Resumen: El TS admite a trámite el recurso de casación preparado por el abogado del Estado contra una sentencia dictada por la Sala de lo C-A del TSJ de la Comunidad Valenciana que estimó el recurso interpuesto por una funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, consiguiendo así que se valorase como trabajo efectivo y como periodo de servicio activo el tiempo que estuvo en situación de excedencia para cuidado de familiares, a los efectos de los méritos generales de dicho cuerpo funcionarial, aunque no estuviese así recogido en las bases de la convocatoria. La Sala territorial alcanza esa conclusión en una interpretación integradora de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, del TREBEP y de la Orden Ministerial de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. El Alto Tribunal considera que tiene interés casacional objetivo determinar si las previsiones del artículo 57 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen efecto directo sin mediación de las correspondientes bases de la convocatoria y, en caso afirmativo, si imponen una valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la que se otorga a la situación administrativa de servicio activo.
Resumen: Impugnación individual de despido colectivo estando la empresa declarada en concurso y dictado el auto de extinción de los contratos de trabajo. Se alegó la existencia de grupo de empresas. y de operaciones para descapitalizar a la concursada. La cuestión se limita a determinar si la competencia para el conocimiento de un despido corresponde al orden jurisdiccional social, estando declarada en concurso la empleadora, cuando se ejercita la acción además frente a empresas del grupo no concursadas. La cuestión ha sido resuelta por la Sala IV/TS en diversas sentencias. El juez del concurso es excepcionalmente competente para conocer de las acciones individuales de extinción del contrato de trabajo, pero cuando se acumulan determinados requisitos, procede atribuir la competencia para conocer de la demanda acumulada de extinción del contrato de trabajo y de reclamación de cantidad a los órganos de la jurisdicción social, que la mantienen de modo genérico fuera de los excepcionales supuestos de competencia del juez del concurso. La declaración judicial de existencia de grupo laboral y la calificación como improcedente del despido son competencia de la jurisdicción laboral. La acción que se dirige frente a la concursada y frente a otras personas físicas y jurídicas, rebasa el ámbito competencial del juez del concurso. La competencia exclusiva del Juez Mercantil desaparece cuando se trata de una reclamación laboral dirigida frente a quienes no son sujetos concursados.
Resumen: La Sala sin negar el carácter vinculante que poseen las bases de cualquier convocatoria, señala que su interpretación y aplicación debe hacerse siempre en el sentido más favorable a la mayor efectividad del artículo 23.2 CE, y en consecuencia deberá ser rechazada cualquier aplicación de las mismas que conduzca a un resultado que no sea compatible con el derecho reconocido en el precepto constitucional que acaba de mencionarse. Y esta clase de resultado será de apreciar, cuando la estricta aplicación de unas bases dificulte el acceso a la función pública en virtud de criterios carentes de racionalidad, con una desproporción manifiesta o derivados de hechos que no sean imputables al aspirante que sufriría la exclusión.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto confirmando la Resolución del Tribunal central de recursos contractuales confirmatoria,a su vez,de la Resolución de autorización y adjudicación a la mercantil Geroresidencias SL del contrato de gestión integral de la Residencia y Centro de Personas Mayores Dependientes de Ademuz.Se rechaza,con caracter previo la alegación de inadmisibilidad por desviación procesal formulada por la codemandada pues a pesar de impugnar la resolución del Tribunal contractual ello,no determina,la intervención de este órgano en el proceso jurisdiccional,siendo notorio,que la voluntad de la recurrente es la de impugnar el procedimiento contractual,siendo idéntica su voluntad en sede administrativa y judicial. En cuanto al fondo se desestima el recurso interpuesto atendiendo a la valoración emitida en el informe técnico llevado a cabo,no desvirtuando la actora, mediante las alegaciones formuladas, las puntuaciones que se le otorgan en los distintos apartados.En todo caso concluye la Sala afirmando que el denominador común en todas las impugnaciones analizadas se refiere a la falta de previsión previa en el Pliego de los subcriterios de valoración,destacando que tales criterios se establecen con caracter previo y consiste en un mecanismo de objetivación en la valoración que no puede considerarse discriminatorio.Se desestima el recurso atendiendo a la existencia de un órgano técnico encargado de la evaluación y que ha señalado,a su vez,los criterios de adjudicación.
Resumen: Conforme a lo dispuesto en el artículo 551.1º del Código Penal debe ser impuesta la pena superior en grado, que sería la de prisión entre 3 años y 1 día, y 4 años y 6 meses. Al existir un concurso ideal de delitos entre el delito de atentado y los delitos de lesiones, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Código Penal, la pena del delito más grave (atentado) debe ser impuesta en su mitad superior y por tanto entre 3 años, 9 meses y 1 día y 4 años y 6 meses.Por último, al concurrir una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal, la pena debe ser impuesta en su mitad inferior, esto es, entre 3 años, 9 meses y 1 día y 4 años, 1 mes y 16 días. Por ello, la pena impuesta, en extensión de cuatro años, se encuentra dentro de los límites legalmente previstos. La individualización judicial de la pena es adecuada y ponderada en orden a la gravedad de los hechos y a las circunstancias personales del recurrente. De esta forma el Juzgado de lo Penal ha valorado las circunstancias concurrentes, tanto las que determinan un mayor desvalor de su actuar como las que inciden en un menor reproche de su conducta. Entre las primeras el Juzgado destaca el nulo arrepentimiento del reo, el hecho de haber premeditado la situación, haber mostrado una absoluta falta de preocupación por sus dos hijos menores usando a uno de ellos de escudo humano, arremetiendo contra todos los agentes que podía, sin preocuparse hasta la fecha de las lesiones que podía haber generado.
