Resumen: El marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o que supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia.El hecho de que no se hayan adoptado cautelas especiales -pedir avales o celebrar reuniones con todos los demás agentes constructivos- en absoluto equivale a que se haya llevado a cabo una contratación irreflexiva o absurdamente confiada, pues, las obras existían y era viable su realización. Existen supuestos en que se consideraron falsificación punible documentos recibidos por fax, no hallándonos ante documentos públicos, oficiales o mercantiles en los que pudiera ser relevante la individualidad física exacta del ejemplar resultante de la manipulación.Es de aplicación el concurso de normas entre los delitos de estafa y falsedad en documento privado, ya que debe tenerse en cuenta que en la configuración del delito de falsedad en documento privado, no solamente es necesaria una alteración mendaz de uno de los elementos del documento, sino que además es necesario que se produzca un perjuicio -o el ánimo de causarlo- en un tercero, perjuicio que precisamente coincide con el de la estafa por cuyo motivo es necesario aplicar el concurso de normas.Es coautora la acusada. Es autora de la falsificación del recibo, realizada para propiciar la obtención efectiva del lucro que da sentido a toda la actuación delictiva.
Resumen: Sobre el alegado contexto de vulneración de derechos fundamentales producto de la sobreprotección de la unidad territorial de España: La protección de la integridad territorial es común en las constituciones europeas. Ninguna Constitución europea avala el derecho a decidir. La activación de un verdadero proceso constituyente -en eso consistió la aprobación de las leyes fundacionales y del referéndum- al margen del cuadro jurídico previsto para la reforma constitucional, tiene un incuestionable alcance penal que, en función del medio ejecutivo empleado para su efectividad, deberá ser calificado como delito de rebelión o sedición. El alzamiento tendencialmente dirigido a la comisión del delito de rebelión exige como presupuesto que éste sea público y violento. La violencia ha de ser instrumental, preordenada a los fines del delito, y también funcional, pues es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima en que se haga más viable una ulterior negociación. Más allá de la mera actuación en grupo, la sedición exige como medio comisivo el alzamiento tumultuario y tiene la finalidad de derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones. La malversación reprueba la conducta del funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función, causa un perjuicio al patrimonio.
Resumen: La intervención de ordenadores o del contenido completo de un smartphone, como dispositivos de almacenamiento masivo de información y ordenada con anterioridad a la LO 13/2015 no es nula por falta de disposición legal habilitante que le sirva de soporte; existía jurisprudencia que integraba una posibilidad legal de registro insuficientemente regulada. Agresión sexual con intimidación: Son numerosos los supuestos en los que el amedrentamiento, incluso preordenado a la consecución de un fin concreto y específico, puede proyectarse de modo consciente, y de manera paralelamente compresible para el destinatario, sin necesidad de lenguajes verbales o gestuales manifiestos e incontestables. El contexto, y la forma en que se encadena con la actuación humana, son elementos que -considerando las convenciones humanas y la realidad social en el que se desarrollan- pueden interactuar de una forma tan inseparable y sugerente, que ningún observador ecuánime dudaría sobre su significado o sentido. Participar en la aportación de la violencia o de la intimidación para favorecer que otro consume la penetración, puede ser un acto de autoría material, no de cooperación necesaria, de suerte que no se trataría de un supuesto de participación en el hecho de otro y la aplicación de la cualificación prevista en el artículo 180.1.2.ª CP no supondría el quebranto del principio del non bis in ídem. Imposibilidad de construir la continuidad delictiva cuando los sujetos activos se van turnando.
