Resumen: Dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso la concursada entregó varias daciones en pago a un concreto acreedor. El crédito de éste ascendía a un poco más de 9 millones de euros y en esas daciones recibió un poco más de 7 millones. Esas daciones se concretaron en cesiones de crédito que la concursada tenía con terceros. La dación en pago supone un concurso de voluntades entre deudor y acreedor por el cual este consiente recibir, con carácter solutorio una cosa por otra, con el efecto de extinguir la deuda. En este caso se trata de una dación, no de una compensación, puesto que la concursada no tenía nada que compensar. Cuestión distinta es como se denomine a efectos contables; que no modifica la calificación jurídica. Por eso no es necesario traer al incidente a las cedidas. Tampoco se puede alegar que estas sean del grupo de la concursada, pues el grupo carece de personalidad jurídica ni de patrimonio propio. El cesionario es persona especialmente relacionada con la concursada, con un 82% de su capital social, lo que supone presunción de perjuicio patrimonial. Y además, esa operación de cesión, ni es de tráfico habitual, ni se hizo en condiciones normales, sino en un momento de insolvencia de la sociedad.
Resumen: La Sala, con confirmación de la Sentencia dictada por el Juzgado, estima ser conforme a derecho la resolución municipal que deniega la solicitud de cesión del contrato de gestión del servicio público en la modalidad de concesión de mercado municipal, así como la que acuerda la resolución contractual. En primer lugar, confirma que la cesión debe contar con la autorización del órgano de contratación, rechazando la alega competencia exclusiva del Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso de acreedores de la concesionaria (FD 2º). Igualmente rechaza la alegación de que ser precisa una declaración previa dela existencia de la prohibición de contratar, mediante la incoación de un procedimiento. El órgano de contratación en el supuesto que nos ocupa podía apreciar la concurrencia del supuesto contemplado en el artículo 60.3 en relación con el artículo 60.1.b), ambos del TRLCSP, no quedando condicionada su apreciación a una previa declaración. Bien entendido, en todo caso, que la extensión de la prohibición de contratar en la que está incursa una empresa a otra no es un proceso automático, sino que debe ser consecuencia del análisis las circunstancias concretas que concurren en cada caso, a la vista de las cuales puede llegar a presumirse que una empresa es continuación o deriva de otra empresa afectada por una prohibición de contratar (FD 3º). Por último, estima que la cesionaria incurría en al causa de prohibición de contratar prevista en el art. 60.1.b) TRLCSP (FF.DD. 4 y 5)
Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, el cauce casacional por infracción del derecho a la presunción de inocencia no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala. El delito societario de administración desleal está referido a la actuación de los administradores de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad constituida o en formación que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada. En los delitos de falsedad documental en fotocopia la naturaleza que era relevante era precisamente la del documento que se pretendía simular y no el medio utilizado para ello.
Resumen: Revoca la sentencia apelada que había estimada el incidente concursal en relación con los honorarios cobrados por la AC en una actuación anterior como mediador. Destaca que el crédito del AC es crédito contra la masa y el mismo vence con la prestación efectiva de los servicios, en función de los hitos de vencimiento legalmente previstos, de manera que el mediador nombrado AC no puede percibir más honorarios que los que le correspondan como mediador, cantidad ya fijada en otra anterior resolución del mismo tribunal, sin que conste que se hubiera alterado el orden de prelación de otros créditos contra la masa de vencimiento anterior, ni que se esté ante un supuesto de insuficiencia de masa que justifique la alteración de la regla general del pago al vencimiento.
Resumen: Prescripción de los delitos: carencia de legitimación de un acusado para plantear la prescripción del delito imputado a otro. Decisión para ser adoptada de oficio en una resolución distinta. Desestimada la absorción del delito de asociación ilícita por el de blanqueo de capitales, al haberse concedido la extradición solamente para el enjuiciamiento del delito de asociación ilícita: conflicto de normas desaparecido. No prescripción del delito de asociación ilícita, al haber sido cometido por fundador, director o presidente, y existir actos de interrupción del plazo de prescripción. Tampoco se vulnera el principio acusatorio, dado que los hechos relatados en el auto de transformación del procedimiento se corresponden plenamente con los hechos sobre los que el acusado prestó declaración en calidad de investigado y por los que se formula acusación. Validez de la propuesta, en sustitución del perito jubilado, de otro perito que participó en la elaboración de informes y propuesto al comienzo de las sesiones del juicio oral. Denegación de pruebas a la defensa, de escasa utilidad y muy dudosa existencia. Concurrencia de los requisitos del delito de asociación ilícita. No vulneración del principio non bis in ídem, pues no concurren los elementos identificadores de la cosa juzgada material: falta de coincidencia en el tiempo, en las conductas relatadas y en la identidad de los asociados. Denegación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: Demanda incidental de reconocimiento de un crédito con la calificación de ordinario. El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia por la que acordaba la no modificación de los textos definitivos y la Audiencia confirmó la sentencia. Interpone recurso de casación la parte demandante y la sala desestima el recurso. Se plantea en casación que, como el crédito está pendiente de cuantificación en un proceso de ejecución y no en un declarativo, no hay propiamente litigiosidad. La sala declara que la situación de litigiosidad se define por la aplicación coordinada de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Concursal, puesto que la norma que se invoca en el recurso se refiere exclusivamente al retracto de créditos litigiosos y no a la pendencia procesal, que es la situación que debe tenerse en cuenta para la contingencia del crédito; declara la sala que la situación de litigiosidad comienza con la interposición de la demanda, siempre que posteriormente sea admitida, y acaba con la confirmación del crédito mediante sentencia firme o provisionalmente ejecutiva; ahora bien, la calificación de contingencia no se refiere solo a la pendencia del pleito, sino también a la determinación de la cuantía, puesto que mientras que el crédito no sea exactamente cuantificable no puede incorporarse de manera definitiva (en el sentido de no contingente) a la lista de acreedores. En el presente caso, el crédito no está aun cuantificado, lo que impide su consideración como ordinario con cuantía propia.
