Resumen: Estima el recurso de apelación y califica como crédito contra la masa el importe de las costas derivadas de la no admisión de un recurso de casación interpuesto por la concursada, sin autorización pero sin oposición de la AC, cuando la concursada se encontraba ya en fase de liquidación. Entiende que en los casos en los que a la administración concursal le corresponde sustituir al deudor concursado en los procesos judiciales pendientes, pero hace dejación de esta función y con ello permite que la concursada continúe en la defensa de sus derechos patrimoniales objeto de litigio, el deudor concursado se encuentra de facto bajo el régimen previsto en el apartado 3 del art. 51 para los casos de intervención, de manera que mantiene en ese pleito la capacidad procesal, pero su legitimación procesal queda condicionada al régimen de autorizaciones previsto en este precepto. Se califica como crédito contra la masa dado que la AC vino a consentir el recurso de casación al no haberse opuesto a su admisión en el traslado que le fue conferido.
Resumen: Confirma la sentencia que acordó el lanzamiento de los ocupantes (administrador de la sociedad concursada objeto de liquidación) de una vivienda que fue objeto de adjudicación en subasta notarial en fase de liquidación del concurso. Entiende que el ámbito de aplicación del incidente del artículo 675 LEC se limita a la discusión de que los ocupantes tienen título para poseer, sin que sea posible en este trámite procesal impugnar la validez del título que invoca el adjudicatario, título que consta en escritura pública y ha accedido al Registro de la Propiedad, traduciéndose en la correspondiente inscripción de dominio a su favor, con todas las presunciones legales inherentes, sin perjuicio del derecho a solicitar la nulidad de dicho título a través del declarativo correspondiente.
Resumen: Aprobación de la relación de aspirantes convocados a la realización del dictamen para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado en materias propias del orden jurisdiccional social. La recurrente impugna que no se le hayan valorado los años de servicio como funcionaria interina del Ayuntamiento de Barcelona. Desestimación. La base E) recoge una previsión explícita en el art. 313.2 LOPJ, que ordena expresamente que el baremo valore los años de servicio como funcionario de carrera, y sobre el que no se duda de su constitucionalidad, pues no implica una discriminación entre categorías equivalentes de concursantes. El que se contemple sólo a los funcionarios de carrera que tengan una determinada categoría profesional pone de relieve que el legislador ha querido valorar los años de servicio de funcionarios que hayan superado una prueba de acceso encaminada a verificar en términos objetivos y competitivos el mérito y capacidad, como es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios, que no admiten comparación por su rigor con las que puedan haber superado los funcionarios interinos y otras categorías de trabajadores en las administraciones públicas. Los criterios de valoración que contempla la LOPJ y plasman las bases del concurso no se establecen como consecuencia de la relación laboral de los concursante.
Resumen: La existencia de signos de defensa dejados por la víctima durante el episodio de la agresión no conduce, siempre y en todo caso, a neutralizar la aplicación de la agravante de alevosía. Se recuerda la compatibilidad del ataque alevoso (art. 139.1.1 CP) y el asesinato hiperagravado que tiene como víctima a personas singularmente vulnerables.El art. 140.1 del CP castiga con la pena de prisión permanente revisable el delito de asesinato cuando «la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental». Las dificultades surgen cuando la menor edad de la víctima ha sido ya determinante para la calificación del ataque como alevoso.La Sala considera que de lo que se trata es de responder a la cuestión de si la muerte alevosa de un menor cuya edad le inhabilita para cualquier defensa -hay menores que sí pueden defenderse-, impide un tratamiento agravado acorde con su mayor antijuridicidad. Y la respuesta que da es negativa. Concluye que la muerte alevosa de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem) que impida la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal.
Resumen: La Audiencia reitera un criterio que era mayoritario y según el cual cuando no se puede intentar la celebración o consecución del acuerdo extrajudicial de pagos por la renuncia de los mediadores concursales, ha de tenerse por intentado aquél, puesto que no se puede exigir otro comportamiento al concursado. No se le puede hacer responsable de algo que no depende de su voluntad. Por otra parte, la ausencia de documentación podrá suplirse dentro del concurso consecutivo cuando se le soliciten los documentos a los que se refiere el art. 6 de la LC.
