Resumen: Confirma parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor material de un delito de agresión sexual con introducción de miembros por vía vaginal de naturaleza especialmente vejatoria en concurso ideal con otro delito de allanamiento de morada, y rebaja la pena al eliminar el subtipo agravado por el carácter especialmente vejatorio de la agresión. Delito de agresión sexual con introducción de miembros corporales. Modalidad agravada por el carácter particularmente degradante o vejatorio de la agresión, que no se aprecia. La conducta atribuida supone una denigración para la víctima propias e inherente a cualquier ataque grave a la libertad sexual, pero no presenta especiales marcadores de reprochabilidad que permitan su calificación conforme al subtipo agravado. Responsabilidad civil derivada del delito sexual. Daño moral resarcible y su cuantificación.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso que condenó al acusado, arrendatario de unos terrenos y con la finalidad de reducir la presencia de los cuervos que frecuentaban el lugar, por la colocación de varios montones de cebos con maíz macerados con sustancias tóxicas insecticidas denominadas Fenitrothión y Aminocarb que fueron comidos por el perro de unas personas que paseaban por el lugar, provocándole la muerte por envenenamiento. Se desestima la queja por error en la valoración probatoria efectuada por el juez a quo, examinando el alcance del control que de dicha valoración corresponde hacer al tribunal de apelación, en especial, cuando de prueba indiciaria se trata. Se rechaza el cuestionamiento que el recurrente hace de la regularidad en la cadena de custodia de las muestras analizadas. Se acoge parcialmente el recurso por falta de proporcionalidad de la pena impuesta por el delito contra la fauna en concurso ideal con un delito de maltrato animal por el que se condena, corrigiendo la pena impuesta en instancia en la medida en que, a pesar de afirmar que se opta por el arco medio bajo de la penalidad aplicable, se individualiza la pena en el máximo de dicho rango punitivo.
Resumen: El TS estima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía precisando que la cuestión de interés casacional suscitada en el presente recurso ya ha sido resuelta en anteriores sentencias, debiendo seguirse, por razones de seguridad jurídica, lo en ellas declarado. Por ello, reitera que el servicio de empleo en su labor de intermediación puede servirse como criterio de desempate de la prioridad en la presentación de solicitudes para una determinada oferta procedente de las Administraciones Públicas siempre que a la igualdad que lo hace necesario se haya llegado mediante la aplicación de criterios coherentes con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Resumen: Se analiza la distinción entre unidad de acto, delito continuado y concurso real. Individualización de la pena. Se estima parcialmente uno de los recursos, en el sentido de modificar la pena de prisión, la libertad vigilada y, además, la imposición de la pena accesoria de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad prevista en el art. 192.3 CP. Esta pena ha de ser, al menos, de cinco años (y veinte como máximo) superior a la impuesta de privación de libertad. Se establece en 13 años.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración contra sentencia que anuló la resolución del tribunal calificador de las pruebas selectivas para acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciado Especialista en Medicina Nuclear en el extremo relativo a la inclusión de uno de los aspirantes, que participó por el turno de discapacidad.
El TS analiza el marco normativo que regula el acceso al empleo público por el turno de discapacidad y la jurisprudencia existente e interpreta las bases de la convocatoria considerando que el nivel de exigencia (nota de corte) era común a todos los turnos pero que la regla limitativa del número de aspirantes que podían acceder a la fase de concurso debía realizarse igualitariamente por cada turno, y no por el global de los aspirantes, porque de hacerse así se frustrarían las medidas positivas establecidas legalmente con fundamento en el artículo 49 de la Constitución. Por ello, declara que la respuesta que se ha de dar sobre la aplicación de la regla limitativa está estrechamente vinculada a las bases de la convocatoria, no pudiéndose dar una respuesta general, y que, en las circunstancias del presente caso, se ha de declarar que la existencia de un turno reservado a personas con discapacidad para el acceso al empleo público por concurso-oposición, con una regla limitativa de acceso a la fase de concurso, una vez superada la oposición, comporta que los aspirantes que concurren por dicho turno deben ser seleccionados para la segunda fase de concurso siempre que hayan superado la puntuación mínima establecida en las bases de la convocatoria y que la regla limitativa debe aplicarse por separado a los aspirantes de cada uno de los turnos.
