Resumen: La empresa demandada recurre en suplicación la sentencia de instancia que declaró nulo el despido de un trabajador, argumentando que la extinción del contrato se debió a la reincorporación de otro trabajador fijo y no a represalias por la presentación de una demanda de fijeza por parte del actor. El tribunal de instancia consideró que la extinción del contrato vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador, al no haberse demostrado que la causa de la extinción fuera ajena a la reclamación judicial. La Sala de lo Social desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, ya que la empresa no logró desvirtuar el indicio razonable de represalia, dado que la extinción del contrato se produjo poco después de la presentación de la demanda de fijeza y antes de que el trabajador sustituido fuera dado de alta y la empresa no acreditó que la extinción del contrato tuviera causas organizativas válidas.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia de instancia, que estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad de su despido y ordenando su readmisión, pero absolviendo a la empresa demandada de la reclamación de indemnización por daños morales. La parte recurrente argumenta que el despido se debió a su estado de embarazo, solicitando una indemnización adicional de 12.000 euros. La Sala de lo Social, tras analizar los hechos, concluye que no hay indicios suficientes que demuestren que el despido fue motivado por el embarazo, ya que no se acredita que la empresaria conociera dicha circunstancia en el momento del despido, que se produjo dentro del periodo de prueba. Se reitera que el despido de una trabajadora embarazada es nulo, pero también se requiere que se demuestre que la decisión fue discriminatoria, y, en este caso, no se ha probado tal discriminación, por lo que desestima el recurso.
Resumen: Solicitante de subsidio de prejubilación, impugna la resolución denegatoria de la prestación asistencial peticionada el 7/10/21. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, el importe de la indemnización por despido colectivo que rebasa el límite legal y se abona mediante pagos fraccionados es computable como renta, y, contabilizando la cuantía percibida mensualmente por dicho concepto el demandante no cumple el requisito de carencia de rentas.
Resumen: La STSJ dictó sentencia que declaraba la nulidad del despido y la existencia de cesión ilegal, ordenando incorporar a la trabajadora ejecutante en la plantilla del SAS con la condición de personal laboral indefinido no fijo así como a abonar los salarios de tramitación devengados hasta la fecha de su efectiva readmisión. Se discute si los salarios de tramitación deben abonarse conforme a los salarios fijados en la sentencia que se está ejecutando (los de la empresa cedente) o los de la empresa cesionaria correspondientes a la categoría profesional del SAS que resulte asimilable. La Sala IV estima en parte el recurso y anula la sentencia recurrida razonando (STS 463/2025, de 27 de mayo (rcud 5359/2022)) que el debate acerca de cuál es el salario que le corresponde al trabajador a efectos de calcular la indemnización por despido y los salarios de tramitación debe hacerse en el proceso declarativo. En este caso, la trabajadora no ejercitó la opción del art. 43.4 del ET antes de que se dictara la sentencia firme que declaró la nulidad del despido y condenó al pago de salarios de tramitación. El Juzgado de lo Social dictó sentencia en la que declaraba la nulidad del despido pero negaba la existencia de una cesión ilegal. El Juzgado condenó a las empresas contratistas a abonar los salarios de tramitación conforme a la retribución que abonaban a la trabajadora. Ambas partes procesales recurrieron en suplicación. La sentencia del TSJ estimó el recurso de suplicación del trabajador, declaró la existencia de una cesión ilegal y condenó solidariamente al SAS «debiendo optar el trabajador por la empleadora en la que desea integrarse como personal indefinido, quedando inalterado el resto de los pronunciamientos del fallo». Posteriormente, la trabajadora ejercitó la opción a favor de la empresa cesionaria: el SAS. La opción de la actora por la empresa cesionaria efectuada posteriormente supone que la readmisión se llevará a cabo en la empresa real y no en la empresa cedente, pero no altera la cuantía de los salarios de tramitación que quedaron fijados en la sentencia firme, la cual debe ejecutarse en sus propios términos.
