Resumen: La Sala sostiene que el régimen de responsabilidad de los Administradores por no solicitar el acuerdo de disolución, previsto para las sociedades anónimas, era también aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada tras la reforma de 1989. A partir de ahí, estudia la posibilidad de la aplicación retroactiva de las reformas posteriores de la responsabilidad de los administradores llevadas a cabo por la Ley Concursal, con base en el principio de la aplicación retroactiva de la ley sancionadora más favorable. Sin embargo, descarta esta posibilidad, tanto por no haberse convocado la Junta para instar el procedimiento concursal -y recuerda en este punto la doctrina que rechaza la equivalencia entre la solicitud de suspensión de pagos y el cumplimiento del deber de convocar la Junta, a efectos de declarar la responsabilidad de los administradores-, cuanto por ser la obligación posterior a la causa de disolución. También se desestima el recurso de la demandada en cuanto a la reclamación de cantidad por el suministro, ya que no sólo hace supuesto de la cuestión, sino que además su comportamiento -al no protestar o hacer reparos sobre las mercaderías- es incompatible con la pretensión.
