• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 42/2018
  • Fecha: 15/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acto del Presidente del CGPJ que dispuso el cese del recurrente como Jefe de Prensa de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a propuesta de la Directora de la Oficina de Comunicación del CGPJ y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TS ya se ha pronunciado sobre la naturaleza de personal eventual en el CGPJ, si bien la novedad de otra STS, dictada no respecto de personal eventual sino de cese de personal funcionario en puestos de libre designación, guardan semejanza con el personal eventual en lo que se refiere a la confianza personal que tiene la autoridad que designa en el funcionario designado, atendiendo a su valía y cualidades profesionales, mas personales como su actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para ese puesto. En el presente recurso las razones del cese del recurrente están explicitadas sin que, por el mismo, hubieren sido objetadas ni contradichas por medio de prueba alguno en orden al control jurisdiccional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1318/2017
  • Fecha: 14/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que había acogido la acción individual de responsabilidad de un administrador, ejercitada por un acreedor de la sociedad para el cobro de su crédito. La sala reitera su jurisprudencia. Cuando un acreedor ejercita una acción individual de responsabilidad frente al administrador en la que el daño cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito, es fácil caer en el riesgo de identificar la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas por insolvencia, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción convertiría la responsabilidad del administrador en objetiva. Por eso, es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito. En el caso, el ilícito orgánico no es tan claro y sobre todo no se acredita la relación de causalidad con el impago del crédito, porque si bien es cierto que la empresa cesó en su actividad sin que se disolviera, también lo es que su no disolución se justifica por estar pendiente una reclamación judicial de un crédito perteneciente a la sociedad y, además, no consta que hubiera más activos aparte del reclamado, que en una disolución hubieran permitido cobrar el crédito del actor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4162/2016
  • Fecha: 04/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aportación de documentos pendiente el recurso de casación: documentos admisibles (sentencia de calificación concursal y decreto que declara su firmeza). No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores no cobran porque es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo, sino que es necesario identificar un comportamiento propio del administrador, distinto del mero acto de no pagar el crédito, que constituya un ilícito orgánico al que imputar la causación directa del perjuicio sufrido por el tercero, que es la falta de cobro de un crédito. En el caso: se imputa al administrador una actuación dolosa o negligente que ha propiciado la generación del crédito después impagado (la incorrecta formulación de las cuentas anuales de tres ejercicios, al mantener en el activo créditos importantes sin haber realizado las dotaciones o provisiones por deterioro); para la calificación de este hecho como irregularidades contables que impiden conocer la situación patrimonial de la sociedad es relevante lo declarado en la sentencia de calificación del concurso de la sociedad, en la que esa misma conducta, no se consideró, al analizar lo realmente ocurrido, que fuera irregularidad contable relevante a efectos de un concurso culpable. Inexistencia del ilícito orgánico (no consta que existieran créditos que por su antigüedad o por su deterioro fuera necesario provisionar).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 1729/2018
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los elementos identificadores de la cosa juzgada material son, en el orden penal: 1) identidad sustancial de los hechos motivadores de la sentencia firme y del segundo proceso. 2) identidad de sujetos pasivos, de personas sentenciadas y acusadas. El hecho viene fijado por el relato histórico por el que se acusó y condenó o absolvió en el proceso anterior, comparándolo con el hecho por el que se acusa o se va a acusar en el proceso siguiente. Por persona inculpada ha de considerarse la persona física contra la que dirigió la acusación en la primera causa y que ya quedó definitivamente condenada (o absuelta) que ha de coincidir con el imputado del segundo proceso. La única eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es, pues, la preclusiva o negativa, que simplemente consiste en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona. La estafa procesal se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. La jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1581/2018
  • Fecha: 28/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El relato histórico de la sentencia debe recoger el sustrato fáctico que permite apreciar la concurrencia de los distintos requisitos del tipo penal de aplicación, incluyendo los elementos subjetivos o intelectuales que impulsaron el comportamiento de su autor. Así acontece en el caso enjuiciado, en el que los hechos cometidos por el recurrente y las circunstancias en que los abordó han sido descritos con palabras comunes y entendibles por todos. En realidad, el relato de hechos probados debe en todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena carecería de la imprescindible lógica en la subsunción jurídica que conduce al fallo.El vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" aparece cuando la falta o ausencia de respuesta del juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes. No se comprenden en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros modos impugnativos, por lo que no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones.El periodo que se contempla fue procesalmente activo. La prosecución por los trámites de la fase intermedia desembocó en la petición del Ministerio Fiscal de practicar importantes diligencias complementarias. La duración del proceso no fue extraordinaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 833/2017