Resumen: La sentencia recuerda el alcance y contenido de la rendición final de cuentas que ha de hacer el AC una vez finalizada su labor. Ha de ser completa y justificar lo que ha hecho con las facultades conferidas. Se tendrán en cuenta el informe de la AC y los informes trimestrales. Recuerda la trascendencia de los informes trimestrales que facilita el cumplimiento del deber de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo y en la medida en que se comunican a los interesados, abren la posibilidad para formular la oportuna reclamación para el reconocimiento de la existencia y cuantía de créditos; por lo que los acreedores no deben mostrarse pasivos al respecto. Pero lo que mayoritariamente se reconoce es que no es fase para modificar masas activas y pasivas del texto definitivo. Respecto a los créditos contra la masa, suscita más dudas. Aunque la respuesta es afirmativa; si bien el acreedor correrá con el perjuicio derivado de no haberlo comunicado antes. También resultaría admisible ordenar una reordenación de pagos. El resto de cuestiones debería ir al incidente concursal. Sí procede incluir un crédito contra la masa recogido en una sentencia. La Audiencia es partidaria de no inhabilitar al AC cuando la desaprobación obedece a criterios estrictamente jurídicos.
Resumen: Delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y contable, delito blanqueo y tráfico de influencias. El TS desestima en lo principal los recursos interpuestos y examina los diferentes tipos delictivos señalados. En concreto, en relación con el delito de tráfico de influencias afirma que existe prueba suficiente para tener por acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias; donde las comisiones a cambio de obra pública adjudicada, se pactaban con el tesorero de un partido político, quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba, incidiendo (prevaliéndose) de su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios. Resultados que efectivamente se conseguían y que servían a su vez de sustento confirmatorio al dar contenido al concierto del ejercicio siguiente, como documentalmente obra.
Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito de lesiones en el ámbito doméstico y como autor material de un delito de agresión sexual con introducción de miembro en cabidad bucal. Acusado que tiene prohibida cautelarmente la aproximación a su pareja y que acude al domicilio en que residían y la agrede causándola lesiones por las que no precisa tratamiento médico, y la obliga a hacerle una felación contra su voluntad, llegando a pernoctar con ella en el domicilio. Agresión y lesiones realizadas en contexto de violencia machista, aprovechamiento por el procesado de la posición dominante que en el aspecto sentimental mantenía respecto de la víctima. Agravación por comisión de los hechos en el domicilio común. Delito de quebrantamiento de condena que se considera consumido dentro del delito de violencia doméstica al verse agravada por la comisión en el domicilio de la víctima al que tenia prohibido aproximarse. Absolución por el delito de quebrantamiento de condena. Violación. Violencia empleada para imponer a la mujer la realización de una felación. Individualización punitiva. Vulnerabilidad de la víctima tomada para la concrección de la pena a imponer por el delito de violación. Prohibiciones de aproximación y comunicación. Libertad vigilada. Resarcimiento de perjuicios y por daño moral a pesar de que no ha mostrado interés en ser resarcida. Costas procesales que incluyen las de la acusación particular parcialmente.
Resumen: La compraventa de acciones no es un producto complejo, pues es de conocimiento público. Pero la información que se ofrece ha de ser veraz a fin de que el comprador pueda confiar en la imagen de solvencia que se presenta. El núcleo de la sentencia se dedica a estudiar la legitimación activa del accionista que, como consecuencia de la situación del banco emisor de las acciones se ha visto privado de ellas al haberse amortizado definitivamente, extinguidas antes de que el accionista interpusiera la demanda. Compra que se hizo en el mercado primario. Hace alusión al respecto al proceso seguido en aplicación de la ley 11/2015 de resolución de entidades de crédito. No obstante lo cual no considera que hay legitimación activa, aplicando el art. 1308 Código civil. Tampoco legitimación pasiva del banco de Santander, ya que la sucesión universal de éste respecto al banco Popular no afecta a los tenedores de instrumentos de capital, ya que estos sí que resultan afectados por el proceso de insolvencia abierto por la JUR. Y porque se entiende que la transmisión del negocio bancario se produce sin asunción de cargas, al modo de la transmisión de la unidad productiva en la ley concursal.
Resumen: La compraventa de acciones no es un producto complejo, pues es de conocimiento público. Pero la información que se ofrece ha de ser veraz a fin de que le comprador pueda confiar en la imagen de solvencia que se presenta. El núcleo de la sentencia se dedica a estudiar la legitimación activa del accionista que, como consecuencia de la situación del banco emisor de las acciones se ha visto privado de ellas al haberse amortizado definitivamente, extinguidas antes de que el accionista interpusiera la demanda. Hace alusión al respecto al proceso seguido en aplicación de la ley 11/2015 de resolución de entidades de crédito.. No obstante lo cual no considera que hay legitimación activa, aplicando el art. 1308 Código civil. Tampoco legitimación pasiva del banco de Santander, ya que la sucesión universal de éste respecto al banco Popular no afecta a los tenedores de instrumentos de capital, ya que estos sí que resultan afectados por el proceso de insolvencia abierto por la JUR. Y porque se entiende la transmisión del negocio bancario se produce sin asunción de cargas, al modo de la transmisión de la unidad productiva en la ley concursal.