Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que denegó la aprobación de la rendición de cuentas presentada por la administración concursal y acordó inhabilitarlo para ser nombrada en otros concursos durante seis meses. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación interpuesto y revocó la sentencia recurrida únicamente para dejar sin efecto la sanción de inhabilitación. El recurso de apelación tenía por objeto, únicamente, la procedencia/improcedencia de la sanción de inhabilitación. Considera el tribunal que la inhabilitación temporal del administrador concursal por revocación de la aprobación de cuentas no se debe entender como una sanción a imponer de modo necesario, sino como una previsión sancionadora a aplicar cuando no existan motivos justificados para no imponerla. La inclusión de la totalidad de los honorarios del administrador concursal, sin pedir al juez del concurso que declarara cuáles eran los imprescindibles, justifica la revocación de la aprobación de las cuentas, pero no la sanción: administración concursal que ha tramitado todo el concurso hasta su liquidación, que lo ha hecho sin cobrar sus honorarios, y que al final ha conseguido, con la venta del mobiliario y de algunos vehículos, obtener el líquido necesario para satisfacer el crédito público de la Tesorería.
Resumen: Dilaciones indebidas: planteamiento extemporáneo. No se planteó en el escrito de conclusiones provisionales, sino en el informe. Concurrencia como circunstancia muy cualificada. Se estima el motivo, en atención a la acreditación de un retraso excesivo. Se estima la disminución de la indemnización de la responsabilidad civil por inlcuirse conceptos que se alega que no son consecuencia de la actuación delictiva. Se acuerda la remisión de particulares al Tribunal de Cuentas para que se determine la responsabilidad civil. Se invoca por la recurrente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por no haberse acreditado que conocía la actividad del coacusado. Existencia de prueba de cargo bastante constituida por la declaración del coimputado y por una pluralidad probatoria. Incongruencia omisiva: se denuncia falta de respuesta sobre la concurrencia del delito de certificación falsa. Obligación de utilizar la vía del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Existencia de una respuesta incompatible con la tesis del recurrente. Diferencia entre el delito de falsedad y el del certificación falsa. Concurso. Interpretación restrictiva a favor del delito de falsedad. Concepto de funcionario a efectos penales. Prevaricación y dolo eventual. Límites a la conversión de una sentencia absolutoria en condenatoria. No toda irregularidad administrativa es ilicitud penal. Falta de legitimidad de la acusación particular para solicitar responsabilidad civil
Resumen: Demandada la anulación de la compra de bonos estructurados de un emisor, promotora, por falta d einformación sobre la naturaleza y riesgos de ese producto, lo que estimado por el Juzgado es confirmado por la Audiencia en base a (i) son productos de renta fija a un determinado plazo y que pueden contar con una alta rentabilidad, pero también con un alto riesgo y una baja liquidez, ya que no son un depósito y, por tanto, no están garantizados por el banco emisor. Tienen una fecha de emisión y una de cierre, cotizando en un mercado secundario, siendo parecidos los bonos a las obligaciones, salvo por su duración, (ii) cuando el demandante solo mantiene la relación contractual con la empresa de inversión, y adquiere un producto de inversión que tal empresa comercializa, el negocio no funciona realmente como una intermediación por parte de la empresa de inversión entre el cliente y el emisor del producto de inversión , sino como una compraventa entre la empresa de inversión y su cliente, que tiene por objeto en este caso unos bonos que la empresa de inversión se encarga de obtener directamente del emisor, (iii) El inversor paga el precio del producto a la empresa de inversión de la que es cliente, (iv) ha de reconocerse legitimación pasiva a la empresa de inversión, en este caso un banco, que comercializa el producto financiero, para soportar la acción de nulidad del contrato por el que el cliente obtuvo el producto.
Resumen: No queda acreditada la acusación de haberse efectuado una refinanciación bancaria sin el concurso de quien denuncia el hecho, por lo que se considera no desvirtuada la garantía de presunción de inocencia de los acusados, ante la inexistencia de una mínima actividad probatoria;
Resumen: La existencia de una acumulación anterior no impide otra nueva si media una nueva condena; pero la nueva liquidación no puede resultar perjudicial para el condenado por esta consideración conjunta. Cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido en la norma; con el límite de no excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido. En este sentido afirma que si tras el dictado de un auto de acumulación, aparecen otras sentencias condenatorias contra la misma persona, lo que permitirá o impedirá la acumulación entre todas las penas contempladas será el cumplimiento de las exigencias legales, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia y expuestas más arriba, pero en ningún modo será óbice a la nueva acumulación la preexistencia de una anterior, también por decisión judicial. Y ello porque, la propia naturaleza de los autos de acumulación dictados al amparo del artículo 76 CP, impone su modificabilidad cuando sobrevienen nuevas condenas susceptibles de acumulación a las ya acumuladas y que una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas.
