Resumen: Rescisión concursal: dación en pago de los derechos que la concursada tenía sobre dos plazas de parking a favor de un acreedor, en pago de su crédito. Se reitera el concepto de perjuicio para la masa. La dación en pago supone un concierto de voluntades entre deudor y acreedor por el que este consiente recibir, con carácter solutorio, un aliud pro alio (una cosa por otra), con el efecto de extinguir la obligación originaria. Se trata de un negocio complejo, pues participa de las características del pago o cumplimiento de una obligación, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto que, con efectos solutorios, extingue la primitiva obligación. Desde el punto de vista del acuerdo de transmisión de bienes o derechos que supone la dación en pago, el importe por el que se transmitían era el doble de su valor, razón por la cual no habría propiamente sacrificio patrimonial. Es únicamente desde el punto de vista de la satisfacción del crédito que se extinguía con la dación, que podría existir alguna duda sobre el perjuicio, en atención al momento y las circunstancias en que se realizó (tres meses antes de la declaración de concurso y junto a otras cesiones en pago de plazas de parking por un importe total de 4.428.600 euros). Esas circunstancias temporales de la dación en pago hubieran podido ser muy relevantes si el importe de los créditos fuera equivalente o inferior al valor de los derechos cedidos, pero consta acreditado que el importe del crédito extinguido era superio
Resumen: Derecho concursal. Impugnación de lista de acreedores por no inclusión de crédito derivado de contrato de asesoramiento. Excepción de incumplimiento contractual frente a la solicitud de inclusión de un crédito en la lista de acreedores. Regulación concursal sobre la resolución de los contratos tras la declaración de concurso y la impugnación de la exclusión de un crédito. La excepción de incumplimiento contractual: contenido. Requiere que se trate del incumplimiento de una obligación básica, no bastando el cumplimiento defectuoso de la prestación, ni el mero incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias. La excepción de incumplimiento no reporta una modificación de la relación obligatoria, pues su aplicación provoca una mera suspensión provisional del cumplimiento de la obligación; la pretensión resolutoria supone el ejercicio de una facultad que reporta la modificación de la relación obligatoria por medio de su efecto resolutorio. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos: distingue según el contrato esté pendiente de cumplimiento por una de las partes o por ambas. El objeto principal de la lista de acreedores elaborada por la administración concursal es conformar la masa pasiva. No cabe oponer la excepción porque presupone que el contrato está pendiente de cumplimiento por ambas partes. Interpretación del contrato de consultoría: corresponde al tribunal de instancia y no puede ser revisada en casación, salvo arbitrariedad.
Resumen: Prelación del pago del crédito a favor de la TGSS como preferente a las retribuciones de la administración concursal según el orden de vencimientos. El art. 84.3 LC (antes el art. 154.2) establece que, salvo los créditos por salarios con los requisitos que fija, el resto de los créditos contra la masa se abonarán a sus respectivos vencimientos. La fecha a tomar en consideración a estos efectos no es la del devengo, sino la del vencimiento. Vencimiento del crédito por honorarios de la administración concursal, reiteración de la doctrina de la Sala, según la cual la fecha de vencimiento no es la de aceptación del cargo, sino que será la de prestación efectiva de los servicios y con los hitos temporales previstos en el RD 1860/2004: respecto de la primera mitad de los honorarios correspondientes a la fase común, el quinto día siguiente a la fecha de firmeza del auto de su fijación, respecto de la segunda mitad, el quinto día siguiente a la firmeza del auto que ponga fin a la fase común (o resolución de significación equivalente), en cuanto a las fases de convenio y liquidación, por meses vencidos, el quinto día posterior a cada mensualidad, salvo decisión del juez. La administración concursal, que ha adelantado el cobro de sus honorarios, ha aplicado un orden de prelación diferente al legalmente previsto y ha de restituir a la masa las cantidades necesarias para dar debido cumplimiento a dicho orden, si ello fuera preciso para la atención de otros créditos con mejor prelación.
