Resumen: Contrariamente a lo manifestado por la defensa del recurrente, por el propio reconocimiento de la denunciada y del denunciado, sí que ha quedado probado que este vive en la vivienda cuya ocupación se denuncia, y que se habían mantenido en la misma al menos hasta la fecha de celebración del juicio. Por el contrario, por el recurrente ningún documento se ha aportado que pudiera justificar la ocupación del inmueble, y que justificara que su voluntad no era la de ocupar una vivienda sin título que le legitimara para ello; de hecho, ni tan siquiera se ha acreditado que existiera un contrato que hubiera legitimado la previa utilización de la vivienda por parte del denunciado, ya fuera verbal o escrito con el anterior propietario de la misma o con persona facultada para disponer de la misma; no se ha aportado el contrato de arrendamiento suscrito con ese supuesto arrendador, ni recibo alguno de los pagos realizados y a los que el denunciado se refirió en su declaración, y tampoco se ha traído como testigo a este supuesto arrendador para que confirmara la declaración prestada por el denunciado. Ningún error ha habido, por tanto, en la calificación de los hechos como constitutivos del delito leve de usurpación por el que fue condenado el recurrente, por lo que se desestima el recurso interpuesto y confirma la sentencia apelada.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. Los acusados accedieron a la vivienda sin autorización de su propietaria y la habitan con idea de permanencia. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere: a) ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia; b) que el ocupante carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, si inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aun temporalmente o como precarista, el titular de la vivienda deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión; c) constancia de la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse, no precisando de un requerimiento fehaciente de desalojo y bastando con la interposición de la correspondiente denuncia; y d) dolo en el autor, conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio.
Resumen: La recurrente solicitó tempestivamente del órgano judicial la designación de oficio de procurador y abogado sin que al acto del juicio oral compareciera su defensa técnica. En la medida que había mostrado su interés en ser parte procesal, la no asistencia de letrado formalmente implica un quebrantamiento de normas procesales relacionadas con el derecho de defensa, puesto que el juicio, pese a tal ausencia expresamente protestada por la recurrente, se celebró. Circunstancia que, en principio y aparentemente, podría subsumirse en la regla contenida en el art 238.4º LOPJ. Regla que, en relación a la persona denunciada por delito leve que lleve aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea al menos de seis meses, es ineludible. No ocurre lo mismo en cuanto a la persona denunciante: éste solo precisará de abogado y de procurador cuando se haya constituido en parte procesal. La intervención de estos no es, por tanto, preceptiva. Cuando el denunciante ofendido o perjudicado no se persone como parte su intervención procesal se producirá en los términos previstos en el art 969.1 LECrim. No se dice en qué medida la intervención letrada, cuya ausencia es el eje central de la impugnación, habría conducido a un resultado jurídico de condena para la denunciada por el delito de usurpación de inmueble. El interés de la demandante en recuperar la posesión del inmueble arrendado puede ser merecedor de tutela judicial en ámbito civil de la jurisdicción, pero no tiene cabida en su rama penal.
Resumen: Únicamente cuando se justifique que ha existido error notorio en la apreciación de algún elemento probatorio, procede revisar la valoración de la realizada en la instancia, lo que sucede en parte en el caso de autos. Ha quedado acreditado por la declaración del denunciante y de un agente de policía que las dos acusadas habían entrado en el local destinado a bar, sin tener título jurídico alguno que legitimara esa posesión. El denunciante es el arrendatario del local y su condición de tal ha quedado acreditada por la testifical del agente que manifestó que cuando fueron al local el denunciante les mostró el contrato de arrendamiento, lo que constituye prueba suficiente. La conclusión de que los inmuebles en estado ruinoso o abandono no pueden ser objeto de la acción típica no se desprende de la literalidad del precepto, sino que es consecuencia de una interpretación realizada con base en una determinada comprensión del bien jurídico que no es admitida de forma unánime por la jurisprudencia. Desde el momento en que los agentes se presentaron en el local, las denunciadas tuvieron pleno conocimiento de que el mismo no estaba abandonado, sino que tenía un legítimo titular, y de que por tanto carecía de un título legítimo para la ocupación. No consta en los hechos probados que las acusadas causaran daños en la verja de una ventana para entrar en el local, por lo que no puede condenarse por tales daños, debiendo suprimirse la responsabilidad civil.
