Resumen: La Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal porque la sentencia impugnada no vulnera los preceptos en que se fundamenta el recurso, relativos a las facultades revisoras del tribunal de segunda instancia, valoración y carga de la prueba. Se estima el recurso de casación, partiendo de la jurisprudencia consolidada sobre el perjuicio para la masa activa como un sacrificio patrimonial injustificado, que no se puede equiparar con la alteración de la par conditio creditorum y que implica una aminoración del valor del activo carente de justificación. En el caso, cuando se realizaron las daciones en pago controvertidas, pese a la proximidad de la declaración de concurso, el sacrificio patrimonial que suponían no era injustificado porque se extinguieron pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos, de modo que no existió detrimento de la masa activa; y porque la novación sufrida por los créditos concursales afectados por el concurso permitió a los acreedores cobrar sus créditos, más tarde, pero en similar proporción (quita del 50%) y en dinero. No se aprecian circunstancias excepcionales en la naturaleza de los créditos o en la condición del acreedor que permita afirmar el carácter injustificado de la diferencia de trato entre los acreedores que vieron satisfecho parcialmente su crédito. Además, la cesión de unos derechos de difícil explotación en esos momentos ahorró a la concursada los gastos de mantenimiento.
Resumen: La Sala desestima sendos recursos extraordinarios por infracción procesal porque la sentencia impugnada no vulnera los preceptos en que se fundamenta el recurso, relativos a las facultades revisoras del tribunal de segunda instancia, valoración y carga de la prueba. Se estiman los recursos de casación, partiendo de la jurisprudencia consolidada sobre el perjuicio para la masa activa como un sacrificio patrimonial injustificado que no se puede equiparar con la alteración de la par conditio creditorum porque implica una aminoración del valor del activo carente de justificación. En el caso, cuando se realizaron las daciones en pago controvertidas, pese a la proximidad de la declaración de concurso, el sacrificio patrimonial que suponían no era injustificado porque se extinguieron pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos, de modo que no existió detrimento de la masa activa; y porque la novación sufrida por los créditos concursales afectados por el concurso permitió a los acreedores cobrar sus créditos, más tarde, pero en similar proporción (quita del 50 %) y en dinero. No se aprecian circunstancias excepcionales en la naturaleza de los créditos o en la condición del acreedor que permita afirmar el carácter injustificado de la diferencia de trato entre los acreedores que vieron satisfecho parcialmente su crédito. Además, la cesión de unos derechos de difícil explotación en esos momentos ahorró a la concursada los gastos de mantenimiento.
Resumen: Recoge la sentencia los requisitos que la LC exige para la declaración de culpabilidad. La calificación depende de que la conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, hubiera producido como resultado la generación o la agravación del estado de insolvencia del concursado. En cuanto al art 165 se trata de "una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1", pues manda presumir "iuris tantum" la culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, desplazando así el tema necesitado de prueba y las consecuencias de que ésta no convenza al Tribunal. Aprecia irregularidades contables graves donde analiza las diferentes consecuencias de la ausencia de libros, los asientos sin base documental y las relaciones entre grupos de empresas. Activos y pasivos que difieren notablemente de los textos del AC. Diferencia entre salida fraudulenta de bienes y alzamiento. Este requiere clandestinidad y aquél sólo los requisitos del art 1291 Cc. El cómplice es el que colabora con dolo o culpa grave a la realización de los actos que fundan la culpabilidad. La cobertura del déficit concursal exige relación causal de la persona afectada con la creación o agravación de insolvencia. Y, por fin, recuerda que las sanciones han de ser proporcionadas.
Resumen: Se confirma la sentencia de la primera instancia que declara rescindido la declaración de voluntad por la que la concursada alteró la calificación como participativo de un préstamo, poco antes del concurso, habida cuenta que al asignar las partes al préstamo la consideración de participativo el prestamista voluntariamente se sitúa para el cobro de su crédito a continuación de los que, en el contexto normativo anterior a la Ley concursal, se denominaban en general acreedores comunes, tanto para el caso de concurrencia con otros acreedores del prestatario en ejecuciones singulares, como en las concursales o colectivas, un crédito que, por voluntad de las partes, se relega frente a los demás del mismo deudor tiene su encaje en el nº. 2º del artículo 92 de la Ley concursal que se refiere a los "créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor", al caracterizar las propias partes la operación como préstamo participativo, el prestamista asume y consiente la subordinación de su crédito en caso de concurrencia con otros del mismo deudor. En consecuencia al privarle de la condición de participativo se produce el perjuicio para la masa al alterarse, favoreciéndose a un acreedor, la calificación de los créditos.
Resumen: En la fase de liquidación del concurso se formula una demanda de incidente concursal por un grupo de trabajadores de la concursada para que en el informe trimestral que debe realizar la AC conforme al artículo 176 bis LC se determine en relación con los créditos contra la masa, no solo aquellos pendientes de pago, sino también en qué grupo de los mencionados en el artículo 84.2 están comprendidos cada uno de ellos. También se pide una declaración sobre la forma en que se deben pagar los honorarios de la AC. En relación con la primera cuestión la Audiencia considera que no es necesario que en cada informe trimestral se clasifiquen los créditos contra la masa pendientes de pago de acuerdo con los grupos el artículo 84, pues cada acreedor ya conoce de antemano en qué grupo se encuentra, y será en el momento en que la AC presente el informe justificativo final cuando los acreedores que se crean indebidamente postergados puedan formular la reclamación ante el Juez del concurso. En relación con la clasificación de los honorarios de la AC la sentencia se hace eco de las 4 tesis que en el momento de su dictado existían entre las diferentes Audiencias, y toma partido por aquella que no los considera créditos imprescindibles para concluir la liquidación, y que los incardina en el nº 4 del artículo 176 bis, como créditos por costas y gastos judiciales. Al día de la fecha la cuestión ha sido resuelta por la STS de 8 de junio de 2016 en sentido contrario a la sentencia que se comenta.