Resumen: La AEAT pidió la rescisión concursal de la cesión de los derechos de uso de ciertas plazas de garaje que había realizado el concursado en situación de 5 bis LC, meses antes de declaración de concurso, en pago de los créditos que ostentaba un tercero, alegando perjuicio para la masa activa- vulneración de la par conditio creditorum-. Como efecto de la rescisión, solicitó que se dejara sin efecto la cesión y se ordenara la restitución de los derechos cedidos, incluyéndose el crédito de la cesionaria en la lista de acreedores de la concursada. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por entender que, si bien se había minorado la masa activa del concurso, a su vez se había reducido el pasivo en el importe de las cuotas y gastos de mantenimiento, además de que el precio fijado para la cesión del uso de cada plaza había sido superior al de mercado. En segunda instancia se estimó el recurso y se acordó la rescisión concursal de la dación en pago al considerarla injustificada y perjudicial para la masa activa. Recurso extraordinario por infracción procesal: se desestima por no apreciar infracción del principio de justicia rogada, falta de claridad o incongruencia, ni error en la valoración probatoria del perjuicio para la masa y del estado de insolvencia del deudor, al ser conceptos que encierran valoraciones jurídicas. Recurso de casación: se estima al no apreciar que los actos de disposición objeto de rescisión concursal hayan ocasionado perjuicio para la masa activ
Resumen: Concursal. Rescisión de una ampliación de hipoteca otorgada para garantizar obligaciones preexistentes contraídas por una sociedad del grupo de la hipotecante. De acuerdo con el régimen de las acciones de reintegración de la Ley Concursal, las garantías reales sobre bienes inmuebles, como es el caso de la hipoteca, prestadas por el deudor concursado en los dos años anteriores a la declaración de concurso pueden ser objeto de rescisión cuando constituyan un acto de disposición a título gratuito pues en tal caso el perjuicio para la masa se presume sin que sea admisible prueba en contrario (art. 71.2 de la Ley Concursal); cuando constituyan un acto de disposición a título oneroso realizado a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado o se hayan constituido a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas, y no se pruebe la falta de perjuicio patrimonial (art. 71.3.1º y 2º). Y en general, cuando se pruebe que han causado un perjuicio para la masa activa. Para el ejercicio de estas acciones no es preciso probar la existencia de fraude. La garantía constituida a favor de tercero, aunque sea onerosa, no excluye la existencia de perjuicio para la masa. El perjuicio patrimonial se presume, si bien cabe prueba en contrario que corre a cargo del acreedor demandado, titular de la garantía. Al no recibir nada a cambio la hipotecante no deudora, la operación hipotecaria es un acto dispositivo a título gratuito.
Resumen: Demanda en la que la AEAT instó la rescisión concursal de la cesión en pago de los derechos de uso de 24 plazas de garaje que había realizado una mercantil en situación de insolvencia, en pago de los créditos que ostentaba un tercero, unos días antes de declaración de concurso. En primera instancia se desestimó la demanda y en segunda se estimó el recurso y se acordó la rescisión concursal de la dación en pago al considerarla injustificada y perjudicial para la masa activa. Se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación por la concursada, el primero se desestima por no apreciar infracción del principio de justicia rogada, ni falta de claridad o incongruencia, ni error en la valoración probatoria del perjuicio para la masa y del estado de insolvencia del deudor, al ser conceptos que encierran valoraciones jurídicas y no fácticas; el segundo se estima al no apreciar que los actos de disposición objeto de rescisión concursal hayan ocasionado perjuicio para la masa activa, ya que las daciones en pago se hicieron meses después de la comunicación del art. 5 bis LC, no se trató de una operación aislada sino de un conjunto de ellas por importe global de 4.428.600 euros, que en todas ellas el valor de las plazas de garaje fue muy inferior al importe de los créditos y que los bienes recibidos eran de difícil comercialización, por ello, no se aprecia un sacrificio patrimonial injustificado, al extinguirse pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos.