Resumen: Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica es necesario que concurran los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica. El delito de falsedad documental no es de propia mano, de manera que se convierte en partícipe de su comisión aquel que se aprovecha de la mendacidad que hubiere ejecutado un tercero, si con ello convierte su acción en beneficiosa para los planes de aquél. La llamada responsabilidad civil ex delicto no es diferente de la responsabilidad civil extracontractual ordinaria de los arts. 1902 y ss. del Código Civil. La titularidad del derecho a la inviolabilidad domiciliaria corresponde a cada uno de los moradores, la posibilidad de autorizar la entrada y registro está conferida a cualquiera de los titulares del domicilio. Consiguientemente, dejando a salvo las situaciones de contraposición de intereses entre el titular del derecho a la intimidad y el titular de la facultad de autorizar, la presencia en la diligencia de otros ocupantes es bastante para garantizar lo que fue objeto de la ocupación (refrendado por fe pública judicial). Nuestro sistema incluye como presupuesto legitimante del registro la presencia litisconsorcial de todos y cada uno de los moradores.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Galicia en lo referido concretamente a que sea reconocido el derecho a la valoración de un curso a la recurrente en relación con un concurso-oposición en la categoría de facultativo especialista en el área de oncología médica. El TS considera que la acreditación de la formación continuada que regula el artículo 35.3 de la Ley 44/2003 no tiene encaje directo en un sistema de ingreso a la función pública, sino que es propio del sistema de desarrollo profesional de los profesionales sanitarios y de su reconocimiento y, por tanto, de la carrera profesional del personal sanitario en el ámbito de las Administraciones públicas; incluso cuando presten servicios por cuenta propia o ajena en el ámbito privado. Añade que la formación continuada a valorar en las procesos de ingreso se regirá por las bases de la convocatoria, sin que las comisiones de valoración sean competentes para acreditar la formación continuada anterior a la entrada en vigor de la Ley 44/2003.
Resumen: CONVERSIÓN DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO EN CONSENSUADO. MUTUO ACUERDO ALCANZADO EN SEGUNDA INSTANCIA. En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados por la ley, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites de mutuo acuerdo. La petición formulada por ambas partes de aprobación de la propuesta de convenio regulador, acordando se mantengan las medidas adoptadas en la sentencia de primera instancia, salvo en lo que se refiere al régimen de visitas del progenitor no custodio que se regulan conforme al acuerdo que se presenta en el trámite de apelación, al ser ratificado por ambos cónyuges, hace que proceda su homologación y aprobación en la segunda instancia, entendiendo el tribunal que la facultad que la ley procesal concede a las partes para alcanzar un acuerdo no debe limitarse a la primera instancia, `pudiendo ser en cualquier momento del proceso. La exclusión del acuerdo en segunda instancia implicaría una interpretación restrictiva de dicho precepto, contraria por otra parte al espíritu de la regulación de los procesos de familia.
Resumen: Contratos de financiación y sponsor para proyecto consistente en concesión administrativa para la construcción de autopista de peaje. Apreciación de falta de legitimación activa en ambas instancias. Estimación del recurso extraordinario por infracción procesal: la legitimación y su relación con el fondo permite que las cuestiones que a ella se refieren puedan suscitarse bien por vía del recurso por infracción procesal, o en casación. Concepto de legitimación. Por su íntima conexión, los contratos de adjudicación, de financiación y de sponsors no se pueden concebir aisladamente, porque responden a una misma finalidad contractual.La adjudicación de la construcción de la autopista es el hilo conductor del que nacen los otros dos contratos, al ser precisa la financiación correspondiente para que el proyecto pueda ser ejecutado, actuando el contrato de sponsors como garantía de que el contrato de financiación sea debidamente cumplido. Además, identidad de sujetos. El carácter instrumental y la vinculación de los contratos entre sí conduce a que deban de ser conjuntamente interpretados. Las entidades financieras, como titulares de un interés legítimo y beneficiarias de la previsión contractual, tenían legitimación directa y propia, y no subsidiaria y accesoria, para exigir a los sponsores el cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente asumieron para que la financiación de la construcción fuera viable.
Resumen: Revoca parcialmente la condena impuesta por Juez Penal a un acusado por delito de resistencia a agentes de la autoridad. Acusado que muestra oposición activa a la detención por parte de una patrulla de policía con quienes entre en un forcejeo que termina con dos de los agentes heridos. Concurso mediante entre el delito de resistència y los dos delitos de lesiones leves. Individualización punitiva. Deber de motivación de la individualización de la pena. Resulta indispensable una motivación específica de las razones por las que se rebasan los umbrales penales mínimos. En el caso se impone en su mitad superior la pena prevista para el delito de resistencia y también los dos delitos leves de lesiones. La pluralidad de agentes sobre los que se ejerce la resistencia no justifica el incremento punitivo.