Resumen: Complemento de maternidad por aportación demográfica del varón solicitante: la cuestión suscitada por el INSS en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la jubilación anticipada originada en un expediente de despido colectivo y movilidad geográfica en el que el trabajador se acoge a una medida de baja indemnizada puede calificarse de voluntaria y, por ende, si procede o no el reconocimiento del derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica. Falta de contradicción.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de impugnación de despido colectivo interpuesta por el sindicato FIST contra la empresa CONCENTRIX y los sindicatos UGT FETICO CCOO Y USO que suscribieron el Acuerdo con el que concluyó el periodo de consultas. La Sala considera que el sindicato tiene legitimación "ad causam" para impugnar el acuerdo. Descarta que el mismo resulte discriminatorio o abusivo, se razona que no existe omisión de información o documentación que vicie el despido de nulidad, así como que concurre la causa productiva (reducción de contratas) justificativa del cese.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Vitoria-Gasteiz, declara el despido improcedente del trabajador por fraude en contratación tempora condenando a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización. En el recurso, la parte actora solicitaba la nulidad del despido y el abono de indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios, alegando que la decisión de la empresa estaba vinculada a su situación de incapacidad temporal y a la presentación de una papeleta de conciliación para su integración en plantilla. Sin embargo, el TSJ desestimó el recurso, argumentando que la extinción del contrato se debió a la reincorporación del trabajador sustituido, y no a la baja médica del recurrente ni a su reclamación de fijeza. Además, se concluyó que no existían indicios suficientes de discriminación ni de vulneración de derechos fundamentales que justificaran las indemnizaciones adicionales solicitadas. Por lo tanto, se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: Recurre el trabajador sancionado la declarada procedencia de su despido bajo un primer motivo de nulidad de actuaciones por una supuesta indebida denegación una prueba testifical que no acredita fuera relevante para fijar las causas de justificación del despido impugnado; lo que lleva a la Sala a rechazar este único motivo de recurso al no acreditarse (por la parte a la que incumbe su prueba) un menoscabo real y efectivo como consecuencia de su denegación.
Resumen: Proferida la expresión "sinverguenza dirigida al gerente", no se trata de un mero "desahogo" como alega el recurrente, o manifestación de la libertad de expresión, que no ampara el insulto. Los gritos del demandante fueron escuchados por otros trabajadores de la empresa y como antecedente, no existía ninguna actitud reprochable a la empresa sino la mera desobediencia del actor, ya que a las 16:30 horas D. E. le comunicó al actor que debía aportar la presentación, a lo cual el demandante manifestó que no lo haría porque la tenía en su casa y que no iba a ir a su casa, porque después de trabajar tenía un viaje con sus padres. Después la Presidenta le indicó que tenía que entregar la presentación antes de las 18:00 horas del día 31 de mayo, a lo que el demandante contestó de forma airada y gritando "estoy hasta los cojones, no, no voy a entregar nada, me voy de viaje con mis padres y no se me ha dicho que hoy tenía que enviarlo"y " E. no sabe hacer nada, todo lo que hace lo hace mal". E incluso se ofreció al actor enviar la presentación el fin de semana a través de correo electrónico pero el demandante no aceptó. Culmina su actitud con una coacción, o al menos intimidación, si el trabajador impide cerrar la puerta del despacho del gerente. Existe entonces proporciomalidad de la sanción en función de la gravedad de los hechos, la intencionalidad del trabajador y las circunstancias concurrentes.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 10 de Bilbao desestimó la demanda de despido contra la empresa demandada, se basa en la alegación de nulidad o improcedencia del despido y la solicitud de una indemnización de 150.000 euros. En los hechos probados se establece que el recurrente trabajó como patrón para la empresa desde 2017, y que recibió una comunicación de desistimiento de su contrato con efectos a partir de enero de 2025, tras haber sido indemnizado. La parte recurrente argumenta que el despido fue discriminatorio debido al embarazo de su pareja, pero el TSJ concluye que no hay pruebas de que la empresa conociera dicha situación. Además, se argumenta que el recurrente, al haber ascendido a patrón, se encontraba en una relación laboral de alta dirección, lo que justifica la extinción del contrato sin necesidad de alegar causa. El TSJ desestima la revisión de los hechos probados solicitada por el recurrente, ya que no se presentan pruebas documentales que evidencien errores claros en la valoración de la instancia. En consecuencia, se confirma la sentencia de instancia, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la parte recurrente. El fallo concluye con la desestimación del recurso de suplicación y la confirmación de la sentencia del Juzgado de lo Social.