Resumen: No consta, como pretenden los recurrentes, la existencia de un supuesto contrato verbal inicial de arrendamiento, lo que ampararía una ocupación pacífica. Hay que recordar que la ocupación pacífica de la vivienda es precisamente el criterio de distinción del supuesto que se examina respecto del párrafo primero del mismo art 245 CP. El dolo del delito de usurpación ha de abarcar el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada. Los denunciados pretenden el arrendamiento, sin aportar ni el contrato, ni el pago de renta o suministros, es decir, la ausencia de todo medio de prueba es abrumadora. Y estas circunstancias evidencian que los denunciados no pudieron creer erróneamente que la persona que, según afirman, les alquiló las habitaciones, fuera propietario del inmueble. Se trataría en todo caso de una creencia débil y tan frágil que conviviría necesariamente con la conciencia de que, lo más probable, es que no fuera el propietario. Y esa situación anímica, no es cohonestable con el error previsto en el art 14 CP. El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. La reacción ante la duda fundada (no ante la duda remota) debería ser no actuar, en lugar de actuar. La mera condición de inmigrante no justifica el estado de necesidad.
Resumen: La satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva solo exige dar una respuesta fundada en derecho a las pretensiones ,que no alegaciones, de las partes, aunque tal respuesta pueda no ser de su agrado. Resulta indudable la tipicidad penal de la conducta de los denunciados, que acceden a la vivienda de titularidad dominical de otra persona, sin su autorización, y se mantienen ocupándola con vocación de permanencia. Ambos acusados reconocen que aproximadamente a los tres meses de entrar en la vivienda, tuvieron conocimiento de que habían sido estafados por la persona que se la habría arrendado, habiéndose mantenido, no obstante, en la posesión de la misma, pese a conocer que habían sido denunciados como ocupantes por la propietaria de la vivienda, que, por tanto, se oponía a que mantuviesen la posesión de la misma. Es evidente que la empresa titular de la vivienda nunca ha autorizado a los denunciados a ocuparla, sin que hayan entregado la posesión a la mercantil propietaria y siendo también evidente que no desconocían la ilegalidad de la ocupación, en la medida en que fueron denunciados por ello y citados a juicio, careciendo ambos de un título mínimamente fiable que pudiera justificar su ocupación. El principio in dubio pro reo no obliga a dudar a los órganos judiciales, sino a dictar sentencia absolutoria cuando albergan una duda razonable sobre la verdad histórica de los hechos que son objeto de acusación o sobre la intervención en ellos del denunciado.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó a los acusados como autores de un delito leve de usurpación por la entrada y ocupación sin título jurídico de una vivienda en contra de su propietaria. El tribunal rechaza que fuera requisito previo que se hubiera realizado un requerimiento previo de desalojo o que se les informase de la identidad del titular de la vivienda. Se analizan los distintos elementos del delito y su concurrencia en el caso enjuiciado. También se descarta la existencia de error invencible de prohibición así como la concurrencia de la circunstancia de estado de necesidad como eximente o atenuante.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. El delito requiere: a) ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia, siendo atípicas penalmente las ocupaciones de inmuebles ruinosos o abandonados y la ocupación de solares; b) que esta perturbación conlleve un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al ámbito de aplicación del tipo; c) que el ocupante carezca de título jurídico que legitime esa posesión, en caso de que hubiera sido autorizado para ocupar, aun temporalmente o como precarista, el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes; d) que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse, no haciendo falta un requerimiento fehaciente y bastando con la interposición de la denuncia; y e) dolo, conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de perturbar la efectiva perturbación de la posesión del titular del inmueble.
Resumen: USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL: el acusado asumió la identidad de su mujer para poner a su nombre dos líneas telefónicas. ACOMODACIÓN PROCESAL: el paso del procedimiento a delito leva se hizo cuando la parte ya estaba personada y no formuló objeción alguna. En cualquier caso, la acusación por estafa pudo realizarse en juicio. CONTENIDO DEL DELITO: la usurpación de estado civil supone un ataque contra un bien de carácter eminentemente personal. Exige permanencia y atribución de la personalidad global de la víctima. Y el error en la valoración de la prueba no se puede enmascarar bajo la apariencia de un error de subsunción.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de estafa y le absolvió del delito de usurpación de estado civil. Contratación de línea telefónica a nombre de tercero con el fin de defraudar el importe generado por su uso. En el recurso se invoca la inexistencia de prueba de cargo suficiente y bastante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Doctrina sobre tal presunción y requisitos que impone ala valoración probatoria. Valor de la prueba indiciaria como sustento de la condena. Valor de la grabación de audio realizada por la compañía telefónica aunque no se haya practicado prueba pericial. El tribunal considera que la total coincidencia de la voz contenida en la grabación con la del acusado, reproducido en el acto de juicio oral, es prueba suficiente al unirse a otros indicios relevantes que le relacionan directamente con la posibilidad de llevar a cabo los hechos enjuiciados, especialmente ala ser el beneficiario del servicio.
