Resumen: Se reclama el precio por el trabajo de instalación eléctrica y saneamiento aportando los materiales y elementos necesarios para ello, en la vivienda de la demandada. El plazo de prescripción para tal acción no es el de tres años, sino dado estar ante un contrato mixto de venta y arrendamiento de obra, consistente en la instalación o montaje, le resulta de aplicación el plazo genérico de quince años, luego cinco, que no han transcurrido cuando se presenta la demanda. La manifestación de la demandada de que tal obra se llevó a cabo varios años antes y que en su día se abonó, le corresponde acreditarla a dicha parte por ser el pago un hecho extintivo de la obligación que se le reclama y no lo justifica.
Resumen: La demandante es una filial de una multinacional dedicada a distribución de accesorios de electrónica y las demandadas son sociedades dedicadas a la venta de esos accesorios. Los acuerdos entre ambas llevan consigo una serie de ventajas a cambio de la exclusividad. En 2020 la vendedora finaliza la relación con la distribuidora, pretendiendo seguir, pero no en régimen de exclusividad. La distribuidora entiende que ha habido incumplimiento contractual y competencia desleal (abuso de situación de dependencia económica: art. 16 LCD). La Audiencia considera que esas dos accione son acumulables entre sí. El tribunal estudia el contrato que regía entre las partes y lo interpreta. De ahí deduce ciertos incumplimientos por parte de la vendedora. La explotación de la situación de dependencia económica constituye competencia desleal. Su comisión no requiere que los efectos del acto desleal alcancen una especial gravedad o trascendencia sobre el funcionamiento del mercado. Basta con que se demuestre el comportamiento abusivo de un participante en aquel en su relación con otro que se halle en situación de dependencia económica y carezca de alternativas semejantes. Ha de haber posición de superioridad respecto a las dependientes y dependencia económica sin alternativas equivalentes. En este caso sí se dan esas circunstancias.
Resumen: El alcance del daño moral sufrido en este caso debe tener en cuenta tres parámetros fundamentales: (i) el hecho de no poder vivir en el propio hogar, que sin luz ni gas se convierte en un espacio inhabitable; (ii) la duración del periodo de inhabilidad de la vivienda, que en este caso fue de 38 días; y (iii) la intranquilidad y el estrés que evidentemente provoca una situación como la vivida por la demandante, para cuya comprensión resulta muy ilustrativa la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de 28 de febrero de 2023 sobre la casuística de los llamados "cruces de CUPS", que fue aportada con la demanda y en la que se relatan situaciones similares a la aquí enjuiciada y se explica la situación en la que queda el consumidor.
Resumen: El actor ostenta legitimación para instar la acción de resolución de contrato de arrendamiento aunque le falte el apoderamiento de una de sus hermanas copropietarias, pues en tal situación de comunidad, el acto realizado es de administración y puede ser ejecutado, como lo es, en beneficio de la comunidad por un comunero. Estamos ante un contrato de arrendamiento antiguo donde se deniega la prórroga forzosa por falta de uso de la vivienda en la que se subrogó la demandada en la posición del arrendataria (su abuela). Se defiende que esa falta de uso está justificada por ser la cuidadora de una tía de la demandada. Se estima la demanda porque se acredita la falta de uso de la vivienda a tenor de encontrarse en una situación física de inhabilidad, faltando un elemento esencial como es el aseo. Si bien se acredita el estado de dependencia de la tía de la demandada y ser su cuidadora (hasta su fallecimiento), ello no ha producido una interrupción del uso provisional de la vivienda arrendada sino definitivo y permanente.
Resumen: Las partes suscribieron un contrato de asesoramiento y colaboración para el cultivo y comercialización de plantas de cáñamo industrial no fiscalizado, por el que el agricultor demandado debía abonar el precio de las semillas que la actora le suministraba y se pactaba el reparto de las ganancias en proporción de un 90% para el agricultor y un 10% para la actora, reclamándose en el procedimiento la factura por el importe de las semillas. En el contrato no se pacta el precio que debería pagarse por las semillas, siendo un elemento esencial del contrato salvo que pueda ser determinado, pero en este caso existen incumplimientos relevantes de la actora que impiden que pueda reclamar a la otra parte el cumplimiento, ya que tenía que informar de las empresas que mostrasen interés en la compra del producto y no lo hizo y se pactó que la biomasa se secaría y trituraría en el invernadero del agricultor y que no saldría de la finca sin garantía bancaria de su pago total o el pago en efectivo del 50% de su valor y en este caso la actora se llevó todo el producto sin pagar cantidad alguna.