Resumen: Condena por delito de detención ilegal en concurso ideal con un delito de agresión sexual en grado de tentativa y otro delito leve de lesiones. Acusado que retiene en su domicilio a una mujer, contra su voluntad, durante seis horas, en cuyo transcurso intenta mantenir con ella relaciones sexuales, y que permite que la mujer abandone el domicilio voluntariamente. Privación de la libertad deambulatoria. Relación de la privación de libertad con la conducta de naturaleza sexual impuesta a la víctima. Subtipo atenuado del delito de detención ilegal por liberación anterior a los tres días. No aprecia agravación por la minoría de edad de la víctima por no poder atribuir al autor conciencia de la minoría de edad de su víctima. Atenuante de dilacions procesales indebidas por paralización durante un año y seis meses. Penalidad. Cálculo de las penas a imponer en función de una relación medial entre los delitos. Indemnización por daño morales.
Resumen: Sienta la sentencia los principios generales que han de tenerse en cuenta para la declaración de incumplimiento del convenio en un concurso de acreedores. Basta con cualquier incumplimiento respecto a algún acreedor. No es necesario que se trate de un incumplimiento generalizado ni que afecte a varios acreedores. El art. 140 LC resulta claro al efecto. La jurisprudencia lo justifica así: el convenio ha supuesto una nueva oportunidad concedida al deudor para que pueda solventar sus problemas económicos, de manera que el esfuerzo efectuado por sus acreedores (aceptando quitas a sus créditos, consintiendo esperas para poder cobrarlos, etc) debe ser correspondido con el cumplimiento, de modo estricto, de las estipulaciones convenidas, sin que deba darse pie a la posibilidad de más dilaciones, ni a la imposición, por la vía de hecho, de esfuerzos adicionales a los acreedores.
Resumen: La Audiencia analiza la competencia del juez del concurso y el de primera instancia en la fase de convenio. Relaciona los preceptos de la LC , entre otros los arts. 8 y 50 y concluye que el juez del concurso deja de tener la competencia para el conocimiento de las acciones y procedimientos con trascendencia para el patrimonio del deudor a que se refieren los arts. 8 y 50 de la Ley desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio hasta la declaración de cumplimiento del mismo o, en su defecto, hasta la apertura de la fase de liquidación, lo que, además, se encuentra en armonía con que durante ese espacio temporal el concursado recupere su actividad profesional o empresarial a través precisamente del convenio. Con lo que la competencia será la del juez de primera instancia.
Resumen: Se enjuicia la agresión sexual de un padre sobre sus dos hijas menores de edad. La sentencia aplica el principio de continuidad delictiva, por falta de determinación precisa de los distintas agresiones ejecutadas en el periodo de varios años pero aprovechando similares circunstancias. En el presente caso se considera que no se han motivado las sanciones impuestas, lo que obliga a revisar el criterio judicial de determinación de las penas. No constan circunstancias relevantes que justifiquen la imposición de penas superiores a las mínimas previstas legalmente, por lo que debe revisarse la determinación cuantitativa de las penas, salvo en relación con las penas de libertad vigilada y de prohibición de comunicación y acercamiento a las menores víctimas del hecho, en que procede imponer las sanciones máximas previstas legalmente, dada la naturaleza especialmente odiosa de las agresiones inferidas así como su continuidad y contumacia en el tiempo.
Resumen: Confirma la condena impuesta por Juez Penal por de los delitos de amenazas en concurso medial con otro de coacciones en grado de tentativa. Reproduce la doctrina constitucional sobre los límites de la labor revisoria frente a sentencias de condena y también las exigencias de realización del derecho a la doble instancia efectiva respecto de la condena impuesta en la primera. Contiene la doctrina jurisprudencial sobre la valoración de las pruebas encomendada al juez o tribunal que la recibe directamente, así como sobre las ventajas que reporta la inmediación en su práctica y los únicos supuestos en que es admita una reevaluación de esa misma prueba personal por parte del tribunal de segundo grado. Los hechos describen un dialogo entre acusado y víctima mantenido a través de la red Whatsapp en que aquél comunica al víctima que si no abandona a su nueva pareja y recobra su relación de pareja mantendrá una denuncia judicial interpuesta en su contra, anunciandola que iba a entrar en prisión si no actuaba como la estaba reclamando. No se cuestiona la relación concursal apreciada entre los delitos de amenazas y coacciones ni tampoco la forma imperfecta en que se acoge este último delito.