Resumen: Acciones rescisorias concursales sobre cesiones en pago de derechos sobre plazas de garaje por supuesta vulneración de la par conditio creditorum. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por entender que con la operación realizada, si bien se había minorado la masa activa del concurso, a su vez se había reducido el pasivo en el importe de las cuotas y gastos de mantenimiento,además de que el precio fijado para la cesión del uso de cada plaza de garaje había sido muy superior al precio de mercado, lo que suponía una quita muy superior a la establecida en convenio. La sentencia de apelación sí apreció el perjuicio para la masa y acordó la rescisión. Ámbito del recurso de apelación: permite una revisión de la totalidad de las cuestiones que constituían el objeto litigioso de la primera instancia siempre que sigan siendo controvertidas. El escrito de apelación impugnó la desestimacion de la acción rescisoria y reiteró la procedencia de su estimación, por considerar la dación en pago perjudicial para la masa, lo que permitía a la AP analizar globalmente la cuestión controvertida. Valoración del perjuicio para la masa y del estado de insolvencia del deudor: aunque se apoyen en circunstancias fácticas, son conceptos que exigen una valoración jurídica solo revisable en casación. El perjuicio patrimonial como requisito de la rescisión concursal: Inexistencia de perjuicio: el valor de los derechos cedidos era inferior a la mitad del importe de los créditos extinguidos.
Resumen: Calificado el concurso como culpable, se plantean en apelación varias cuestiones. La incongruencia de la sentencia. Desarrolla ésta una amplia explicación de las diversas causas de la incongruencia y tipos de la misma, concluyendo que la sentencia de instancia responde al contenido de las pretensiones ejercitadas. Distingue entre insolvencia y pérdidas del patrimonio que lo reduce a menos de la mitad del capital social. Aunque suelen coincidir, no son lo mismo. También distingue entre insolvencia definitiva e inminente. Se refiere también a la necesidad de una adecuada contabilidad. Y, por fin, analiza la evolución de la doctrina jurisprudencial sobre el alcance y contenido del concepto de déficit concursal referente a la corresponsabilidad de los administradores de la sociedad concursada.
Resumen: La motivación es suficiente cuando permite conocer los fundamentos de su decisión. Validez de la declaración de los agentes como prueba de cargo. Existencia de prueba de cargo bastante. La simple discrepancia del recurrente en su valoración no le resta validez. Intervención de letrado en el procedimiento. Su presencia no es necesaria e ineludible en todos los actos de instrucción. La indefensión debe ser material y no formal. Principal contenido del principio de contradicción es el derecho de interrogar, hacer interrogar a los testigos. Falta de acreditación por la defensa de la procedencia de una segunda autopsia. La toma de muestras de residuos no supone una intervención corporal por su escasa intromisión en la integridad la persona. No son pruebas encaminadas a obtener la confesión de los hechos sino simple pericias de resultado incierto que puede practicarse por razones de urgencia necesidad, sin que la presencia del secretario constituya óbice. Su validez viene determinada por la declaración de los agentes que la practicaron. Pruebas complementarias contrarias al documento señalado como acreditativo del error. Duración total del procedimiento no excesiva. Varias actuaciones agresivas contra un agente no constituyen varios delitos de atentado, aunque sí pueden dar lugar a un concurso real de delitos contra la integridad. Prueba debidamente inadmitida: carácter excepcional de la reconstrucción de los hechos por ser contraria a los principios de concentración y publicidad.
Resumen: Concurso de acreedores. El crédito contra la masa que la TGSS tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa. Tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía. La suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, forman parte de la masa pasiva. No forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa, razón por la cual, a los créditos contra la masa no se les aplica la suspensión del devengo de intereses. Los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos vencimientos, son exigibles y devengan intereses, conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Y, aunque la ley legitima a la administración concursal para alterar la regla del vencimiento, cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa, en ningún caso afectara a los créditos de la Seguridad Social que serán exigibles a sus respectivos vencimientos y su falta de pago genera no sólo el devengo de intereses sino también el correspondiente recargo.
Resumen: Los créditos contra la masa devengan intereses, pues no se ven afectados por la regla prevista en el art. 59.1 LC, según el cual, tras la declaración de concurso queda suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales. El art. 59 se encuentra ubicado dentro de la sección tercera, y esta ubicación sistemática supone que la suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 LC, integran la masa pasiva, no a los créditos contra la masa, que no forman parte de la masa pasiva. Los créditos contra la masa, en la medida en que han de ser pagados a sus respectivos vencimientos, son exigibles y devengan intereses. La falta de pago a su vencimiento no solo devenga intereses, sino también, en el caso de cuotas de la Seguridad Social, el correspondiente recargo, que tiene la misma naturaleza de crédito contra la masa que el crédito que ha motivado el impago por aplicación de la regla de sometimiento de la deuda accesoria a la misma calificación que merezca la principal. No se discute que las deudas con la Seguridad Social se hayan devengado después del concurso y que, por tanto, son créditos contra la masa. En consecuencia, los créditos contra la masa que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene por cuotas devengadas con posterioridad a la declaración del concurso, en caso de impago, pueden generar tanto intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa.