Resumen: La carrera profesional está incluida en el concepto "condiciones de trabajo" de la cláusula 4ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70/CE referida al principio de no discriminación, y a los efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicable a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal. Existe discriminación del personal interino por condicionarse su participación en la carrera profesional diseñada en el acuerdo recurrido a la circunstancia de haber superado un proceso de ingreso y, por tanto, a la adquisición previa de la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, ello por no admitirse que ese condicionamiento integre una causa objetiva que justifique la diferencia de trato. No existe singularidad respecto al personal estatutario de los servicios de salud.
Resumen: La cuestión estriba en la calificación del crédito de la AEAT contra la concursada y que deriva de una tercera entidad titular de dicha deuda. La AC calificó el crédito como privilegiado especial en la mitad de la cuota, la otra mitad como ordinario y el resto (recargo) como subordinado. La deuda correspondía a una tercera sociedad, pero la concursada fue declarada tributariamente responsable según acuerdo de derivación de deuda. Existen dos tesis: a) de subordinación, que según jurisprudencia de la Sala 3ª del TS esa derivación tiene la naturaleza jurídica de sanción. Y, como tal, ha de interpretarse su aplicación de forma restrictiva; de forma que distingue entre sanciones punitivas e impropias. De tal manera que a las impropias o derivativas todo sería sanción y, por ende, la calificación de todo el crédito tributario será el de subordinado. Y b) tesis que sostiene que la solidaridad de los deudores les hace de la misma condición, por lo que no convertiría en sanción lo que no lo es: la cuota tributaria. Ahora bien, en este caso la recurrente contribuyó con su comportamiento (creando una sociedad patrimonial) a hacer ilusoria la actuación de Hacienda sobre el patrimonio del deudor principal. Por lo que no se considera que la cuota tributaria sea sanción y, por tanto, tampoco crédito subordinado. La Audiencia sigue la segunda tesis.
Resumen: Es dudosa la legitimación del Colegio de Arquitectos para presentar este recurso, si bien no puede invocarla la Administración, al no ponerla en duda en vía administrativa. Se excluyen las propuestas de licitación de una UTE por haber presentado mas de una proposición. La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa no es un acto de tramite cualificado por cuanto el órgano de adjudicación puede apartarse de él motivadamente, de modo que no pone fin al procedimiento, ni decide directa o indirectamente sobre el fondo, al no crear derechos invocables. El recurrente aún podría recurrir contra la adjudicación definitiva, ni finalmente determina la imposibilidad de continuar el procedimiento pues la oferta del recurrente aún no ha sido definitivamente descartada, pudiendo ser adjudicatario mientras no se resuelva definitivamente sobre la adjudicación. Ha de esperarse a la resolución del procedimiento de adjudicación para plantear todas las discrepancias del recurrente sobre el procedimiento tramitado y sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite. La actora no ha recurrido la Resolución que decide sobre la exclusión y adjudicación, por lo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo.
Resumen: Se impugna la resolución administrativa por la que se adjudica el contrato administrativo especial para la puesta a disposición de la Consellería de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas mayores dependientes de Atención Gerontológica de la Comunidad Valenciana. Se desestima el recurso de casación interpuesto teniendo en cuenta la STS de 11 de noviembre de 2019, casación 1366/2016, en cuanto responde a semejantes circunstancias, en donde la controversia suscitada en el recurso se centra precisamente en la determinación del alcance (plazas) de la exclusividad reconocida a los adjudicatarios en virtud de aquella licitación de 2001. Rechaza los submotivos formulados ex art. 88.1.c) LJCA, donde se denunciaba: incongruencia extra petita, infracción de los arts. 33 y 65.2 LJCA, erronea valoración de la prueba, falta de motivación e insuficiente motivación de la sentencia. También rechaza el motivo formulado ex art. 88.1.d) LJCA, razonando, en esencia, la legitimación de la recurrente y el cumplimiento de los requisitos procesales para entablar acciones por parte de AESTE al haberse justificado debidamente la decisión de litigar, y siendo cierto que la cláusula 11 de la convocatoria, referida a la forma de adjudicación y aspectos de negociación, señala que el contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, de manera que nunca ha existido el pretendido monopolio de residencias que pretende la recurrente.
