Resumen: Se plantea la aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas del administrador concursal al final del concurso. Lo interesa la AEAT por entender que se ha postergado un crédito tributario en beneficio de otros pagos al administrador. La Audiencia considera que no procede la aprobación de la rendición final de cuentas. En primer lugar, porque los recargos de créditos tributarios generados como créditos contra la masa también son créditos contra la masa. Y, en segundo lugar, porque no todos los honorarios de la administración concursal son siempre imprescindibles para la conclusión del concurso. Cuando se dé la circunstancia de que la masa activa no mes capaz de atender a todos los créditos contra la masa, resulta obligatorio el pago de los mismos conforme al régimen que establece la LC. Art. 176 bis que sustituye en estas circunstancias al art 84. Siendo de aplicación a los concursos en marcha cuando entró en vigor dicho precepto.
Resumen: La sentencia incurre en la denominada incongruencia interna; que más bien es un defecto de motivación. Una motivación contradictoria. Así, dice que la concursada no llevaba libros contables, por lo que se califica el concurso como culpable. Infracción de la sentencia que ha de corregirse en la de segunda instancia. La llevanza de los libros contables obligatorios tiene la finalidad de poder seguir cronológicamente con claridad y continuidad el desarrollo de la sociedad. Esa obligación pertenece al orden público económico, puesto que defiende la seguridad del tráfico mercantil. Por ello, las irregularidades contables apoyan la calificación de culpabilidad. Pero no cualquiera, sino las que, precisamente, impidan ese conocimiento cabal de la actividad económica de la sociedad. Obviamente, lo es la ausencia total de contabilidad. Las personas afectadas por esta declaración, en sintonía con la causa, son los administradores sociales.
Resumen: En lo que se refiere a la cuota diaria de la pena de multa, si bien no constan la situación patrimonial y los ingresos económicos del recurrente, tampoco hay la más mínima razón para estimar que se encuentre en la indigencia, tal como sorprendentemente se alega en el recurso. Desde luego su aspecto y vestimenta no es el de un indigente -tampoco el de su esposa- y acude al juicio defendido por un letrado particular. Así las cosas, habida cuenta que la cuota fijada en la sentencia del Juzgado es de 6 €, es decir, está muy próxima a la mínima prevista en el artículo 50 del Código Penal y ciertamente muy lejos de la máxima de 400 €, la pretensión subsidiaria deducida debe desestimarse igualmente.
Resumen: Considera la Audiencia que las deudas de la persona física concursada traen causa de su condición de administrador social de una mercantil; por lo que la competencia es del juzgado mercantil. No de los de primera instancia. Los defectos en la convocatoria para el acuerdo extrajudicial de pago pueden tener relevancia en la posible exoneración del pasivo insatisfecho. Pero no en la declaración del concurso, que sólo requiere la situación de insolvencia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la venta de una finca incumpliendo las disposiciones del plan de liquidación de la concursada, y se dirige frente a los deudores, la administración concursal y los adquirentes de la finca. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso de apelación: declaró infringidos los derechos del acreedor y las disposiciones del plan de liquidación, pero declaro válida la venta realizada. A) Sobre el incumplimiento del plan de liquidación: el acreedor puede denunciar cualquier comportamiento de la administración concursal por incumplimiento del plan de liquidación aunque no haya formulado observación alguna en relación con este al dársele traslado previo a su aprobación, y considera el tribunal que se incumplió el plan al aceptar una oferta transcurrido el plazo fijado para la venta y por importe inferior al previsto en el plan de liquidación, con incumplimiento de lo dispuesto en el art. 155.4 de la Ley Concursal. B) En relación con la venta: los adquirentes de los bienes en liquidación concursal necesitan certidumbre y seguridad jurídica, de tal forma que no se puede dejar a la voluntad de un acreedor la posibilidad de impugnar la venta por incumplimiento del administrador concursal de las previsiones de su propio plan de liquidación judicialmente aprobado.
Resumen: Condena por delito de falsedad en documento privado en concurso de normas con un delito de estafa. Agravación de la estafa por haberse cometido sobre la vivienda de la víctima y por la cuantía de la defraudación, que no se relaciona con el beneficio obtenido por el acusado sino con el perjuicio real causado a la víctima. Simulación de un contrato privado de compromiso de venta con intervención de personas que no han tenido intervención en el mismo. Presentación del contrato simulado como elemento determinante del engaño sufrido por la vendedora que, al tiempo, se hipoteca para adquirir una nueva vivienda cuyo precio de compra no puede abonar. Concurso de normas entre la falsedad documental y la estafa. Penalidad. Prescripción. No concurre al no haber transcurrido 15 años entre los hechos y su persecución mediante querella. Víctima de la estafa fallecida. Testimonio que se introduce por lectura de su declaración sumarial. Fallecimiento de la víctima atribuído a conducta homicida por la que el aquí acusado ha resultado condenado en procedimiento de Jurado. Dilaciones procesales indebidas -por analogía- parcialmente relacionadas con las incidencies del proceso ante el Jurado popular. Responsabilidad civil. Cuantificación. Responsabilidad de la compañía asseguradora profesional. Invocación de clausulas de exclusión que no se acogen. Por conducta dolosa y por extemporaneidad de la reclamación sobre la vigència de la póliza.
