Resumen: Los condenados formulan recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la condena por un delito de falsedad en documento oficial. Doctrina de la Sala. El recurso de casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales solo puede interponerse por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y exige el respeto de los hechos probados. Los hechos probados refieren el concierto entre dos personas para que una de ellas utilice la documentación de la otra para hacerse pasar por él y realizar la prueba teórica del permiso de conducir. Usurpación de estado civil. Esta infracción penal supone algo más que usar el nombre y apellidos de otro, exigiendo la actividad delictiva que el sujeto activo se apropie de alguna de las facultades, derechos u obligaciones que sólo a esa persona suplantada corresponderían y que dicha suplantación se produzca con una cierta continuidad o permanencia en el tiempo. La Sala considera que el relato histórico no refleja que uno de los acusados asumiera derechos o beneficios del otro acusado cuya identidad se suplantó y, por tal motivo, ratifica la condena por un delito de falsedad en documento oficial.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. Se alega la existencia de cosa juzgada que implica no poder seguir otro procedimiento de semejante de orden penal sobre el mismo hecho y respecto de la misma persona, si la causa fue resuelta con anterioridad por sentencia firme o resolución similar. En el caso las fincas ocupadas eran distintas. El delito requiere: a) la ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia; b) que el ocupante carezca de título jurídico alguno que legitime su posesión, si inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aun temporalmente o en calidad de precario, el titular de la vivienda debe acudir al ejercicio de acciones civiles para recuperar su posesión; c) la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse, no precisando requerimiento previo y fehaciente de desalojo y bastando con la interposición de la denuncia; y d) dolo en el autor, conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización del titular. La vulnerabilidad social debe ser alegada en el momento de la ejecución de la sentencia, con traslado a los servicios sociales en el instante de proceder al desalojo de la vivienda.
Resumen: En supuestos en que la calificación jurídica de los hechos aceptados en una sentencia de conformidad, en eventual posterior instancia, por recurso interpuesto por los acusados que no se han conformado determinasen distinta calificación jurídica, dicha modificación, de resultar beneficiosa para los acusados/as que se han conformado -absolución incluida- debe afectar igualmente a esos acusados/as. delito de usurpación de funciones. Elementos objetivos y subjetivos. El comportamiento típico exige que el autor lleve a cabo "actos", en plural, es decir con una cierta persistencia, siquiera mínima, para que la calidad simulada pueda ser tenida por existente en realidad. Dolo consistente en actuar con el propósito de suplantar las funciones que no le corresponden. Principio in dubio pro reo.
Resumen: La Sala confirma la sentencia que condena por un delito leve de usurpación de bienes inmuebles. Los delitos de usurpación constituyen una modalidad de delitos patrimoniales que tutelan específicamente los derechos reales sobre bienes inmuebles. En ellos el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario, y, como delitos patrimoniales, la lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito. La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, requiere para su comisión los siguientes elementos: a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. b) Que esta perturbación posesoria puede ser calificada penalmente como ocupación. c) Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión. d) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble. e) Que concurra el dolo en el autor. No serían punibles las ocupaciones temporales, ni las ocupaciones de inmuebles ruinosos o abandonados. En el caso de autos concurren todos los elementos del tipo.
Resumen: Los presupuestos del tipo penal de usurpación de funciones exigen la asunción por el agente de una función pública, ya sea manifestándolo oralmente o dándolo a conocer por actos con capacidad bastante para engañar a una persona o a una colectividad, con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta y con voluntad de realizar su irregular actuación. El Decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno del 18 de julio de 2013 previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León concreta las reglas para el ejercicio de las funciones de secretaría e intervención en las pedanías, desarrollando la DA sexta de la ley autonómica, donde se indica que el ejercicio de estas funciones corresponderá al secretario del ayuntamiento del municipio al que pertenezcan o al servicio que con tal fin tenga establecido cada diputación provincial. La referida legislación no se encontraba vigente en el momento de producirse los hechos, y en todo caso el acusado por el hecho de haber firmado como interventor y tesorero, no incurre en una usurpación de funciones públicas, máxime cuando el Secretario manifestó que no ejercía dichas funciones, por tanto no había ninguna función que usurpar. Los hechos tampoco pueden ser calificados conforme al art. 404 CP, al exigir el tipo penal que la resolución dictada resulte arbitraria en el sentido de que, además de contrariar la razón, la justicia y las leyes, lo haga desviándose de la normal praxis administrativa de manera flagrante, notoria y patente.