Resumen: La sentencia estima el recurso y revoca la sentencia al apreciar, contrariamente a la sentencia de instancia , que concurren los presupuestos para el triunfo de la acción, pues no se acredita ni la cereza de la deuda , ni el requerimiento.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y condena a la demandada a abonar a la actora la suma reclamada correspondiente al importe impagado de unas facturas derivadas de la relación comercial-compraventa de productos cárnicos- existente entre las partes. Argumenta el tribunal para valorar si la acción ejercitada está o no prescrita debe determinarse si la la compraventa realizada entre los litigantes es civil o mercantil y que considera , en coincidencia con la posición adoptada por la Juez de Primera Instancia, que contrato suscrito entre las partes que tiene por objeto la compraventa de productos cárnicos para luego ser revendidos por parte de la demandada, es de naturaleza mercantil y no civil, ya que esta no acredita , como le corresponde , que la venta de los productos adquiridos no se hiciera con ánimo de lucro. Es de aplicación en la prescripción de la acción ,el plazo general de 10 años, señalado en el artículo 121-20 del CCCat , dado que la norma mercantil se remite al CC, que en este caso debe ser entendido al CCCat.
Resumen: Demanda para la tutela del honor por inclusión indebida de datos personales en un fichero de morosos. En ambas instancias se desestimó la demanda por la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible a cargo del demandante, generada en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica que le vinculaba a Iberdrola, deuda que había resultado impagada por aquel, y porque la inclusión de los datos personales del deudor, como consecuencia de dicha deuda, al cumplirse los requisitos de calidad de los datos y del previo requerimiento de pago, era congruente con la finalidad de los ficheros de solvencia patrimonial y con las previsiones de otras normas jurídicas. Inexistente error patente en la valoración probatoria: se intentó la entrega de los burofaxes encontrándose el destinatario ausente de su domicilio sin que pasase a retirarlos, y no existe prueba de que la calle cambiara de nombre antes de efectuarse el requerimiento. Se reitera la jurisprudencia sobre el carácter funcional del requerimiento previo de pago: en modo alguno el recurrente puede defender el carácter sorpresivo de la inclusión de sus datos en el fichero de solvencia patrimonial cuando de forma sistemática ha incumplido con su obligación de pago con respecto a la compañía suministradora de energía eléctrica, tal y como se desprende de los hechos acreditados en la instancia.
Resumen: Por empresa eléctrica se reclaman facturas impagadas al demandado siendo estimada la demanda en primera instancia al acreditar, junto con le contrato, la existencia de la relación contractual, la prestación del servicio y su precio. Se inciden en apelación para confirmar la sentencia recurrida en que la impugnación de documentos privados que no han sido cotejados no impide por regla general ser valorados probatoriamente conforme a la sana crítica, al poder ser acreditada su autenticidad por otros medios o resultar su credibilidad a partir de la evaluación conjunta de la prueba y las circunstancias del caso. Siendo las facturas documentos de confección unilateral que de manera habitual acreditan el servicio prestado y su coste. En el caso de suministros, de los consumos realizados correspondientes a las lecturas reales de contadores a realizar con la normativas específica. La que permite excepcionalmente, cumpliendo las exigencias para ello, las lecturas estimadas de la electricidad utilizada. Sin que en el caso se justifique, respecto a lo reclamado computado de esta manera, la falta de los requisitos previstos al efecto.
Resumen: La cesionaria del crédito reclama a la demandada factura por suministro de electricidad siendo condenada en primera instancia en su rebeldía a su pago junto con intereses legales desde la fecha de la demanda y hasta su completo pago. Apelada la sentencia por la actora, se da lugar a los intereses especiales previstos en la Ley de medidas de lucha contra la morosidad por entender incluida la prestación dentro de su ámbito de aplicación prevista para todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales entre empresarios o comerciantes o entre estos y el sector público, y no así en las que intervienen consumidores. Siendo que en el caso, contemplada además esta previsión en el contrato, quedaba reflejada en la factura estar destinado el servicio de luz a actividad económica de restaurante y puesto de comida, tratándose por tanto de relaciones comerciales entre empresarios.
