• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: CARLOS RAMOS RUBIO
  • Nº Recurso: 4/2019
  • Fecha: 30/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Revoca parcialmente la condena impuesta por la Audiencia Provincial en procedimiento de Jurado para unificar las medidas de seguridad impuestas al acusado. El acusado es declarado autor de un delito de homicidio consumado y otro homicidio en grado de tentativa, si bien resulta absuelto al haber sido diagnosticado de esquizofrenia paranoide de años de evolución y en situación de descompensación aguda en el momento de los hechos. Medida de seguidad de internamiento en centro de carácter penitenciario. Elementos considerados para decidir el ingreso en centro penitenciario en lugar de otro de naturaleza no penitenciaria. La Audiencia impone dos medidas de seguridad de internamiento, una por cada delito, para su cumplimiento sucesivo. La naturaleza y la finalidad de las medidas de Seguridad obligant a su imposición unificada, como una única medida de internamiento con el límite temporal que resulta de los dos ilícitos cometidos. Unificación de las medidas también impuestas de libertad vigilada y de tenencia de armas
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: INMACULADA ADELAIDA JURADO HORTELANO
  • Nº Recurso: 7892/2018
  • Fecha: 29/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado dio muerte a su pareja sentimental, a la que venía sometiendo violencia psíquica y psíquica repetidamente, clavándole repetidamente un cuchillo. El Tribunal de Jurado le condena como autor de un delito de asesinato alevoso y un delito de maltrato habitual en un veredicto motivado, sin que le sea exigible respuestas absolutamente detalladas ni un análisis exhaustivo de toda la actividad probatoria. Se dispuso de prueba de cargo suficiente que es pormenorizadamente analizada. El ánimo de matar fue patente, sin dar a la víctima oportunidad de defenderse al tratarse de un ataque sorpresivo e inesperado. Concurren en el asesinato las agravantes de parentesco y de género. Teniendo en cuenta que el acusado asestó doce puñaladas a la víctima, con el consiguiente grave sufrimiento, haciéndolo delante de los dos hijos comunes de corta edad, y teniendo en cuenta la agravante se impone la pena máxima, al igual que en el delito de maltrato habitual dado el prolongado periodo de violencia. Se impone la pena de privación de la patria potestad sobre los hijos comunes, así como la aplicación del art. 36.2 CP y la medida de libertad vigilada. La indemnización se fija aplicando orientativa me el baremo del automóvil y en la condena en costas incluyen la del acusación particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10639/2018
  • Fecha: 29/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua en el tiempo. Por ello resulta obligado tomar la misma como punto de partida a la hora de examinar las distintas fechas en que fueron cometidos los hechos enjuiciados en otras causas cuyas condenas se pretenden acumular.Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. El asesinato, del art. 139 del C. P., según redacción vigente a la fecha de la comisión de los hechos contenidos en la Sentencia de la Ejecutoria 29/2015 que fue el 5 de enero de 2013, y por tanto anterior a la reforma operada en el Código Penal en el año 2015, castigaba con la pena de 15 a 20 años de de prisión el asesinato, por lo que aplicando el art. 76.1 a) del C.P. el límite total de cumplimiento de las penas tendría que ser 25 años de prisión y no 30, que es lo que establece el Auto recurrido, eliminándose por tanto su cumplimiento separado. Por consiguiente, es más beneficioso el límite de 25 años, que la suma aritmética de las penas que ascienden a 29 años, 6 meses y 1 día de prisión.El art. 24 CE impone a los órganos judiciales ofrecer una respuesta motivada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10692/2018
  • Fecha: 28/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS confirma la sentencia dictada por el TSJ al resolver el recurso de apelación formalizado contra la sentencia del Tribunal del Jurado. A tal efecto, recuerda la doctrina relativa a las facultades del Tribunal de casación frente al sentencia dictada por el Tribunal de revisión (TSJ) cuando se denuncia la infracción del derecho a la presunción de inocencia. En este sentido afirma que en los procedimientos con doble instancia, como lo es el procedimiento ante el Tribunal del Jurado con las singularidades de una apelación cercana en ciertos aspectos a un recurso extraordinario, el control casacional de las sentencias que les pongan término, no solo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación, sino que también puede ajustarse a revisar los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el tribunal de apelación en el caso de que el argumento hubiera sustentado el previo recurso devolutivo ante él, de suerte que, en definitiva, el ámbito del control casacional se refiere a la ponderación y argumentación que sobre la cuestión haya exteriorizado el tribunal de apelación en respuesta a las alegaciones del apelante. Asimismo, el TS valida la condena en concepto de cómplice de uno de los acusados ya que se encontraba sujetando la puerta de acceso al portal, para facilitar la huida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10036/2019
  • Fecha: 28/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La invocación en casación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada; y d) una prueba racionalmente valorada. El análisis del proceso racional de la prueba debe realizarse de forma conjunta sin desagregar sus componentes. Respecto del artículo 849.2 LECrim, esta Sala viene afirmando de modo constante que el motivo de impugnación ha de fundarse en auténticos documentos, y no en otra clase de pruebas; que esos documentos deben ser literosuficientes, es decir, deben evidenciar por su propio contenido un error fáctico; que los datos acreditados por el documento no deben estar en contradicción con otras pruebas y que los datos debe ser relevantes para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo de la sentencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ALBERTO GUMERSINDO JORGE BARREIRO
  • Nº Recurso: 10755/2018
