Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto, revocando la sentencia desestimatoria de la instancia y declarando la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Andratx al que se condena a indemnizar a los apelantes en 78.000 euros, frente a los 615.949 euros reclamados, por los daños y perjuicios sufridos tras la anulación judicial en virtud de Sentencia del orden penal de la Audiencia Provincial de 31 de octubre de 2011 de la licencia de obra que le fue concedida para la construcción de su vivienda habitual habiendo resultado así ilegal la vivienda construida. Se examina, con carácter previo, la competencia del orden contencioso administrativo para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento producida por la actuación de funcionarios a su servicio condenados en sede penal, dirigiéndose frente a estos, así como contra el Ayuntamiento, el recurso interpuesto destacando, igualmente, que el hecho de no haber dirigido la demanda frente a la aseguradora municipal impide extender a ésta la condena por más que se personara como codemandada. Se distinguen por el Tribunal dos fases de daños, la primera derivado de la declaración de nulidad de la primera licencia por la que se adquiere la vivienda y la segunda derivada de la nulidad de la licencia de obras que conlleva la ilegalidad de lo construido y se concluye declarando la responsabilidad patrimonial ante los perjuicios sufridos por los recurrentes sin ninguna participación en la declaración de nulidad de la lic
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó íntegramente la demanda presentada para reclamar el saldo deudor del crédito derivado del uso de tarjeta de crédito. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: A) Legitimación activa: la demandante es cesionaria del crédito, aunque no fuera la entidad con la que el demandado suscribió el contrato de tarjeta de crédito. B) En relación con la situación concursal del demandado: aunque el demandado fue declarado en concurso (persona física) con insuficiencia de masa activa, no por ello resulta inviable la reclamación del pago de un crédito que no está reconocido en la lista de acreedores; es decir, el concursado sigue siendo deudor por los créditos insatisfechos. El tribunal rechaza el error en la valoración de prueba, y se remite a los fundamentos de la sentencia recurrida.
Resumen: Demanda en la que una sociedad demanda a otra en ejercicio de una acción de cumplimiento de contrato de compraventa de participaciones sociales; en concreto, se solicita la condena al pago de una determinada cantidad, a fin de que los fondos propios de la sociedad objeto de la compra ascendieran a 30.000 euros, según lo pactado. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al entender, en síntesis, que se había incumplido una obligación esencial del contrato de compraventa respecto del patrimonio neto de la sociedad objeto de la compraventa. Recurrida en apelación por la demandada, la Audiencia estimó el recurso y, en consecuencia, desestimó la demanda. La demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación y la sala estima el primero de ellos, en concreto, aprecia que la sentencia recurrida se pronunció sobre la interpretación y alcance de una cláusula del contrato que no fue planteada ni debatida por las partes. La estimación de este recurso comporta la anulación de la sentencia y la asunción de la instancia. Se examina el recuso de apelación interpuesto por la demandada y se rechazan todas las alegaciones de la demandada al entender, en síntesis, que no existe falta de legitimación activa ad causam, que la acción no está caducada, que no resulta de aplicación la doctrina de los actos propios, que no existió enriquecimiento injusto y que no procede la compensación de créditos. Se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: La Audiencia ha de analizar el acuerdo al que llegaron las partes con la intervención de la Administración concursal, a fin de determinar cual fue la intención de las partes y el alcance compromiso mutuo de ambas. Para concluir si hubo incumplimiento y, por ende, exigible indemnización de daños y perjuicios. Que en este caso no se ha producido. Se remite en parte a la motivación de la sentencia de primera instancia, por remisión.
Resumen: Se confirma una sentencia del TSJ de las Islas Baleares desestimatoria de los recursos planteados en relación con un concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo Superior de la Administración General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con el Plan de Estabilidad Laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Tras declarar que la sentencia no carece de la motivación imprescindible, el TS concluye que parece arbitrario atribuir distinta puntuación a la experiencia previa en la Administración según se haya adquirido en la misma a la que pertenece la plaza convocada o en otra diferente. Aun pudiendo haber elementos comunes entre una y otra, no cabe duda de que no es el mismo el contexto organizativo y funcional correspondiente ni que tampoco coincidan, en principio, las competencias y funciones ni la normativa a aplicar. Por lo tanto, mediando esas diferencias no es irrazonable que también difiera la puntuación. En este sentido, tampoco hay precepto alguno que imponga tratar de igual modo los servicios prestados en los ayuntamientos y los prestados en la Administración autonómica.
Resumen: Existe concurso medial de delitos ya que el descubrimiento de secretos formó parte de la dinámica criminal dirigida a obtener un beneficio económico de tal acción, a través de la presión ejercitada por la acusada para, a cambio de no difundir las imágenes de la fiesta, conseguir dicho provecho económico. Entiende el Tribunal que la prueba ha puesto de manifiesto que la acusada se apoderó de un pendrive donde se hallaban grabadas imágenes muy íntimas de contenido sexual, de varias compañeras y del Presidente de la empresa en la que trabajó durante muchos años, en base a los indicios poderosos en ese sentido y que no existe prueba de descargo que pudiera plantear una hipótesis alternativa de superior o igual verosimilitud. También resulta acreditada la existencia de las amenazas, que se realizaron durante cierto tiempo y se condicionaban a no cumplir el mal que se anunciaba, si se recibía el dinero que la acusada considerara oportuno. Se reseña la Jurisprudencia existente en relación a los delitos del art 197 y 171 del C.Penal, tratándose en ambos caso de delitos de mera actividad que no requieren la causación de un perjuicio concreto y determinado. El nuevo régimen punitivo del concurso medial consiste en una pena de nuevo cuño que se extiende desde una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave, como límite mínimo, hasta la suma de las penas concretas que habrían sido impuestas separadamente por cada uno como limite máximo.