Resumen: Cuando las lesiones causadas son de mayor entidad o se producen en otras zonas del cuerpo, y han sido producidas por el responsable de los hechos para vencer la resistencia de la víctima, ha de entenderse que se ha cometido también un ilícito penal de lesiones en concurso medial con la agresión sexual, y cuando las lesiones son producidas con posterioridad a doblegar la voluntad de la víctima contraria a la relación sexual, siendo innecesaria dicha violencia, se habrá cometido también un ilícito penal de lesiones en concurso real con el delito de agresión sexual. Del relato de los hechos probados se determina un resultado lesivo separable, que no es producto del acceso carnal, sino un medio para conseguirlo, existiendo por ello, una diversidad de bien jurídico protegido, requiriendo por ello una condena autónoma.
Resumen: Delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, inmigración ilegal y explotación lucrativa de la prostitución. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control en casación de la actividad probatoria practicada en la instancia. El principio in dubio pro reo. El derecho al secreto de las comunicaciones. Requisitos y contenido que debe adoptar la resolución judicial por la que se acuerda la medida limitativa del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. La investigación policial previa e indicios habilitantes. Elementos del delito de trata de seres humanos. Artículo 177 bis del Código Penal. El delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal: el bien jurídico protegido. La protección de testigos y la introducción en el Plenario de la declaración prestada en fase de instrucción como prueba preconstituida. Concurso de delitos: relación entre el delito de trata de seres humanos y el delito de prostitución coactiva. Organización criminal: elementos que conforme a nuestra jurisprudencia son necesarios para entender que nos encontramos ante una organización criminal. Recurso de casación por error en la apreciación de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim. La complicidad delictiva. Diferencias entre el cooperador necesario y el cómplice.
Resumen: El acusado, en unión de otras personas no identificadas, asaltan a la víctima en una casa de campo, lo golpean y dejan maniatado, llevándose su teléfono móvil y varias llaves de acceso a diversas propiedades de la víctima. Derecho a la presunción de inocencia. Nuestro control casacional queda limitado a constatar la existencia de prueba de cargo, y su suficiencia para enervar la presunción de inocencia, y llegar a un relato como el que figura en la sentencia recurrida. La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde evaluarla al órgano de enjuiciamiento, y al de casación, el control de tal operación intelectual, pero no suplantar dicha valoración. Es decir, supone controlar su estructura racional, en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia. No se trata de evaluar si el Tribunal sentenciador debió, o no, dudar, sino que si no lo hizo, ello es consecuencia de un ejercicio de racionalidad por parte de aquel, que ha de controlarse en su estructura lógica, no en su resultado valorativo, que integraría tal operación. Acuerdo Plenario de 3 de junio de 2015: declaraciones en sede policial. Excepción por razón de los datos objetivos contenidos en la declaración. Alcance. Proporcionalidad de las penas. Concurso medial entre robo y detención ilegal: supuestos. Consumación delictiva: los autores se marcharon "portando los efectos robados". Tratamiento médico: rotura de costillas. Agravante de disfraz y atenuante de drogadicción.
Resumen: El acta es esencial a efectos de recurso, pues en ella se incorpora la indispensable constancia documental de las formalidades observadas durante el desarrollo del juicio, las incidencias y reclamaciones que hubieran podido formularse durante las sesiones, y el contenido esencial de la actividad probatoria. Para apreciar indefensión debe constatarse un impedimento a la facultad de alegar y demostrar en el proceso los derechos propios para pretender su reconocimiento, o de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La declaración del coimputado puede ser prueba de cargo, siempre que sea valorada con cautela, puesto que no está obligado a decir verdad y está amparado por el derecho a no declarar contra sí mismo. Son coautores los que conscientemente realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, siempre que tengan un dominio funcional del hecho, de suerte que pueda predicarse que el hecho pertenece a todos los intervinientes en su ejecución. El deber de motivación incluye la obligación de fundamentar los hechos, la calificación jurídica y la pena.