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. El delito requiere: a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia: b) que la perturbación posesoria conlleve un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son atípicas penalmente; c) que el ocupante carezca de título jurídico que legitime su posesión, si hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aun temporalmente o como precarista, el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión; d) que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular, antes o después de producirse; y e) dolo, conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización, además de voluntad de afectar la posesión del titular de la finca ocupada. La eximente de estado de necesidad exige: 1) pendencia acuciante y grave de un mal propio o ajeno, no es preciso haya comenzado a producirse; 2) necesidad de lesionar un bien jurídico de otro o de infringir un deber para eludir el peligro; 3) que el mal o daño causado no sea mayor que el que se pretende evitar; 4) que el sujeto que la alega en su favor no haya provocado intencionadamente la situación; y 5) que por su cargo u oficio no tenga que asumir el mal.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez de Instrucción que condena a cuatro denunciados como autores de un delito de usurpación de inmueble de propiedad ajena. Acusados que acceden, sin violencia o fuerza alguna, y se establecen en el interior de una nave industrial, sin título alguno, manteniéndose como residentes de forma permanente en su interior, incluso después de ser requeridos por la propiedad para que abandonasen la instalación. Usurpación de inmueble. Ocupación con vocación de permanencia que se prolongó durante varios meses. No se acredita una situación de estado de necesidad, al no constar la presencia de un bien jurídico a proteger de entidad tal que entrara en relevante conflicto con la integridad patrimonial que se ha visto menoscabada. Principio de intervención mínima del derecho penal. Al juzgador únicamente le incumbe la comprobación de la presencia de todos los elementos del tipo penal. Elemento intencional del tipo penal de usurpación. El conocimiento de la obligación de abandonar el inmueble ocupado sin título habilitante, se infiere de la permanencia en su interior a pesar de los requerimientos de abandono del mismo.
Resumen: Vulneración del derecho a hacer valer medios de prueba. La grabación presentada era inaudible (ac. 69) está vacía y por tanto no rebate la sí existente en autos y reproducida en juicio oral (ac. 64). Valoración de la prueba. La valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del órgano judicial de la instancia. El órgano de apelación, privado de la inmediación imprescindible para una adecuada valoración de las pruebas personales, carece de fundamento objetivo para alterar la fuerza de convicción que han merecido al Juzgador de instancia unas declaraciones que sólo él, ha podido "ver con sus ojos y oír con sus oídos". Se han tenido en cuenta no sólo las manifestaciones del testigo-víctima, sino también del propio acusado y la documental de la que se infiere que era el administrador único de la mercantil y titular de la cuenta del Banco ING en la que se efectuó el pago de parte del precio del vehículo anunciado en venta en la página web de "MILANUNCIOS", sin que fuera entregado al comprador. La acusada utilizó todos los datos del perjudicado para realizar la portabilidad de una línea telefónica y domiciliar los pagos de los recibos correspondientes, no limitándose a realizar una suplantación aislada que continuó frente a entidades bancarias por la utilización de tarjetas de crédito expedidas a nombre de la víctima mediante la usurpación de datos que éste le había proporcionado, y que eran conocidos por ella merced a la previa relación matrimonial.
Resumen: FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL: utilización de los datos del DNI de otra persona para realizar actuaciones bancarias y compras. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: viene determinado por el contenido concreto de la acusación, que determina la decisión judicial. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: derecho constitucional que exige una mínima actividad probatoria, practicada con todas las garantías y de la que quepa inferir su existencia y la participación del acusado en su comisión. VALORACIÓN DE LA PRUEBA: no se puede impugnar cuando la misma existe, se practicó en legal forma y se valoró racionalmente, con el único argumento de que no coincide con el criterio de la parte. La prueba personal y la documental permiten establecer un "modus operandi" claramente típico y doloso. Que no fue rebatido por el acusado, que se acogió a su derecho a no declarar. DILACIONES INDEBIDAS: no hay una paralización injustificada y un enjuiciamiento en un plazo no razonable.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. Se alega por uno de los apelantes que era menor de edad cuando fue identificado y citado al juicio sobre delitos leves y que la competencia, por ello, era de la jurisdicción de menores. Es cierto que en el momento en que se inició la ocupación de la vivienda el recurrente era menor de edad, pero en poco tiempo alcanzó la mayoría de edad, manteniéndose la ocupación una vez alcanzada la misma y, siendo el delito de ocupación un delito de carácter permanente, la jurisdicción competente no es la de menores. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse ésta, no precisando requerimiento previo y fehaciente de desalojo y bastando con la interposición de la denuncia. No se aplica la eximente de estado de necesidad alegada por los apelantes en base a una grave enfermedad de uno de los hijos, correspondiendo la carga de la prueba de dicha alegación a la defensa no lográndolo al no acreditar que, previamente a la ocupación de la vivienda, hubieran acudido a otros recursos sociales para solventar su situación. Se impone la cuota diaria de multa en la cantidad de 6,- €., siendo la utilizada habitualmente cuando no aparezca determinada la situación económica del acusado y no se trate de persona indigente o de pobreza manifiesta. No se aplica el principio de mínima intervención del derecho penal.