Resumen: No puede convertirse el proceso de recusación del juez en un proceso de castigo por la circunstancia de sus relaciones familiares, o por sus distinciones, como aquí se pretende,ya que ello provocaría una sanción por hechos ajenos a la función jurisdiccional. La circunstancia discriminatoria debe referirse a la víctima. Es difícil argumentar una consideración de la Guardia Civil como colectivo vulnerable sin desnaturalizar la finalidad del precepto. No se describe una situación de discriminación, no se describe la ideología, tampoco se establece una comparación entre situaciones desiguales sobre las cuales fundar la discriminación, ni el hecho probado contiene una definición ni expresión de la situación objetiva de desigualdad derivada de una ideología del sujeto pasivo del delito.Y no puede considerarse que el hecho de pertenecer a un instituto policial sea una ideología. El abuso de superioridad debe suprimirse del atentado. El daño moral y las lesiones psíquicas son conceptos indemnizatorios acumulables. El delito de desórdenes públicos tiene una naturaleza tendencial. Su finalidad es atentar contra la paz pública, concepto más amplio que el de orden público. La nulidad de un nombramiento judicial no determina que los actos realizados durante la vigencia del nombramiento sean nulos o anulables.El uniforme solo permite el inmediato reconocimiento del agente; y habiéndose identificado el agente como tal, con conocimiento del acusado, concurre el elemento cognitivo.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación contra sentencia que desestimó el recurso contra resolución por la que se convocó concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. La Sala, tras hacer un profuso análisis de la normativa aplicable a los consorcios en el ámbito local, confirma la sentencia recurrida, pues la reserva de puestos se constriñe específicamente a administraciones locales de carácter territorial, es decir las comprendidas en el art. 3 de la Ley de Bases de Régimen Local y, tanto en el momento presente, Ley Régimen del Sector Público, como en la regulación legal, Ley 27/2013, vigente al tiempo de la convocatoria cuestionada, la consideración que en tiempos pretéritos se había hecho de los consorcios locales, incluyéndolos en el ámbito de la administración local, ha desaparecido en razón de su adscripción a una Administración Pública, lo que comporta su consideración de sector público institucional. Por ello rechaza el recurso al no tener los funcionarios de administración local de habilitación nacional reservado el ejercicio de funciones en los consorcios que pudieren estar adscrito a un ente local, sino que pueden ejercitarlas en régimen de concurrencia con el resto de las administraciones participantes.
Resumen: Para apreciar la atenuante analógica de confesión es necesario que aporte datos que supongan una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva. Conexión de antijuricidad: Ausencia de conexión de antijuricidad de prueba derivada de una observación y grabación de conversaciones personales o presenciales cuando no existía la disposición legal habilitante hoy recogida en los artículos 588 quater a al 588 quater e, de la LECRIM. Inexistencia respecto de confesiones autoinculpatorias voluntarias, en las que no existen factores que perturben o condicionen la soberana decisión del confesante. Exigencias temporales y procesales que muestren la voluntariedad de la declaración. Salud pública y organización criminal: Entre el artículo 369 bis por un lado y, por otro, el concurso de los delitos contra la salud pública (368 y 369) con el de organización criminal del 570 bis, concurre un concurso de normas que debe salvarse con la inaplicación de esta calificación, de conformidad con el artículo 8.4 del Código Penal. Dicho concurso no es apreciable respecto del grupo criminal del artículo 570 ter, habida cuenta que la actuación del grupo criminal no es susceptible de la agravación del artículo 369 bis. Por otro lado, el artículo 570 ter es perfectamente compatible con el delito contra la salud pública que no integre la agravación del artículo 369 bis.
