Resumen: Cuando las lesiones causadas son de mayor entidad o se producen en otras zonas del cuerpo, y han sido producidas por el responsable de los hechos para vencer la resistencia de la víctima, ha de entenderse que se ha cometido también un ilícito penal de lesiones en concurso medial con la agresión sexual, y cuando las lesiones son producidas con posterioridad a doblegar la voluntad de la víctima contraria a la relación sexual, siendo innecesaria dicha violencia, se habrá cometido también un ilícito penal de lesiones en concurso real con el delito de agresión sexual. Del relato de los hechos probados se determina un resultado lesivo separable, que no es producto del acceso carnal, sino un medio para conseguirlo, existiendo por ello, una diversidad de bien jurídico protegido, requiriendo por ello una condena autónoma.
Resumen: Se plantea en el concurso de acreedores la rescisión de una garantía prendaria prestada por la concursada a un tercero sobre un crédito de la concursada frente al Ayuntamiento y ello en fase de convenio. Al tratarse de prenda no inscrita el plazo de la acción de nulidad de cuatro años no puede comenzar desde el acceso al registro, pero tampoco desde la fecha de la escritura pública, sino desde que el perjudicado tuvo cabal conocimiento de su existencia. No obstante, reconoce la existencia de una jurisprudencia variada al respecto. Mas, en este caso existe una ocultación de mayor envergadura por la existencia del proceso conccursal. En cuanto al fondo la sentencia concluye que un crédito ordinario no puede cambiar de calificación en fase de convenio pasando a ser privilegiado especial. Los créditos tienen su momento de calificación dentro del concurso y esta resulta inamovible. El acreedor que vea incumplido el pago pactado en el convenio puede exigir la declaración de incumplimiento del mismo, pero no alterar la naturaleza de su crédito, mejorándola respecto a la de otros acreedores.
Resumen: Delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, inmigración ilegal y explotación lucrativa de la prostitución. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control en casación de la actividad probatoria practicada en la instancia. El principio in dubio pro reo. El derecho al secreto de las comunicaciones. Requisitos y contenido que debe adoptar la resolución judicial por la que se acuerda la medida limitativa del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. La investigación policial previa e indicios habilitantes. Elementos del delito de trata de seres humanos. Artículo 177 bis del Código Penal. El delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal: el bien jurídico protegido. La protección de testigos y la introducción en el Plenario de la declaración prestada en fase de instrucción como prueba preconstituida. Concurso de delitos: relación entre el delito de trata de seres humanos y el delito de prostitución coactiva. Organización criminal: elementos que conforme a nuestra jurisprudencia son necesarios para entender que nos encontramos ante una organización criminal. Recurso de casación por error en la apreciación de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim. La complicidad delictiva. Diferencias entre el cooperador necesario y el cómplice.
Resumen: El acusado, en unión de otras personas no identificadas, asaltan a la víctima en una casa de campo, lo golpean y dejan maniatado, llevándose su teléfono móvil y varias llaves de acceso a diversas propiedades de la víctima. Derecho a la presunción de inocencia. Nuestro control casacional queda limitado a constatar la existencia de prueba de cargo, y su suficiencia para enervar la presunción de inocencia, y llegar a un relato como el que figura en la sentencia recurrida. La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde evaluarla al órgano de enjuiciamiento, y al de casación, el control de tal operación intelectual, pero no suplantar dicha valoración. Es decir, supone controlar su estructura racional, en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia. No se trata de evaluar si el Tribunal sentenciador debió, o no, dudar, sino que si no lo hizo, ello es consecuencia de un ejercicio de racionalidad por parte de aquel, que ha de controlarse en su estructura lógica, no en su resultado valorativo, que integraría tal operación. Acuerdo Plenario de 3 de junio de 2015: declaraciones en sede policial. Excepción por razón de los datos objetivos contenidos en la declaración. Alcance. Proporcionalidad de las penas. Concurso medial entre robo y detención ilegal: supuestos. Consumación delictiva: los autores se marcharon "portando los efectos robados". Tratamiento médico: rotura de costillas. Agravante de disfraz y atenuante de drogadicción.
Resumen: El acta es esencial a efectos de recurso, pues en ella se incorpora la indispensable constancia documental de las formalidades observadas durante el desarrollo del juicio, las incidencias y reclamaciones que hubieran podido formularse durante las sesiones, y el contenido esencial de la actividad probatoria. Para apreciar indefensión debe constatarse un impedimento a la facultad de alegar y demostrar en el proceso los derechos propios para pretender su reconocimiento, o de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala consiste en verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La declaración del coimputado puede ser prueba de cargo, siempre que sea valorada con cautela, puesto que no está obligado a decir verdad y está amparado por el derecho a no declarar contra sí mismo. Son coautores los que conscientemente realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, siempre que tengan un dominio funcional del hecho, de suerte que pueda predicarse que el hecho pertenece a todos los intervinientes en su ejecución. El deber de motivación incluye la obligación de fundamentar los hechos, la calificación jurídica y la pena.
