• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 2468/2019
  • Fecha: 27/09/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El TS admite a trámite el recurso de casación preparado por el abogado del Estado contra una sentencia dictada por la Sala de lo C-A del TSJ de la Comunidad Valenciana que estimó el recurso interpuesto por una funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, consiguiendo así que se valorase como trabajo efectivo y como periodo de servicio activo el tiempo que estuvo en situación de excedencia para cuidado de familiares, a los efectos de los méritos generales de dicho cuerpo funcionarial, aunque no estuviese así recogido en las bases de la convocatoria. La Sala territorial alcanza esa conclusión en una interpretación integradora de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, del TREBEP y de la Orden Ministerial de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. El Alto Tribunal considera que tiene interés casacional objetivo determinar si las previsiones del artículo 57 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen efecto directo sin mediación de las correspondientes bases de la convocatoria y, en caso afirmativo, si imponen una valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la que se otorga a la situación administrativa de servicio activo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIO PESTANA PEREZ
  • Nº Recurso: 276/2019
  • Fecha: 29/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En lo que se refiere a la cuota diaria de la pena de multa, si bien no constan la situación patrimonial y los ingresos económicos de Gabino , tampoco hay la más mínima razón para estimar que se encuentre en la indigencia, tal como sorprendentemente se alega en el recurso. Desde luego su aspecto y vestimenta no es el de un indigente -tampoco el de su esposa- y acude al juicio defendido por un letrado particular. Así las cosas, habida cuenta que la cuota fijada en la sentencia del Juzgado es de 6 €, es decir, está muy próxima a la mínima prevista en el artículo 50 del Código Penal y ciertamente muy lejos de la máxima de 400 €, la pretensión subsidiaria deducida debe desestimarse igualmente.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO
  • Nº Recurso: 737/2019
  • Fecha: 29/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Considera la Audiencia que las deudas de la persona física concursada traen causa de su condición de administrador social de una mercantil; por lo que la competencia es del juzgado mercantil. No de los de primera instancia. Los defectos en la convocatoria para el acuerdo extrajudicial de pago pueden tener relevancia en la posible exoneración del pasivo insatisfecho. Pero no en la declaración del concurso, que sólo requiere la situación de insolvencia.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIEGO DE EGEA TORRON
  • Nº Recurso: 949/2018
  • Fecha: 25/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando las lesiones causadas son de mayor entidad o se producen en otras zonas del cuerpo, y han sido producidas por el responsable de los hechos para vencer la resistencia de la victima, ha de entenderse que se ha cometido también un ilícito penal de lesiones en concuso medial con la agresión sexual, y cuando las lesiones son producidas con posterioridad a doblegar la voluntad de la victima contraria a la relación sexual, siendo innecesaria dicha violencia, se habrá cometido también un ilícito penal de lesiones en concurso real con el delito de agresión sexual. Del relato de los hechos probados se determina un resultado lesivo separable, que no es producto del acceso carnal, sino un medio para conseguirlo, existiendo por ello, una diversidad de bien jurídico protegido, requiriendo por ello una condena autónoma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10619/2018
  • Fecha: 24/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, inmigración ilegal y explotación lucrativa de la prostitución. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control en casación de la actividad probatoria practicada en la instancia. El principio in dubio pro reo. El derecho al secreto de las comunicaciones. Requisitos y contenido que debe adoptar la resolución judicial por la que se acuerda la medida limitativa del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. La investigación policial previa e indicios habilitantes. Elementos del delito de trata de seres humanos. Artículo 177 bis del Código Penal. El delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal: el bien jurídico protegido. La protección de testigos y la introducción en el Plenario de la declaración prestada en fase de instrucción como prueba preconstituida. Concurso de delitos: relación entre el delito de trata de seres humanos y el delito de prostitución coactiva. Organización criminal: elementos que conforme a nuestra jurisprudencia son necesarios para entender que nos encontramos ante una organización criminal. Recurso de casación por error en la apreciación de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim. La complicidad delictiva. Diferencias entre el cooperador necesario y el cómplice.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1202/2018
  • Fecha: 23/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2 del Código Penal. Elementos del delito. El dolo falsario. El delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, en relación con el artículo 250.1.6 del Código Penal. Elementos del delito: el engaño bastante y el ánimo de lucro. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba. Los informes periciales como documentos a efectos casacionales. La continuidad delictiva y su incidencia en la determinación de la pena a imponer y en el cómputo del plazo de prescripción del delito. El artículo 116 del Código Penal: la responsabilidad civil derivada del delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 853/2018