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda instando el cumplimiento del pacto de recompra existente en el contrato de adquisición de activos financieros suscrito, subsidiariamente, de anulación por error vicio y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual. El demandante alegaba que había adquirido a Bankpime unos bonos, con pacto de recompra y sin haber sido informado de los riesgos que conllevaba el producto adquirido. El juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Caixabank, desestimó la acción de cumplimiento del pacto de recompra por no estar probada su existencia, declaró caducada la acción de anulación por error vicio y estimó la acción de resolución contractual interpuesta por el demandante con carácter subsidiario. La Audiencia estimó el recurso de la demandada y absolvió al banco demandado, pues apreció la excepción de falta de legitimación pasiva. Interpuesto recurso de casación por el demandante sobre el traspaso de la relación comercial de Bankpime a Caixabank, la sala lo estima y analiza la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario, la legitimación pasiva de Caixabak en las acciones derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad bancaria en los contratos de adquisición de productos financieros comercializados por dichas entidades y la cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario reiterando lo expuesto en anteriores ocasiones
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1424/2017
  • Fecha: 21/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión analizada por el TS parte de un recurso c-a interpuesto por una interesada que participa en un proceso selectivo para la elaboración de las bolsas de trabajo ordinarias de facultativos especialistas de los Servicios de Salud para prestar servicios como personal estatutario temporal o funcionarios interinos, habiéndole asignado 0 puntos por el título de la especialidad que obtuvo en Perú y que fue homologado en España por el Ministerio de Sanidad, al considerar que el mismo no implica la posesión de un período de formación equivalente al MIR español. El TS analiza pormenorizadamente el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, concluyendo: 1º. La verificación final positiva obtenida en el procedimiento que regula dicho RD, seguida de una resolución y credencial del mismo signo, referida a un título extranjero que habilite para el ejercicio de alguna de las especialidades que se relacionan en el anexo I del Real Decreto 183/2008, acredita una equivalencia total entre las competencias y formación adquiridas por el solicitante y las que corresponden al título español de especialista de que se trate, relacionado en dicho anexo I. 2º. En un proceso selectivo regido por un baremo en el que se da la misma puntuación a la superación del periodo completo de formación MIR y a la superación de un periodo equivalente de formación en centro con programa reconocido para la docencia de postgrado, esa equivalencia ha de suponer que ese mérito profesional tenga la puntación máxima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1487/2018
  • Fecha: 17/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse citado y emplazado la entidad aseguradora, para el acto de la vista oral, en su calidad de responsable civil subsidiario. Hubo ciertamente irregularidades en la forma de realizar el emplazamiento de la compañía de seguros, pero hubo una subsanación en tiempo hábil para preparar la defensa. No ha habido, por lo tanto, indefensión. Se invoca el principio acusatorio pero la relación entre la compañía de seguros y el responsable penal es un contrato de seguro, de naturaleza civil y, por eso, el principio que rige su solicitud no es el acusatorio, sino el de rogación. Se alega que el límite contratado en el seguro era de 150.000 euros, y que, por lo tanto, con base en el principio de autonomía de la voluntad, no se puede superar ese límite. La conducta del asegurado, calificado responsable penal, lo es un por un delito continuado de estafa, por lo que la condena se refiere a una pluralidad de actos realizados en aprovechamiento de circunstancias idénticas. Quebrantamiento de forma por falta de claridad y contradicción en los hechos probados: no concurre. No hay contradictio in terminis. Error en la apreciación de la prueba: los documentos designados no evidencian error alguno. Presunción de inocencia: existencia de prueba bastante. Deferir la determinación de la indemnización la fase de ejecución no lesiona ningún derecho. Prinicpio de igualdad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: DANIEL RUIZ BALLESTEROS
  • Nº Recurso: 157/2019
  • Fecha: 17/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se basaba en la interpretación incorrecta que había hecho la Universidad de Extremadura de la base de la convocatoria al excluir los servicios prestados como personal laboral de las Administraciones Públicas. El reconocimiento de esta situación se aplica a la parte actora y a todos los aspirantes que se encuentren en la misma situación. Resultaría vulnerado el principio de igualdad en el acceso a la función pública si la parte actora viera reconocidos los servicios prestados como personal laboral y no fueran valorados de la misma manera los servicios de otros aspirantes que se encuentran en la misma situación. Los criterios fijados en interpretación de las bases de la convocatoria tienen que ser aplicados a todos los aspirantes, pues, realmente, lo que conlleva un pronunciamiento como el de la sentencia del Juzgado es una retroacción de actuaciones que afecta no sólo a la aspirante que fue la parte demandante del proceso sino a todos los aspirantes que se encuentran en la misma situación. Dicha revisión de las puntuaciones de todos los aspirantes puede hacerse directamente en ejecución de sentencia sin que tenga que seguirse un procedimiento de revisión de oficio, pues al anularse la actuación administrativa no estamos ante actos administrativos firmes. La Administración, en fase de ejecución, está obligada a valorar los servicios prestados de todos los aspirantes de manera similar a la reconocida a la parte actora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 121/2017
  • Fecha: 15/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala declara la pérdida sobrevenida de objeto del recurso promovido por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores de Cuentas contra resolución de dicho Tribunal por la que se adjudicó a un aspirante un puesto de trabajo de libre designación. La Sala, tras recordar que su jurisprudencia considera aplicable la desaparición sobrevenida de la materia en litigio o pérdida sobrevenida de objeto como forma de terminación anticipada del proceso contencioso administrativo ( artículo 22.1 LEC) en los casos de anulación de disposiciones de carácter general o del propio acto administrativo objeto de impugnación y cuando las circunstancias sobrevenidas han incidido sobre su objeto privando de interés legítimo a las pretensiones formuladas por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, aprecia la carencia sobrevenida de objeto del recurso ya que la resolución impugnada ya fue anulada por sentencia anterior de esta Sala.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.