Resumen: El delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2 del Código Penal. Elementos del delito. El dolo falsario. El delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, en relación con el artículo 250.1.6 del Código Penal. Elementos del delito: el engaño bastante y el ánimo de lucro. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba. Los informes periciales como documentos a efectos casacionales. La continuidad delictiva y su incidencia en la determinación de la pena a imponer y en el cómputo del plazo de prescripción del delito. El artículo 116 del Código Penal: la responsabilidad civil derivada del delito.
Resumen: La jurisprudencia de la Sala II ha expresado que con independencia del autor material de la falsedad, lo determinante es la condición de "dominio funcional de los hechos", dado que por su propia naturaleza quien falsifica un documento empleará cualquier mecanismo a su alcance para evitar su posterior identificación como autor material de la falsificación, de manera que no solo comete el delito quien lleve a cabo físicamente la alteración falsaria, sino todos los que en acción conjunta, y previo concierto, aportan su esfuerzo individual o contribución al resultado perseguido, dentro del reparto de papeles asumido por cada uno en el proyecto común. A la hora de estimar concurrente el elemento del engaño en el delito de estafa, es "bastante" aquel que se muestra suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, para lo que debe ofrecer una suficiente entidad que permita apreciar -en la convivencia social- que actúa como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad, tanto atendiendo a módulos objetivos, como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La pena del delito continuado patrimonial se calculará sumando la cuantía de las infracciones y si no existe precepto específico que intensifique la penalidad por la adición de las cuantías deberá aplicarse la regla general del 74.1º, después de aplicada la regla 2ª de ese mismo artículo.
Resumen: Es objeto de impugnación en autos el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, por el que se aprobó el proyecto de demolición y el pliego de cláusulas administrativas para la contratación de la ejecución de las obras del proyecto de demolición del monumento a la víctimas del Crucero Baleares situado en Sa Faixina y la pavimentación del espacio libre resultante. Legitimación; la ley 12/1998 de patrimonio histórico de les Illes Balears en su artículo 3 reconoce la acción popular ante la Administración, y ante a la jurisdicción, y la posibilidad de solicitar medidas en defensa de la legalidad. Por lo que si bien no es aquí donde se dilucidan tales cuestiones sobre si existe o no el derecho a la protección de ese concreto monumento, sino que eso se dilucida en otro procedimiento contencioso, sin embargo, frente al Ayuntamiento la parte está legitimada para ejercitar las acciones que considere oportunas en defensa de ese bien. Acto impugnable; ese acto no es de mero trámite. Sino que agota la vía administrativa y es susceptible de impugnación, porque es el acto que, aunque sea indirectamente, acuerda la decisión del derribo del monolito, a través de la aprobación del proyecto técnico de demolición. La parte tiene derecho a discutir si procede o no que el Ayuntamiento acuerde esa reordenación de dicho espacio con la consiguiente demolición del monolito.
Resumen: La audiencia analiza la acción individual de responsabilidad del administrador social por no haber convocado la junta para acordar la disolución de la sociedad, estando en causa de ello. Los requisitos para el triunfo de dicha acción son: a) que se acredite la existencia de una deuda a cargo de la sociedad y a favor del acreedor demandante; b) que se pruebe que, como mínimo, dos meses antes de la presentación de la demanda se manifestó y debió ser conocida por el administrador la causa de disolución imperativa; c) que el administrador demandado lo fuera al tiempo de manifestarse la causa de disolución y durante los dos meses siguientes; d) que el administrador deje transcurrir ese plazo sin convocar junta general para que acuerde la disolución o remueva la causa; y e) con el favorecimiento por la presunción indicada, que la obligación o deuda reclamada se haya contraído o haya nacido con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución. La cuestión es si la presentación de la comunicación denominada de "preconcurso" es bastante para enervar esa responsabilidad. La Audiencia considera que no. Debió de proceder a convocar la junta de disolución: No habiéndolo hecho, sigue incurriendo en responsabilidad.
Resumen: Incumplimiento de la obligación de terminación de la vivienda y entrega a los compradores por parte de la promotora, quien tres años más tarde es declarada en concurso. La resolución de la compraventa a instancia de la administración concursal legitima a los compradores para reclamar de la avalista la restitución de las cantidades entregadas a cuenta, mientras no le hayan sido devueltas por la promotora concursada, sin perjuicio del derecho del avalista subrogarse en la posición de los compradores para reclamar el crédito contra la masa. No existe enriquecimiento injusto de los demandantes por el hecho de que con posterioridad los mismos compradores hubieran acudido a la liquidación concursal y adquirido la vivienda que había sido objeto de la compraventa, aunque pendiente de terminación, por un precio inferior al que aparecía en el contrato resuelto. El denunciado «empobrecimiento» de la avalista que supone hacer frente a la devolución de las cantidades garantizadas con el aval tiene su causa en el afianzamiento constituido de acuerdo con la Ley 57/68. No guarda relación causal con el posible ahorro que la compradora haya podido tener al adquirir en liquidación más tarde la vivienda, después de haber asumido también el coste de la terminación de las obras y la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para su habitabilidad. La omisión de un apartado específico dedicado a los hechos probados no infringe la LEC ni determina por sí la nulidad de la sentencia.