humanos obliga a sancionar tantos delitos en concurso real como víctimas. En el caso de los delitos relativos a la prostitución ha de optarse normalmente por el concurso medial: la explotación sexual es una de las finalidades típicas, la sanción no absorbe toda la gravedad de la conducta cuando la explotación se consuma. Si esta se produce hay que aceptar un concurso medial porque la explotación significa el agotamiento de la acción de trata.
Resumen: La demanda que se interpone contra una sociedad que está en fase de convenio se desestima por falta de competencia del juez que no sea el del concurso. Sí se condena al administrador social por no haber convocado junta de disolución en el momento en que la sociedad estaba en causa de disolución. Sin que esa responsabilidad quede exonerada por la petición de concurso.
Resumen: La sentencia incurre en la denominada incongruencia interna; que más bien es un defecto de motivación. Una motivación contradictoria. Así, dice que la concursada no llevaba libros contables, por lo que se califica el concurso como culpable. Infracción de la sentencia que ha de corregirse en la de segunda instancia. La llevanza de los libros contables obligatorios tiene la finalidad de poder seguir cronológicamente con claridad y continuidad el desarrollo de la sociedad. Esa obligación pertenece al orden público económico, puesto que defiende la seguridad del tráfico mercantil. Por ello, las irregularidades contables apoyan la calificación de culpabilidad. Pero no cualquiera, sino las que precisamente, impidan ese conocimiento cabal de la actividad económica de la sociedad. Obviamente, lo es la ausencia total de contabilidad. Las personas afectadas por esta declaración, en sintonía con la causa, son los administradores sociales.
Resumen: Delito de estafa. Naturaleza jurídica. Engaño bastante. Requisitos: Los elementos que estructuran el delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia, son los siguientes: 1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio, como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto. 2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero. 4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro. 5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).
Resumen: En lo que se refiere a la cuota diaria de la pena de multa, si bien no constan la situación patrimonial y los ingresos económicos del recurrente, tampoco hay la más mínima razón para estimar que se encuentre en la indigencia, tal como sorprendentemente se alega en el recurso. Desde luego su aspecto y vestimenta no es el de un indigente -tampoco el de su esposa- y acude al juicio defendido por un letrado particular. Así las cosas, habida cuenta que la cuota fijada en la sentencia del Juzgado es de 6 €, es decir, está muy próxima a la mínima prevista en el artículo 50 del Código Penal y ciertamente muy lejos de la máxima de 400 €, la pretensión subsidiaria deducida debe desestimarse igualmente.
Resumen: Considera la Audiencia que las deudas de la persona física concursada traen causa de su condición de administrador social de una mercantil; por lo que la competencia es del juzgado mercantil. No de los de primera instancia. Los defectos en la convocatoria para el acuerdo extrajudicial de pago pueden tener relevancia en la posible exoneración del pasivo insatisfecho. Pero no en la declaración del concurso, que sólo requiere la situación de insolvencia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la venta de una finca incumpliendo las disposiciones del plan de liquidación de la concursada, y se dirige frente a los deudores, la administración concursal y los adquirentes de la finca. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación: declaró infringidos los derechos del acreedor y las disposiciones del plan de liquidación, pero declaro válida la venta realizada. A) Sobre el incumplimiento del plan de liquidación: el acreedor puede denunciar cualquier comportamiento de la administración concursal por incumplimiento del plan de liquidación aunque no haya formulado observación alguna en relación con este al dársele traslado previo a su aprobación, y considera el tribunal que se incumplió el plan al aceptar una oferta transcurrido el plazo fijado para la venta y por importe inferior al previsto en el plan de liquidación, con incumplimiento de lo dispuesto en el art. 155.4 de la Ley Concursal. B) En relación con la venta: los adquirentes de los bienes en liquidación concursal necesitan certidumbre y seguridad jurídica, de tal forma que no se puede dejar a la voluntad de un acreedor la posibilidad de impugnar la venta por incumplimiento del administrador concursal de las previsiones de su propio plan de liquidación judicialmente aprobado.
Resumen: Condena por delito de falsedad en documento privado en concurso de normas con un delito de estafa. Agravación de la estafa por haberse cometido sobre la vivienda de la víctima y por la cuantía de la defraudación, que no se relaciona con el beneficio obtenido por el acusado sino con el perjuicio real causado a la víctima. Simulación de un contrato privado de compromiso de venta con intervención de personas que no han tenido intervención en el mismo. Presentación del contrato simulado como elemento determinante del engaño sufrido por la vendedora que, al tiempo, se hipoteca para adquirir una nueva vivienda cuyo precio de compra no puede abonar. Concurso de normas entre la falsedad documental y la estafa. Penalidad. Prescripción. No concurre al no haber transcurrido 15 años entre los hechos y su persecución mediante querella. Víctima de la estafa fallecida. Testimonio que se introduce por lectura de su declaración sumarial. Fallecimiento de la víctima atribuído a conducta homicida por la que el aquí acusado ha resultado condenado en procedimiento de Jurado. Dilaciones procesales indebidas -por analogía- parcialmente relacionadas con las incidencies del proceso ante el Jurado popular. Responsabilidad civil. Cuantificación. Responsabilidad de la compañía asseguradora profesional. Invocación de clausulas de exclusión que no se acogen. Por conducta dolosa y por extemporaneidad de la reclamación sobre la vigència de la póliza.