Resumen: Concurso culpable. Deber de motivación: las sentencias de instancia razonan perfectamente la concurrencia de los tres motivos y causas por los que califican culpable el concurso (irregularidades contables graves, enajenaciones fraudulentas dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, en concreto, la existencia de pagos no justificados y un retraso de cuatro meses en la petición de concurso). Las inconcreciones denunciadas carecen de relevancia, en la medida en que no privan de motivación a la decisión. Valoración probatoria: inexistencia de error patente o de una valoración arbitraria. La actividad social no es incompatible con que tuviera problemas de endeudamiento. La discusión sobre si el demandado era administrador de hecho es cuestión jurídica propia del recurso de casación. El administrador legal fue considerado mero testaferro. Responsabilidad por déficit concursal: exigencia a partir de reforma 2014 de que la conducta que mereció la calificación culpable hubiera generado o agravado la insolvencia. Régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria. El régimen legal aplicable es el vigente al tiempo de abrirse la sección de calificación y en este caso, la sección se abrió antes de la reforma introducida por la Ley 38/2011. La condena de un administrador por déficit concursal a pagar todo o parte de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa no exige solo que el concurso sea culpable sino también una justificación añadida
Resumen: La Sala estima el recurso de casación planteado por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia que no reconocía como crédito frente a la masa del concurso los intereses y recargos procedentes de las cuotas adeudadas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso. La Audiencia consideraó que la prohibición legal del devengo de intereses una vez declarado el concurso debía entenderse extensiva a los procedentes de deudas frente a la Seguridad Social. Las cuotas de la Seguridad Social devengadas con posterioridad a la declaración del concurso tienen naturaleza de crédito contra la masa. Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía. La suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos concursales tiene su justificación en que quedan afectados a la solución concursal por la que se opte (convenio o liquidación), sin que sean exigibles estos créditos antes de que se alcancen tales soluciones. Por el contrario, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal.
Resumen: Concurso. Incidente concursal. Fase de liquidación. Calificación del crédito tributario. Privilegios de los créditos tributarios. La calificación de dichos privilegios se efectúa en la fase previa del procedimiento, sin variación posterior. Para configurar el privilegio general establecido en el artículo 91, apartado cuarto de la Ley Concursal, y calcular el cincuenta por ciento del importe a que la norma se refiere, no cabe tomar en cuenta los créditos comprendidos en los artículos 90, 91 y 92 de la misma Ley, porque estos ya están clasificados con una u otra condición. Una de las directrices de la Ley Concursal es la de limitación de los privilegios. En los supuestos de derogación tácita de una norma legal por su incompatibilidad con otra ha de ser el Juez el que debe decidir si lo ha de hacer mediante la aplicación de una o de otra. Para ello es necesaria una labor hermenéutica de búsqueda de la voluntad de la Ley. Calificación de los créditos tributarios por recargo de apremio como subordinados o como créditos con privilegio general.
Resumen: Los créditos por IVA a favor de la Agencia Tributaria que afloran una vez declarado el concurso, como consecuencia de las facturas rectificativas emitidas por los acreedores concursales, tienen la consideración, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, de créditos concursales. Las facturas rectificativas, aunque emitidas tras la declaración de concurso, se refieren a hechos imponibles anteriores a tal declaración, por ello, el IVA a ingresar resultante solo puede ser compensado con el IVA a devolver de ejercicios anteriores a la declaración de concurso, pero no con el de los ejercicios posteriores a la misma; además, ese crédito, en cuanto concursal, no devenga intereses. El importe de un IVA a devolver de ejercicios posteriores a la declaración concursal constituye un crédito a favor de la masa del concurso y, como se ha dicho, no puede compensarse con el crédito concursal por IVA. En virtud de esta doctrina, la Sala estima el recurso de casación, asume la instancia y, con estimación parcial de la demanda y de acuerdo con las declaraciones antes señaladas, condena a la Agencia Tributaria a abonar a la masa del concurso el importe del IVA a devolver de los ejercicios posteriores a la declaración de concurso.