Resumen: El TS recuerda que la complicidad requiere el concierto previo o por adhesión, la conciencia de la ilicitud del acto proyectado, el denominado "animus adiuvandi" o voluntad de participar, contribuyendo a la consecución del fin ilícito, y finalmente la aportación de un esfuerzo propio de carácter secundario y auxiliar, para la realización del empeño común. En el caso concreto, la intervención del recurrente fue la de un simple auxiliar eficaz para el éxito de la empresa criminal. Su aportación al hecho no fue ni esencial ni decisiva, por lo que pudo ser fácilmente reemplazable. Su colaboración fue mínima, esporádica y escasa, propia de un cómplice. La actuación concreta consistió en conducir el vehículo que trasladó a los compañeros al lugar donde se perpetraron los robos, armados con objetos peligrosos y portando unos pasamontañas para ocultar sus rostros. Pero una vez que dejó a sus compañeros en el lugar se marchó de allí. Ni se quedó realizando labores de vigilancia, ni permaneció en el lugar para facilitar la huida de sus compañeros después de perpetrar los hechos.
Resumen: La condena por un delito de blanqueo de capitales no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva. Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente. La acción sancionada como delito de blanqueo no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias. El único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave. Este conocimiento exige certidumbre sobre el origen, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle, aunque no es suficiente la mera sospecha. En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia. En la imprudencia se incluyen los supuestos en los que el agente actúa sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia.
Resumen: Cabe un control casacional de la excepción de cosa juzgada, tanto cuando se entienda indebidamente aplicada como artículo de previo pronunciamiento o como cuestión previa, como en aquellos supuestos en los que no se hubiere reconocido su operatividad pese a resultar procedente. Para que opere la cosa juzgada, siempre habrán de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la misma en el ámbito del proceso penal, y frente a la identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos hechos. La imputación de los mismos hechos a la misma persona debe contemplarse entendiendo los hechos en un sentido no puramente naturalista, sino matizado por la óptica jurídico-penal desde la que los hechos deben ser contemplados. El bien jurídico protegido en el delito de prevaricación administrativa es el correcto ejercicio de la función pública. El delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo. La condición de funcionario público que se exige para poder ser sujeto activo del delito es propia del orden penal y no vicario del derecho administrativo.
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones
Resumen: La cuestión analizada por el TS parte de un recurso c-a interpuesto por una interesada que participa en un proceso selectivo para la elaboración de las bolsas de trabajo ordinarias de facultativos especialistas de los Servicios de Salud para prestar servicios como personal estatutario temporal o funcionarios interinos, habiéndole asignado 0 puntos por el título de la especialidad que obtuvo en Perú y que fue homologado en España por el Ministerio de Sanidad, al considerar que el mismo no implica la posesión de un período de formación equivalente al MIR español. El TS analiza pormenorizadamente el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, concluyendo: 1º. La verificación final positiva obtenida en el procedimiento que regula dicho RD, seguida de una resolución y credencial del mismo signo, referida a un título extranjero que habilite para el ejercicio de alguna de las especialidades que se relacionan en el anexo I del Real Decreto 183/2008, acredita una equivalencia total entre las competencias y formación adquiridas por el solicitante y las que corresponden al título español de especialista de que se trate, relacionado en dicho anexo I. 2º. En un proceso selectivo regido por un baremo en el que se da la misma puntuación a la superación del periodo completo de formación MIR y a la superación de un periodo equivalente de formación en centro con programa reconocido para la docencia de postgrado, esa equivalencia ha de suponer que ese mérito profesional tenga la puntación máxima.
