Resumen: Tras rechazarse la causa de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado relativa a la cuantía del asunto, se aborda la cuestión de fondo relativa a la insolvencia como motivo de revocación de la clasificación de los contratistas para señalar que el art. 1 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 LCSP), no establece una remisión in totum al artículo 363 RDLeg. 1/2010 (texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), sino a la reducción del patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: la referida remisión no es al régimen de la disolución por reducción del patrimonio, sino a la circunstancia de que la reducción "no supere el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución". Es decir, la reducción del capital social genera, en el ámbito mercantil, la causa de disolución legal de la sociedad, pero solo cuando no proceda el concurso; sin embargo, en el ámbito administrativo contractual, genera la perdida de la solvencia necesaria a efectos de la clasificación y, si se trata de la clasificación inicial, debe denegarse; y, por aplicación del precepto reglamentario de referencia, su revocación, si dicha reducción del capital social se produce en un ejercicio posterior al de haber obtenido la clasificación, que es lo que sucede en el caso de autos. Y ello en razón las garantías que deben ofrecer quienes asumen contractualmente la gestión de servicios públicos.
Resumen: El caso examinado consistió en que el denunciante fue fotografiado, sin su consentimiento, por una tercera persona mientras practicaba actos de carácter sexual (art. 197.1 y 6 CP) y, después, la acusada le exigió la entrega de 60.000 euros con la amenaza de que, de no hacerlo, haría llegar las fotos a su familia (Art. 171.2 CP). El TS afirma que la relación entre los arts. 197.7 -actual art. 197.6- y 171.2 es la propia de un concurso de normas a resolver conforme a la regla de especialidad. Y en este caso, la ley especial -art. 171.2- deroga a la ley general -art. 197.7-. El legislador ha querido agravar, mediante la aplicación del art. 197.7 -actual art. 197.6-, aquellas conductas en las que la vulneración del derecho a la intimidad esté filtrada por un propósito lucrativo. Quien obtiene o cede imágenes que comprometen la intimidad de la persona afectada y lo hace a cambio de dinero, incurre en un tipo agravado que suma a la ofensa del bien jurídico protegido, el especial reproche de la motivación económica. Sin embargo, el art. 171.2 del CP entra en juego cuando a la vulneración de la privacidad sigue un atentado a la libertad, al sosiego, al equilibrio anímico de la víctima, a la que se amenaza con difundir las imágenes si no se aviene a pagar.
Resumen: A diferencia de otras ramas del Derecho, en las que puede existir una eficacia de cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicialidad que se produce cuando para resolver lo planteado en un determinado proceso haya de partirse de lo ya antes sentenciado con resolución de fondo en otro proceso anterior, esta eficacia no tiene aplicación en el ámbito del proceso penal, pues cada causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su propio contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de otro proceso distinto (salvo en materia de cuestiones prejudiciales de los arts. 3 y ss. LECrim., en cierta manera hoy muy relativizadas por el art. 10º LOPJ, todo ello sin perjuicio de que la prueba practicada en el primero pueda ser traída de segundo proceso para ser valorada en unión de las demás existentes. Cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resultara ilegítimo en cuanto que excediera de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; y que como consecuencia de ese acto se causare un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad de recuperación en relación al fin al que iba destinado.
Resumen: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 31/2007 (LCSE), los requisitos exigidos para el desistimiento son: i) que el desistimiento tenga lugar con anterioridad a la adjudicación del contrato, y ii) que exista causa que lo justifique. En el presente caso, el requisito temporal se cumple, toda vez que la adjudicación inicial realizada a favor de Auditel fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, quien ordenó la retroacción de las actuaciones al momento de clasificación de las ofertas con exclusión de la de la UTE Auditel, y el desistimiento se produce con anterioridad a realizarse una nueva adjudicación. En cambio, no se cumple el segundo requisito pues la alegada falta de garantía de la igualdad de trato de los licitadores que pone de manifiesto Metro de Madrid, S.A., no ha resultado acreditada, recordando que del señalado precepto se infiere que no basta para dar validez a un desistimiento la expresión de cualquier causa o de una causa sin justificación, sino que la causa ha de ser legítima y justificada. En cuanto a la pretensión del otro recurrente en casación -una de las empresas licitadoras- de indemnización por los perjuicios sufridos por el periodo de tiempo en el que no se ha adjudicado el contrato y por los gastos de la oferta, servicios dejados de prestar o participación en procedimientos alternativos, resulta improcedente al no haber sido acreditados.
Resumen: Se resume el trámite procedimental adecuado y requisitos para la conclusión del concurso y habiéndose opuesto uno de los acreedores se establece el trámite incidental, si bien, habiendo manifestado posteriormente su conformidad con la conclusión del concurso, se desestima el incidente valorando que la Ley procesal concede a las partes la posibilidad de disponer del objeto del procedimiento.