  • Fecha: 24/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza un delito de asesinato por haber efectuado en un barrio de Ceuta un disparo sobre el rostro de la víctima a quemarropa. El tema del recurso se centra fundamentalmente en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que queda en el caso suficientemente enervada por el testimonio de un testigo presencial. La cuestión probatoria se complicó por haberse vuelto atrás el testigo en el plenario, rectificando sus anteriores declaraciones. Se suscitan entonces los problemas de validez y eficacia de las declaraciones judiciales de un testigo en fase sumarial cuando se retracta de ellas en el plenario. Se recoge aquí la jurisprudencia de la Sala II y del TC sobre la aplicación del art. 46.5 de la LOTJ.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado
  • Municipio: Alicante/Alacant
  • Ponente: JUAN CARLOS CERON HERNANDEZ
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 13/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tribunal del Jurado: Delito de Asesinato. Alevosía y ensañamiento. Animus necandi: Para la configuración del delito de homicidio o de asesinato ha de detectarse la existencia de un dolo de matar, bien de carácter directo, bien en su forma eventual, animus necandi, diferenciable del simple animus laedendi o vulnerandi, que, por yacer en la esfera íntima del sujeto, en lo más recóndito de sus sentimientos, en donde es difícil penetrar e indagar ha de ser deducido tras el análisis y valoración de la constelación de factores que secundaron a la perpetración del hecho, a cuyo través podrá vislumbrarse el sentido y dirección del factor psicológico prevalente; ingredientes indudablemente transidos de relatividad en su individual o aislada consideración, como exponentes de una entidad psíquica, pero expresivos en su conjunta y entramada apreciación. Especial relevancia han de merecer, como altamente significativos de la actitud y· propósito que presidieron la dinámica del agente, los medios o instrumentos empleados en la agresión, región del cuerpo a la que se dirigió la acción ofensiva, así como las palabras o amenazas que hubieren mediado con precedencia. Con apoyo en semejantes datos podrá llegarse al descubrimiento del verdadero animus o dolo que impulsó al sujeto.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: RUBEN BLASCO OBEDE
  • Nº Recurso: 109/2019
  • Fecha: 09/05/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El apelante, condenado en juicio del Tribunal del Jurado a la pena de 17 años de prisión por un delito de asesinato cometido sobre su esposa, encontrándose en el tercer grado penitenciario, solicita la libertad condicional, no teniendo cumplidas en el momento de la solicitud las 3/4 ni las 2/3 partes de la condena. El motivo de la denegación contenido en el auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria fue no estar cercano al cumplimiento de esas partes de la condena. La Audiencia estima el recurso y concede la libertad condicional, pues del examen de la normativa aplicada se desprende que quienes hayan cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante su condena, caso del recurrente, pueden acceder a la libertad condicional sin necesidad de cumplir el requisito de haber extinguido las 3/4 o las 2/3 partes de la condena, por lo que no se acierta a comprender la decisión impugnada. Si bien al momento de la petición de libertad condicional no se habían cumplido las 3/4 partes de la condena, dicho requisito no es necesario en el presente caso al tener el penado 80 años, periodo que ya se ha superado en este momento, llevando el recurrente 11 años en prisión, aunque desde agosto de 2017 en un tercer grado en régimen de semilibertad y con un comportamiento adaptado y un pronóstico de rehabilitación aparentemente bueno, estando próximo a cumplir los 81 años de edad, por lo que procede acordar su libertad condicional al amparo de los artículos 90 y 91 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10455/2018
  • Fecha: 09/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de asesinato. El TS examina la coautoría y la extensión de responsabilidad a los participantes en el acto de matar y recuerda la teoría de «acuerdo previo» («pactum scaeleris y reparto de papeles»), según la cual responderán como autores los que habiéndose puesto de acuerdo para la comisión del hecho participan luego en su ejecución según el plan convenido, con independencia del alcance objetivo de su respectiva participación y la teoría del «dominio del hecho» que debe predicarse del conjunto de los coautores: cada uno de ellos actúa y deja actuar a los demás, de ahí que lo que haga cada coautor puede ser imputado a los demás que actúan de acuerdo con él, lo que sin duda sucede cuando todos realizan coetáneamente los elementos del tipo penal de que se trate. Lo importante es, en definitiva, que cada individuo aporte una contribución objetiva y causal para la producción del hecho propuesto. Finalmente examina la doctrina relativa a la valoración de la declaración del coimputado en el proceso penal y afirma que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones prestadas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 861/2018
  • Fecha: 09/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La exigencia de motivación de las sentencias resulta, en primer lugar, del artículo 24.1, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente fundada, tanto sobre los hechos como sobre el derecho aplicable, así como acerca de la concreción de las consecuencias de tal aplicación. El carácter fundado de la resolución resulta precisamente de su suficiente motivación. El deber de motivación también deriva de la previsión especifica contenida en el artículo 120.3 de la Constitución Española. Un veredicto de Jurado, aunque parco, debe reputarse suficiente, si la motivación de aquel, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas a que hace referencia y que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción. El juicio de no culpabilidad o de inocencia es suficiente, por regla general, cuando se funda en la falta de convicción del Tribunal sobre el hecho o la participación del acusado. Es preciso que de la motivación se desprenda con claridad el carácter racional o razonable de la duda. El principio de imposición de costas por temeridad o mala fe para la acusación particular, establecido en el artículo 240.3º de la LECrim, no admite excepciones para la fase de apelación. El artículo 901 de la LECrim, impone el criterio de vencimiento en las costas, pero sólo en relación con el recurso de casación.

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