Resumen: Recurso contra la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, que agravó la situación de los condenados. El Tribunal de apelación estimó que concurría el delito de detención ilegal, del que los recurrentes habían sido absueltos en instancia. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la posibllidad de revocar una sentencia absolutoria o de agravar la condena en instancia. Es posible cuando el órgano de apelación respeta escrupulosamente los hechos probados sin proceder a una revaloración de las pruebas. Evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo, estableciendo severas restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso los aspectos fácticos de sentencias absolutorias. En aquellos casos en los que el Tribunal que conoce del recurso haya de resolver sobre cuestiones de hecho y de derecho, planteándose en general la cuestión de la culpabilidad o inocencia, no puede, por motivos de equidad del proceso, adoptar una decisión sin la apreciación directa del testimonio del acusado. En el presente caso, no se ha modificado nada del fáctum. La divergencia es exclusivamente jurídica. Doctrina sobre la relación concursal entre el robo y la detención ilegal. Requisitos de la atenuante de confesión tardía. El reconocimiento de los hechos en el acto de la vista oral no constituye base fáctica. Anomalía psíquica: elementos que han de concurrir. Toxicomanía: supuestos que constituyen eximente incompleta o atenuante.
Resumen: Condena por un delito de detención ilegal en concurso medial con un delito de robo con violencia en las personas cometido en el domicilio de la víctima y con resultado de lesiones leves. Abuso sexual cometido en el curso de la inmovilización de la víctima del robo que es calificado como abuso sexual sin violencia o intimidación. Concurso medial entre la detención ilegal y el robo al mantenerse la privación de libertad más allá de la acción depredatoria. La víctima es abandonada por los autores completamente inmovilizada dentro del domicilio en que han cometido el robo. Delito leve de lesiones. Declaración y reconocimiento de la víctima como elemento de incriminación respecto de los tres acusados. Reincidencia. Atenuante de confesión que no se aprecia. Atenuante de reparación del daño que no se aprecia a pesar de la consignación parcial de la cantidad reclamada, porque el importe no le fue ofrecido a la víctima ni alcanza valores suficientes para la efectividad de la atenuante. Drogadicción que no consta que haya influido en la culpabilidad de quien la invoca. Penalidad. Sustitución de la ena de prisión por la medida de expulsión del condenado extranjero. No se acuerda por la duración de la prisión.
Resumen: La Sala del TSJ de Canarias estimó parcialmente el recurso promovido contra la adjudicación de licencias de radio en Frecuencia Modulada, anulando determinados criterios de valoración y ordenando la retroacción de actuaciones. El recurso de casación interpuesto se funda en el único motiva de la vulneración del deber de motivación impuesto en el art. 54.2 LJRPAC en relación con el principio de igualdad del art. 14 CE. La Sala Tercera considera que la crítica a la sentencia de instancia es infundada,sin que se advierta una incorrecta interpretación de los preceptos invocados. Recuerda la jurisprudencia según la cual existe un órgano técnico para efectuar la evaluación y habiendo este señalado los criterios de adjudicación, a revisión de esa evaluación, solo podía aceptarse, cuando, bien, no hubiera aplicado a todos los concursantes los mismos criterios, bien cuando esa evaluación no se ajustara a los bases del concurso, bien cuando existiera dolo, coacción o error manifiesto. El hecho de que la Comisión señalara los criterios después de abrir los sobres no implican irregularidad alguna (con trascendencia) sin ver el contenido de las ofertas ciertamente difícil establecer unos criterios de evaluación, sin que sea admisible una alegación de parcialidad por ese único hecho sin ningún otro dato que lo justifique. La interpretación de la Sala de instancia es razonable al anular aquellos criterios que contravenían las bases.
Resumen: La Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entiende que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la siguiente cuestión: si en los casos de concursos de contratistas, la única causa de resolución aplicable sería la apertura de la fase de liquidación del concurso, o si, por el contrario, deben aplicarse otras causas que sean anteriores en el tiempo y persistan en el momento en el que se abra la fase de liquidación; en especial, el incumplimiento continuado del contrato en relación con la interpretación de los artículos 111 y 112 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 111 del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos, en relación con el artículo 43 de dicha Ley. La admisión tiene lugar sobre la base fundamentalmente del artículo 88.3.a) LJCA, por inexistencia de doctrina jurisprudencial en relación con la cuestión jurídica planteada, siendo así, además, que la doctrina que se establezca tendrá proyección sobre otros asuntos equivalentes.