Resumen: Se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse citado y emplazado la entidad aseguradora, para el acto de la vista oral, en su calidad de responsable civil subsidiario. Hubo ciertamente irregularidades en la forma de realizar el emplazamiento de la compañía de seguros, pero hubo una subsanación en tiempo hábil para preparar la defensa. No ha habido, por lo tanto, indefensión. Se invoca el principio acusatorio pero la relación entre la compañía de seguros y el responsable penal es un contrato de seguro, de naturaleza civil y, por eso, el principio que rige su solicitud no es el acusatorio, sino el de rogación. Se alega que el límite contratado en el seguro era de 150.000 euros, y que, por lo tanto, con base en el principio de autonomía de la voluntad, no se puede superar ese límite. La conducta del asegurado, calificado responsable penal, lo es un por un delito continuado de estafa, por lo que la condena se refiere a una pluralidad de actos realizados en aprovechamiento de circunstancias idénticas. Quebrantamiento de forma por falta de claridad y contradicción en los hechos probados: no concurre. No hay contradictio in terminis. Error en la apreciación de la prueba: los documentos designados no evidencian error alguno. Presunción de inocencia: existencia de prueba bastante. Deferir la determinación de la indemnización la fase de ejecución no lesiona ningún derecho. Prinicpio de igualdad.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se basaba en la interpretación incorrecta que había hecho la Universidad de Extremadura de la base de la convocatoria al excluir los servicios prestados como personal laboral de las Administraciones Públicas. El reconocimiento de esta situación se aplica a la parte actora y a todos los aspirantes que se encuentren en la misma situación. Resultaría vulnerado el principio de igualdad en el acceso a la función pública si la parte actora viera reconocidos los servicios prestados como personal laboral y no fueran valorados de la misma manera los servicios de otros aspirantes que se encuentran en la misma situación. Los criterios fijados en interpretación de las bases de la convocatoria tienen que ser aplicados a todos los aspirantes, pues, realmente, lo que conlleva un pronunciamiento como el de la sentencia del Juzgado es una retroacción de actuaciones que afecta no solo a la aspirante que fue la parte demandante del proceso sino a todos los aspirantes que se encuentran en la misma situación. Dicha revisión de las puntuaciones de todos los aspirantes puede hacerse directamente en ejecución de sentencia sin que tenga que seguirse un procedimiento de revisión de oficio, pues al anularse la actuación administrativa no estamos ante actos administrativos firmes. La Administración, en fase de ejecución, está obligada a valorar los servicios prestados de todos los aspirantes de manera similar a la reconocida a la parte actora.
Resumen: Las cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son, en principio, cuestiones de legalidad ordinaria. Ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, salvo que esa interpretación suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias. Aun cuando corresponde a la parte acusadora la prueba de la legitimidad de los medios de prueba con los que pretenda avalarse una pretensión de condena, la ley no ampara el silencio estratégico del acusado; de suerte que, como aquí ha acontecido, si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias. El delito contra la salud pública es de tracto sucesivo o integrante de conceptos globales. Integran una única actuación delictiva todos los comportamientos favorecedores del tráfico de drogas, hasta el momento en que se produce una intervención policial o judicial orientada a ponerle término. El delito contra la salud pública es de consumación anticipada. No existe consumación si no hay posesión inmediata o mediata de la droga. Es apreciable el delito imposible si la participación sobreviene con posterioridad a la intervención policial de la sustancia.
Resumen: La Sala declara la pérdida sobrevenida de objeto del recurso promovido por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores de Cuentas contra resolución de dicho Tribunal por la que se adjudicó a un aspirante un puesto de trabajo de libre designación. La Sala, tras recordar que su jurisprudencia considera aplicable la desaparición sobrevenida de la materia en litigio o pérdida sobrevenida de objeto como forma de terminación anticipada del proceso contencioso administrativo ( artículo 22.1 LEC) en los casos de anulación de disposiciones de carácter general o del propio acto administrativo objeto de impugnación y cuando las circunstancias sobrevenidas han incidido sobre su objeto privando de interés legítimo a las pretensiones formuladas por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, aprecia la carencia sobrevenida de objeto del recurso ya que la resolución impugnada ya fue anulada por sentencia anterior de esta Sala.
Resumen: El marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o que supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia.El hecho de que no se hayan adoptado cautelas especiales -pedir avales o celebrar reuniones con todos los demás agentes constructivos- en absoluto equivale a que se haya llevado a cabo una contratación irreflexiva o absurdamente confiada, pues, las obras existían y era viable su realización. Existen supuestos en que se consideraron falsificación punible documentos recibidos por fax, no hallándonos ante documentos públicos, oficiales o mercantiles en los que pudiera ser relevante la individualidad física exacta del ejemplar resultante de la manipulación.Es de aplicación el concurso de normas entre los delitos de estafa y falsedad en documento privado, ya que debe tenerse en cuenta que en la configuración del delito de falsedad en documento privado, no solamente es necesaria una alteración mendaz de uno de los elementos del documento, sino que además es necesario que se produzca un perjuicio -o el ánimo de causarlo- en un tercero, perjuicio que precisamente coincide con el de la estafa por cuyo motivo es necesario aplicar el concurso de normas.Es coautora la acusada. Es autora de la falsificación del recibo, realizada para propiciar la obtención efectiva del lucro que da sentido a toda la actuación delictiva.