  • Fecha: 23/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia de la Sala II ha expresado que con independencia del autor material de la falsedad, lo determinante es la condición de "dominio funcional de los hechos", dado que por su propia naturaleza quien falsifica un documento empleará cualquier mecanismo a su alcance para evitar su posterior identificación como autor material de la falsificación, de manera que no solo comete el delito quien lleve a cabo físicamente la alteración falsaria, sino todos los que en acción conjunta, y previo concierto, aportan su esfuerzo individual o contribución al resultado perseguido, dentro del reparto de papeles asumido por cada uno en el proyecto común. A la hora de estimar concurrente el elemento del engaño en el delito de estafa, es "bastante" aquel que se muestra suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, para lo que debe ofrecer una suficiente entidad que permita apreciar -en la convivencia social- que actúa como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad, tanto atendiendo a módulos objetivos, como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La pena del delito continuado patrimonial se calculará sumando la cuantía de las infracciones y si no existe precepto específico que intensifique la penalidad por la adición de las cuantías deberá aplicarse la regla general del 74.1º, después de aplicada la regla 2ª de ese mismo artículo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: MARIA CARMEN FRIGOLA CASTILLON
  • Nº Recurso: 45/2019
  • Fecha: 23/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es objeto de impugnación en autos el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, por el que se aprobó el proyecto de demolición y el pliego de cláusulas administrativas para la contratación de la ejecución de las obras del proyecto de demolición del monumento a la víctimas del Crucero Baleares situado en Sa Faixina y la pavimentación del espacio libre resultante. Legitimación; la ley 12/1998 de patrimonio histórico de les Illes Balears en su artículo 3 reconoce la acción popular ante la Administración, y ante a la jurisdicción, y la posibilidad de solicitar medidas en defensa de la legalidad. Por lo que si bien no es aquí donde se dilucidan tales cuestiones sobre si existe o no el derecho a la protección de ese concreto monumento, sino que eso se dilucida en otro procedimiento contencioso, sin embargo, frente al Ayuntamiento la parte está legitimada para ejercitar las acciones que considere oportunas en defensa de ese bien. Acto impugnable; ese acto no es de mero trámite. Sino que agota la vía administrativa y es susceptible de impugnación, porque es el acto que, aunque sea indirectamente, acuerda la decisión del derribo del monolito, a través de la aprobación del proyecto técnico de demolición. La parte tiene derecho a discutir si procede o no que el Ayuntamiento acuerde esa reordenación de dicho espacio con la consiguiente demolición del monolito.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
  • Nº Recurso: 1968/2015
  • Fecha: 22/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Concurren en los hechos juzgados todos los elementos del delito de detención ilegal, pues las víctimas estuvieron privadas de su libertad de movimientos, encerradas en un coche, e impidiéndoles salir de él durante un tiempo mínimo de media hora y máximo de una, hasta que aceptaron la extorsión: pagar o irse, por eso fueron liberadas, y, además, se trató de una acción realizada de forma deliberada y planificada, con plena conciencia y voluntad por parte de la acusada. En cuanto al delito de extorsión, del art.243 CP, s exige que el sujeto activo "obligue" al sujeto pasivo a realizar (u omitir) algo, se entiende que contra su voluntad. Se mantiene la exigencia de que tal situación se realice por medio de "violencia o intimidación"; esto es, se contemplan tanto los supuestos de vis física como los de vis compulsiva sobre otra persona. Además, estamos ante un concurso ideal de delitos, es decir, ante una privación de libertad ilícita como medio para conseguir que se cumpliera la condición impuesta: o pagáis el peaje para poder seguir trabajando, u os vais de aquí. Esa fue la condición, y hasta que no se aceptó por las víctimas, no fueron liberadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2801/2016
  • Fecha: 22/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Incumplimiento de la obligación de terminación de la vivienda y entrega a los compradores por parte de la promotora, quien tres años más tarde es declarada en concurso. La resolución de la compraventa a instancia de la administración concursal legitima a los compradores para reclamar de la avalista la restitución de las cantidades entregadas a cuenta, mientras no le hayan sido devueltas por la promotora concursada, sin perjuicio del derecho del avalista subrogarse en la posición de los compradores para reclamar el crédito contra la masa. No existe enriquecimiento injusto de los demandantes por el hecho de que con posterioridad los mismos compradores hubieran acudido a la liquidación concursal y adquirido la vivienda que había sido objeto de la compraventa, aunque pendiente de terminación, por un precio inferior al que aparecía en el contrato resuelto. El denunciado «empobrecimiento» de la avalista que supone hacer frente a la devolución de las cantidades garantizadas con el aval tiene su causa en el afianzamiento constituido de acuerdo con la Ley 57/68. No guarda relación causal con el posible ahorro que la compradora haya podido tener al adquirir en liquidación más tarde la vivienda, después de haber asumido también el coste de la terminación de las obras y la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para su habitabilidad. La omisión de un apartado específico dedicado a los hechos probados no infringe la LEC ni determina por sí la nulidad de la sentencia.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.