Resumen: Condena al acusado por un delito de robo con intimidación en las personas, como autor responsable de un delito contra la integridad moral, como autor responsable de un delito contra la intimidad personal . Acusado que esgrime un cuchillo con el que intimida a su víctima hasta hacer que se desnude y atarlo a una silla con una cadena al cuello, procediendo entonces a grabar esa escena y anunciando que iba a grabar su muerte. En ese momento el acusado se apodera de las ropas de la víctima y las hace suyas. Absolución por un delito de agresión sexual que no se ha acreditado en el juicio. Robo con intimidación. Conducta intimidatoria como marco del apoderamiento de las ropas de la víctima. Empleo de instrumento peligroso. No se aprecia agravante de casa habitada. Compatibilidad entre el subtipo agravado de uso de instrumento peligroso y el subtipo atenuado de menor entidad de la violencia empleada. Delito contra la integridad moral. Trato degradante con menoscabo grave de la integridad moral de la víctima. Delito contra la intimidad. Protección de la intimidad individual como bien jurídico protegido. Empleo de artificios técnicos de grabación de la imagen de un menor de dieciséis años. Delito leve de maltrato de obra. Propina a la víctima varios golpes en el estómago. Delito que se vincula con el delito contra la integridad moral y que no queda absorbido en el robo con intimidación. Individualización de las penas. Resarcimiento de daños y perjuicios. Costas de la acusación.
Resumen: Estimación del recurso. Se reconoce legitimación singular a los integrantes de una unión temporal de empresas (UTE) en atención a las particulares circunstancias del caso, que otorgan un concreto interés legítimo en la empresa actuante atendiendo, igualmente, al principio "pro actione"y a la doctrina emanada de las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales y de los órganos consultivos en materia de contratación administrativa. De forma añadida, se recuerda que las Uniones Temporales de Empresas carecen de personalidad jurídica y que no es exigible procesalmente en estos casos un litisconsorcio activo necesario. Se aclara que cuando la recurrente pretende obtener la adjudicación contractual está actuando en beneficio y para ventaja de todos los integrantes de la UTE. Retroacción de actuaciones para que la Sala de instancia resuelva en cuanto al fondo del asunto. Voto particular discrepante: La acción procesal no solo proporciona ventajas a los integrantes de la UTE, sino también obligaciones derivadas de la adjudicación contractual, por lo que no cabe su atribución por mor de una acción procesal unilateral, sin que tal consideración sea contraria a la tutela judicial efectiva y al principio "pro actione". El TJUE ha señalado que esta limitación procesal no es contraria al Derecho de la Unión, y que por tanto en estos casos procede una litigación conjunta -o a través de representante- de todos los miembros del consorcio empresarial.
Resumen: Condena a los acusados como autores de dos delitos de robo con violencia en casa habitada con uso de arma y ejecutados en grado de tentativa; como autores de un delito de lesiones cometido sobre uno de los moradores de la vivienda en que se proponían cometer el robo; como autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas cometido en casa habitada, habiendo participado los culpables como miembros de un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio; y como autores de un delito de pertinencia a grupo criminal. Delito de quebrantamiento de condena. Acusado condenado anteriormente a pena que se vio suspendida por la expulsión del territorio español seguida de una prohibición de regreso durante cinco años. Regreso a España durante la vigencia de la prohibición de regreso con conocimiento de que no le era permitido hacerlo hasta transcurridos cinco años desde la expulsión. Agravante de reincidencia en el delito de robo. Individualización punitivida. Indemnización al pago de la responsabilidd civil. Subrogación de las compañías aseguadoras en la posición de los perjudicados directos.
Resumen: Conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra. El auto que acordó la extinción colectiva no incluyó al trabajador aquí demandante, por lo que, respecto del mismo, aquel auto no puede tener efectos de cosa juzgada. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social. Como consecuencia de lo expuesto, tal como informa el Ministerio Fiscal, debe resolverse el conflicto negativo de competencia afirmando la competencia de la jurisdicción social; y, por tanto, del Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada.
Resumen: Se resuelve el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra, declarando la competencia del mencionado Juzgado de lo Social. Como regla general, el conocimiento de los conflictos relativos a la extinción de contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y solo como excepción al juez del concurso, al que, en principio, únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas -o de las impugnaciones individuales que frente a las mismas promuevan los trabajadores afectados-, además de las relativas a contratos de alta dirección. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social.
Resumen: Ante la resolución de un contrato de gestión de servicio público, y por causa de la situación concursal de una de las empresas que formaba la UTE, el Ayuntamiento llevó la liquidación del contrato a la jurisdicción mercantil. No obstante, la Administración luego decide dictar acuerdo administrativo acordando la resolución y fijando una nueva liquidación del contrato. La sentencia rechaza esta última posibilidad. No acepta que habiendo quedado sometido el conocimiento de tal liquidación a la jurisdicción civil (Juzgado de lo Mercantil de Valencia), la Administración duplique el procedimiento derivándolo a la Jurisdicción contenciosa. Carece de toda lógica que dos jurisdicciones distintas puedan conocer del mismo procedimiento de liquidación del contrato. Si la jurisdicción civil ya ha asumido esa competencia y nadie la ha discutido, no se puede aceptar que sobre esta misma temática se pueda seguirán procedimiento administrativo en contradicción con el anterior. Una vez que se lleva a cabo la liquidación del contrato, tal operación no la puede realizar la Administración por su cuenta y riesgo y al margen del procedimiento concursal. No obstante, sí puede acordar la incautación de garantías.