Resumen: El Tribunal, analizando si concurre en uno de los concursados la excepción a la buena fe del artículo 487.1. 6º LC, referido a que se proporcione información engañosa o falsa o se lleve a cabo un comportamiento temerario o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, entiende que en este caso no concurre, pues aunque ocultó la existencia de una deuda por impago de multas, del Impuesto de circulación durante varios años y una plusvalía, este hecho se produce en un momento temporal distinto a quel en el que contrajo el endeudamiento o evacuar sus obligaciones y la información engañosa o falsa tampoco se refiere a la acompañada a la solicitud de concurso. Respecto de la extensión de los créditos de la TGSS, se pretende dividir entre los dos concursados y aplicarles a cada uno de ellos el límite de 10000 €, si bien, respecto de esta deuda solo uno de ellos es deduor, por lo que no cabe plantearse la división interesada.
Resumen: En la interpretación del artículo 307 Ter del Código Penal, se analiza la posibilidad de conformar un único delito continuado con defraudaciones de la misma naturaleza que resultaban punibles como estafa del artículo 248 del Código Penal, con anterioridad a la entrada en vigor del tipo penal primeramente señalado, en virtud de la LO 7/2012. Se procede a anular la condena del recurrente, como autor de un delito continuado de fraude prestaciones de la Seguridad Social, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial, además de la que se le impuso como autor de un delito continuado de estafa a la Seguridad Social en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial, sustituyéndose el pronunciamiento por el de considerarle autor de un único delito continuado de fraude de prestaciones de la Seguridad Social, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial, de los artículos 307 ter 1, 307 ter 2, 392 en relación con los artículos 390.1.2, 74 y 77 del Código Penal, todos ellos en la redacción vigente a partir de la LO 1/2015, modificando la pena a imponer.
Requisitos típicos del subtipo agravado del artículo 307 Ter 2 CP.
La extralimitación temporal de la instrucción. Análisis del artículo 324 de la LECRIM, en la redacción introducida por Ley 41/2015, de 5 de octubre.
La prescripción en el delito continuado.
Alcance y límites de la alegación de la predeterminación del fallo.
Resumen: Se niega la existencia de la causa que ha motivado la calificación culpable del concurso, ya que no se ha apreciado dolo o culpa grave. El Tribunal establece que el art. 442 TRLC exige un comportameinto activo u omisivo del deudor o de sus representantes, la generación o agravación del estado de insolvencia, imputabilidad por dolo o culpa grave y relación de causalidad, si bien se establece un régimen de presunciones, en este caso la aplicada admite prueba en contrario y la propia AC considera que no se ha detectado dolo o culpa grave del concursado en la generación o agravación del estado de insolvencia, por lo que no puede realizarse la calificación de culpabilidad.
Resumen: Es el propio legislador autonómico el que, partiendo de la idea de convocatorias sucesivas y permanentes, establece la regla general a la que alude la sentencia: inclusión de puestos con ocupación temporal o provisional correspondientes a un mismo tipo, nivel o grupo de clasificación, a un Cuerpo y, en su caso, especialidad. Una ausencia de motivación previa a la Orden que justificase la elección de determinados puestos vacantes, no de todos los que recoge la norma de ocupación temporal o provisional, y referidos a unas características que no tienen encaje en los conceptos de "tipo, nivel, grupo de clasificación, cuerpo o especialidad", no puede ser acogida la tesis de la potestad de autoorganización aludiendo a las necesidades del servicio y futuras convocatorias.
De hecho y pese a la justificación ex post de que teóricamente se realizará su inclusión en posteriores convocatorias, lo cierto es que no se ha presentado escrito alguno que acreditase esa oferta posterior confirmando así el carácter arbitrario de la elección. Se escogen determinados puestos para promoción y se reservan de forma obvia la mayoría de puestos similares ocupados temporal o provisionalmente sustrayéndolos a esta promoción y permitiendo, bien se mantenga su ocupación por personal temporal o bien que se ofrezcan a personal de nuevo ingreso mermando las posibilidades de acceder a estos puestos a titulares que gozan de mayor antigüedad
Resumen: El Juzgado de lo penal condena al acusado como autor de un delito continuado de estafa la pena de dos años y 2 meses de prisión, accesorias, y costas procesales.
La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, solicitando la revocación de la sentencia la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia.