Resumen: El TS, después de recordar su doctrina relativa la deber de motivación en relación con la determinación de la extensión de la pena afirma que, en el caso concreto, la pena ha sido correctamente impuesta por el Tribunal. No se trata de aplicar primero la regla del art. 66.1.2ª por la concurrencia de la atenuante cualificada, y después la regla 1ª del citado artículo por la concurrencia de una atenuante simple, sino que el Tribunal debe tener en cuenta el total de las atenuantes concurrentes y su entidad, para rebajar la pena en uno o dos grados, y para individualizarla, por aplicación del art. 66.1.2ª. Dentro de la argumentación jurídica existen elementos de donde se puede deducir la individualización en relación a la bajada de la pena en un solo grado, aunque sea implícitamente, así como en relación a la concreta fijación de las penas, donde expresamente se hace referencia al total de la cantidad defraudada y a las múltiples falsificaciones llevadas a cabo, por lo que teniendo en cuenta que corresponde al tribunal de instancia la individualización de la pena.
Resumen: El Fogasa tiene facultades para anticipar el derecho de opción que corresponde a la empresa, en caso de despido improcedente, cuando la empresa no comparece en el acto de juicio y no es posible la readmisión. Reitera la sentencia lo dispuesto en la STS (Pleno) de 5 de marzo de 2019 (Rec. 620/2018) y otras posteriores, en que se otorgó el derecho de opción al Fogasa cuando concurrieran las siguientes circunstancias. 1) Que la empresa no comparezca en el acto de juicio; 2) Que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades conforme a lo dispuesto en el art. 23.2 LRJS, siendo difícil o imposible la readmisión; 3), que el titular de la opción fuese el empresario y no el trabajador; y 4) Que el Fogasa haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción. Añade la Sala que la opción ex art. 110. 1b) LRJS atribuida al trabajador, cabe considerarla preferente respecto de la genérica opción establecida en el art. 110.1 a) LRJS, atribuida al que resultare ser titular directo de la opción.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma contra sentencia que anuló la convocatoria de proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud, en lo relativo a la valoración de la formación continuada recibida en los 10 últimos años. La cuestión declarada de interés casacional, respecto de la formación continuada, quedo delimitada: solamente se valorará la formación que haya sido finalizada en los últimos 10 años, contados desde el último día del plazo de presentación de instancias de participación en el proceso selectivo hasta la fecha de finalización de la actividad formativa. El TS estima el recurso, confirma la validez de la convocatoria. El personal estatutario debe mantener actualizados sus conocimientos, es difícil sostener que para acceder a las funciones propias de una plaza de médico en la especialidad requerida, la actualización no resulta esencial, y que deba prescindirse de la misma a la hora de valorar los méritos, mediante la correspondiente puntuación, así como también resulta difícil encontrar algún ámbito en el que resulte tan esencial la actualización, por el beneficio para la salud y la vida las personas, como en medicina, teniendo en cuenta la inmediatez de sus efectos sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y los constantes avances en medicina.
Resumen: Estimado el recurso por la sentencia del Juzgado y anulada la exclusión al grupo C subgrupo C1 como requisito de acceso para la provisión del puesto de "Jefatura Sección II Actas y Asuntos Generales", ahora la sentencia desestimas el recurso de apelación interpuesto por la Administración actuante. En esa apelación la Adminidstración sostuvo que las funciones del puesto de trabajo no combinaban con las correspondientes al grupo C subgrupo C1, pero la sentencia rechaza esa tesis, rechaza también que la sentencia apelada se encontrase falta de motivación suficientemente indicativa y acepta la valoración de la prueba en la sentencia apelada, concluyendo con ello que procedía la desestimación del recurso de apelación. No se puede amparar ni en la potestad de la autoorganización de la Administración ni en la discrecionalidad técnica, que se permita el acceso a un puesto, de un Grupo funcionarial que carece de la formación necesaria para acceder a ese puesto, para que vaya formándose a medida que vaya desempeñando ese puesto, o para que vaya formándose por su superior jerárquico en los aspectos técnicos en los que carezca de formación. La exigencia de formación es previa al acceso a un puesto de funcionario, y los requisitos para el acceso a ese puesto, esto es, el mérito, capacidad y formación técnica, debe tenerlos el funcionario antes de acceder al puesto.