Resumen: Una vez solicitado el pre-concurso, la concursada solicitó de la entidad bancaria créditos para satisfacer deudas y, a la vez, se constituyeron garantías para la devolución de esos créditos (prendas e hipoteca). El pre-concurso se desistió al haber llegado la deudora a acuerdos con los principales acreedores. Poco después volvió a solicitar otro pre-concurso, se declaran vencidos los créditos y se pide concurso voluntario. No existe cosa juzgada entre un incidente en el que se pretendía una calificación de la prenda como crédito privilegiado especial y este incidente de rescisión, en el que se plantea si dicha operación supone un perjuicio patrimonial injustificado para la masa del concurso. En este caso, la defensa de las operaciones de refinanciación no encuentran apoyo en la DA 4ª LC, porque el legislador exigió para ello el informe favorable de un experto independiente. Sin embargo, sí que estarían protegidas por el RDL 5/2005, puesto que se prestaron antes de la existencia del procedimiento de insolvencia y, además, conforme a interpretación uniforme del Derecho comunitario (TJUE) dichas garantías estaban fuera del control del garante; es decir, había desposesión de las mismas en favor del beneficiario. Sólo podrán rescindirse si se aprecia fraude en el comportamiento del banco. La Audiencia no ve sacrificio patrimonial injustificado, pues los créditos resultaron en alguna medida útiles. Ni fraude, pues conocer la insolvencia no lo es. Eso impediría la financiación.
Resumen: Resuelve la sentencia sobre la validez de un contrato de financiación de adquisición de bien mueble por consumidor. Considera válido el interés remuneratorio puesto que está claramente concretado en el contrato; incluso las correspondientes cuotas. La devolución del interés de demora anulado, debió de pedirlo el consumidor como complemento de la sentencia. El hecho de haber venido el prestatario a peor situación económica (paro) no constituye causa jurídica para no poder exigir el cumplimiento de lo pactado. Únicamente el expediente de segunda oportunidad de la ley concursal, a través de la exoneración del pasivo insatisfecho permite actuar en circunstancias desfavorables para el deudor persona física; siempre que reúna los requisitos que recoge la ley concursal. La ley de venta a plazos también regula la discrecionalidad del juez para suavizar las obligaciones del comprador. Pero ha de probarlas este.
Resumen: Sentencia desestimatoria de la casación interpuesta por la Comunidad de Madrid (CAM) y que confirma la sentencia dictada en la instancia por el TSJ de Madrid. Ésta última es desestimatoria de la apelación interpuesta contra una sentencia de un Juzgado que estimó el recurso c-a interpuesto por una funcionaria interina docente del ámbito no universitario, en relación con la tenencia del título de especialista universitario en educación infantil expedido por la UNED. El JCA estimó la demanda porque consideró que la titulación que aportó la aspirante a funcionaria interina de la CAM era suficiente porque el título citado de la UNED le habilitaba para ejercer su profesión de acuerdo con la D.A.1ª del RD 1594/2011, teniendo en cuenta el clausulado contenido en el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la UNED y el MEC. Además, la CAM había venido aceptando la titulación académica de la interesada sin problema alguno, no pudiendo ahora ir contra sus propios actos. El TS confirma ese criterio, ya que el curso de especialización en educación infantil de la UNED tenía como objeto habilitar para el desempeño de puestos de trabajo en la correspondiente especialidad para los que con la normativa vigente se requiriese ser especialista, título homologado por el Estado y que no pueden ser desconocido por la Administración. Ese título de especialista permite, por sí solo, el desempeño de puestos para los que se requiera tener la especialidad ya sea como interino o como funcionario.
Resumen: El 2-01-18 se presentó incidente concursal frente al AJM 27-07-17 que acuerda la extinción en ERE concursal notificado a los representantes de los trabajadores el 18-09-17. El 26-03-18 el JM inadmitió a trámite por extemporáneo el incidente concursal. El 07-09-2017 el actor presentó demanda en reclamación por despido, que se inadmitió el 15-12-2017 por falta de competencia. La Sala sostiene que la acción que ejercitó el actor impugnando el despido individual traía causa en el ERE concursal ante el Juzgado de lo Social que finalizó en auto de 15-12-17 declarando la falta de competencia objetiva para conocer del asunto, suspende el plazo que fija el art. 64.8 de la Ley Concursal para presentar el incidente, de acuerdo el art 5. 5 LRJS y señala que en los procedimientos que se sigan ante el Juzgado de lo Mercantil por extinciones acordadas en procedimiento concursal, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la LC, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral y por ello concluye que no caducó la acción.