• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2975/2017
  • Fecha: 22/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En relación con el art. 290 CP será necesario que en la sentencia condenatoria aparezca acreditado suficientemente, en primer lugar, que el acusado es administrador de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación. En segundo lugar, que las cuentas o los otros documentos a los que se refiere el precepto, han sido falseadas, es decir, alteradas o modificadas en relación a lo que debería ser su contenido correcto, siendo posible que el falseamiento se produzca por cualquiera de las vías previstas en el art. 390 CP. En tercer lugar, que ese falseamiento de las cuentas es idóneo para causar un perjuicio económico a la sociedad, a los socios o a un tercero. Y, en cuarto lugar, que el acusado ha intervenido de alguna forma relevante en la formulación, confección o configuración de las cuentas o de los otros documentos mencionados.Desde el tipo subjetivo, es preciso el dolo. Es bastante con el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, que el documento contiene datos que no responden a la realidad, bien porque se hayan incluido inicialmente o bien porque hayan sido alterados con posterioridad. Respecto del perjuicio, basta el dolo eventual. En cuanto a la falsedad de la información a los inversores del artículo 282 bis CP, la conducta típica, en el tipo objetivo, consiste en falsear la información económico-financiera. No se sanciona, pues, a quien la publica o difunde o la remite a otros para su publicación o difusión, sino a quien la falsea.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
  • Nº Recurso: 1968/2015
  • Fecha: 22/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Concurren en los hechos juzgados todos los elementos del delito de detención ilegal, pues las víctimas estuvieron privadas de su libertad de movimientos, encerradas en un coche, e impidiéndoles salir de él durante un tiempo mínimo de media hora y máximo de una, hasta que aceptaron la extorsión: pagar o irse, por eso fueron liberadas, y, además, se trató de una acción realizada de forma deliberada y planificada, con plena conciencia y voluntad por parte de la acusada. En cuanto al delito de extorsión, del art. 243 CP, se exige que el sujeto activo "obligue" al sujeto pasivo a realizar (u omitir) algo, se entiende que contra su voluntad. Se mantiene la exigencia de que tal situación se realice por medio de "violencia o intimidación"; esto es, se contemplan tanto los supuestos de vis física como los de vis compulsiva sobre otra persona. Además, estamos ante un concurso ideal de delitos, es decir, ante una privación de libertad ilícita como medio para conseguir que se cumpliera la condición impuesta: o pagáis el peaje para poder seguir trabajando, u os vais de aquí. Esa fue la condición, y hasta que no se aceptó por las víctimas, no fueron liberadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3250/2018
  • Fecha: 19/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Incidente de nulidad de actuaciones ha lugar. Auto admisión: el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar el impacto que sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas puede tener una norma legislativa posterior que deja sin efecto un acto administrativo previamente declarado nulo por sentencia, a efectos de determinar si esa actuación del poder legislativo (que no prevé un régimen indemnizatorio específico) posterior a la sentencia rompe el nexo causal entre los posibles daños padecidos por el administrado y dicha actuación administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3935/2016
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación que pretendía que los gastos judiciales sufridos por los recurrentes como acusación particular en una causa penal en la que el concursado fue condenado fueran reconocidos como créditos contra la masa. La interpretación de los créditos contra la masa debe ser restrictiva. El art. 84.2.3º LC exige, en cuanto a los gastos judiciales, que hayan sido ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en la LC. La norma exige que los juicios en que se hubieran generado esos gastos judiciales lo fueran en interés de la masa y que se hubieran continuado o iniciado conforme a lo dispuesto en la propia LC. La interpretación de este segundo requisito es el que se cuestiona en el recurso. Se limita a los casos en que la propia LC expresamente otorga legitimación a los acreedores para ejercitar determinadas acciones en interés del concurso. Fuera de estos supuestos, los gastos judiciales generados a los acreedores por la representación o defensa en otros juicios no dan lugar a un crédito contra la masa, aunque la sentencia firme hubiera podido reportar un beneficio para la masa activa. En el caso, los gastos judiciales se generaron en un juicio penal, respecto del que no se prevé esta posibilidad de instar su reembolso de la masa activa, por lo que no cabía reconocer el crédito contra la masa.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR PALA CASTAN
  • Nº Recurso: 260/2019
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La parte actora reclama las cantidades depositadas en cuentas bancarias de Banco Santander a nombre de la Cooperativa Área Norte a la que se adhirió la demandante con la finalidad de adjudicarse una vivienda. Alega que se incorporó a la Cooperativa en el año 2.004, que la entrega estaba prevista para el año 2.008, y que en julio de 2.009 la vivienda no estaba terminada ni próxima a terminarse. Los promotores deben percibir las cantidades anticipadas de los compradores de vivienda a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros, en la que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, y de las que únicamente podrán disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. La responsabilidad exigida por la Ley es suficiente para entender que no se trata de terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Al contrario, impone un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción, para que los ingresos sean derivados a la cuenta especial, especialmente si provienen de particulares. La entidad sabía o tenía que saber que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la promoción, tenía la obligación legal de abrir una cuenta especial. Dado que infringe la obligación legal de abrir una cuenta especial y de acuerdo con la jurisprudencia, debe responder de la devolución de la cantidad reclamada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 817/2018