Resumen: Ante el JM nº 1 de Madrid por parte de la Administración Concursal CORSAN CROVIAM CONSTRUCCIÓN SA se presentó solicitud de extinción colectiva, que se autorizó por auto de 23-08-17 afectando a 158 trabajadores, que fue impugnado por el trabajador demandante a título individual. La Sala desestima el recurso porque el auto solo puede ser recurrido por la administración concursal, el concursado, el Fondo de Garantía Salarial o por los trabajadores a través de sus representantes y en estos dos últimos casos, señala que las acciones a ejercitar solo pueden versar sobre cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, sucediendo que ni el recurso se plantea por los representantes de los trabajadores (solo se formula por un trabajador a título individual cuya pertenencia al comité de empresa ni siquiera puede aseverarse a pesar de las alegaciones de la impugnante) ni lo que pretende cuestionar a través del recurso, guarda relación con la relación jurídica individual, en tanto lo que se impugna es la composición de la comisión representativa y la ausencia de la buena fe.
Resumen: Incidente concursal promovido por la TGSS pidiendo que las cuotas de la SS correspondientes a salarios por servicios imprescindibles que se habían considerado gastos necesarios para concluir la liquidación y, por ello, prededucibles, tuvieran la misma consideración. En primera instancia se desestimó la demanda por incumplimiento del requisito necesario de que lo solicite expresamente la administración concursal y que lo autorice el tribunal. En apelación se confirmó la desestimación de la demanda. Para evitar la arbitrariedad de la administración concursal a la hora de atribuir la consideración de "créditos imprescindibles para concluir la liquidación", a los efectos de ser satisfechos de forma prededucible y, por ello, con anterioridad al resto de los créditos, la jurisprudencia exige la autorización judicial, recabada por el trámite del art. 188 LC, con audiencia de los interesados. En este caso, como muy bien razonó el juzgado mercantil y ratifica después la Audiencia, no consta que la administración concursal haya solicitado la preceptiva autorización judicial para que los salarios sean considerados gastos imprescindibles para la liquidación y por ello sean prededucibles.
Resumen: Confirma la sentencia que desestimó el incidente concursal en el que se pretendía que se declarase un crédito derivado de un préstamo como crédito ordinario. Entiende que el informe de la AC, que no refleja dicho crédito, goza de presunción de veracidad al basarse en un análisis objetivo de la contabilidad de la concursada, de tal manera que corresponderá a la parte demandante justificar la realidad del crédito que pretende que se le reconozca, de tal manera que sí no se logra dicha prueba, debe prevalecer el contenido del informe de la administración concursal.
Resumen: Admisión. Convocatoria de concursos para el otorgamiento de licencias de radio digital local. Interpretación del artículo 27.2 y 4 LGCA. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el art. 27.2 y 4 LGCA de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en relación con el resto de preceptos denunciados como infringidos en el escrito de preparación, a fin de determinar si, con arreglo a tales normas, cabe exigir a la Administración la convocatoria de concursos para la adjudicación de licencias para la prestación del servicio audiovisual de radio local digital terrestre, cuando la Administración no haya solicitado la afectación de reserva de dominio público radioeléctrico ni se haya solicitado su convocatoria por algún interesado, dentro de los plazos establecidos por el citado artículo 27.4 LGCA.
Resumen: Estimado por el Juzgado el contencioso promovido contra la relación definitiva de admitidos y excluidos, en la que no figuraba la funcionaria afectada y se señalaba como causa de exclusión la de no haber presentado en tiempo y plazo la instancia de participación, en definitiva, la sentencia, confirma esa primera decisión judicial porque la estimación parcial que adopta se ciñe a rechazar la decisión de la sentencia del Juzgado de imponer las costas a la Administración vencida en el juicio. Al respecto, la sentencia recuerda que la solicitud se presentó en plazo y el error en la consignación del número de la tasa no podía conllevar la exclusión.Por lo demás, habiéndose basado la sentencia del Juzgado en otra del Tribunal que ahorra resuelve la apelación, esa fundamentación se acoge y se recuerda también, primero, que el incumplimiento de las bases del concurso de traslado tiene como consecuencia el decaimiento del derecho del incumplidor, con la única excepción de que el incumplimiento haya sido de escasísima intensidad y que no haya afectado al derecho de terceros, participantes cumplidores. Y en el caso ocurría que el derecho de terceros participantes que habían cumplido las normas del concurso de traslado se vio perjudicado por resultar desplazados de los puestos de trabajo solicitados sobre la base no solo de que pudieran ser más favorables por apetencia personal sino incluso por proximidad al domicilio o por mayor retribución económica.