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se afronta la problemática de la responsabilidad de las entidades financieras que admitieron depósitos o descuentos de efectos cambiarios en cuentas de promotor inmobiliario sin exigirse que existiera aval o cuenta especial, como es el caso, precisando la Audiencia que la legislación asociaba a ese comportamiento un responsabilidad frente a los compradores por esas cantidades anticipadas y depositadas en cuentas del promotor, de modo que en los casos de fracaso de la promoción inmobiliaria o de incumplimiento del promotor en la entrega de las viviendas la entidad bancaria respondía frente a los compradores en la medida en la que cabalmente podía haberse aprecibido que esas cantidades que se ingresaban correspondían a cantidades anticipadas por la compraventa de viviendas a construir, resaltándose que, en el caso, la entidad que hacía la evaluación del riesgo tenía que ser consciente que los ingresos de la parte demandante respondían a esa operación, destacando además que la responsabilidad que se impone a las entidades financieras no es por el hecho de fueran financiadoras de la promoción inmobiliaria sino por incumplimiento del deber legal de fiscalizar que esa operación inmobiliaria se realizara con las adecuadas garantías en favor del comprador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: IGNACIO MARTINEZ LASIERRA
  • Nº Recurso: 134/2018
  • Fecha: 18/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima la apelación con desestimación de la demanda interpuesta en la Instancia.La sentencia recurrida estimó el recurso interpuesto por la funcionaria interina porque la plaza que ella ocupaba no podía considerarse una plaza vacante en el momento de su cese pues su titular se encontraba en comisión de servicios en otro puesto, con reserva de plaza, por lo que no estaba vacante. El hecho de que un puesto pertenezca en propiedad a un funcionario no impide que sea considerado como vacante para su ofrecimiento en primer destino provisional si el funcionario está ocupando otra plaza con reserva de la suya, y ello aun cuando la plaza esté ocupada en régimen de interinidad por sustitución. Por ello, la reserva de plaza para el funcionario titular que transitoriamente no la ocupa tiene su efecto en el ámbito de su relación funcionarial, no en la del interino que le sustituye temporalmente, de modo que no impide que el puesto pueda ser objeto de destino provisional de otro funcionario de carrera tras la superación del proceso selectivo correspondiente. La reserva de plaza del titular tendrá su eficacia en el caso de que pretenda su reincorporación, en cuyo caso podrá desplazar al segundo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 713/2016
  • Fecha: 17/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Incidente concursal en el que se pretendía la resolución de un contrato de permuta de la participación en una serie de inmuebles a cambio de dinero y la entrega de unas viviendas en la promoción que iba a construir una de las partes, posteriormente declarada en concurso. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la Audiencia estimó en parte el recurso de apelación interpuesto en el sentido de reconocer una indemnización por daños y perjuicios a la demandada por la depreciación del inmueble objeto del contrato, pero no acordó la compensación de los créditos de ambas partes; dicha sentencia fue aclarada en el sentido de reducir el crédito de la demandada. Interponen recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ambas partes pero solo se admiten los recursos de la demandada. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal, pues la Audiencia se extralimitó en la facultad de aclarar las resoluciones judiciales y, en realidad, varió el fallo de la sentencia al reconocer un crédito menor a favor de la demandada y recurrente; la estimación determina la anulación del auto de aclaración. Del mismo modo, estima el motivo de casación admitido y declara que, al ser reconocido el crédito de la demandada como un crédito frente a la masa concursal, este procede ser compensado con el crédito que, a su vez, le reconoció la sentencia recurrida, ya que la prohibición de compensación del art. 58 LC afecta solo a los créditos concursales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1031/2018
  • Fecha: 17/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Hay que recordar sobre el sistema "SITEL" que las acreditaciones individualizadas a los miembros de las unidades de investigación para acceder al sistema permiten visualizar su contenido, pero nunca modificarlo. Son pues usuarios pasivos de la información y cumpliendo lo ordenado por la autoridad judicial proceden a volcar a un soporte CD/DVD el contenido de la intervención correspondiente, volcado que implica nueva certificación digital de cada soporte empleado.Todos eran conscientes de que se estaban dedicando a remesar cantidades de dinero que por su importancia sólo podían proceder de una actividad delictiva, lo que excluye la comisión imprudente del delito.Los agentes cumplen con poner a disposición del Juez los elementos incriminatorios que hacen presumir vehementemente la existencia de una actuación delictiva.La validez de la confesión no depende de los motivos internos del confesante sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención.La organización supone generalmente la existencia de una estructura de cierta complejidad, con intención de una mínima permanencia temporal. La codelincuencia se apreciaría en los casos de agrupaciones de solo dos personas, o cuando estando integradas por más de dos personas, se hubieran formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito.La complicidad se apreciará cuando no concurriendo las circunstancias de la cooperación necesaria existe una participación accidental, no condicionante y de carácter secundario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2717/2016
  • Fecha: 17/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cancelación de una garantía constituida sobre depósitos bancarios de la concursada, una vez acreditado el cumplimiento de la obligación garantizada con la prenda, y de acuerdo con lo previsto en el contrato de garantía. El banco se había negado a la cancelación alegando el embargo posterior de los depósitos y la competencia del juez del concurso para levantar la garantía. Se estima el recurso de casación. El cauce para el ejercicio de esta acción, con posterioridad a la declaración de concurso, es el del art. 54 LC. La competencia no es del juez del concurso y no se altera por el hecho de que, después de constituir la garantía y antes de la declaración de concurso, se hubieran acordado embargos sobre esos depósitos. Hay que distinguir la cancelación de la garantía del levantamiento de los embargos. Para la primera, no resultan de aplicación ni el art. 8.3 ni el art. 55 LC, que se refieren a la competencia del juez del concurso para conocer de toda ejecución contra el patrimonio del concursado y para acordar el levantamiento de los embargos judiciales trabados sobre sus bienes. No cabe invocar ambos preceptos para denegar la cancelación de las garantías contractuales, cuando se había justificado el cumplimiento integro de las obligaciones garantizadas. El efecto de la estimación de la demanda es el levantamiento de la garantía; para la restitución de las cantidades a la masa del concurso será preciso antes que el juez del concurso acuerde el levantamiento de los embargos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.